El Congreso espera. Entre tanto, brotan iniciativas promisorias en el Poder Judicial. “La familia”, cómo se protege y reproduce. Los concursos, reglas inequitativas, necesidad de cambios. La Academia, otro ámbito de trenzas y sectarismo. Fueros y tribunales para ricos, la impunidad y sus recursos. Leyes y cambios de cultura, necesidades básicas.
Por Mario Wainfeld
Imagen: DyN
Hasta ahora, los bloques del Frente para la Victoria (FpV) no tienen proyectos del Ejecutivo para “democratizar la Justicia”. Tal vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los anuncie, en detalle o de modo general, el viernes en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hay un proyecto de diputados oficialistas para que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, como cualquier argentino sin coronita. Esa medida sería razonable y aboliría una canonjía para los jueces, dispuesta por ellos mismos. El cambio, de potente contenido simbólico, no debe sobrevalorarse: sería una señal para las reformas culturales, legales y organizativas que son necesarias. La movida tendría el encanto, inusual en la etapa, de concitar adhesiones de distintos partidos, aunque con grandes matices.
Al parecer de este cronista, tampoco sería una panacea la elección popular de los jueces, que demandaría una reforma constitucional muy resistida por toda la oposición. Ni, quizás, un avance determinante.Lo sustancial, creen un número creciente de jueces, secretarios, fiscales y funcionarios judiciales, son cambios culturales y de estructura que se empiezan a discutir e implantar. La cerrazón del Poder Judicial, sus camarillas, su corporativismo profesional, la formación de sus elencos, la subestimación de los ciudadanos que litigan... La nómina podría ampliarse. Esta nota volea (esperando no bartolear) algunas reflexiones y ejemplos, sin tampoco cerrar el debate ni la lista.
- - -
Los Campanelli, pero de gente bien: La expresión “familia judicial”, usada como signo positivo de identificación, alude a la perpetuación del elenco de tribunales, a menudo nepotista y clasista. No se trata, solamente, de las designaciones en cargos inferiores de hijos o sobrinos que “ecológicamente” quedan mejor posicionados para ascender. El vicio es más amplio.
Los concursos, donde los hay, premian con porcentaje muy alto de puntos los antecedentes académicos. Hete aquí que los egresados de menos recursos económicos tienen que dedicarse a laburar cuanto antes. En cambio, aquellos con más plata pueden adornarse con posgrados y maestrías, cuya vinculación con la eficiencia como servidores públicos es, por la parte baja, opinable. No es habitual que los posgrados sean gratuitos, ni en las universidades públicas. Y es cosa corriente que, para ingresar (aun poniéndose) hace falta un académico que presente al aspirante. De nuevo, gravitan mucho las redes de vínculos que se reparten con desigualdad.
La Defensoría Oficial, cuya titular es Stella Maris Martínez, abrió una brecha en esa trama cerrada: convocó a concurso abierto para cargos inferiores, salteando las vallas de amiguismo, parentesco y elitismo. Según datos extraoficiales, la inscripción supera todas las expectativas: no falta demanda, sino oferta.
En el mismo sentido, la procuradora general Alejandra Gils Carbó prepara con sus colaboradores un proyecto de concursos que baje la preponderancia de los antecedentes académicos. Y elabora una propuesta de acuerdo de pasantías con universidades nacionales del conurbano. Se entornaría así la puerta a jóvenes no porteños (otra tendencia flagrante y limitativa), que son en su familia la primera generación que entra en la universidad. Gils Carbó será la oradora de apertura del encuentro por una “Justicia Legítima” que se llevará a cabo el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional. Habrá otros expositores prefijados y también talleres de discusión, a la luz del día, sin la tutela de la Corte Suprema. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, expondrá el martes en la apertura del año judicial. En voz baja, o no tanto, masculla críticas y ninguneos a un encuentro que tiene aroma a saludable apertura.
- - -
Tomala vos, dámela a mí: El ámbito académico es otro espacio sectario, en el que confraternizan jueces y abogados de partes. Enseñan las mismas disciplinas, cohabitan, intercambian favores varios. Luego Sus Señorías atienden pleitos en los que actúan esos colegas, que entran a los despachos o mesas de entradas con una ventaja innegable.
A veces, ocurre en estos mismos días, un abogado es jurado en un concurso académico en el que compite un juez del Foro. ¿Se capta? El abogado es clave para que el magistrado mejore su rango académico. Luego, su cliente depende del juez. Quien quiera pensar mal, tiene sustento.
- - -
Lo charlamos en casa: La familia judicial puede expresarse en el ámbito público o privado. Un fiscal que investiga delitos económicos actúa en una causa, en la que se envía una notificación a un estudio jurídico que defiende a sospechosos de lavado de dinero. La citación la recibe la esposa del fiscal (llamémosla Celeste) que labora, con toda licitud, en ese bufete. Esa conducta no está prohibida taxativamente ni genera incompatibilidad... Se pregunta al lector si no le parece una promiscuidad desaconsejable.
- - -
Puertas giratorias: Es remanida la imagen de los delincuentes “que entran por una puerta y salen por la otra”. Es impropia y simplista, en promedio. Pero tomémosla para seguir con nuestro punto. ¿Quiénes son, en mayoría abrumadora, los que salen? Presuntos delincuentes comunes, aposentados en las clases sociales populares. Sería difícil usar la metáfora para hablar de los sospechosos de lavar dinero, vaciar empresas, cometer fraudes fiscales grossos, armar quiebras fraudulentas, librar suculentos cheques sin fondos... sencillamente porque es exótico verlos entrar. Los peces gordos no son atrapados por las redes.
Hay tribunales enteros dedicados a garantizar esa impunidad de clase: el fuero Penal Económico (alias Penal Cómico, desde siempre) o muchas cámaras comerciales. En otras competencias, las corporaciones juegan de local, digamos en el Camp Nou, contra el Estado pleiteando por sumas millonarias.
Los apodados delitos de guante blanco son peliagudos para investigar porque, a diferencia de criminales de otro pelaje, los sospechosos tienen un aparato profesional formidable a su servicio. Los magistrados y funcionarios decentes se ven en figurillas para competir en paridad con empresas de abogados y contadores entrenados. Otros jueces y magistrados ayudan a la asimetría entorpeciendo su labor: es práctica común esconderles o escamotearles los expedientes para hacerlos jugar en tinieblas. Para tratar de compensar la diferencia, Gils Carbó analiza la perspectiva de crear una Fiscalía de Criminalidad Económica que cuente con cuadros formados e infraestructura técnica. “Fierros” para perseguir a quienes están protegidos por la estructura de los tribunales.
En la semana que hoy termina, se lanzó una Procuraduría en Narcocriminalidad. Su jefe será el fiscal Félix Crous, quien se destacó en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Es tan inteligente como sugestivo (comparte el cronista) que se confíe para investigar delitos complejos de esta época en quienes se comprometieron con eficiencia en la lucha por verdad y justicia. No son esferas separadas, forman parte de un conjunto. Hay profesionales comprometidos con su misión y dispuestos a enfrentar a los criminales y los poderosos. Acaso no sean mayoría, pero son muchos y se están dejando ver.
- - -
Prebendas consentidas: El expediente Clarín hizo públicos hechos consabidos. El ejemplo clavado es el de los viajes pagos, a todo trapo, que se encubren, ejem, con guante blanco. El camarista federal Francisco De las Carreras paseó por cuenta y orden del Grupo Clarín, fue recusado, sus pares rechazaron la objeción y él mismo afirmó que se sentía libre de cuestionamientos. Años ha, el gran escritor e integrante del Tribunal Superior de Jujuy Héctor Tizón fue recusado cuando debía expedirse en el conocido juicio contra Romina Tejerina. Se le atribuía haber prejuzgado en declaraciones periodísticas. Tizón rechazó la recusación, aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y sacados de contexto. Trascartón, se apartó del caso excusándose él mismo “por razones de decoro y delicadeza”. Reacción interesante de un hombre de honor, es ilusorio esperarla de otros jueces. Carreras adujo que tenía “tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia” para intervenir en el expediente. Una conciencia autoindulgente, por decirlo con un eufemismo.
- - -
A modo de cierre: Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio (al) público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.
Si los jueces y camaristas rehusaran que se dirigieran a ellos con motes nobiliarios, mucho empezaría a cambiar. Gils Carbó ordenó a los fiscales prescindir del uso de “Su Señoría” y “Su Excelencia” como vocativos. ¿Qué pensarán Sus Señorías y Sus Excelencias?
Hay reformas que deben provenir de otros poderes del Estado. El juicio por jurados, admitido en algunas provincias, debe ser legislado. La propia Presidenta, cuando era senadora, presentó un proyecto que perdió estado parlamentario.
Los penalistas más respetables claman para que se implante el “proceso acusatorio” en el que, por decirlo muy sencillo, los fiscales hacen de fiscales y los jueces de jueces. La mezcla de esas funciones distorsiona las causas, deja “pintados” a los fiscales, incita a los jueces a condenar o llevar a juicio oral a quien investigaron. También hubo un buen proyecto del actual oficialismo, que se archivó sin buenos motivos.
Democratizar la Justicia, escribió bien el abogado y académico Lucas Arrimada en el portal Infobae, es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, se agrega acá, también una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, parafraseando un dicho célebre, es demasiado importante para dejársela solo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y su compromiso.
Acoso mediático
Por Mario Wainfeld
El hecho central es conocido, se abrevia la reseña: hablamos a partir de la muerte del trabajador Reinaldo Rojas, embestido por el auto que conducía Pablo García. El expediente penal está en trámite, se hicieron y harán más pericias, van declarando los testigos. Corresponde determinar el grado de culpabilidad de García. Seguramente la querella tratará de encuadrar su conducta como homicidio con dolo eventual. Presumiblemente, la defensa buscará que la causa se caratule como homicidio culposo. En todo caso, ambas partes sostendrán sus posturas. Interviene la fiscalía, se dictará sentencia.
Lo más terrible e irreparable es la muerte de la víctima. El mayor sufrimiento lo sufren sus familiares y amigos íntimos. Para ellos es necesario que haya un trámite lo más veloz posible, que posibilite el acceso a la verdad y a una sentencia ajustada a derecho. Para ellos tanto como para el acusado, corresponden todas las garantías constitucionales. El debido proceso no retrotraerá los hechos, no repondrá la situación previa y mejor. Pero es lo que el Estado de derecho debe garantizar.
Acá derivamos al núcleo de esta nota, que aborda un recorte del hecho. No es su aspecto central pero el cronista cree que (con todas las prevenciones antedichas) justifica un abordaje.
Sigamos, entonces, con el derecho imperante. El derecho penal occidental se plasma cuando es el Estado quien juzga, en base a leyes previas al hecho. Con penas que contemplen su gravedad, los antecedentes del procesado, el perjuicio infligido a la sociedad. El juez es un tercero, que se pretende imparcial, las normas son generales. Quedan atrás la Ley del Talión, la venganza familiar, el castigo a quienes no sean, de un modo u otro, los autores del delito (la venganza, la vendetta en todas sus variantes). Por eso es sabia la frase de las personas del común: “Buscamos justicia y no venganza”.
El periodista Eduardo Aliverti, esto también es consabido, es el padre de García. Eso le depara zozobra y padecimientos, pero no lo transforma en responsable (de un modo u otro) de lo que se investiga y juzgará, ojalá que con toda la estrictez legal. La cobertura que han hecho algunos medios y periodistas deja la impresión de ignorar ese dato: lo fustigan con sadismo, lo tratan como a un criminal.
A los ojos del cronista, se valen del hecho para ajustar cuentas con Aliverti, valiéndose de recursos de baja estofa. Los asedios mediáticos, los titulares nombrándolo permanentemente, columnas en diarios, radios y canales de cable maltratándolo. La intención no es hacer avanzar la causa, en la que Aliverti no es parte. Es ponerlo de rodillas, vejarlo, por lo que Aliverti es y significa en el periodismo argentino.
