Jujuy: Querellantes piden altas penas y vuelven a relacionar a Ledesma con los crímenes
Adriana Aredez, hija del asesinado médico e intendente de Libertador General San Martín
Jujuy.- El Tribunal Oral Federal (TOF) escuchó hoy la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que tiene a tres militares imputados en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones y en la que quedaron relacionadas las acciones represivas en Ledesma y en la Minera El Aguilar durante la dictadura cívico-militar. En la exposición, los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño, describieron los hechos y su contexto de las cinco causas y pidieron 25 años (equivalente a prisión perpetua) en cárcel común para los acusados.
Adriana Aredez, hija del asesinado médico e intendente de Libertador General San Martín
Jujuy.- El Tribunal Oral Federal (TOF) escuchó hoy la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que tiene a tres militares imputados en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones y en la que quedaron relacionadas las acciones represivas en Ledesma y en la Minera El Aguilar durante la dictadura cívico-militar. En la exposición, los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño, describieron los hechos y su contexto de las cinco causas y pidieron 25 años (equivalente a prisión perpetua) en cárcel común para los acusados.
"Reflejamos en los alegatos todo lo que ocurrió con el terrorismo de Estado en cuanto al aniquilamiento de la población ue no pensaba como ellos y los intereses políticos y económicos en juego", expresó a Télam Molinari en referencia a la Noche del Apagón en Ledesma y los secuestros en la mina El Aguilar. Manifestó que las empresas mencionadas se movieron como "socios y cómplices del terrorismo de Estado" ya que utilizaron "los mismos recursos, los mismos caminos e idénticas consecuencias: desapariciones, torturas, muertes".
Recordó que tanto Ledesma como la minera El Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
La querella pidió para el imputado Antonio Orlando Vargas en la causa Avelino Bazán y otros, 25 años de prisión perpetua en cárcel común por los delitos de coautor partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencias en 18 causas de los mineros. En la causa Luis Aredez y otros, solicitaron como autor del delito de privación ilegítima de la libertad por amenazas, violencia y violación de domicilio en concurso real, 25 años de reclusión perpetua en cárcel común.
Para José Eduardo Bulgheroni en la causa Reynaldo Aragón y otros, pidieron 25 años reclusión en cárcel común y efectiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencia y violación de domicilio. En la cauda Bazán y otros, pidieron la pena de reclusión y condena a cadena perpetua por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas.
Para el imputado Braga la querella pidió reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad con violencia.
Los pedidos de las penas fueron fundamentados en el marco del delito de genocidio contemplado por la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio de la ONU en 1948, cuyo tratado fue firmado por la Argentina en 1956. Tiene como antecedente lo preceptuado en la causa Etchecolazt, en el juzgado de La Plata, y describió al genocidio como el delito de "negación a la existencia de grupos humanos" y esto era lo que figuraba "en el plan criminal de la dictadura militar" la destrucción de los grupos sociales de las víctimas.
Braga, apodado el "cara cortada" por una cicatriz en la mejilla izquierda, fue reconocido como el secuestrador de Álvarez García por la mayoría de los testigos que declararon en las audiencias y era el que decidía quién "debía desaparecer o suprimirse". En la causa Álvarez García, está imputado por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
Bulgheroni llegó imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y en la causa Paulino Galeán y otros, conocidas como el grupo "Tumbaya".
Vargas está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
Luis Aredez, ex intendente de Libertador San Martín y asesor del sindicato del azúcar de Ledesma, fue víctima de la denominada "Noche del Apagón", causa por la que está procesado el dueño del ingenio, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador, general Alberto Lemos.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976 fuerzas conjuntas detuvieron a cerca de 400 personas en Ledesma, Calilegua y El Talar, de los cuales hay más de treinta personas desaparecidas.
La audiencia de alegatos se reanudará el 7 de marzo con la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Denuncian que Ledesma persigue a delegados gremiales
Dirigentes de entidades gremiales de la actividad azucarera de Jujuy y Salta denunciaron hoy que la empresa Ledesma "persigue y acosa a los delegados de los trabajadores en sus puestos de trabajo".
