Por Juan Carlos Tizziani
EL PJ REACCIONO ANTE LA AUSENCIA DEL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD
Tras el faltazo de Escajadillo
Estaba citado por segunda vez por el caso Tognoli pero no fue. Los diputados se reunieron de inmediato y acordaron un paquete de medidas en seguridad que contienen una serie de exigencias para el gobierno de Antonio Bonfatti.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El segundo faltazo en una semana del ex viceministro de Seguridad, Marcos Escajadillo, colmó ayer la paciencia política en la Legislatura. Los jefes de todos los bloques del PJ se reunieron -por primera vez en el año? y acordaron lo que hoy votará la Cámara de Diputados: La ley que declara la emergencia de seguridad en la provincia, una declaración de apoyo a la investigación del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, que puso bajo la lupa al ex jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y una interpelación parlamentaria al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que esta vez será a puertas abiertas y en el recinto, como manda la Constitución. El próximo, sería el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. "Tendrán que dar las explicaciones que no dieron hasta ahora", dijo a Rosario/12 uno de los impulsores del acuerdo. La emergencia en seguridad ya tiene media sanción del Senado, así que hoy se convertirá en ley con un artículo que dará que hablar (el 2º inciso "v") que ordena al Poder Ejecutivo remover de sus cargos a todos los jefes policiales investigados o bajo sumario, lo que significaría ûsi el gobernador Antonio Bonfatti no veta la norma? que el ex subjefe de Tognoli y sucesor, Cristian Sola y su segundo, José Luis Romitti, tienen los días contados en el cargo.
Ya el jueves pasado, los legisladores esperaban que Escajadillo acompañara a Lamberto en la reunión a puertas cerradas en la Cámara de Diputados. Pero el ministro de Seguridad, concurrió con su nuevo número dos, Matías Drivet.
"Escajadillo no vino porque ya no es más funcionario del área", lo justificó Lamberto. La comisión de Seguridad lo volvió a citar entonces para ayer, a las 18, pero el gobierno mandó una nota firmada por el subsecretario de Asuntos Legislativos, Pablo Farías, con el mismo argumento que planteó Lamberto, que Escajadillo ya no integra el gabinete de Seguridad: desde el martes pasado, es secretario de Defensa Civil, que ahora depende de Galassi. El segundo faltazo fue interpretado como una protección de la Casa Gris a uno de los funcionarios de más confianza de Bonfatti y de su antecesor, Hermes Binner. Y detonó un cambio de rumbo político. La Cámara de Diputados votará hoy la ley de emergencia en seguridad ûque ya fue sancionada por el Senado?, una declaración de apoyo al juez que investiga a Tognoli y una interpelación a Lamberto, ya no entre cuarto paredes y sin periodistas de testigos, sino en el recinto, y a la luz de las cámaras de TV, con el mecanismo que dispone la Constitución de la provincia. El próximo sería Galassi.
Los jefes de bloques del PJ se reunieron en el despacho del presidente de la Cámara, Luis Rubeo, donde acordaron la agenda legislativa por venir. Más tarde, se sumaron a la reunión de la comisión de Seguridad, que escuchó a dos denunciantes de Tognoli: la titular de Madres Solidarias, Norma Castaño y el ex jefe de Drogas Peligrosas de la zona norte, Emilio Mendoza, entre otros (ver aparte).
* La ley de emergencia. "La votaremos sin cambiar una sola coma", dijo uno de los diputados del PJ consultados por Rosario/12. Y explicó que se trata de "un plan de seguridad, a mediano y largo plazo". Uno de los artículos (el 2║, inciso "v") ordena a Bonfatti desplazar de sus cargos "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados o bajo sumario. El jueves pasado, Lamberto admitió que la Dirección de Asuntos Internos investigaba el patrimonio de Tognoli, Sola y Romitti, entre otros jefes. Por lo tanto, si el gobernador, no veta la norma, estará obligado a remover la cúpula de la policía.
* El apoyo a la justicia. Los diputados del PJ ya tenían redactada "una resolución de apoyo a las investigaciones que se realizan en sede judicial", que votarán en la sesión de esta tarde. "Nosotros queremos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Será una expresión de respaldo al juez Vera Barros", dijo un legislador. "Debe haber una manifestación institucional que apoye la investigación de la justicia, para que no quede ninguna duda sobre la necesidad de llegar al fondo del asunto".