Solo así se entiende que la crónica policial del periodista Eduardo Feinman dedique pocos minutos al caso y muchos a adjetivar sobre Aliverti: “Mentiroso”, “ladri progresista” y hasta “garantista” expresado como si serlo fuese un crimen. El repudio, enfurecido en el tono y desmedido en las palabras, se extiende a los organismos de derechos humanos, a Hebe de Bonafini, a los premios Eter...
El diario Clarín dedica un espacio privilegiado, con mención en tapa, a una columna de Darío Gallo, quien entre otras cosas alega que la conducta de Aliverti (que no quebró ninguna norma) “habla de la honestidad intelectual de muchos comunicadores que atacan al periodismo independiente por oportunismo”.
Potencial integrante del colectivo cuestionado por Gallo, el autor de estas líneas no replicará personalmente ese reproche. Pero es un deber decir que si algo no puede endilgarse a Aliverti es oportunismo ideológico. Su trayectoria lo sitúa con claridad en un campo coherente y preciso. Defiende ideas y valores (en esencia los mismos) desde hace décadas. Ese es su “delito”, el que excita a los inquisidores mediáticos, aunque no lo digan del todo.
Un lugar común, pongámosle, nacional-popular expresa que a algunas personas, movimientos o gobiernos no se los ataca por sus defectos sino por sus virtudes. No cuadra a lo que venimos analizando. En este trágico suceso no hay “defectos” ni culpas de Aliverti. Se lo quiere destruir (no ya discutir) por sus virtudes e ideología. El enfoque capcioso se urde para dañarlo, para herirlo en lo más subjetivo. También, como también ocurre en otros casos, para reclamar penas severas.
No fueron mayoría los colegas que se ensañaron, contra cualquier regla ética del periodismo. Entre ell@s, muchos que están enojados o algo más con la prédica de Aliverti. Supieron ser profesionales. Habría que pensar si no es momento de pensar un debate cara a cara entre quienes pensamos diferente pero compartimos códigos básicos, para determinar reglas de trato recíproco. Reglas voluntarias, no tarifadas, jamás legisladas o cristalizadas.
Este escriba propugna que cada cual defina “desde dónde” se expresa. El firmante trabaja con Aliverti desde hace añares pero nunca fue su amigo personal. Ni compartimos un ámbito cotidiano de labor, por las sucesivas funciones que fuimos cumpliendo. Escribe como su admirador en los ’80, cuando había que bancarse lo que se decía. Como su colega en gráfica, como un seguidor de su ejemplo y el de otros maestros en la radio. Para él, un abrazo y la solidaridad.
Para las víctimas, se repite, verdad y justicia, con todas las de la ley.
Difícil en todas partes
Por Mario Wainfeld
En muchos países, en la mayoría, los tribunales son hoscos con los humildes, acentúan la desigualdad social. La Argentina no es una excepción absoluta, lo que no es consuelo ni debe inducir a resignarse.
Ferdinand von Schirach es un abogado penalista alemán, contemporáneo. Ha escrito dos libros notables, recordando vivencias de su carrera. Se caracteriza por el laconismo, por ahorrar reflexiones teóricas o morales. Del libro más reciente, Culpa, se extrae este relato. Sucede en una ciudad muy poblada, mayormente por gente pobre y muchos inmigrantes.
Un alemán nativo lleva a su perro a pasear, topa con un inmigrante que tiene un pitbull. Los perros se pelean, el pitbull daña al otro. Los dueños discuten, el inmigrante golpea al alemán, lo derriba, lo patea brutalmente en el piso. La víctima denuncia el hecho.
La policía averigua, le llega el dato de que hay un tal Turan que es dueño de un pitbull. Lo buscan, no lo hallan, pero dan con otro extranjero, un tal Turan. Suponen que la información inicial es imperfecta, comienzan a citar a Turan. Este, por limitaciones culturales o temor, no lee ni responde las intimaciones. La burocracia va planteando citaciones más severas, ninguna es atendida. Turan es arrestado, va preso. Un buen tiempo después llega su defensor, Von Schirach.
Con facilidad advierte que Turan no es el culpable. Es un hombre pequeño, con un defecto en las piernas que le impediría vapulear y aun patear a alguien. No tiene perro, es más: detesta a los animales. Lo excarcelan, más tarde se realiza la audiencia del juicio oral. El damnificado asiste, declara que ése no es su agresor. Es la primera vez que se lo ponen delante. Turan es liberado.
Al detenido sin justa causa, el Estado alemán le paga una indemnización de once euros por día. No es gran cosa, es algo. Turan pierde el derecho a reclamarla porque deja transcurrir el plazo estipulado para pedirla.
Von Schirach no agrega nada. Este cronista lo hará. Turan tuvo suerte dentro de la desgracia. Podía haberle tocado un defensor distraído o incompetente. En la Argentina la llegada a la audiencia de reconocimiento, en promedio, podría haber demorado mucho tiempo. Y sobran presos sin condena que esperan el proceso en la cárcel. Todo lo que padeció fue consecuencia de errores, de una máquina que funciona sola, de ser pobre o marginal. A Tarun no lo buscaron más.
Dijimos que Von Schirach no editorializa. Tal vez sea mejor decir que lo hace con sutileza. El relato se titula “Justicia”.
CINCO INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL OFRECEN PROPUESTAS PARA SU DEMOCRATIZACION
En estado de asamblea
Esta semana los firmantes del documento “Justicia Legítima” debatirán en la Biblioteca Nacional. El temario incluye la redefinición de la independencia, los mecanismos de ingreso, participación ciudadana y rendición de cuentas. Aquí, un adelanto.
OMAR PALERMO, JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE MENDOZA
Sectores vulnerables y víctimas
“Cuando decimos que el Poder Judicial tiene que ser un servicio para la gente, esto incluye a los penados. En Mendoza el Poder Judicial sanciona la reincidencia, pero no garantiza las condiciones de cumplimiento de la pena, no se hace cargo de cuidar las garantías de las personas privadas de su libertad. Y así como deja afuera a los vulnerables, también lo hace con las víctimas: en los juicios de derechos humanos los familiares tuvieron que ocuparse ellos mismos de la contención de las víctimas. Estas cosas, a mi modo de ver, hacen a conseguir una Justicia legítima”, dice Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Mendoza.
–¿Son decisiones exclusivamente del Poder Judicial?
–Una discusión interna al menos es necesaria. El sistema penal deja afuera a los sectores más vulnerables, condenados, los procesados y víctimas. Se los invisibiliza y se los deja sin voz. El Estado tampoco se hace cargo de los niños y adolescentes. Los campesinos que viven en los campos son usurpadores, cuando es al revés el proceso penal naufraga, se criminaliza y se usa el sistema penal en contra de los más vulnerables, los pueblos originarios. Haría falta una Justicia más territorial que se ponga cerca de la gente. ¿Por qué alguien se tiene que tomar cinco micros para ser escuchado? En Mendoza, desde que se descentralizaron los juzgados de familia, creció mucho la demanda. Es significativo.
–Cuando el sistema desatiende esto, ¿se está ocupando de otra cosa?
–En el sistema penal se ve así: se castiga más el hurto o robo agravado con armas que la administración fraudulenta. Esto es así en el propio Código Penal, que pone penas menores para la corrupción. Pero también es evidente que al Poder Judicial no le interesa apoyar el desarrollo de un sistema acusatorio, importante para democratizar.
–¿Por qué no quieren sistema acusatorio?
–Porque es un sistema donde la investigación está a cargo de los fiscales, que producen la prueba. El juez sólo cumple una función de límite y controla el cumplimiento y respeto de las garantías. Eso permite garantizar en mayor medida el derecho de defensa. Además ofrece sistemas alternativos de solución de conflictos, distintos de la pena. Y es el propio Estado el que decide en qué delitos focaliza la persecución: lo que se llama principio de oportunidad. Lo que sucede es que los jueces no quieren resignar la cuota de poder de tener el manejo y el control del proceso. Es una razón política. Hoy el juez se queda con la investigación cuando quiere, y cuando no la quiere la delega. En Mendoza hay sistema acusatorio, pero el problema es que no hay Defensoría, que quedó subsumida en la Procuración, con el Ministerio Público Fiscal.
–¿Por qué el sistema acusatorio sería democratizador?
–Porque pone al juez en un lugar de garante, y así rompe con el sistema inquisitivo. A lo que se suma que supone la oralidad del proceso, lo pone a la vista.
–¿Son decisiones exclusivamente del Poder Judicial?
–Una discusión interna al menos es necesaria. El sistema penal deja afuera a los sectores más vulnerables, condenados, los procesados y víctimas. Se los invisibiliza y se los deja sin voz. El Estado tampoco se hace cargo de los niños y adolescentes. Los campesinos que viven en los campos son usurpadores, cuando es al revés el proceso penal naufraga, se criminaliza y se usa el sistema penal en contra de los más vulnerables, los pueblos originarios. Haría falta una Justicia más territorial que se ponga cerca de la gente. ¿Por qué alguien se tiene que tomar cinco micros para ser escuchado? En Mendoza, desde que se descentralizaron los juzgados de familia, creció mucho la demanda. Es significativo.
–Cuando el sistema desatiende esto, ¿se está ocupando de otra cosa?
–En el sistema penal se ve así: se castiga más el hurto o robo agravado con armas que la administración fraudulenta. Esto es así en el propio Código Penal, que pone penas menores para la corrupción. Pero también es evidente que al Poder Judicial no le interesa apoyar el desarrollo de un sistema acusatorio, importante para democratizar.
–¿Por qué no quieren sistema acusatorio?
–Porque es un sistema donde la investigación está a cargo de los fiscales, que producen la prueba. El juez sólo cumple una función de límite y controla el cumplimiento y respeto de las garantías. Eso permite garantizar en mayor medida el derecho de defensa. Además ofrece sistemas alternativos de solución de conflictos, distintos de la pena. Y es el propio Estado el que decide en qué delitos focaliza la persecución: lo que se llama principio de oportunidad. Lo que sucede es que los jueces no quieren resignar la cuota de poder de tener el manejo y el control del proceso. Es una razón política. Hoy el juez se queda con la investigación cuando quiere, y cuando no la quiere la delega. En Mendoza hay sistema acusatorio, pero el problema es que no hay Defensoría, que quedó subsumida en la Procuración, con el Ministerio Público Fiscal.
–¿Por qué el sistema acusatorio sería democratizador?
–Porque pone al juez en un lugar de garante, y así rompe con el sistema inquisitivo. A lo que se suma que supone la oralidad del proceso, lo pone a la vista.
DANIEL ERBETTA, JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE SANTA FEIndependencia y reforma penal
“El debate de la democratización no es en contra de nadie, sino a favor de instrumentos que permitan mejorar la legitimidad de origen, pero también la de ejercicio del Poder Judicial. Se trata de superar la desconexión que muchas veces existe entre una organización y sus prácticas, entre el Poder Judicial y las demandas sociales. Como dijo Raúl Zaffaroni, los argentinos nos hemos dedicado muy poco a pensar y repensar esto”, reflexiona el juez de la Corte santafesina Daniel Erbetta. “También hay que tener en cuenta que hay realidades y problemáticas particulares de la Justicia federal, de la ordinaria y según cada provincia. En Santa Fe, por ejemplo, tenemos un proceso de reforma procesal penal en marcha que podría representar un cambio verdadero, para que el Poder Judicial deje de dar misa a espaldas de la gente. Está en plena implementación”, explica.
–¿En qué aspecto sería democratizador?
–En Santa Fe los jueces ya no tienen despacho, tienen un colegio con una oficina común para todos. Va a haber una oficina de gestión judicial, donde están los empleados y allí se armará la agenda de audiencias. Llamarán al juez y le dirán cuándo tiene audiencia. El juez no necesita nada más, además no tiene que estar contaminado con elementos de la causa. El feudo de este modo de-saparece. Es una reforma (viene del peronismo y la está poniendo en marcha el socialismo) pensada para ser implementada a partir de septiembre u octubre de este año. Desde ya que va a costar, hay resistencias no explícitas. En este contexto, una de las cuestiones que hay que discutir es el contenido y alcance de la garantía de independencia judicial. Esto supone rechazar cualquier disciplinamiento ya sea que venga del poder político, del económico, de las corporaciones, de las partes del litigio, los medios, los poderes fácticos y de la propia estructura judicial. Dentro de un juzgado, por ejemplo, la sola delegación de funciones en un sumariante atenta contra la independencia. Es una de las cuestiones que tratamos de erradicar con los sistemas acusatorios basados en procesos orales.