A través de un comunicado, dirigentes sindicales azucareros acusaron a la empresa Ledesma de "acosar" y "perjudicar" a los delegados gremiales en su lugar de trabajo y de "crear una situación de temor reverencial en el colectivo de los empleados".
El comunicado lleva la firma de los representantes gremiales de los sindicatos de los ingenios Ledesma, La Esperanza, La Mendieta, San Martín de Tabacal, San Isidro de Campo Santo y de Río Grande.
"Les impiden a los delegados el ingreso a sus puestos de trabajo, los desplazan de las tareas que más los acercan a los trabajadores y evitan el contacto directo y diario con ellos", denunciaron los dirigentes.
Fuente:Telam
Cabe recordar que se está enjuiciando a tres represores que están procesados en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura cívica militar.
Ambos abogados tendrán un largo alegato porque entiende en las cinco causas “Álvarez García y otros”, “Bazán Avelino y otros”, “Aredez Luis y otros”, “Galean y Otros” y Aragón Reynaldo y otros”, Julio Rolando, de la Juventud Universitaria Peronista desaparecido el 21 de agosto de 1976.
Los represores juzgados, son: los oficiales de inteligencia del Área 323, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni y el ex interventor en el Servicio Penitenciario, Antonio Orlando Vargas.
Braga esta acusado por los delitos de “violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor” y “homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario”.
Bulgheroni está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y otros y como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y torturas y homicidio agravado por alevosía en la causa Paulino Galeán y otros.
Vargas, detenido en la unidad penal de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por teleconferencia, está acusado por los delitos en la causa Luis Aredez y otros, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
Vargas también está acusado en la causa Avelino Bazán y otros, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada de 27 personas, todos ex mineros de El Aguilar, cuyo dirigente sindical está desaparecido.
Alegatos en Jujuy
El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó ayer la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, que tiene a tres militares imputados. Los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), Liliana Molinari y Martín Patiño, pidieron 25 años (equivalente a prisión perpetua) en cárcel común para los acusados. En referencia a los crímenes vinculados con la Noche del Apagón, en Ledesma, y los secuestros en la mina El Aguilar, manifestaron que “las empresas mencionadas se movieron como socios y cómplices del terrorismo de Estado, ya que utilizaron los mismos recursos, los mismos caminos e idénticas consecuencias: desapariciones, torturas, muertes”. Recordaron que tanto Ledesma como la minera El Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
Fuente:Pagina12
Envío:Cecilio M. Salguero
Recordó que tanto Ledesma como la minera El Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
La querella pidió para el imputado Antonio Orlando Vargas en la causa Avelino Bazán y otros, 25 años de prisión perpetua en cárcel común por los delitos de coautor partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencias en 18 causas de los mineros. En la causa Luis Aredez y otros, solicitaron como autor del delito de privación ilegítima de la libertad por amenazas, violencia y violación de domicilio en concurso real, 25 años de reclusión perpetua en cárcel común.
Para José Eduardo Bulgheroni en la causa Reynaldo Aragón y otros, pidieron 25 años reclusión en cárcel común y efectiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencia y violación de domicilio. En la cauda Bazán y otros, pidieron la pena de reclusión y condena a cadena perpetua por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas.
Para el imputado Braga la querella pidió reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad con violencia.
Los pedidos de las penas fueron fundamentados en el marco del delito de genocidio contemplado por la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio de la ONU en 1948, cuyo tratado fue firmado por la Argentina en 1956. Tiene como antecedente lo preceptuado en la causa Etchecolazt, en el juzgado de La Plata, y describió al genocidio como el delito de "negación a la existencia de grupos humanos" y esto era lo que figuraba "en el plan criminal de la dictadura militar" la destrucción de los grupos sociales de las víctimas.
Braga, apodado el "cara cortada" por una cicatriz en la mejilla izquierda, fue reconocido como el secuestrador de Álvarez García por la mayoría de los testigos que declararon en las audiencias y era el que decidía quién "debía desaparecer o suprimirse". En la causa Álvarez García, está imputado por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
Bulgheroni llegó imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y en la causa Paulino Galeán y otros, conocidas como el grupo "Tumbaya".