* La interpelación a Lamberto. Cuatro diputados del PJ: Héctor Acuña, Avelino Lago, Leandro Busatto y Pablo Di Bert ûmás otros que quieran sumarse? se reunirán hoy, a las 9, para redactar el pedido de interpelación a Lamberto, que votará la Cámara. "¿Los argumentos? "La protección política a Escajadillo y su negativa a comparecer ante la Legislatura", dijo uno de los legisladores. "Pero a esto, hay que agregar las dudas que dejó Lamberto la semana pasada y sus declaraciones posteriores, en las que aceptó que existen cajas negras ("con las cajas negras la Policía no tiene futuro", dijo), el desgobierno de la fuerza y la necesidad de profundizar la reforma. Nosotros entendemos que esto amerita una interpelación en el recinto, abierta al público, para que la sociedad sepa lo pasa. Después, seguirá el ministro Galassi", agregó la fuente.
* El desplante de Escajadillo. El ex viceministro de Seguridad volverá a ser convocado por la comisión de Seguridad. Será la tercera invitación a comparecer. "Va a tener que venir a dar explicaciones, le guste al gobierno o no. Primero, dijeron que no venía porque tenía problemas familiares y después, mandaron una nota firmada por el subsecretario Farías, que dice que ya no es más funcionario del área". Ayer, a las 9 de la mañana, Escajadillo estaba en la Casa de Gobierno, y a la tarde, los corrillos de la Legislatura especulaban sobre su futuro político.
LAS PRUEBAS OCULTAS TRAS LOS POLICIAS QUE CAYERON PRESOS EN PEREZ.
"Ese teléfono tiene que desaparecer"
Así habló uno de los jefes del Comando de Pérez cuando el cabo Cina advirtió que se iba a ocultar una prueba clave: En el aparato del delincuente figuraba en la agenda el teléfono de un policía de alto rango de esa dependencia.
Por Lorena Panzerini
Los jefes del Comando de Pérez están investigados por ocultamiento y falsificación de documento.Imagen: Alberto Gentilcore
"A ese teléfono hay que hacerlo desaparecer". La frase se conoció ayer, en el marco de la causa en la que se investiga a los jefes del Comando Radioeléctrico de Pérez y al subjefe de la sub 18º, por ocultamiento de prueba y falsificación de documento público. Según la acusación, fueron palabras de uno los jefes del Comando de la vecina ciudad, pronunciadas cuando el cabo primero Pedro Cina advirtió la irregularidad. El episodio que enfrentó a los agentes con el subalterno sucedió dentro de la seccional de Cabín 9, donde Juan Carlos Giménez Claverol, Roberto Sandoval --jefes del Comando-- y el subcomisario Francisco Pérez redactaban el acta por un "tiroteo", el lunes por la noche. Ayer, la jueza de la causa, Mónica Lamperti, indicó en un comunicado que los defensores de los imputados solicitaron las libertades, aunque todavía no se habían resuelto. El fiscal Carlos Covani no descartó posibles conexiones con el narcotráfico, pero dijo que por el momento "no se pudo establecer" la existencia. En tanto, se espera el peritaje del celular en cuestión."Este teléfono tiene números de policías", advirtió el cabo, y se guardó el aparato en el bolsillo, previa discusión y forcejeos con los jefes. Los tres acusados se defendieron en la indagatoria de anteanoche: alegaron que hicieron "el procedimiento correcto" y acusaron a Cina por llevarse el teléfono "sin saber para qué". Sin embargo, el relato del denunciante aparece "confirmado por relatos parciales", dijo una fuente cercana a la investigación. Además, uno de los arrestados --que fueron liberados tras las declaraciones informativas-- reconoció el aparato como propio.
Covani detalló ayer que hubo dos procedimientos en la noche del lunes, poco antes de las 22.45. El primer episodio responde a un llamado al 911, aparentemente provenía de una vivienda frente a donde había funcionado un búnker de venta de drogas; "hasta allí fueron dos policías de la sub 18º. Se separaron y uno emprendió una persecución a una persona armada, que estaba con dos menores". Al parecer esa situación incluyó un tiroteo. Luego, "los oficiales lograron reducir y arrestar a las personas", relató Covani. En esa circunstancia, entró otro llamado que denunció a "un grupo de gente que estaría vinculado con las otras personas, quienes andaban en la zona con un auto oscuro (por el Golf). A ese llamado concurrió el Comando y detuvieron a tres hombres, aunque no les secuestraron armas".
