Por Juan Carlos Tizziani
LA LEGISLATURA DECLARO A SANTA FE EN EMERGENCIA EN SEGURIDAD
"La Policía se le fue de las manos"
La medida tendrá una duración de 18 meses y obliga al gobierno a depurar la fuerza policial. "La situacion es grave", se dijo.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Imagen: Sebastián Granata
La Legislatura declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad por un período de 18 meses, en la primera respuesta institucional ante el crisis que detonó el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, preso en una causa que investiga las redes del narcotráfico. La ley ya tenía media sanción del Senado, así que ayer la Cámara de Diputados completó el trámite: aprobó la norma por 30 a 12. Y dejó al gobernador Antonio Bonfatti en la disyuntiva de apelar al veto, como dejaron trascender anoche mismo sus operadores políticos. Una de las cláusulas obliga a Bonfatti a depurar a la Policía de los jefes y oficiales investigados o bajo sumario, con lo cual debería desplazar a los sucesores de Tognoli, entre ellos el actual jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola y el subjefe, José Luis Romitti, a quienes la Dirección de Asuntos Internos les abrió un expediente para investigar su patrimonio. La Cámara aprobó también una preferencia de una semana para votar el jueves que viene la interpelación del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que ya no será a puertas cerradas sino en el recinto. Pero fracasó en el intento de sacar sobre tablas -como era la intención del PJ? un declaración de apoyo al juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros y a la fiscal Liliana Bettioli, que investigan a Tognoli, porque el bloque justicialista quedó raleado y sus colegas del Frente Progresista se negaron acompañar el proyecto.La decisión del PJ de impulsar las tres iniciativas ?la emergencia en seguridad, la interpelación a Lamberto y el apoyo a la pesquisa judicial que compromete a Tognoli? maduró en un acuerdo entre los dos sectores de la mayoría: el Frente para la Victoria que responde al presidente de la Cámara, Luis Rubeo y el interbloque que lidera la diputada María Eugenia Bielsa. La ley de emergencia salió. El proyecto para interpelar a Lamberto se tratará el jueves venidero y seguramente lo mismo ocurrirá con el apoyo al juez y a la fiscal que investigan al ex jefe de Policía de Santa Fe.
La reacción política del PJ se aceleró ante la negativa del ex viceministro de Seguridad, Marcos Escajadillo, de comparecer en la Legislatura -al sumar dos faltazos en una semana? y el planteo de Lamberto sobre la "necesidad de recuperar el control" de la Policía, lo que se interpretó como una prueba del "autogobierno" de la fuerza.
La diputada Silvia De Césaris fundamentó la emergencia en seguridad, como un conjunto de normas ("un plan de seguridad a mediano y largo plazo", lo definió) para "atravesar la delicada y grave situación que vive la provincia, donde hay un ex jefe de Policía preso, otros jefes investigados por enriquecimiento ilícito, se habla de cajas negras y hasta el propio ministro Lamberto admite el desgobierno de la fuerza policial". "Pretendemos sumar esfuerzos para que el ciudadano común deje de vivir tras las rejas", agregó la legisladora y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Su colega del PJ, Mario Lacava, dijo no tener ninguna duda sobre "la emergencia" que vive Santa Fe. "Aumentó el delito, el robo, el tráfico de drogas. En Rosario, hay bandas de narcos que se matan a la luz del día por el control del territorio para vender drogas ilegales. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que reconocer es que estamos en emergencia, que las cosas no están bien. La respuesta está en la calle". Lacava recordó algunas declaraciones de funcionarios de Bonfatti que reconocieron la existencia de "sectores policiales ligados al narcotráfico", que había "policías investigados por su conexión con narcos" y el aumento de los "kioscos de drogas" en Rosario.
"El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, llegó a decir que la lucha contra el narcotráfico era prioridad uno de la provincia. Y lo dijo al lado de Tognoli, que antes había sido el jefe de Drogas Peligrosas. Y como si todo fuera poco, la semana pasada, el propio ministro de Seguridad admitió que el gobierno perdió el control de la Policía", tiró Lacava. "Sobran razones para declarar la emergencia. El gobierno se equivoca si piensan que desde el PJ estamos en una escalada. Por el contrario, le estamos dando recursos legales y financieros para afrontar la crisis y la lucha contra la delincuencia", agregó.
El socialista Joaquín Blanco interpretó la ley de emergencia como un ataque al gobierno de Bonfatti y "al socialismo que ha sido injustamente atacado y difamado desde el gobierno nacional. Falsas, maliciosas y malintencionadas aseveraciones de presuntos vínculos y complicidad con el narcotráfico. De eso se acusa al Partido Socialista. Por eso, creemos que se está avanzando contra el gobierno provincial y el proyecto político nacional que lidera Hermes Binner", afirmó.
