Pidieron severas penas para los tres imputados
Pidieron 25 años para Vargas y reclusión perpetua para Braga y Bulgheroni con cumplimiento en cárceles comunes.
Se inicio la etapa de alegatos en el juicio histórico con la exposición de los abogados Liliana Molinari y Martín Patiño representando la querella institucional del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), haciéndolo en las cinco causas que tiene como imputados a tres militares por secuestros, torturas, desapariciones durante la dictadura cívico militar.
Destacaron “la prueba testimonial en la que se trabajo en el debate fue la de mayor relevancia”.
La querella solicitó al tribunal el cambio a la calificación como “genocidio” fundamentando en base a las pruebas y testimonios que se escucharon en el debate durante las audiencias del juicio. Además argumentando varios fallos jurídicos como antecedentes al pedido sosteniendo que Argentina adhirió a la Convención para la sanción y prevención del delito de genocidio. “Juzgar el genocidio cometido en territorio Argentino es para los tribunales del país una obligación que proviene del derecho internacional y la incorporación expresa del mismo en el derecho interno. El delito está tipificado y estos crímenes no deben quedar impunes, el genocidio es imprescriptible”.
La imputación y pedidos de pena solicitado por la querella fue para el acusado Antonio Vargas en la causa “Avelino Bazán y otros” por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiteradas junto a mineros que tuvieron el día del golpe y posteriormente además de tormentos agravados por haber sido dirigidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político, violación de domicilio todo ello para perpetrar para cometer un genocidio. El pedido de pena fue de 25 años de reclusión e inhabilitación absoluta en cárcel común. También imputado en la causa “Luis Aredez y otros” por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza en relación a las víctimas, violación de domicilio Luis Aredez, Ramón Bueno, Antonio Filliu, Omar Gainza y Carlos Melián se pidió una pena de 25 años de reclusión y rehabilitación absoluta en cumplimiento en cárcel común.
En tanto que para el imputado Eduardo Bulgheroni respecto a la causa “Reynaldo Aragón y otros” por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas a las víctimas, y la imposición de tormentos agravados por haber sido dirigidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político Dante Robinson Torres, Patricio Vidal Lazarte y Narciso Santiesteban, una pena de 25 años de reclusión más inhabilitación absoluta y cumplimiento cárcel común. También en la causa “Paulino Galeán y otros” por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas a las víctimas, y la imposición de tormentos agravados por haber sido dirigido por un funcionario público y las víctimas de Tumbaya perseguidos políticos, pidieron la condena de reclusión perpetua con inhabilitación absoluta y cárcel común.
El tercer imputado Rafael Mariano Braga en la causa “Alvarez García” por responsable de violación de domicilio respecto a la víctima Rolando Alvarez García con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, tormentos agravados por haber sido dirigidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político se solicito la pena de reclusión perpetua e inhabilitación perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común.
Además solicitaron que la condena tenga cumplimiento en cárcel común y ordinaria. (Mariana Mamaní)
Fuente: EL Tribuno - Envío:Agnddhh
| Martes 19 de Febrero de 2013 |
 Referentes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy se reunieron en una breve entrevista breve con el Dr. Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal 2, a fin de reiterarle su confianza y apoyo en el trabajo que viene realizando desde que se hizo cargo en 2012. “Confiamos en la justicia por la que esperamos tantos años” dijo, al respecto, la presidenta de la entidad, Ines Peña.
En este sentido, vale señalar que a partir del arribo Poviña al Juzgado Federal 2 hubo una importante cantidad de medidas procesales que sus antecesores habían postergado o denegado.
El último acto del cuestionado secretario del juzgado, Carlos Olivera Pastor, fue la negativa a llamar a indagatoria a Carlos Blaquier propietario del Ingenio Ledesma. El Juez Fernando Poviña lo indagó, procesó y le prohibió la salida del país, marcando a partir de ello el camino que une ideológicamente a la empresa con los grupos industriales y la dictadura.
Para concluir, desde la Asociación informaron que, en el marco del Primer Juicio por delitos de lesa humanidad, el jueves 21, a las 9 horas, se reanudan las audiencias, el orden de los alegatos lo determina el Código Penal.