–¿Por qué este tipo de reformas sólo se impulsan para la Justicia penal?
–Habría que extenderla, es cierto, a los procesos civiles. El fuero penal es la vidriera del sistema de Justicia. Pero la Justicia civil también tiene la responsabilidad de asumir un derecho o más protector de los débiles y vulnerables. La falta de una respuesta penal se traduce en impunidad.
–¿Y un amparo que lleva tres o cuatro años en la Corte, no es impunidad?
–Sí, hay un correlato. A veces la Justicia se confunde con un abuso cautelar del proceso, que posterga indefinidamente la discusión sobre el fondo del asunto. El Poder Judicial debe proteger los derechos individuales y colectivos, y poner límites a los otros poderes. Para asegurar eso, en la Justicia penal, hay que cambiar la selectividad estructural del sistema, la que va dirigida contra los sectores más vulnerables. Que se ocupe de los delitos. Y de reducir los niveles de impunidad, de falta de respuesta institucional.
–¿En qué aspecto sería democratizador?
–En Santa Fe los jueces ya no tienen despacho, tienen un colegio con una oficina común para todos. Va a haber una oficina de gestión judicial, donde están los empleados y allí se armará la agenda de audiencias. Llamarán al juez y le dirán cuándo tiene audiencia. El juez no necesita nada más, además no tiene que estar contaminado con elementos de la causa. El feudo de este modo de-saparece. Es una reforma (viene del peronismo y la está poniendo en marcha el socialismo) pensada para ser implementada a partir de septiembre u octubre de este año. Desde ya que va a costar, hay resistencias no explícitas. En este contexto, una de las cuestiones que hay que discutir es el contenido y alcance de la garantía de independencia judicial. Esto supone rechazar cualquier disciplinamiento ya sea que venga del poder político, del económico, de las corporaciones, de las partes del litigio, los medios, los poderes fácticos y de la propia estructura judicial. Dentro de un juzgado, por ejemplo, la sola delegación de funciones en un sumariante atenta contra la independencia. Es una de las cuestiones que tratamos de erradicar con los sistemas acusatorios basados en procesos orales.
–¿Por qué este tipo de reformas sólo se impulsan para la Justicia penal?
–Habría que extenderla, es cierto, a los procesos civiles. El fuero penal es la vidriera del sistema de Justicia. Pero la Justicia civil también tiene la responsabilidad de asumir un derecho o más protector de los débiles y vulnerables. La falta de una respuesta penal se traduce en impunidad.
–¿Y un amparo que lleva tres o cuatro años en la Corte, no es impunidad?
–Sí, hay un correlato. A veces la Justicia se confunde con un abuso cautelar del proceso, que posterga indefinidamente la discusión sobre el fondo del asunto. El Poder Judicial debe proteger los derechos individuales y colectivos, y poner límites a los otros poderes. Para asegurar eso, en la Justicia penal, hay que cambiar la selectividad estructural del sistema, la que va dirigida contra los sectores más vulnerables. Que se ocupe de los delitos. Y de reducir los niveles de impunidad, de falta de respuesta institucional.
ALEJANDRO ALAGIA, FISCALElección popular de jueces
“Tenemos que reflexionar sobre el gobierno de los jueces”, propone el fiscal Alejandro Alagia. “Los jueces gobiernan sin estar legitimados por el voto popular. En el último tiempo varios hechos demostraron que el Poder Judicial es un gobierno. Administra el castigo, las reparaciones, priva y concede derechos. Lo del caso Clarín fue clarísimo: los jueces de la Cámara Civil y Comercial se alzaron contra una de las leyes quizá más democráticas, por la discusión previa a su aprobación que tuvo y los años que llevó. Lo mismo cuando la Corte Suprema, esta vez a favor de demandas generales, declara la inconstitucionalidad de la amnistía de los crímenes de la dictadura, también es un acto de gobierno. En este caso mejora la vida de todos, en el caso Clarín, la empeora.”
–En el caso de la Corte, ¿no son esperables ese tipo de decisiones?
–La Corte gobierna. Para gobernar un país y estar legitimado hace falta el voto popular. Hay una falla de origen. Incluso en la teoría política el gobierno judicial se piensa como un “gobierno contramayoritario”, a favor de las minorías, para que las mayorías no las priven de sus derechos. Pero esa naturaleza contramayoritaria es posible que haya colocado siempre al Poder Judicial a espaldas de la población, en el caso Clarín, por ejemplo, representa a las corporaciones. La historia del Poder Judicial está más vinculada con la aristocracia y los poderes económicos y es de difícil democratización. Podríamos pensar en que la Corte sea elegida democráticamente. En Bolivia se intenta saldar esta problemática con la elección popular de jueces.
–¿La salida es ésa, la elección popular de jueces?
–Hay ciertos cargos o funcionarios judiciales que pueden ser elegidos democráticamente. La Corte creo que sí. Si (Ricardo) Lorenzetti quiere hacer política, que lo elijan. Es un desafío para el futuro pensarlo. La salida anglosajona es que si bien hay un poder contramayoritario, está la participación de los jurados como modo de participación popular para los grandes temas al menos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sería algún caso donde esté en juego la libertad de una persona por muchos años. Los temas de gravedad civiles o constitucionales, también podrían ser. No los pueden decidir tres jueces encerrados entre cuatro paredes. El jurado aligera el carácter contramayoritario. La elección popular de jueces contravencionales, para los pequeños conflictos en la comunidad y el territorio, también es una alternativa. Siempre pensando en impedir la demagogia punitiva. Que la salida electoral tampoco sea que los jueces se monten a una competencia a ver quién castiga más.
–¿Cómo evitarlo?
–Algunos tribunales pueden tener una competencia técnica. Desde un director de hospital o el capitán de un barco. Pero el grueso del Poder Judicial podría tener la participación de jurados. Igual la Justicia argentina está tan atrasada desde el punto de vista de su democratización, que se debería empezar por otras reformas.
–¿Conoce algún país donde la Justicia sea plenamente democrática?
–En casi todas partes el Poder Judicial es una instancia aristocrática y de secretismo, como el antiguo régimen. Incluso en materia de derechos humanos nuestro Poder Judicial es un ejemplo en el mundo. Es el único que juzga a sus genocidas con jueces de su propio país.
–Entonces, ¿por qué reformas empezaría?
–Desde la eliminación de privilegios impositivos; abrir el acceso a la población a los cargos judiciales; instalar juicios orales y públicos para la Justicia civil y comercial, que se haga más visible lo que hacen los jueces. Y en cuanto a la independencia, tener presente que no sólo tiene que ver con que los jueces, fiscales y defensores sean independientes de los grandes poderes económicos sino de otras cosas, como evitar criminalizar a la población vulnerable, como si los delitos sólo los cometieran los pobres. Esto también tiene que ver con la independencia, y el concepto de igualdad como contenido también de la democracia.
–En el caso de la Corte, ¿no son esperables ese tipo de decisiones?
–La Corte gobierna. Para gobernar un país y estar legitimado hace falta el voto popular. Hay una falla de origen. Incluso en la teoría política el gobierno judicial se piensa como un “gobierno contramayoritario”, a favor de las minorías, para que las mayorías no las priven de sus derechos. Pero esa naturaleza contramayoritaria es posible que haya colocado siempre al Poder Judicial a espaldas de la población, en el caso Clarín, por ejemplo, representa a las corporaciones. La historia del Poder Judicial está más vinculada con la aristocracia y los poderes económicos y es de difícil democratización. Podríamos pensar en que la Corte sea elegida democráticamente. En Bolivia se intenta saldar esta problemática con la elección popular de jueces.
–¿La salida es ésa, la elección popular de jueces?
–Hay ciertos cargos o funcionarios judiciales que pueden ser elegidos democráticamente. La Corte creo que sí. Si (Ricardo) Lorenzetti quiere hacer política, que lo elijan. Es un desafío para el futuro pensarlo. La salida anglosajona es que si bien hay un poder contramayoritario, está la participación de los jurados como modo de participación popular para los grandes temas al menos. Por ejemplo, en Derecho Penal, sería algún caso donde esté en juego la libertad de una persona por muchos años. Los temas de gravedad civiles o constitucionales, también podrían ser. No los pueden decidir tres jueces encerrados entre cuatro paredes. El jurado aligera el carácter contramayoritario. La elección popular de jueces contravencionales, para los pequeños conflictos en la comunidad y el territorio, también es una alternativa. Siempre pensando en impedir la demagogia punitiva. Que la salida electoral tampoco sea que los jueces se monten a una competencia a ver quién castiga más.
–¿Cómo evitarlo?
–Algunos tribunales pueden tener una competencia técnica. Desde un director de hospital o el capitán de un barco. Pero el grueso del Poder Judicial podría tener la participación de jurados. Igual la Justicia argentina está tan atrasada desde el punto de vista de su democratización, que se debería empezar por otras reformas.
–¿Conoce algún país donde la Justicia sea plenamente democrática?
–En casi todas partes el Poder Judicial es una instancia aristocrática y de secretismo, como el antiguo régimen. Incluso en materia de derechos humanos nuestro Poder Judicial es un ejemplo en el mundo. Es el único que juzga a sus genocidas con jueces de su propio país.
–Entonces, ¿por qué reformas empezaría?
–Desde la eliminación de privilegios impositivos; abrir el acceso a la población a los cargos judiciales; instalar juicios orales y públicos para la Justicia civil y comercial, que se haga más visible lo que hacen los jueces. Y en cuanto a la independencia, tener presente que no sólo tiene que ver con que los jueces, fiscales y defensores sean independientes de los grandes poderes económicos sino de otras cosas, como evitar criminalizar a la población vulnerable, como si los delitos sólo los cometieran los pobres. Esto también tiene que ver con la independencia, y el concepto de igualdad como contenido también de la democracia.
MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI, PRESIDENTA DE LA CAMARA CRIMINALRendición de cuentas
“La Justicia es secreta, palaciega, y hay que abrirla. Eso es democratizar”, define María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara en lo Criminal y Correccional. “A los jueces, los abogados nos dicen Su Señoría o Vuestra Excelencia, y a nadie le llama la atención, como si no fuéramos trabajadores jurídicos que tenemos que aplicar la ley cuando hay un conflicto entre personas. Los jueces se creen señores feudales y no pueden asumir que son una burocracia. Nos reprochan la morosidad en las causas, y esto es gravísimo, pero no existe la comprensión de que estamos prestando un servicio. Si usted es un colectivero, tiene que cumplir un horario y eso está fuera de discusión; a nosotros es como si no nos importara. En nuestra capacitación se nos ha inculcado que estamos más allá del bien y del mal”, advierte. “Tenemos la expectativa que nuestra crítica pública llegue a los lugares de decisión”, dijo la jueza.
–¿Cómo se rompe esa cultura del secreto?
–Por lo pronto, tendríamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, de lo que hicimos, y eso es así por reglamento de la Corte. Pero los organismos de control entre nosotros no funcionan, en parte porque somos nosotros mismos. Tal vez hay juzgados que completan las planillas de las causas tramitadas, pero después nadie las revisa ni se sienta a ver qué está pasando en cada fuero. Por ejemplo, desde hace unos cinco años se duplicaron los contratos. ¿Pero se duplicó el trabajo? ¿Se producen más sentencias? Tampoco tenemos un estudio de nuestra capacidad laboral. Si un juzgado tiene cuatro mil causas en trámite, y otro trescientas, algo falla.
–¿Quién controlaría la rendición de cuentas?