Vargas está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
Luis Aredez, ex intendente de Libertador San Martín y asesor del sindicato del azúcar de Ledesma, fue víctima de la denominada "Noche del Apagón", causa por la que está procesado el dueño del ingenio, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador, general Alberto Lemos.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976 fuerzas conjuntas detuvieron a cerca de 400 personas en Ledesma, Calilegua y El Talar, de los cuales hay más de treinta personas desaparecidas.
La audiencia de alegatos se reanudará el 7 de marzo con la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Denuncian que Ledesma persigue a delegados gremiales
Dirigentes de entidades gremiales de la actividad azucarera de Jujuy y Salta denunciaron hoy que la empresa Ledesma "persigue y acosa a los delegados de los trabajadores en sus puestos de trabajo".
A través de un comunicado, dirigentes sindicales azucareros acusaron a la empresa Ledesma de "acosar" y "perjudicar" a los delegados gremiales en su lugar de trabajo y de "crear una situación de temor reverencial en el colectivo de los empleados".
El comunicado lleva la firma de los representantes gremiales de los sindicatos de los ingenios Ledesma, La Esperanza, La Mendieta, San Martín de Tabacal, San Isidro de Campo Santo y de Río Grande.
"Les impiden a los delegados el ingreso a sus puestos de trabajo, los desplazan de las tareas que más los acercan a los trabajadores y evitan el contacto directo y diario con ellos", denunciaron los dirigentes.
Fuente:Telam
Se abrió etapa de alegados en el juicio por crímenes de lesa humanidad
San Salvador de Jujuy.- El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) abrió ayer la etapa de alegatos en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y dispuso que hoy a las 9 horas, comience la jornada con la exposición que realicen los abogados del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño.
El TOF aún no decidió que resolverá sobre el pedido de la querella sobre el traslado del represor Antonio Orlando Vargas, para que comparezca en esta etapa y cuando se dicten las sentencias. Posteriormente se leyó un informe del cuerpo médico forense, donde detalla el estado de salud del procesado es grave y recomiendan que no sea trasladado.
Cabe recordar que se está enjuiciando a tres represores que están procesados en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura cívica militar.
Ambos abogados tendrán un largo alegato porque entiende en las cinco causas “Álvarez García y otros”, “Bazán Avelino y otros”, “Aredez Luis y otros”, “Galean y Otros” y Aragón Reynaldo y otros”, Julio Rolando, de la Juventud Universitaria Peronista desaparecido el 21 de agosto de 1976.
Los represores juzgados, son: los oficiales de inteligencia del Área 323, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni y el ex interventor en el Servicio Penitenciario, Antonio Orlando Vargas.
Braga esta acusado por los delitos de “violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor” y “homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario”.
Bulgheroni está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y otros y como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y torturas y homicidio agravado por alevosía en la causa Paulino Galeán y otros.
Vargas, detenido en la unidad penal de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por teleconferencia, está acusado por los delitos en la causa Luis Aredez y otros, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada.
Vargas también está acusado en la causa Avelino Bazán y otros, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada de 27 personas, todos ex mineros de El Aguilar, cuyo dirigente sindical está desaparecido.
Envío:Agnddhh
El Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó ayer la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, que tiene a tres militares imputados. Los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), Liliana Molinari y Martín Patiño, pidieron 25 años (equivalente a prisión perpetua) en cárcel común para los acusados. En referencia a los crímenes vinculados con la Noche del Apagón, en Ledesma, y los secuestros en la mina El Aguilar, manifestaron que “las empresas mencionadas se movieron como socios y cómplices del terrorismo de Estado, ya que utilizaron los mismos recursos, los mismos caminos e idénticas consecuencias: desapariciones, torturas, muertes”. Recordaron que tanto Ledesma como la minera El Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
Fuente:Pagina12
Envío:Cecilio M. Salguero

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