En la misma línea, la diputada Alicia Gutiérrez arrojó responsabilidades hacia la Casa Rosada y al pasado. "La policía estuvo 24 años bajo el signo del PJ. Y un jefe policial no se forma en cinco años, requiere mucho más tiempo", dijo, en obvia referencia a que Tognoli tenía 25 años de carrera policial antes de que Binner lo ascendiera a jefe de Drogas Peligrosas, en 2007, y Bonfatti lo nombrara jefe de Policía de la provincia, en diciembre de 2011.
"El gobierno tiene que reconocer que la Policía se le fue de las manos. Ese es el primer acto de humildad republicana para encausar un problema que no está en cauce. El problema es grave", le retrucó el jefe del bloque kirchnerista, Darío Mascioli. Otro justicialista, Jorge Abello, apuntó: "El diputado Blanco dice que está dolido por las injurias y los agravios al socialismo. ¿Y la sociedad de Santa Fe no está dolida por el desgobierno de la Policía?", se preguntó. Blanco ya se había levantado de su banca.
Qué dice la ley de emergencia
Desde Santa Fe
* Tendrá una vigencia de 18 meses, prorrogables.
* Crea una comisión bicameral de Seguridad Pública.
* Designa autoridad de aplicación de las normas al Ministerio de Seguridad.
* Obliga a la depuración de oficiales y jefes policiales sospechados e investigados en sede administrativa o judicial. El supuesto enriquecimiento injustificado de policías se investigará hasta seis años después de la renuncia o el pase a retiro.
* Facilita la incorporación de efectivos capacitados y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
* Incluye un plan de construcción y reparación de dependencias policiales, compra de vehículos y equipos para la Policía Científica (GPS, scanner móviles para detección de drogas peligrosas), insumos, maquinarias y todo otro elemento que haga al buen desempeño de la tarea. * Estipula la construcción de dos cárceles para descomprimir la cantidad de detenidos en comisarías.
* Faculta al PE llevar adelante políticas de asistencia e inserción de jóvenes de 14 a 25 años para completar sus estudios y capacitarlos laboralmente.
* Amplía la disponibilidad de fondos y elevan los topes para compras directas y concursos de precios.
* Propone programas de contención social y mecanismos de resolución de conflictos civiles y entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales.
En rigor quien va a determinar si el ex jefe de la policía santafesina queda en libertad o termina procesado por su participación en el tráfico de estupefacientes es el propio Vera Barros. Es decir quien pagará los costos en un sentido o en otro. Por eso sonó ayer lógico en la señorial casa que ocupan los tribunales federales que sea quien tome las riendas del expediente.
Vera Barros explicó a Rosario/12 que "el plazo para resolver es solo ordenatorio no perentorio y es de 10 días con lo cual vencería el lunes 5 de noviembre, aunque puedo tomarme un día más si fuese necesario".
Ayer en tanto la fiscal Liliana Bettiolo ocupó parte de la jornada en responder la recusación del abogado defensor de Tognoli, Eduardo Jauchen.
--Rechacé la recusación de Jauchen- dijo.
--Jauchen dijo que usted no había citado a Oscar Ledesma, a Nilda Luquez y al comisario Néstor Fernández (el oficial que tenía acceso a la clave usada para chequear las patentes de los vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria). ¿Por qué no los citó?
--Como primer término lo que entiendo es que hay una discrepancia con los criterios sustentados con la defensa y esa discrepancia no está afectando la objetividad de mi función como fiscal. Quiero decir que el doctor Jauchen tiene una visión de los actos que he producido dentro de la causa desde la defensa, lo que es lógico, pero yo entiendo que los actos que he producido tienden a determinar cuál ha sido la verdad de los hechos. Si lo incriminan o no lo incriminan a Tognoli es otro problema, que veremos cada uno desde su óptica. Pero en ningún momento me he apartado de la objetividad. Ahora esto lo resolverá el juez Vera Barros.
--¿Por qué no citó a Luquez, Ledesma o Fernández, duda si deberían ser testimoniales o indagatorias?
--Mi escrito gira en que no he perdido la objetividad que tiene que estar presente en este proceso.
Por su parte Jauchen, abogado de Tognoli, repitió ayer que "no existe ninguna prueba que pueda acreditar remotamente la imputación que se le hace. Una de las supuestas pruebas es que Tognoli consultó una patente con una clave.
Esa clave no es de Tognoli. Y en segundo lugar, las llamadas telefónicas que se presentan fueron realizadas en el sur de la provincia. Está probado que el 25 de noviembre del 2009, Tognoli se encontraba en Santa Fe".
Agregó que "aquí hay una trasfondo político escalofriante. Si la gente toma conciencia de cómo es esto, no puede salir a la calle seguro. El mecanismo que se está llevando a cabo es arbitrario, vergonzoso e inconstitucional".
Fuente:Rosario12
* Crea una comisión bicameral de Seguridad Pública.