–El Consejo de la Magistratura principalmente. Pero el Consejo, cuando alguien presenta alguna queja, por ejemplo sobre demoras, el mensaje que transmite es que está en la privacidad del juez atender cuando quiera y como quiera. Ni la Corte ni la Cámara de Casación cumplen con los plazos procesales. A pesar de que hubo una modificación legislativa que dice que las apelaciones deben ser orales, sólo la aplica la Cámara Penal. La razón de aquella modificación, además, es que la oralidad modifica (reduce) el tiempo de trabajo y la forma de apreciar. Pero la mayoría de las cámaras sólo lo hacen a pedido de parte. A los jueces no les gusta la audiencia oral porque los obliga a sentarse y también a discutir entre ellos. A pesar de todo nadie planteó la nulidad de aquellas audiencias que no cumplen con las formas que la ley establece. En el resto de los fueros ni siquiera hay oralidad, todo es escritural y críptico, es secreto y nadie lo controla. Cada juzgado es un feudo.
–Si impartir justicia es un trabajo que los jueces no asumen como tal, ¿qué propone?
–La currícula de la Facultad de Derecho no contempla el trabajo jurídico como tal. Ahí es donde hay que empezar a introducir la democratización del trabajo judicial. Y en la selección de jueces. ¿Quién nos elige? Otros jueces. Aunque en el Consejo participen otros poderes del Estado, los jurados están integrados por jueces a quienes ni siquiera se les pide que hayan accedido a sus cargos por concurso. Todo esto es cuestionable.
–¿Cambiaría el modo de acceso al resto de los cargos en el Poder Judicial?
–Sí. La Corte eliminó los meritorios, que muchas veces se reclutaban en la facultad, o a veces entre los hijos de los amigos. Ahora que ya no hay pasantes se invita a los hijos de los amigos o los parientes a trabajar, y acrecentamos el nepotismo. Invitemos a todos los que quieran, que demuestren que saben escribir en computadora y no tienen faltas de ortografía, o que tienen determinados conocimientos. Quizás esto no le quita al juez la posibilidad de nombrar al hijo del amigo, pero le brinda a otro estar en igualdad de condiciones.
–¿Cómo se rompe esa cultura del secreto?
–Por lo pronto, tendríamos que rendir cuentas de nuestro trabajo, de lo que hicimos, y eso es así por reglamento de la Corte. Pero los organismos de control entre nosotros no funcionan, en parte porque somos nosotros mismos. Tal vez hay juzgados que completan las planillas de las causas tramitadas, pero después nadie las revisa ni se sienta a ver qué está pasando en cada fuero. Por ejemplo, desde hace unos cinco años se duplicaron los contratos. ¿Pero se duplicó el trabajo? ¿Se producen más sentencias? Tampoco tenemos un estudio de nuestra capacidad laboral. Si un juzgado tiene cuatro mil causas en trámite, y otro trescientas, algo falla.
–¿Quién controlaría la rendición de cuentas?
–El Consejo de la Magistratura principalmente. Pero el Consejo, cuando alguien presenta alguna queja, por ejemplo sobre demoras, el mensaje que transmite es que está en la privacidad del juez atender cuando quiera y como quiera. Ni la Corte ni la Cámara de Casación cumplen con los plazos procesales. A pesar de que hubo una modificación legislativa que dice que las apelaciones deben ser orales, sólo la aplica la Cámara Penal. La razón de aquella modificación, además, es que la oralidad modifica (reduce) el tiempo de trabajo y la forma de apreciar. Pero la mayoría de las cámaras sólo lo hacen a pedido de parte. A los jueces no les gusta la audiencia oral porque los obliga a sentarse y también a discutir entre ellos. A pesar de todo nadie planteó la nulidad de aquellas audiencias que no cumplen con las formas que la ley establece. En el resto de los fueros ni siquiera hay oralidad, todo es escritural y críptico, es secreto y nadie lo controla. Cada juzgado es un feudo.
–Si impartir justicia es un trabajo que los jueces no asumen como tal, ¿qué propone?
–La currícula de la Facultad de Derecho no contempla el trabajo jurídico como tal. Ahí es donde hay que empezar a introducir la democratización del trabajo judicial. Y en la selección de jueces. ¿Quién nos elige? Otros jueces. Aunque en el Consejo participen otros poderes del Estado, los jurados están integrados por jueces a quienes ni siquiera se les pide que hayan accedido a sus cargos por concurso. Todo esto es cuestionable.
–¿Cambiaría el modo de acceso al resto de los cargos en el Poder Judicial?
–Sí. La Corte eliminó los meritorios, que muchas veces se reclutaban en la facultad, o a veces entre los hijos de los amigos. Ahora que ya no hay pasantes se invita a los hijos de los amigos o los parientes a trabajar, y acrecentamos el nepotismo. Invitemos a todos los que quieran, que demuestren que saben escribir en computadora y no tienen faltas de ortografía, o que tienen determinados conocimientos. Quizás esto no le quita al juez la posibilidad de nombrar al hijo del amigo, pero le brinda a otro estar en igualdad de condiciones.
ALICIA RUIZ, JUEZA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE LA CABAPrivilegios e independencia
“Hay un discurso que habla de la independencia de los jueces respecto del poder político: esa es la primera falacia, porque nosotros somos un poder político. El papel del Derecho no es el de reproducir lo que está dado, no se agota en una decisión, es coral. Tendríamos que asumir ese lugar político que nos toca”, reflexiona Alicia Ruiz, jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. “El Poder Judicial –explica– ejerce un poder efectivo en cada decisión que se toma: ahí resignifica las reglas y el discurso, construye realidad, y puede –por ejemplo– instalar una idea sobre la distribución del poder o de una mejor distribución de todos los bienes en la sociedad. Todos los reclamos de mayores derechos pasan porque el Derecho como sistema de reglas los reconozca. También es una decisión política y moral aceptar ciertas prebendas.”
–¿A qué se refiere con “prebendas”?
–El ejemplo paradigmático es el de los viajes de Certal (la entidad vinculada con el grupo Clarín que invitó a jueces de la Cámara Civil y Comercial a una cumbre en Miami). Los jueces pertenecen o se relacionan con ciertas asociaciones que invitan a viajes, que ofrecen cursos de entrenamiento de todo tipo de cosas.
–¿Eso es moneda corriente?
–Es más frecuente de lo que parece. Contado así puede parecer fantástico, parece una manera de formarse. Pero es con un modo de actuar que sirve a intereses hegemónicos. Como dice Foucault, el poder es más importante cuando seduce que cuando castiga. Debería ser una preocupación de las estructuras mismas del Poder Judicial prestar atención a qué intereses o grupos están sosteniendo estas asociaciones variadas que los invitan a congresos. Es algo similar a lo que sucede con los médicos y los laboratorios. El Poder Judicial tiene que ser independiente de otros poderes, pero también de los grupos hegemónicos (económicos y mediáticos, organizaciones religiosas) que atraviesan la sociedad y al propio Poder Judicial con su capacidad de dominio. Van cooptando y generando una malla, los que nos salimos de ella decimos que no nos representan. Democratizar implica acabar con todo tipo de privilegios.
–¿La exención del pago de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo?
–Claro. Siempre dije que los jueces tenemos que pagarlo, es inadmisible que no lo paguemos y no entiendo qué tiene que ver con la intangibilidad. Si el trabajo deber ser gravado o no con un impuesto, es una discusión aparte. En un sistema de derecho en el cual el impuesto al trabajo existe, y grava con alícuotas altas a los que más ganan, no es tolerable que los jueces no tributen, somos ciudadanos igual que otros. Tributar no afecta el salario. Si no, por ejemplo, ante cualquier situación inflacionaria que deprecie el salario los jueces reclamarían que les conserven el salario real. Es un privilegio inaceptable.
–¿De qué otros privilegios goza el Poder Judicial?
–Hay algunos menos visibles. La gente que ingresa al Poder Judicial siente que más que ingresar a un poder del Estado que brinda un servicio, ingresa a una élite, lo cual es bastante incompatible con un sistema democrático que funcione bien. Yo estoy convencida de que la gente del Poder Judicial se cree esto de la majestad de la Justicia, que la credencial de juez te habilita a pedir lo que no podrías como ciudadano común. Genera una cultura de mirar hacia adentro y preservar lo que se tiene. Como si estuvieran “los otros” y los que tenemos que decidir sobre la vida de “los otros”.
–¿Cómo se sale de ese modelo?
–Una cuestión clave es cómo se forma en las escuelas de Derecho: una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas y otra cosas es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad. Puede querer preservar el estado de situación, pero reconoce subjetividades, identidades, voces. Los jueces somos un poder político y tenemos que saber esto. El Poder Judicial sigue teniendo estructura autoritaria y vertical, pero hay que generar espacios de discusión. Y democratizar implica también ir borrando marcas de la dictadura, todavía queda incluso mucha gente nombrada en esa época. Esto no es menor siendo que el Poder Judicial define el sentido de las reglas del Derecho. Tiene que tener un compromiso indiscutible con los derechos humanos, además de abrir el ingreso y no admitir ninguna forma de discriminación.
Durante el siglo XIX, H. Daumier llevó a cabo la crítica más devastadora de la Justicia en la forma de sátira. La caricatura, se sabe por lo menos desde Kant, encierra la exageración de lo característico, y el mérito imperecedero del artista fue para el notable jurista Gustav Radbruch, ministro de Weimar, luego profesor proscripto por el nazismo, poner en evidencia las tipologías del pathos judicial: “la venalidad, la ceguera, la insensatez y la indiferencia de los jueces; la codicia y la sofistería de los abogados”.
Ciento cincuenta años más tarde, la misma desilusión puede surgir en la primera experiencia directa que un ciudadano tenga con el “palacio”, a poco de tropezarse con un sistema incomprensiblemente barroco y una maquinaria que impone un tiempo interminable para la decisión de los conflictos. Mas aún: cualquiera lo observará como un poder demasiado autoritario, excesivamente burocrático, con prerrogativas antigualitarias, poco abierto a la diversidad de las dinámicas sociales y calcado sobre un modelo que pudo haber funcionado para el país de otro tiempo y de otro modo.
En la imagen, los dos togados capturados en silenciosa connivencia, con sonrisas de complicidad, se tornan muecas grotescas de un ámbito a menudo corrompido. Se pregunta aún hoy el ciudadano: ¿Todas las partes –poderosos o miserables– son igualmente escuchadas y tomadas en cuenta? ¿Todos reciben el mismo trato y tienen los mismos derechos?
Cuando todos aquellos que no tienen los conocimientos, los ingresos o las influencias necesarias constatan que no están en condiciones de hacer valer sus derechos, desaparece el sentimiento de equidad que es la base de la legitimidad del Poder Judicial.
En rigor, se trata de la existencia de constantes estructurales relacionadas con un modo cultural, que todavía pretende pensar el mañana con las ideas de ayer y administrarlo con las instituciones de anteayer. Más allá de reacciones veleidosas y superficiales, la Justicia siempre padeció de un mal grave que, sin la cura apropiada, permanecerá y empeorará con el paso del tiempo.
Porque, en esencia, el Judicial es una institución con resistencias al cambio y además con efecto espejo, o sea, genera tipos de actores a su propia imagen y semejanza. No es de extrañar que aquellos símbolos, ritos y ritmos retratados por Daumier se reediten de modo permanente, a partir de la cooptación de un cuerpo cerrado, colocado social e ideológicamente fuera de la sociedad. Así, no es casual el anclaje de otras corporaciones (clero, militares) que durante décadas sin acuerdo y con juramentos de fidelidad a regímenes de facto supieron articular sus redes y proyectar sus intereses. Tal como todavía al día de hoy lo procuran los grupos de economía concretada y/o hegemonía mediática.
La lógica institucional, con modos de decisión y gestión donde todo se concibe en la cúspide, desde los espacios jerarquizados que se ejercen en lo más alto de la estructura, se soporta en burocracias no pocas veces medrosas cuya caracterización tradicional son los rancios valores del conservadurismo –o sea, defensa del statu quo– contra cualquier innovación. Así se defiende en bloque lo acomodaticio e indolente, y se reclama neutralidad (falsa) con notas pretendidas de impolutez y asepsia. No a través de leyes, sino con esos códigos –las más de las veces implícitos– se forjan las mentalidades, las actitudes y los reflejos.