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Fuente:Metro
Lesa Humanidad: comenzó la etapa de alegatos y hoy comenzarán las exposiciones de los querellantes
febrero 23rd, 2013
El Tribunal Oral Federal (TOF) abrió ayer la etapa de alegato en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que tiene como imputados a tres militares en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura cívica militar.
El presidente del TOF, René Vicente Casas, expresó que no fijaron plazo horario para las exposiciones de los abogados querellantes, pero solicitó que no haya “reiteraciones innecesarias” en las mismas.
Hoy a las 9, los primeros en exponer serán los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño, en torno a la causa Álvarez García, Julio Rolando, de la Juventud Universitaria Peronista desaparecido el 21 de agosto de 1976.
El Tribunal Oral Federal (TOF) está integrado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, mientras que los fiscales son Francisco Snopek y Pablo Pelazzo.
Los imputados son los oficiales de inteligencia del Área 323, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, quienes estuvieron en Jujuy bajo las órdenes del coronel Néstor Bulacios; y el ex interventor en el Servicio Penitenciario Antonio Orlando Vargas.
Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército, fue apartado del juicio en los comienzos por razones de salud, aunque ya tiene varias condenas en otras provincias.
Los abogados querellantes son Ariel Ruarte, Paula Álvarez Carreras, María José Castillo, Juan Manuel Sivila y Martín Patiño.
En la causa Julio Rolando Álvarez García, está imputado Braga por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
Bulgheroni está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y otros, y como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y torturas y homicidio agravado por alevosía en la causa Paulino Galeán y otros.
Antonio Orlando Vargas, detenido en la unidad penal de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por teleconferencia, está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
El juicio comenzó el pasado 12 de julio y testimoniaron cerca de dos centenares de personas, entre víctimas de la represión, policías, agentes penitenciarios e integrantes de organismos de derechos humanos y querellantes.
El TOF escuchó ayer un informe médico sobre la salud del imputado Vargas, detenido en la cárcel de Ezeiza, tras lo cual la defensa del represor pidió que se rechace el pedido de los abogados querellantes para que esté presente en la sala de audiencias.
El TOF debe resolver este tema en una próxima audiencia.
Fuente:ElPeriodistaLibre
febrero 23rd, 2013
El presidente del TOF, René Vicente Casas, expresó que no fijaron plazo horario para las exposiciones de los abogados querellantes, pero solicitó que no haya “reiteraciones innecesarias” en las mismas.
Hoy a las 9, los primeros en exponer serán los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño, en torno a la causa Álvarez García, Julio Rolando, de la Juventud Universitaria Peronista desaparecido el 21 de agosto de 1976.
El Tribunal Oral Federal (TOF) está integrado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, mientras que los fiscales son Francisco Snopek y Pablo Pelazzo.
Los imputados son los oficiales de inteligencia del Área 323, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, quienes estuvieron en Jujuy bajo las órdenes del coronel Néstor Bulacios; y el ex interventor en el Servicio Penitenciario Antonio Orlando Vargas.
Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército, fue apartado del juicio en los comienzos por razones de salud, aunque ya tiene varias condenas en otras provincias.
Los abogados querellantes son Ariel Ruarte, Paula Álvarez Carreras, María José Castillo, Juan Manuel Sivila y Martín Patiño.
En la causa Julio Rolando Álvarez García, está imputado Braga por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
Bulgheroni está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y otros, y como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y torturas y homicidio agravado por alevosía en la causa Paulino Galeán y otros.
Antonio Orlando Vargas, detenido en la unidad penal de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por teleconferencia, está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
El juicio comenzó el pasado 12 de julio y testimoniaron cerca de dos centenares de personas, entre víctimas de la represión, policías, agentes penitenciarios e integrantes de organismos de derechos humanos y querellantes.
El TOF escuchó ayer un informe médico sobre la salud del imputado Vargas, detenido en la cárcel de Ezeiza, tras lo cual la defensa del represor pidió que se rechace el pedido de los abogados querellantes para que esté presente en la sala de audiencias.
El TOF debe resolver este tema en una próxima audiencia.
Fuente:ElPeriodistaLibre
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