* Designa autoridad de aplicación de las normas al Ministerio de Seguridad.
* Obliga a la depuración de oficiales y jefes policiales sospechados e investigados en sede administrativa o judicial. El supuesto enriquecimiento injustificado de policías se investigará hasta seis años después de la renuncia o el pase a retiro.
* Facilita la incorporación de efectivos capacitados y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
* Incluye un plan de construcción y reparación de dependencias policiales, compra de vehículos y equipos para la Policía Científica (GPS, scanner móviles para detección de drogas peligrosas), insumos, maquinarias y todo otro elemento que haga al buen desempeño de la tarea. * Estipula la construcción de dos cárceles para descomprimir la cantidad de detenidos en comisarías.
* Faculta al PE llevar adelante políticas de asistencia e inserción de jóvenes de 14 a 25 años para completar sus estudios y capacitarlos laboralmente.
* Amplía la disponibilidad de fondos y elevan los topes para compras directas y concursos de precios.
* Propone programas de contención social y mecanismos de resolución de conflictos civiles y entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales.
VERA BARROS ORDENARA NUEVAS MEDIDAS EN LA CAUSA TOGNOLI
Antes del procesamiento
El juez federal ordenará en las próximas horas, nuevas indagatorias entre quienes están nombrados en la causa. El lunes 5 de noviembre vence el plazo para determinar si procesa al ex jefe de policía por su relación con el narcotráfico.
Por José Maggi
La fiscal Liliana Bettiolo rechazó ayer la recusación del abogado de Tognoli.
El juez federal Carlos Vera Barros tomó en sus manos la instrucción de la causa que investiga la relación del ex jefe de policía santafesino Hugo Tognoli con el narcotráfico. "Retomé la instrucción porque pretendo ordenar algunas medidas antes del dictaminar sobre la situación procesal de Tognoli", explicó Vera Barros, y justificó su decisión en algunas diferencias de criterio con la fiscal Liliana Bettiolo, "que son normales en estos casos", remarcó. Entre las medidas que tomará en las próximas horas figuran algunas indagatorias, entre quienes están nombrados en la causa. El plazo vence el lunes 5 de noviembre, pero le magistrado podría tomarse un día mas para resolver.
En rigor quien va a determinar si el ex jefe de la policía santafesina queda en libertad o termina procesado por su participación en el tráfico de estupefacientes es el propio Vera Barros. Es decir quien pagará los costos en un sentido o en otro. Por eso sonó ayer lógico en la señorial casa que ocupan los tribunales federales que sea quien tome las riendas del expediente.
Vera Barros explicó a Rosario/12 que "el plazo para resolver es solo ordenatorio no perentorio y es de 10 días con lo cual vencería el lunes 5 de noviembre, aunque puedo tomarme un día más si fuese necesario".
Ayer en tanto la fiscal Liliana Bettiolo ocupó parte de la jornada en responder la recusación del abogado defensor de Tognoli, Eduardo Jauchen.
--Rechacé la recusación de Jauchen- dijo.
--Jauchen dijo que usted no había citado a Oscar Ledesma, a Nilda Luquez y al comisario Néstor Fernández (el oficial que tenía acceso a la clave usada para chequear las patentes de los vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria). ¿Por qué no los citó?
--Como primer término lo que entiendo es que hay una discrepancia con los criterios sustentados con la defensa y esa discrepancia no está afectando la objetividad de mi función como fiscal. Quiero decir que el doctor Jauchen tiene una visión de los actos que he producido dentro de la causa desde la defensa, lo que es lógico, pero yo entiendo que los actos que he producido tienden a determinar cuál ha sido la verdad de los hechos. Si lo incriminan o no lo incriminan a Tognoli es otro problema, que veremos cada uno desde su óptica. Pero en ningún momento me he apartado de la objetividad. Ahora esto lo resolverá el juez Vera Barros.
--¿Por qué no citó a Luquez, Ledesma o Fernández, duda si deberían ser testimoniales o indagatorias?
--Mi escrito gira en que no he perdido la objetividad que tiene que estar presente en este proceso.
Por su parte Jauchen, abogado de Tognoli, repitió ayer que "no existe ninguna prueba que pueda acreditar remotamente la imputación que se le hace. Una de las supuestas pruebas es que Tognoli consultó una patente con una clave.
Esa clave no es de Tognoli. Y en segundo lugar, las llamadas telefónicas que se presentan fueron realizadas en el sur de la provincia. Está probado que el 25 de noviembre del 2009, Tognoli se encontraba en Santa Fe".
Agregó que "aquí hay una trasfondo político escalofriante. Si la gente toma conciencia de cómo es esto, no puede salir a la calle seguro. El mecanismo que se está llevando a cabo es arbitrario, vergonzoso e inconstitucional".
Fuente:Rosario12
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