El mayor desafío de una transformación quizás sea poner a los jóvenes agentes en el centro de la estructura de cambio. Requiere la adaptación del personal existente a una radical revisión de sus enfoques, para convertirlos en la punta de lanza de una reforma que debe ser estructural. Luego, demanda construir una política de formación inicial y capacitación permanente, en donde nada es ajeno a las misiones comunitarias de universidades y centros de estudios, fundamentalmente aquellos ubicados en las periferias de la gran urbe.
Existe un conjunto de momentos de la vida política y social de un país en los cuales se generan las condiciones decisivas para los cambios y, una vez producidas las rupturas, los procesos devienen irreversibles. Estamos emplazados a una reflexión autocrítica sobre nuestro oficio y, cual albañiles, encargados de reparar un edificio cuya estructura está cada día más socialmente cuestionada. Sin un Poder Judicial fuerte e independiente no hay protección de los derechos ni de las reglas básicas de convivencia, pero legitimidad es confianza en la aceptación de nuestros magistrados como garantes de ello. Cualquier reacción que tienda a pensar en términos de conspiración o de cruzada antijudicial no puede impedir la evocación nuevamente del bueno de Daumier, que alguna vez tuvo que padecer la consecuencia de seis meses de encierro por delito de prensa contra el monarca. La historia enseña que la censura de Luis Felipe I dio lugar a las barricadas de 1848 que echaron por tierra el último reinado de aquel país y cedió el paso a la II República.
* Juez
No puedo ni debo decir mucho más que lo expresado en esas palabras que subí al muro de Marca, que a continuación repito: Acá estoy, en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, producto de hechos que involucran a parte de mi familia y que tomaron estado público en las últimas horas. Pablo García es mi hijo. Sólo puedo decir que mis sentimientos y el de mi familia acompañan principalmente a los familiares de la víctima, que se está a disposición de la Justicia –ya actuante– en todo cuanto sea necesario para el esclarecimiento de esta desgracia igual de desgarradora que de irreparable y que nuestro objetivo es la estricta igualdad ante la Justicia.
Sólo quiero pedir, frente a las versiones circulantes, que todo lo relacionado con los detalles y marcha de la causa sea vehiculizado a través de los canales correspondientes, evitando especulaciones de otro tipo. Sólo eso. Es lo único que deseo y debo pedir. Gracias si puede ser así. No puedo decir mucho más que esto porque esto es lo que sigo pensando y sintiendo. Y no debo porque está la causa. De esas palabras que escribí el miércoles, a 48 horas de lo sucedido, sólo corrijo que no es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Es el peor. Tipeé lo que me salió después del shock, pero ahora asumo que cuando estuve a punto de morirme era yo conmigo. Esto es yo más la gente que debo contener y la gente que está fusilándome. Dejo esta última oración a sabiendas de que van a cargarme que me victimizo, cuando para empezar hay víctimas más tremendas. Pero me sale esto. Con alguna cosa personal me tengo que descargar.
Cuando escribí eso de que no hagan especulaciones, obviamente sabía que no tendría resultado. Pero tampoco podía dejar de pedirlo, en nombre de lo que siempre defendí: no se debe condenar de antemano, hay una causa en marcha,
seamos profesionales.
Voy a contar un único episodio. Perfil montó una guardia enfrente de mi casa, con fotógrafa, en un taxi estacionado de contramano sobre la esquina. Lo habíamos visto desde la noche del jueves. Ayer (por el viernes) a la mañana seguía ahí. No aguanté más. Salí de mi casa. Salió la fotógrafa del taxi. Le dije al conductor “disculpame, no es con vos”. El conductor me dijo “Eduardo, no puedo hacer nada, soy un laburante”. Enfrenté a la piba, a la fotógrafa. Me saqué y le dije, dos o tres veces, “por qué me hacés esto, hija de puta”. La piba me dijo “es mi laburo, entendeme, trabajo en Perfil”. Yo seguía sacado. En medio de la furia, conseguí decirle “pero ponete un límite, ponete un límite, buscá un trabajo donde no tengas que hacer esto”. La piba me dijo “conseguime otro trabajo y me voy”. Se subió al taxi y se fueron.
Lo que estoy viviendo me ratificó, con creces, con impresionantes creces aunque el adjetivo se quede corto como cualquiera que elija, la gente que me vale la pena y la que no. Pero al margen de lo sentimental, también me ratificó quiénes ejercen periodismo y quiénes son una basura técnicamente hablando. Entre los primeros, mucha gente que no piensa ideológicamente como yo. De los segundos, todos los que ya sabía. A los primeros, gracias por la decencia profesional, por la estatura. No hablo de la solidaridad que me transmitieron. Hablo de su categoría periodística. A los segundos, gracias por haberme demostrado que no me equivoco en la identificación de la carroña. Una carroña indescriptible.
¿Qué más? Tanto. Me muero por decir más. No puedo decir más. No debo decir más. Sobre lo que pasó, quiero decir. Y sobre los que ejercieron la crucifixión hasta que surgió otro tema, y después otro desgarro, y después con otro.
Ojalá esto sirviera para que de una vez por todas se abra un debate serio acerca de la ética periodística, más allá de la suerte judicial que sufra mi hijo, de la anímica que tenga que aguantar yo y, sobre todo, del dolor irreparable de la familia del muerto. Podría servir, sí, para la pavada de que se discuta sobre el ejercicio profesional. Todos somos o podemos ser víctimas de la gente que hace periodismo de esta manera.
Como no puedo ni debo decir más, dejo sólo esa reflexión con la parte fría que queda en mi cabeza.
Gracias a todos. Ustedes saben por qué.
* Texto del editorial de Eduardo Aliverti, leído en su programa Marca de Radio. Por los motivos que se desarrollan en esta nota, Aliverti prefirió no publicará mañana su habitual columna.
Fuente:Pagina12
–¿A qué se refiere con “prebendas”?
–El ejemplo paradigmático es el de los viajes de Certal (la entidad vinculada con el grupo Clarín que invitó a jueces de la Cámara Civil y Comercial a una cumbre en Miami). Los jueces pertenecen o se relacionan con ciertas asociaciones que invitan a viajes, que ofrecen cursos de entrenamiento de todo tipo de cosas.
–¿Eso es moneda corriente?
–Es más frecuente de lo que parece. Contado así puede parecer fantástico, parece una manera de formarse. Pero es con un modo de actuar que sirve a intereses hegemónicos. Como dice Foucault, el poder es más importante cuando seduce que cuando castiga. Debería ser una preocupación de las estructuras mismas del Poder Judicial prestar atención a qué intereses o grupos están sosteniendo estas asociaciones variadas que los invitan a congresos. Es algo similar a lo que sucede con los médicos y los laboratorios. El Poder Judicial tiene que ser independiente de otros poderes, pero también de los grupos hegemónicos (económicos y mediáticos, organizaciones religiosas) que atraviesan la sociedad y al propio Poder Judicial con su capacidad de dominio. Van cooptando y generando una malla, los que nos salimos de ella decimos que no nos representan. Democratizar implica acabar con todo tipo de privilegios.
–¿La exención del pago de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo?
–Claro. Siempre dije que los jueces tenemos que pagarlo, es inadmisible que no lo paguemos y no entiendo qué tiene que ver con la intangibilidad. Si el trabajo deber ser gravado o no con un impuesto, es una discusión aparte. En un sistema de derecho en el cual el impuesto al trabajo existe, y grava con alícuotas altas a los que más ganan, no es tolerable que los jueces no tributen, somos ciudadanos igual que otros. Tributar no afecta el salario. Si no, por ejemplo, ante cualquier situación inflacionaria que deprecie el salario los jueces reclamarían que les conserven el salario real. Es un privilegio inaceptable.
–¿De qué otros privilegios goza el Poder Judicial?
–Hay algunos menos visibles. La gente que ingresa al Poder Judicial siente que más que ingresar a un poder del Estado que brinda un servicio, ingresa a una élite, lo cual es bastante incompatible con un sistema democrático que funcione bien. Yo estoy convencida de que la gente del Poder Judicial se cree esto de la majestad de la Justicia, que la credencial de juez te habilita a pedir lo que no podrías como ciudadano común. Genera una cultura de mirar hacia adentro y preservar lo que se tiene. Como si estuvieran “los otros” y los que tenemos que decidir sobre la vida de “los otros”.
–¿Cómo se sale de ese modelo?
–Una cuestión clave es cómo se forma en las escuelas de Derecho: una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas y otra cosas es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad. Puede querer preservar el estado de situación, pero reconoce subjetividades, identidades, voces. Los jueces somos un poder político y tenemos que saber esto. El Poder Judicial sigue teniendo estructura autoritaria y vertical, pero hay que generar espacios de discusión. Y democratizar implica también ir borrando marcas de la dictadura, todavía queda incluso mucha gente nombrada en esa época. Esto no es menor siendo que el Poder Judicial define el sentido de las reglas del Derecho. Tiene que tener un compromiso indiscutible con los derechos humanos, además de abrir el ingreso y no admitir ninguna forma de discriminación.
OPINION
Caricaturas de la Justicia
Por Alejandro W. Slokar *
Ciento cincuenta años más tarde, la misma desilusión puede surgir en la primera experiencia directa que un ciudadano tenga con el “palacio”, a poco de tropezarse con un sistema incomprensiblemente barroco y una maquinaria que impone un tiempo interminable para la decisión de los conflictos. Mas aún: cualquiera lo observará como un poder demasiado autoritario, excesivamente burocrático, con prerrogativas antigualitarias, poco abierto a la diversidad de las dinámicas sociales y calcado sobre un modelo que pudo haber funcionado para el país de otro tiempo y de otro modo.
En la imagen, los dos togados capturados en silenciosa connivencia, con sonrisas de complicidad, se tornan muecas grotescas de un ámbito a menudo corrompido. Se pregunta aún hoy el ciudadano: ¿Todas las partes –poderosos o miserables– son igualmente escuchadas y tomadas en cuenta? ¿Todos reciben el mismo trato y tienen los mismos derechos?
Cuando todos aquellos que no tienen los conocimientos, los ingresos o las influencias necesarias constatan que no están en condiciones de hacer valer sus derechos, desaparece el sentimiento de equidad que es la base de la legitimidad del Poder Judicial.
En rigor, se trata de la existencia de constantes estructurales relacionadas con un modo cultural, que todavía pretende pensar el mañana con las ideas de ayer y administrarlo con las instituciones de anteayer. Más allá de reacciones veleidosas y superficiales, la Justicia siempre padeció de un mal grave que, sin la cura apropiada, permanecerá y empeorará con el paso del tiempo.
Porque, en esencia, el Judicial es una institución con resistencias al cambio y además con efecto espejo, o sea, genera tipos de actores a su propia imagen y semejanza. No es de extrañar que aquellos símbolos, ritos y ritmos retratados por Daumier se reediten de modo permanente, a partir de la cooptación de un cuerpo cerrado, colocado social e ideológicamente fuera de la sociedad. Así, no es casual el anclaje de otras corporaciones (clero, militares) que durante décadas sin acuerdo y con juramentos de fidelidad a regímenes de facto supieron articular sus redes y proyectar sus intereses. Tal como todavía al día de hoy lo procuran los grupos de economía concretada y/o hegemonía mediática.
La lógica institucional, con modos de decisión y gestión donde todo se concibe en la cúspide, desde los espacios jerarquizados que se ejercen en lo más alto de la estructura, se soporta en burocracias no pocas veces medrosas cuya caracterización tradicional son los rancios valores del conservadurismo –o sea, defensa del statu quo– contra cualquier innovación. Así se defiende en bloque lo acomodaticio e indolente, y se reclama neutralidad (falsa) con notas pretendidas de impolutez y asepsia. No a través de leyes, sino con esos códigos –las más de las veces implícitos– se forjan las mentalidades, las actitudes y los reflejos.
El mayor desafío de una transformación quizás sea poner a los jóvenes agentes en el centro de la estructura de cambio. Requiere la adaptación del personal existente a una radical revisión de sus enfoques, para convertirlos en la punta de lanza de una reforma que debe ser estructural. Luego, demanda construir una política de formación inicial y capacitación permanente, en donde nada es ajeno a las misiones comunitarias de universidades y centros de estudios, fundamentalmente aquellos ubicados en las periferias de la gran urbe.