Una vez finalizados los dos procedimientos, personal del Comando comenzó a labrar el acta por la segunda detención en la que debían dar cuenta de los elementos secuestrados, cuando un agente de la sub 18º --que había participado del primer procedimiento-- "se acercó y tomó uno de los celulares de los detenidos. Revisó la agenda y dijo `en esta agenda hay personal policial". Fue entonces cuando --según relató el cabo-- uno de los jefes del Comando que estaba redactando el acta policial dijo `a este teléfono hay que desaparecerlo. No te metas, dejalo ahí', y empezó el incidente y la discusión", dijo el fiscal. De esa manera, el cabo se llevó el teléfono y presentó la denuncia en la División Judiciales.
La jueza precisó que los tres policías son investigados por haber "omitido el cumplimiento de los deberes que como funcionarios públicos les incumbían, intentando hacer desaparecer elementos probatorios relacionados con el hecho que motivó el procedimiento". Sobre el subjefe de la sub 18º, pesa también una actitud omisiva. "Está acusado de apoyar a los jefes del Comando", señaló un portavoz cercano a la investigación.
"Dejá eso; este secuestro es nuestro", le advirtieron al cabo, que se encuentra con custodia por orden del Juzgado de Instrucción Nº 12; y fue cambiado de área dentro de la Unidad Regional II.
En el caso sobrevuela la posibilidad de una implicancia relacionada con bandas vinculadas al narcotráfico. Consultado, el fiscal fue cauto y aseguró que "no se descarta, pero tampoco pudo establecerse".
NORMA CASTAñO EN LA COMISION DE SEGURIDAD.
"Mi vida cambió con Tognoli preso"
Desde Santa Fe
La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, entrevistó ayer a dos denunciantes del comisario Hugo Tognoli: la titular de Madres Solidarias, Norma Castaño y el ex jefe de Drogas Peligrosas de la zona norte, Emilio Mendoza. Resolvió citar al tercero, Juan Carlos García, un empleado municipal de San Javier que le pasó datos al ex jefe de Policía de la provincia sobre una pista de aterrizaje clandestina en la localidad de La Brava y luego fue secuestrado y torturado. Y convocará también al ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y legislador bonaerense, Marcelo Sain y al ex subsecretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, en ambos casos para abordar la crisis que detonó Tognoli.
Castaño fue la primera que declaró ante la comisión, en la presidencia de la Cámara. La semana pasada pasó por la Casa Gris, donde le pidió una audiencia al gobernador Antonio Bonfatti y se cruzó con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. "No tuve ninguna respuesta", dijo.
"Hace dos años que vengo denunciando a Tognoli, y no fui escuchada. Nunca me atendieron, ni (el ex gobernador, Hermes) Binner, ni Bonfatti. "En todo este tiempo, he mandado cartas, y hasta entregué copias en Tribunales. Lo que pido es que se haga justicia. Nosotras fuimos abusadas en su momento por Tognoli y él después hacía los arreglos. Pedimos justicia", dijo. Castaño afirmó que le pasaba datos de vendedores de drogas en los barrios de Santa Fe, pero que luego la respuesta eran represalias y amenazas de los propios denunciados. La misma situación que reveló García, a quien los legisladores también quieren escuchar.
"Mis días cambiaron desde que se ordenó la captura de Tognoli", dijo Castaño. "Por el miedo que esto genera en mi familia, sobre todo en mi hijo. Estamos en un infierno. ¿A que me refiero? A que las madres no somos escuchadas, a que el problema del narcotráfico va creciendo, a que nuestros hijos cada día se drogan más, a que hay más vendedores de droga en los barrios. Ese es el infierno que vivimos todas las madres que tenemos hijos con problemas de adicciones", relató Norma. Su voz era un sollozo.
¿Sacó alguna conclusión después del encuentro con el ministro Lamberto en la Casa de Gobierno? -le preguntó Rosario/12.
No, ninguna. Porque el ministro no me contestó ninguna pregunta que le hice- respondió.
Fuente:Rosario12
La presidenta de la asociación civil Madres Solidarias, Norma Castaño, se reunió ayer con los diputados de la comisión de Seguridad y ratificó las denuncias que viene realizando desde 2003 sobre los vínculos de la Policía con el narcotráfico. Castaño reclamó a los legisladores que dejen de lado sus diferencias políticas y se unan para trabajar sobre temas sensibles como tráfico de drogas y adicciones.