Existe un conjunto de momentos de la vida política y social de un país en los cuales se generan las condiciones decisivas para los cambios y, una vez producidas las rupturas, los procesos devienen irreversibles. Estamos emplazados a una reflexión autocrítica sobre nuestro oficio y, cual albañiles, encargados de reparar un edificio cuya estructura está cada día más socialmente cuestionada. Sin un Poder Judicial fuerte e independiente no hay protección de los derechos ni de las reglas básicas de convivencia, pero legitimidad es confianza en la aceptación de nuestros magistrados como garantes de ello. Cualquier reacción que tienda a pensar en términos de conspiración o de cruzada antijudicial no puede impedir la evocación nuevamente del bueno de Daumier, que alguna vez tuvo que padecer la consecuencia de seis meses de encierro por delito de prensa contra el monarca. La historia enseña que la censura de Luis Felipe I dio lugar a las barricadas de 1848 que echaron por tierra el último reinado de aquel país y cedió el paso a la II República.
* Juez
OPINION
Seamos profesionales
Por Eduardo Aliverti *
Pensé, pensamos, me ayudaron a pensar, los que me quieren, si debía estar al frente del programa de hoy.
Fue unánime decidir que no, porque yo mismo, con toda la capacidad de abstracción que me atribuyo aun en los momentos más difíciles o terribles, como fue mi enfermedad hace doce años, no estaba seguro, no estoy, de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas. Nuestro programa. Nuestra marca. Sería artificioso no sólo cruzarnos las chanzas con Pedro, los juegos con el top o todos esos guiños que también nos dan identidad. Sencillamente no me da para andar hablando de macropolítica. Y si me diera, sería una falta de respeto hacia el dolor de las víctimas. Más tarde la vida seguirá, no sé cómo. Hoy es esto.
No puedo ni debo decir mucho más que lo expresado en esas palabras que subí al muro de Marca, que a continuación repito: Acá estoy, en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, producto de hechos que involucran a parte de mi familia y que tomaron estado público en las últimas horas. Pablo García es mi hijo. Sólo puedo decir que mis sentimientos y el de mi familia acompañan principalmente a los familiares de la víctima, que se está a disposición de la Justicia –ya actuante– en todo cuanto sea necesario para el esclarecimiento de esta desgracia igual de desgarradora que de irreparable y que nuestro objetivo es la estricta igualdad ante la Justicia.
Sólo quiero pedir, frente a las versiones circulantes, que todo lo relacionado con los detalles y marcha de la causa sea vehiculizado a través de los canales correspondientes, evitando especulaciones de otro tipo. Sólo eso. Es lo único que deseo y debo pedir. Gracias si puede ser así. No puedo decir mucho más que esto porque esto es lo que sigo pensando y sintiendo. Y no debo porque está la causa. De esas palabras que escribí el miércoles, a 48 horas de lo sucedido, sólo corrijo que no es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Es el peor. Tipeé lo que me salió después del shock, pero ahora asumo que cuando estuve a punto de morirme era yo conmigo. Esto es yo más la gente que debo contener y la gente que está fusilándome. Dejo esta última oración a sabiendas de que van a cargarme que me victimizo, cuando para empezar hay víctimas más tremendas. Pero me sale esto. Con alguna cosa personal me tengo que descargar.
Cuando escribí eso de que no hagan especulaciones, obviamente sabía que no tendría resultado. Pero tampoco podía dejar de pedirlo, en nombre de lo que siempre defendí: no se debe condenar de antemano, hay una causa en marcha,
seamos profesionales.
Voy a contar un único episodio. Perfil montó una guardia enfrente de mi casa, con fotógrafa, en un taxi estacionado de contramano sobre la esquina. Lo habíamos visto desde la noche del jueves. Ayer (por el viernes) a la mañana seguía ahí. No aguanté más. Salí de mi casa. Salió la fotógrafa del taxi. Le dije al conductor “disculpame, no es con vos”. El conductor me dijo “Eduardo, no puedo hacer nada, soy un laburante”. Enfrenté a la piba, a la fotógrafa. Me saqué y le dije, dos o tres veces, “por qué me hacés esto, hija de puta”. La piba me dijo “es mi laburo, entendeme, trabajo en Perfil”. Yo seguía sacado. En medio de la furia, conseguí decirle “pero ponete un límite, ponete un límite, buscá un trabajo donde no tengas que hacer esto”. La piba me dijo “conseguime otro trabajo y me voy”. Se subió al taxi y se fueron.
Lo que estoy viviendo me ratificó, con creces, con impresionantes creces aunque el adjetivo se quede corto como cualquiera que elija, la gente que me vale la pena y la que no. Pero al margen de lo sentimental, también me ratificó quiénes ejercen periodismo y quiénes son una basura técnicamente hablando. Entre los primeros, mucha gente que no piensa ideológicamente como yo. De los segundos, todos los que ya sabía. A los primeros, gracias por la decencia profesional, por la estatura. No hablo de la solidaridad que me transmitieron. Hablo de su categoría periodística. A los segundos, gracias por haberme demostrado que no me equivoco en la identificación de la carroña. Una carroña indescriptible.
¿Qué más? Tanto. Me muero por decir más. No puedo decir más. No debo decir más. Sobre lo que pasó, quiero decir. Y sobre los que ejercieron la crucifixión hasta que surgió otro tema, y después otro desgarro, y después con otro.
Ojalá esto sirviera para que de una vez por todas se abra un debate serio acerca de la ética periodística, más allá de la suerte judicial que sufra mi hijo, de la anímica que tenga que aguantar yo y, sobre todo, del dolor irreparable de la familia del muerto. Podría servir, sí, para la pavada de que se discuta sobre el ejercicio profesional. Todos somos o podemos ser víctimas de la gente que hace periodismo de esta manera.
Como no puedo ni debo decir más, dejo sólo esa reflexión con la parte fría que queda en mi cabeza.
Gracias a todos. Ustedes saben por qué.
* Texto del editorial de Eduardo Aliverti, leído en su programa Marca de Radio. Por los motivos que se desarrollan en esta nota, Aliverti prefirió no publicará mañana su habitual columna.
Fuente:Pagina12
Eduardo Aliverti
"Es el peor momento de mi vida"
Eduardo Aliverti no se presentó al su programa "Marca de Radio" y dejó un mensaje grabado para sus oyentes: "No estoy en condiciones de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas", aseguró. "Más tarde la vida seguirá, no sé cómo... Hoy ésto", dijo.
Sábado 23 de febrero de 2013
"Es el peor momento de mi vida"
Eduardo Aliverti no se presentó al su programa "Marca de Radio" y dejó un mensaje grabado para sus oyentes: "No estoy en condiciones de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas", aseguró. "Más tarde la vida seguirá, no sé cómo... Hoy ésto", dijo.
Sábado 23 de febrero de 2013
23.02.2013
MUERTE EN PANAMERICANAAliverti pidió "no condenar de antemano" y criticó la "carroña" del periodismo
" Aliverti no concurrió esta mañana al programa que conduce los sábados por radio La Red y, a través de un mensaje grabado, reiteró que es "el peor" momento de su vida, en referencia al accidente que protagonizó su hijo, Pablo García (28).
"Me ayudaron a pensar los que me quieren si debía estar al frente del programa de hoy. Fue unánime decidir que no porque no estoy seguro de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas", fueron las palabras del locutor en la grabación con que inició hoy a las 10 su programa "Marca de radio", por AM 910.
Con respecto al accidente Aliverti dijo: "No puedo y no debo decir mucho más que lo expresado en esas palabras que subí al muro de `Marca´", luego de lo cual repitió el comunicado que el miércoles último emitió a través de la página de Facebook de su programa.
Allí, el locutor reconocía que García era su hijo y afirmaba que sus sentimientos y los de su familia acompañaban "principalmente a los familiares de la víctima (Reinaldo Rodas, 53)".
"Sencillamente no me da para andar hablando de macropolítica, y si me diera, sería una falta de respeto hacia el dolor de las víctimas. Más tarde la vida seguirá, no sé cómo", continuó hoy Aliverti y agregó: "No es uno de los momentos más dolorosos de mi vida, es el peor".
"No puedo decir mucho más que esto porque esto es lo que sigo pensando y sintiendo. Y no debo porque está la causa. De esas palabras que escribí el miércoles, a 48 horas de lo sucedido, sólo corrijo que no es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Es el peor", remarcó.
Aliverti recordó cuando estuvo muy grave hace 12 años, pero marcó una diferencia: "Esto es yo, más la gente que debo contener y la gente que está fusilándome. Dejo esta última oración a sabiendas de que van a cargarme que me victimizo, cuando para empezar hay víctimas más tremendas. Pero me sale esto. Con alguna cosa personal me tengo que descargar".
"Cuando escribí eso de que no hagan especulaciones, obviamente sabía que no tendría resultado. Pero tampoco podía dejar de pedirlo, en nombre de lo que siempre defendí: no se debe condenar de antemano, hay una causa en marcha, seamos profesionales", pidió.
Luego contó que una fotógrafa de la editorial Perfil montó una guardia enfrente de su casa desde el jueves y que cuando no aguantó más, salió y le dijo: "¿Por qué me hacés esto, hija de puta?".
"La piba me dijo `es mi laburo, entendeme, trabajo en Perfil´. Yo seguía sacado. En medio de la furia, conseguí decirle `pero ponete un límite, ponete un límite, buscá un trabajo donde no tengas que hacer esto´. La piba me dijo `conseguime otro trabajo y me voy´. Se subió al taxi y se fueron", relató.
Aliverti sostuvo que lo que está viviendo le ratificó "con impresionantes creces la gente que vale la pena y la que no".
"Pero al margen de lo sentimental, también me ratificó quiénes ejercen periodismo y quiénes son una basura técnicamente hablando. Entre los primeros, mucha gente que no piensa ideológicamente como yo".
"De los segundos, todos los que ya sabía. A los primeros, gracias por la decencia profesional, por la estatura. No hablo de la solidaridad que me transmitieron. Hablo de su categoría periodística. A los segundos, gracias por haberme demostrado que no me equivoco en la identificación de la carroña. Una carroña indescriptible", enfatizó.
"¿Qué más? Tanto. Me muero por decir más. No puedo decir más. No debo decir más. Sobre lo que pasó, quiero decir. Y sobre los que ejercieron la crucifixión hasta que surgió otro tema, y después otro desgarro, y después con otro", agregó.
El periodista pidió que el caso de su hijo sirva "para que de una vez por todas se abra un debate serio acerca de la ética periodística, más allá de la suerte judicial que sufra" García y concluyó que "todos somos o podemos ser víctimas de la gente que hace periodismo de esta manera".
De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Policía y la fiscalía interviniente, el accidente ocurrió entre el kilómetro 52 y 53 de la autopista Panamericana, mano a Capital Federal, cuando Rodas circulaba en su bicicleta rumbo a su trabajo en el country Mapuche y fue embestido de atrás por un Peugeot 504 color celeste metalizado conducido por García.
Un testigo declaró ayer que García no detuvo su marcha tras embestir al vigilador y se alejó a 130 kilómetros por hora, mientras que la empleada del peaje afirmó que el periodista avisó que traía un atropellado y desmintió que haya bromeado sobre el hecho.
El periodista y locutor pidió "no condenar de antemano" a su hijo, quien el domingo pasado atropelló, provocándole la muerte, a un vigilador en la autopista Panamericana.
"Me ayudaron a pensar los que me quieren si debía estar al frente del programa de hoy. Fue unánime decidir que no porque no estoy seguro de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas", fueron las palabras del locutor en la grabación con que inició hoy a las 10 su programa "Marca de radio", por AM 910.
Con respecto al accidente Aliverti dijo: "No puedo y no debo decir mucho más que lo expresado en esas palabras que subí al muro de `Marca´", luego de lo cual repitió el comunicado que el miércoles último emitió a través de la página de Facebook de su programa.
Allí, el locutor reconocía que García era su hijo y afirmaba que sus sentimientos y los de su familia acompañaban "principalmente a los familiares de la víctima (Reinaldo Rodas, 53)".
"Sencillamente no me da para andar hablando de macropolítica, y si me diera, sería una falta de respeto hacia el dolor de las víctimas. Más tarde la vida seguirá, no sé cómo", continuó hoy Aliverti y agregó: "No es uno de los momentos más dolorosos de mi vida, es el peor".
"No puedo decir mucho más que esto porque esto es lo que sigo pensando y sintiendo. Y no debo porque está la causa. De esas palabras que escribí el miércoles, a 48 horas de lo sucedido, sólo corrijo que no es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Es el peor", remarcó.
Aliverti recordó cuando estuvo muy grave hace 12 años, pero marcó una diferencia: "Esto es yo, más la gente que debo contener y la gente que está fusilándome. Dejo esta última oración a sabiendas de que van a cargarme que me victimizo, cuando para empezar hay víctimas más tremendas. Pero me sale esto. Con alguna cosa personal me tengo que descargar".
"Cuando escribí eso de que no hagan especulaciones, obviamente sabía que no tendría resultado. Pero tampoco podía dejar de pedirlo, en nombre de lo que siempre defendí: no se debe condenar de antemano, hay una causa en marcha, seamos profesionales", pidió.
Luego contó que una fotógrafa de la editorial Perfil montó una guardia enfrente de su casa desde el jueves y que cuando no aguantó más, salió y le dijo: "¿Por qué me hacés esto, hija de puta?".
"La piba me dijo `es mi laburo, entendeme, trabajo en Perfil´. Yo seguía sacado. En medio de la furia, conseguí decirle `pero ponete un límite, ponete un límite, buscá un trabajo donde no tengas que hacer esto´. La piba me dijo `conseguime otro trabajo y me voy´. Se subió al taxi y se fueron", relató.
Aliverti sostuvo que lo que está viviendo le ratificó "con impresionantes creces la gente que vale la pena y la que no".
"Pero al margen de lo sentimental, también me ratificó quiénes ejercen periodismo y quiénes son una basura técnicamente hablando. Entre los primeros, mucha gente que no piensa ideológicamente como yo".
"De los segundos, todos los que ya sabía. A los primeros, gracias por la decencia profesional, por la estatura. No hablo de la solidaridad que me transmitieron. Hablo de su categoría periodística. A los segundos, gracias por haberme demostrado que no me equivoco en la identificación de la carroña. Una carroña indescriptible", enfatizó.
"¿Qué más? Tanto. Me muero por decir más. No puedo decir más. No debo decir más. Sobre lo que pasó, quiero decir. Y sobre los que ejercieron la crucifixión hasta que surgió otro tema, y después otro desgarro, y después con otro", agregó.
El periodista pidió que el caso de su hijo sirva "para que de una vez por todas se abra un debate serio acerca de la ética periodística, más allá de la suerte judicial que sufra" García y concluyó que "todos somos o podemos ser víctimas de la gente que hace periodismo de esta manera".
De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Policía y la fiscalía interviniente, el accidente ocurrió entre el kilómetro 52 y 53 de la autopista Panamericana, mano a Capital Federal, cuando Rodas circulaba en su bicicleta rumbo a su trabajo en el country Mapuche y fue embestido de atrás por un Peugeot 504 color celeste metalizado conducido por García.
Un testigo declaró ayer que García no detuvo su marcha tras embestir al vigilador y se alejó a 130 kilómetros por hora, mientras que la empleada del peaje afirmó que el periodista avisó que traía un atropellado y desmintió que haya bromeado sobre el hecho.
Fuente:Telam
24.02.2013
Esta semana se realizará el encuentro convocado por Justicia Legítima en la Biblioteca Nacional
Jueces, fiscales y abogados debaten profundos cambios en el Poder Judicial
La discusión en el foro que se realizará entre el miércoles y el jueves incluirá temas en agenda, como el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados, y el retorno del Consejo de la Magistratura como administrador del presupuesto del área.
Por: Martin Piqué
En un hecho peculiar y acaso sugestivo, el titular de la Corte se anticipará con su discurso –hablará en la sala de audiencias del cuarto piso de Tribunales– a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por parte de la presidenta Cristina Fernández. La tradición en este punto muestra que el jefe de Estado abre el año legislativo cada 1 de marzo y luego, unos días más tarde, el titular de la Corte hace lo suyo con el año judicial. En 2012 Lorenzetti encabezó el acto de apertura el 6 de marzo, varios días después de que la presidenta hablara en el Parlamento. ¿Qué cambió este año? En 2013, la Corte cumple 150 años de su creación, en 1863. Pero hay magistrados que consideran que la celebración de los 150 años es una "excusa perfecta" para intentar marcar la cancha antes de que se abra la caja de pandora de los debates pendientes.
La elección del martes quizá tenga que ver con lo que sucederá el día siguiente. Este miércoles comenzará el encuentro por una Justicia Legítima, organizado por una corriente de magistrados, defensores, abogados y fiscales que viene sumando apoyos. El foro seguirá también el jueves, tendrá lugar en la Biblioteca Nacional.
La convocatoria tiene una impronta plural y progresista. Entre sus impulsoras más conocidas están la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Como invitado especial participará el portugués Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Lisboa y presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel). Cluny es un ferviente defensor del ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de España. Entre las figuras que adhieren hay juristas de reconocida militancia en el radicalismo, como el ex juez y camarista José Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Las dos jornadas en la Biblioteca, se presume a partir del programa, abrirán una fuerte discusión sobre temas que parecían dormidos pero sólo estaban latentes. Algunos reaparecieron en los medios en las últimas semanas: el más popular es la polémica exención al pago del Impuesto a las Ganancias que beneficia a los jueces por una acordada de la Corte de 1996. La mayoría de los juristas consultados, al menos los que han opinado en público, creen que habría que pagar el impuesto. Pero también hay voces discordantes. Incluso entre quienes piensan asistir a la Biblioteca Nacional. "Lo que impide la deducción de Ganancias es justamente esa acordada. Y también hay un fallo posterior, del año 2005, firmado por jueces y conjueces, que confirma esa postura. Aunque tiene el voto en disidencia de tres magistrados, una es Carmen Argibay y el otro Horacio Rosatti (ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner), quien da una clase de Derecho Constitucional al explicar por qué los jueces deben pagar ganancias", planteó el juez Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación, en diálogo con Tiempo Argentino.
"Centrar la discusión en pagar o no Ganancias no es conveniente en este momento. Podría provocar que muchos jueces y fiscales que tienen vocación democrática se asusten y retrocedan. Es un problema muy complejo, que requiere mayor discusión y encontrar el momento más inteligente para abordarlo. En cualquier caso, habría que estudiar el modo en que el pago del impuesto no impacte en la intangibilidad de los salarios de los jueces. La discusión de fondo es convertir al sistema de administración de justicia en un sistema al servicio de todos los ciudadanos, que garantice la igualdad", se diferenció la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ante la consulta de este diario.
Para algunos legisladores, el pago de Ganancias por parte de los jueces se convirtió en una bandera impostergable. "Es una vergüenza que los jueces no paguen Ganancias, habiendo tantos ciudadanos que hacen sacrificios para pagar. No hay ruido que valga, tienen que pagarlo", aseguró a Tiempo la diputada Diana Conti. En el Congreso se presentó un proyecto firmado por el salteño Pablo Kosiner (FPV), para que los jueces paguen Ganancias. Conti es una de las firmantes.
La mención al Consejo de la Magistratura –el órgano creado por la reforma de 1994– no es casual. De hecho, el Consejo estará en el centro de los debates esta semana. Y no se descarta que también sea mencionado por el discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa. Es probable que en la Biblioteca Nacional se escuchen voces que propongan que el Consejo de la Magistratura retome las facultades que le otorga la Constitución. Entre ellas, la del artículo 114 que en su punto tercero le asigna la potestad de "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia."
En la actualidad, a pesar de la letra constitucional, el manejo del presupuesto está a cargo del secretario general de la administración de la Corte, el contador santafesino Héctor Daniel Marchi. Se trata de un hombre de estrecha confianza de Lorenzetti. "El Consejo de la Magistratura tiene una representación plural y múltiple, por eso la Constitución lo pone a cargo de la administración. Lo contrario es dejar esto a sola firma de un contador (por Marchi), bajo una consigna política. Tendría que tener una cuota más alta de transparencia", cuestionó Slokar. La discusión sobre qué organismo debe manejar el presupuesto de la justicia muestra las contradicciones de la legislación vigente: mientras que la Carta Magna le asigna la función al Consejo, las leyes de autarquía del Poder Judicial (Ley 23.853), de Administración Financiera y de Presupuesto facultan a la Corte para administrar y reasignar partidas presupuestarias.
Todos estos temas, por demás sensibles, comenzarán a ser debatidos esta semana. Y los cambios que se proponen van mucho más lejos. Están resumidos en los conceptos centrales del programa del encuentro del miércoles: "independencia", "ingreso y promoción meritocráticos", "rendición de cuentas", "gestión democrática" y "anticorporativismo". Se vienen tiempos de debate para la justicia.
Gils Carbó: "hay jueces que sienten impunidad"
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió ayer que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y se mostró a favor de un límite temporal en el ejercicio de la magistratura.
"Los jueces se perciben como miembros de un sector privilegiado y es algo contrario a la democratización", afirmó quien integra la agrupación de profesionales Justicia Legítima.
En diálogo con Radio América, Gils Carbó consideró que los jueces debieran pagar el Impuesto a las Ganancias ya que es "uno de los primeros pasos para que el magistrado se perciba como un ciudadano más y comparta sus intereses".
A su vez, la jefa de los fiscales estimó que "no puede ser que en un futuro se tengan jueces de 100 años, ya que la sociedad merece y necesita que puedan apreciar los dinámicos cambios de la sociedad, que puedan reaccionar ante los avances tecnológicos y que estén en una capacitación constante".
La procuradora apuntó contra la relación entre el poder económico con la corporación judicial: "La idea es quebrar el manejo corporativo de la justicia, hay jueces que sienten impunidad para actuar de manera irregular. Por ejemplo, el juez de la causa Riachuelo, Luis Armella."
"Se avala la relación promiscua de algunos magistrados con ciertos intereses privados. Hay prebendas disfrazadas de viajes académicos o becas. Es necesario cambiar esa cultura. Las mafias de los jueces operan en las facultades como escenario de relaciones espurias. Tenemos una justicia que defiende los intereses de los más aventajados", explicó Gils Carbó.
Sin corporaciones
El encuentro Justicia Legítima, que se realizará el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional implicará un fuerte impulso al debate sobre la democratización de la justicia y hará foco en seis ejes principales, entre los que se destaca la ruptura con las corporaciones.
Independencia: definir el sentido y el alcance de la independencia del Poder Judicial.
Ingreso: debatir las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos de los agentes de la justicia.
Control participativo: impulsar la rendición de cuentas de lo actuado en el Poder Judicial mediante políticas de transparencia y control participativo.
Derechos Humanos: diseñar reformas de gestión democrática que incluyan el compromiso por la estricta vigencia de los Derechos Humanos y todas las formas de no discriminación, así como la eliminación de privilegios judiciales.
Actitudes corporativas: fortalecer el nucleamiento anticorporativo con apertura hacia la sociedad y una fuerte identidad federal.
Capacitación: desarrollar la formación y capacitación permanente de todos los agentes del Poder Judicial.
El fondo Anticíclico y el de Infraestructura crecen con el dinero que no se gasta y no vuelve al Tesoro Nacional
Graves fallas en la ejecución del presupuesto de la justicia
Edificios sin terminar a pesar de los fondos asignados, ascensos congelados. Los jueces piden administrar sin rendir cuentas de generosos recursos que luego, extrañamente, no ejecutan.
Por: Demetrio Iramain
Todos los años la Corte Suprema elabora un pedido presupuestario para el funcionamiento de la justicia durante el año siguiente, que es enviado al Poder Ejecutivo y girado posteriormente al Congreso de la Nación para su aprobación definitiva. En 2010, la rebaja fijada por el Ejecutivo motivó una sonora operación en la prensa hegemónica: "El gobierno somete a los jueces y les impide manejar sus propios recursos", interpretaron los medios de la derecha. En rigor, esos recursos, como el tipo de cambio, son fruto de la actividad económica y el esfuerzo de todos los argentinos. En el caso de la Corte, el agravante es que ese dinero, por el que batalla llegando cada mes de septiembre, no se gasta luego.