Luego fue el turno del ex jefe de Drogas Peligrosas en la zona norte de la provincia, el comisario Emilio Mendoza, quien en una nota periodística había dicho que luego de denunciar lo que ocurría en el sur de Santa Fe con el narcotráfico debió pasar a retiro porque sus planteos no fueron atendidos.
El ex jefe policial pidió que no ingresara la prensa a la charla con los legisladores, aunque fuentes que participaron de la reunión dijeron a este diario que Mendoza no ahondó en sus declaraciones públicas. Un diputado dijo que “no conformó” la participación del ex uniformado, quien no pudo dar precisiones de sus denuncias ante la requisitoria de los legisladores.
Del encuentro participaron no sólo los diputados que integran la nueva comisión de Seguridad, creada hace menos de un mes, sino también representantes de otras comisiones. Hubo abundante presencia de legisladores del justicialismo y del PRO y sólo una diputada del Frente Progresista: Alicia Gutiérrez (SI).
Norma Castaño es la titular de una ONG del barrio René Favaloro, ubicado en el norte de la capital provincial, que trabaja sobre problemáticas sociales como violencia de género, abuso infantil y adicciones con el objetivo de brindar contención a las mujeres del barrio. Es esposa de un oficial de la Policía y hace diez años –a raíz de los problemas que le tocó enfrentar debido a la adicción de su hijo– se dedicó a investigar la complicidad de la Policía con los traficantes de drogas.
En 2010 implicó al entonces jefe de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Tognoli, con la protección de conocidos narcos de la ciudad de Santa Fe. “Nunca fui escuchada”, dijo ayer a los legisladores que la recibieron en la presidencia de la Cámara de Diputados, ante quienes relató sus intentos de reunirse con el ex gobernador Hermes Binner y su ministro Álvaro Gaviola –y, ahora, con Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto– de quienes nunca obtuvo respuesta pese a que les remitió información y les pidió audiencias en reiteradas ocasiones.
En su paso por la comisión de Seguridad, volvió a referir las denuncias que implican a los jerarcas de la Policía con el narcotráfico y, en particular, a la Dirección de Prevención y Control de Adicciones. También habló de los aprietes que sufrió por parte de los vendedores barriales de droga y de las operaciones que ensayó la Policía para desprestigiarla.
En mayo de 2011 hizo una denuncia ante la Fiscalía –de la que tienen copia en la Casa Gris–, que tampoco surtió efectos. “Lo que yo digo acá está todo en el juzgado del doctor Troncoso”, agregó en alusión al juez de instrucción penal 3ª de Santa Fe, Néstor Troncoso, quien ahora subroga en otro tribunal.
Tras el encuentro con los diputados, Castaño hizo un breve balance: “Les conté lo que vengo denunciando desde hace mucho tiempo y les pedí que se junten todos los legisladores, que no miren las banderas políticas y que traten realmente el tema de las adicciones, la recuperación de nuestros hijos y el tema de la droga en Santa Fe”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Castaño fue la primera que declaró ante la comisión, en la presidencia de la Cámara. La semana pasada pasó por la Casa Gris, donde le pidió una audiencia al gobernador Antonio Bonfatti y se cruzó con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. "No tuve ninguna respuesta", dijo.
"Hace dos años que vengo denunciando a Tognoli, y no fui escuchada. Nunca me atendieron, ni (el ex gobernador, Hermes) Binner, ni Bonfatti. "En todo este tiempo, he mandado cartas, y hasta entregué copias en Tribunales. Lo que pido es que se haga justicia. Nosotras fuimos abusadas en su momento por Tognoli y él después hacía los arreglos. Pedimos justicia", dijo. Castaño afirmó que le pasaba datos de vendedores de drogas en los barrios de Santa Fe, pero que luego la respuesta eran represalias y amenazas de los propios denunciados. La misma situación que reveló García, a quien los legisladores también quieren escuchar.
"Mis días cambiaron desde que se ordenó la captura de Tognoli", dijo Castaño. "Por el miedo que esto genera en mi familia, sobre todo en mi hijo. Estamos en un infierno. ¿A que me refiero? A que las madres no somos escuchadas, a que el problema del narcotráfico va creciendo, a que nuestros hijos cada día se drogan más, a que hay más vendedores de droga en los barrios. Ese es el infierno que vivimos todas las madres que tenemos hijos con problemas de adicciones", relató Norma. Su voz era un sollozo.
¿Sacó alguna conclusión después del encuentro con el ministro Lamberto en la Casa de Gobierno? -le preguntó Rosario/12.
No, ninguna. Porque el ministro no me contestó ninguna pregunta que le hice- respondió.
Fuente:Rosario12
Diputados escucha a testigos
Por Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe.- La comisión de Seguridad de la Cámara baja provincial recibió a Norma Castaño, quien denunció al ex jefe de la fuerza provincial en 2010. También estuvo el ex jefe de Drogas Peligrosas en la zona norte de Santa Fe, Emilio Mendoza.
1 nov, 2012
1 nov, 2012
Luego fue el turno del ex jefe de Drogas Peligrosas en la zona norte de la provincia, el comisario Emilio Mendoza, quien en una nota periodística había dicho que luego de denunciar lo que ocurría en el sur de Santa Fe con el narcotráfico debió pasar a retiro porque sus planteos no fueron atendidos.
El ex jefe policial pidió que no ingresara la prensa a la charla con los legisladores, aunque fuentes que participaron de la reunión dijeron a este diario que Mendoza no ahondó en sus declaraciones públicas. Un diputado dijo que “no conformó” la participación del ex uniformado, quien no pudo dar precisiones de sus denuncias ante la requisitoria de los legisladores.
Del encuentro participaron no sólo los diputados que integran la nueva comisión de Seguridad, creada hace menos de un mes, sino también representantes de otras comisiones. Hubo abundante presencia de legisladores del justicialismo y del PRO y sólo una diputada del Frente Progresista: Alicia Gutiérrez (SI).
Norma Castaño es la titular de una ONG del barrio René Favaloro, ubicado en el norte de la capital provincial, que trabaja sobre problemáticas sociales como violencia de género, abuso infantil y adicciones con el objetivo de brindar contención a las mujeres del barrio. Es esposa de un oficial de la Policía y hace diez años –a raíz de los problemas que le tocó enfrentar debido a la adicción de su hijo– se dedicó a investigar la complicidad de la Policía con los traficantes de drogas.
En 2010 implicó al entonces jefe de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Tognoli, con la protección de conocidos narcos de la ciudad de Santa Fe. “Nunca fui escuchada”, dijo ayer a los legisladores que la recibieron en la presidencia de la Cámara de Diputados, ante quienes relató sus intentos de reunirse con el ex gobernador Hermes Binner y su ministro Álvaro Gaviola –y, ahora, con Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto– de quienes nunca obtuvo respuesta pese a que les remitió información y les pidió audiencias en reiteradas ocasiones.
En su paso por la comisión de Seguridad, volvió a referir las denuncias que implican a los jerarcas de la Policía con el narcotráfico y, en particular, a la Dirección de Prevención y Control de Adicciones. También habló de los aprietes que sufrió por parte de los vendedores barriales de droga y de las operaciones que ensayó la Policía para desprestigiarla.
En mayo de 2011 hizo una denuncia ante la Fiscalía –de la que tienen copia en la Casa Gris–, que tampoco surtió efectos. “Lo que yo digo acá está todo en el juzgado del doctor Troncoso”, agregó en alusión al juez de instrucción penal 3ª de Santa Fe, Néstor Troncoso, quien ahora subroga en otro tribunal.
Tras el encuentro con los diputados, Castaño hizo un breve balance: “Les conté lo que vengo denunciando desde hace mucho tiempo y les pedí que se junten todos los legisladores, que no miren las banderas políticas y que traten realmente el tema de las adicciones, la recuperación de nuestros hijos y el tema de la droga en Santa Fe”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Jueves, 01 de noviembre de 2012
El Frente para la Victoria le pidió al socialismo "que haga una autocrítica"
"Rechazamos el burdo intento del ex mandatario socialista de pretender trasladar al ámbito nacional una crisis que se funda en la relación entre el Ejecutivo provincial y su policía", expresó el sector justicialista
"Rechazamos el burdo intento del ex mandatario socialista de pretender trasladar al ámbito nacional una crisis que se funda en la relación entre el Ejecutivo provincial y su policía, la impericia para poner en práctica políticas públicas que garanticen la seguridad al pueblo santafesino, y el fracaso en su gestión para combatir el narcotráfico", remarcó en un comunicado de prensa el Frente Para la Victoria de Santa Fe.
El sector político que responde a la presidente Cristina Fernández de Kirchner fijó posición esta mañana sobre el escándalo por la presunta vinculación del ex jefe de policía de Santa Fe con sectores ligados al narcotráfico.
Al respecto, el Frente para la Victoria sostuvo que "no alcanza con exclamar que la foja del ex jefe policial Hugo Tognolli era intachable cuando él lo designó como titular de Drogas Peligrosas. Él lo nombró, y su sucesor, Antonio Bonfatti hizo lo propio, llevándolo a la máxima jerarquía.
Y en esas decisiones no existe injerencia nacional.
"Reclamamos una autocrítica del ex gobernador y de la actual gestión, en lugar de un compendio de obviedades de orden jurisdiccional, como cuando señala que en el narcotráfico «la investigación y juzgamiento de esos delitos corresponde a la Justicia Federal».
Es ese fuero el que investigó a Tognolli, y no representa excusa alguna: todas las provincias intervienen con sus fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico aunque la jurisdicción sea federal."
Según el FPV, Binner, "en su rol de editorialista, pide a la Nación «confeccionar en forma conjunta con las provincias un mapa de ese delito (el tráfico de estupefacientes)». Pero omite que en Santa Fe el mapa del delito lo maneja la Policía, no el Gobierno, su conducción política. Reclamamos, una vez más, la necesaria autocrítica del ex gobernador Binner y de la actual gestión, de cara a la comunidad, explicándole a esa comunidad por qué luego de cinco años de coalición progresista, en Santa Fe crecieron la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, y la Policía no mejoró".
"Le sugerimos al gobierno provincial que, en lugar de regañar a las autoridades nacionales, deslizando que éstas retacean colaborar en la lucha contra el narcotráfico, firme el Acuerdo para la Seguridad Democrática, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), monitoreado por el Gobierno Nacional y rubricado por todos los partidos políticos, incluso el socialismo y la UCR. Porque un partido o coalición de gobierno debe reconocer una crisis, no transferir en forma liviana a otros estamentos su propia responsabilidad de gestión".
Fuente:LaCapital
El Diputado Leandro Busatto solicita informes al Poder Ejecutivo sobre
actuaciones de la Policía
El Diputado Provincial Leandro Busatto, presentó en el día de ayer dos Pedidos de Informes que se encuentran íntimamente relacionados con la inviabilidad política del modelo de seguridad vigente en Santa Fe. Por un lado, se solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia que informe respecto las medidas y procedimientos realizados con respecto a la detención irregular y violencia sufrida por el militante social Juan Pablo “Choly” Quinteros el jueves 25 de octubre y por otra parte se informe en lo relativo a la desaparición física de Walter Serra el viernes 26 de octubre del corriente.
En los últimos tiempos, se han sucedido una serie de hechos de suma gravedad en materia de seguridad, que ponen en la consideración pública y en la mirada de los santafesinos el modelo de seguridad del Gobierno y el control del poder político sobre sus fuerzas de seguridad.
“En esta situación de emergencia, hemos sido prudentes para hacerle comprender al oficialismo que nos motiva un espíritu constructivo, que estamos comprometidos con el flagelo de la inseguridad y la crisis en la institución policial y que de ninguna manera pretendemos ´echar nafta al fuego´, como sugirieron desde el Gobierno. Sin embargo, venimos expresando nuestra preocupación por la incapacidad manifiesta para diseñar una política de seguridad consistente, que le devuelva la tranquilidad a los santafesinos y que resuelva la problemática. En su lugar, observamos como desde el Poder Ejecutivo parecen más empeñados en cuidar su imágen política, evadiendo y trasladando responsabilidades, que en gestionar soluciones”, expresó Busatto.
Concretamente, los pedidos de informes, si bien con particularidades propias por tratarse de dos casos diferentes, apuntan a conocer el detalle del accionar policial ante la detención irregular del militante social Juan Pablo “Choly” Quinteros en la ciudad de Santa Fe y la desaparición de Walter Serra en la ciudad de Rosario.
"Hemos presentado estos dos Pedidos de Informes porque ambos casos nos parecen muy preocupantes. En lo particular, el caso de la detención del Choly Quinteros nos toca muy de cerca, por tratarse de un militante social, referente de la murga “Príncipes de Momo” e integrante de la Mesa de Juicio y Castigo a quien conocemos y hemos acompañado en su trabajo barrial. Es muy doloroso que habiéndose cumplido 29 años de gobiernos democráticos, todavía cueste adecuar el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad a paradigmas que dejen de lado la estigmatización de los sectores sociales más desfavorecidos, cuyos jóvenes son en muchas oportunidades víctimas de los prejuicios, la vinculación con el delito y el ensañamiento policial”, finalizó el Diputado Busatto.
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