El análisis frío de los números indica que entre 2004 y 2013 los fondos del Poder Judicial crecieron un 733 por ciento. En números redondos: pasaron de 1165 millones en 2004, a 8548 millones para este año. Lo presupuestado comprende, entre otros items, los sueldos de jueces, funcionarios y empleados judiciales.
Si bien en el rubro salarial no se advierten retrasos, sí hay quejas en cuanto al régimen de ascensos y promociones. Son múltiples las demandas de las Comisiones Internas gremiales, especialmente en el fuero de la Corte, por ascensos congelados, otorgamiento demasiado arbitrario de las promociones y consentimiento a dedo de determinados beneficios, como horas extras, que, al igual que el salario normal, tampoco están gravadas con el impuesto a las ganancias.
El aumento de la litigiosidad y las centenares de vacantes de personal sin cubrir, hicieron que en el Poder Judicial sea bastante frecuente encontrar a los empleados trabajando fuera de su horario, aunque sin percibir ingresos extra por esas horas de más. Paradójicamente, en el fuero donde más ocurre esta distorsión es el laboral, encargado de observar las violaciones a los convenios que regulan la actividad asalariada. Los jueces y funcionarios que suelen no cumplir la correspondiente carga horaria que les exige el Reglamento para la Justicia Nacional (seis horas diarias), "habilitan" a su personal, es decir, les ordenan compulsivamente a sus empleados quedarse después de cumplida la jornada. En rigor, el pago de horas extras forma parte de una política de disciplinamiento laboral, y no de justicia social.
No obstante, lo más grave es el retraso en los gastos previstos para infraestructura. La subejecución del presupuesto asignado anualmente es tan grande que el Fondo de Infraestructura, creado por la Corte Suprema en noviembre de 2008, a través de las Acordadas 32, crece anualmente.
En 2008 el máximo tribunal dictó dos Acordadas similares. Mediante la número 32/08, estableció el Fondo de Infraestructura, y dos Acuerdos después, el Nº 34/08, instruyó el Fondo Anticíclico, cuya finalidad era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". La fuerte crisis económica mundial, por entonces recién desatada, preocupaba a los jueces. El Fondo, además, permitía disimular el permanente déficit de gestión, los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial ese dinero, que no regresa al Tesoro.
Si bien el Fondo Anticíciclo se redujo en 145 millones entre 2008 –cuando fue creado– y 2011, no ocurrió lo mismo con el Fondo de Infraestructura, que aumentó 53 millones en el mismo período, pasando de 850 millones iniciales a más de 903. Se desconoce todavía el balance final del ejercicio 2012, pero se presume similar.
Ambos fondos, el Anticíclico y el de Infraestructura (que se sostienen y crecen con el dinero que no se gasta en lo que debiera), no vuelven al Tesoro Nacional, sino que están bien guardados en plazos fijos, convertibles en hasta un 50% en moneda extranjera.
Asimismo, son demasiado conocidas las viejas disputas entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura por el manejo de los fondos del Poder Judicial, y por las facultades de una y otro en el gobierno de la Justicia, desde la confección de los reglamentos internos hasta el dictado de la política salarial.
En los últimos años, y de modo creciente, todas las pujas de poder interna se resolvieron a favor de la Corte Suprema. Previendo que tal manejo presupuestario, incrementado exponencialmente desde el año 2004, traería nuevas tensiones al interior de los tribunales, la Corte creó en 2011 un Comité de Inversiones, que integran dos miembros por el Consejo de la Magistratura (el director de Administración y Finanzas y el subsecretario de Administración), y dos por la Corte (su director de Administración y el secretario general de Administración, el contador Héctor Marchi, que a su vez preside el Comité).
Las consideraciones del órgano administrador son puramente técnicas, de cálculos presupuestarios, pero las decisiones de las que depende su efectivo cumplimiento son políticas y responden, en última instancia, a la voluntad de la Corte Suprema, que mantiene para sí la palabra final en el Comité a través del administrador Marchi, santafesino como Lorenzetti y hombre de máxima confianza del presidente de la Corte Suprema.
La ciudad judicial es sólo un proyecto
Desde el año 2010, el Poder Judicial presupuesta en cada ejercicio financiero los gastos necesarios para levantar en el predio frente al Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan, en el cruce de la Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, el Archivo General del Poder Judicial y mudar 80 juzgados laborales. Era lo que se conocía como Ciudad Judicial en Constitución.
Desde ese año se han asignado sumas que crecen con cada presupuesto. De los 31 millones fijados inicialmente, se llegó hasta los 100 millones de pesos previstos para 2013. El problema es que allí sigue funcionando el Polo Circo que administra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No es la única demora. Casos similares ocurren con las obras de la futura Morgue Judicial, cuyas erogaciones llegarán en 2015 a 132,5 millones de pesos; los edificios de Tucumán 1511 y Uruguay 722, los Centros Judiciales de Rosario, de Posadas, y de la Cámara Federal de San Martín, que tiene presupuestados fondos desde el año 2008 pero que no se ejecutan, a pesar de las notorias deficiencias edilicias de la Cámara, donde deben realizarse los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.
También se encuentra retrasada la puesta a punto de la Biblioteca Central del Poder Judicial en un coqueto edificio adquirido en 2008, en lo que fuera la imprenta Cogtal, y que desde entonces permanece en obra. El edificio de la biblioteca ya es patrimonio del Estado. Los libros no están para consulta de nadie todavía.
24.02.2013
OPINIÓN Democratizar la justicia
Si hablamos de democratizar una institución es porque la juzgamos, de principio, autoritaria, corporativa, cerrada, de espaldas al pueblo. ¿Será el poder judicial acreedor de semejante reproche?
Por: Roberto Boico
Lo cierto es que de las tres agencias del Estado es la única que sus integrantes no proceden de elección popular directa. ¿Allí radica su problema? No lo creo.
Hay dos formas de examinar si el Poder Judicial requiere un cambio profundo: a) sostener que aquel no cumple su función tal como ha sido diseñado constitucionalmente, punto de vista que acepta las bondades de su regulación y sólo impugna el modo de su desenvolvimiento como si fuere una patología institucional; b) sostener que la regulación constitucional es deficiente para conformar un auténtico Poder Judicial de talante democrático. Aquí la impugnación es sistémica y profunda, requiriendo la revisión del sistema político que sustenta la regulación constitucional.
Este último aspecto nos conduce al embarazoso tema de una reforma constitucional, como si ella fuera palabra prohibida, anatema y sacrílega dentro del concierto político.
Un aspecto conceptual importante es que el pueblo detenta la decisión soberana del modo en el cual desarrollar su existencia política.
En todo caso la Constitución Nacional es el formato normativo que traduce la voluntad política de un pueblo que ha decidido experimentar su convivencia colectiva de un modo específico.
Latinoamérica parece encaminada a sortear subyugaciones históricas que la han postergado y confinado a un escenario periférico respecto del poder central planetario.
Si tales estructuras comienzan a resquebrajarse no es por otra razón que la toma de conciencia de la opresión y la decisión –siempre difícil y costosa– de la emancipación económica y cultural.
Entiendo que la reforma judicial no es cuestión de normas, sino decisión política soberana de un pueblo que quiere ser protagonista auténtico de su historia.
No son palabras grandilocuentes o ingenuas, son direcciones obligatorias para apartarnos de un colonialismo de pensamiento que siempre ve con recelo un cambio de paradigma. Todo es revisable, y cuanto más nuestro Poder Judicial, con o sin reforma constitucional.
Qué garantizará la democracia en el Poder Judicial excede largamente este humilde comentario, pero porqué no abrir el debate con algunas propuestas para ir reflexionando.
1) Factor humano: 1.A) Selección de magistrados y funcionarios. Aquí lo trascendente es la valoración republicana y compromiso con los Derechos Humanos de los aspirantes, procurando que la formación técnica y humana de los futuros cuadros no la monopolicen circuitos académicos compuestos, mayoritariamente, por los mismos integrantes del Poder Judicial que requieren oxigenación ideológica.
Es compromiso de la política, traductora de una voluntad popular soberana, participar en los modelos selectivos de jueces y funcionario a través de la co-formación de aspirantes; ello exige revisar el sistema de examen por toma de casos y antecedentes actualmente en vigencia.
También se impone el concurso para todos los escaños del Poder Judicial, evitando así el trueque de favores en los nombramientos, práctica muy común en todos los fueros.
El cambio es eminentemente cultural y frente a ello qué mejor que fomentar el cupo abogadil para que accedan a la magistratura abogados en ejercicio de la profesión.
Asimismo un sistema de integración de tribunales, donde por sorteo haya jueces fijos y jueces móviles, es decir, abogados de la matrícula convocados a ejercer una carga pública. Y finalmente participación popular directa en la decisión de selección de jueces, quizás bajo un sistema de control que exigiría una eventual reforma del Consejo de la Magistratura u otro órgano que cumpla función equivalente.
1.b) Permanencia en el cargo. Aquí parecería adecuado desplazar el sistema de perpetuidad por uno de permanencia temporal, con eventual nueva designación.
La perpetuidad fomenta espíritu corporativo, parsimonia en la formación personal del funcionario, y escasa movilidad para la ocupación del cargo público de administrar justicia.
1.c) Destitución del cargo. Debería implementarse un sistema de juzgamiento del desempeño de la actividad judicial que abarque las decisiones jurídicas que adoptan los jueces en el marco de sus causas. Hasta hoy un juez, salvo delito de prevaricato, puede decidir de cualquier modo, incluso con arbitrariedad ostensible, siendo inmunes de sanción por su desconocimiento del derecho.
Otro aspecto refiere a la función del Poder Judicial. Administrar justicia es ante todo resolver conflictos, no decidirlos, aunque estamos acostumbrados a litigar antes que a componer.
Ello requeriría un sistema judicial de corte más acusatorio y componedor del conflicto, buscando escenarios
institucionales de diálogo dirigido antes del teatro estrictamente contencioso.
Resulta necesaria la integración de todo el colectivo social, privilegiando una justicia que ingrese al conflicto de nuestras clases más desprotegidas, llevando derecho y justicia social –sin desbordar competencias– allí donde mayor promoción de la persona se requiere.
Los Derechos Humanos no son proclamas normativas pomposas, son políticas concretas de igualación y promoción de hombres y mujeres para una vida digna.
También se requiere una intensa reforma procesal. El juicio por jurados es la directa participación del pueblo en los asuntos públicos, y no creo que deba circunscribirse sólo al ámbito penal, sino a todos los fueros.
La oralidad y la integración popular del jurado, o ciudadanos que oficien de jueces legos, debe establecerse progresivamente para todas las causas, civiles, labores, etcétera.
Otro punto a considerar es el llamado control de constitucionalidad. Si bien el tema es complejo, estimo que la eventual declaración de invalidez de normas sancionadas por los órganos democráticos debe ser una tarea de suma responsabilidad institucional, debiendo pensarse en un control que se concentre en un tribunal, sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación u otro creado al efecto, para evitar los desaguisados cautelares que han provocado la inaplicabilidad de normas democráticamente establecidas.
Para concluir, la hegemonía histórica de las clases dominantes, hoy vehiculizadas por medios monopólicos audiovisuales y de prensa, está en crisis, y el pueblo está cursando un sendero de emancipación pocas veces exhibido.
Las tensiones de un cambio cultural semejante muchas veces se faenan en los tribunales; por ello debemos recuperar un concepto: los tribunales son del pueblo y es él quien soberanamente decide su horizonte y función, como también decide cuándo modificarlo.
Nos han hecho creer que el derecho es fuente de obediencia indiscutible, y todo alzamiento conceptual contra lo establecido es anatema; de lo que se trata es de rescatar un sistema jurídico cuyo patrimonio es exclusivo de un pueblo que decide vivir su experiencia política libre de toda injerencia externa y libre de todo interés sectorial.
Pensar un nuevo Poder Judicial es fruto de la maduración política, y fruto de un modelo en el cual el protagonista es el pueblo.
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario