LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.

La democratización del Poder Judicial

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.

OPINION

Por Jorge Auat *

Por quién doblan las campanas

Cuando el 6 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de la Independencia Judicial junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros, publicó el comunicado declamando y reafirmando la independencia del Poder Judicial, la que está garantizada por la propia Constitución conforme ellos mismos lo señalan, tuve la convicción de que estábamos en presencia de una expresión más del espíritu corporativo cuyo ADN se evidencia –aunque quizá como nunca antes– en cada circunstancia en la cual la Justicia se saca la venda. Cuando se recluye, cuando no puede dar explicaciones, ahí el ropaje jurídico le sirve de coartada.

Esto produjo una reacción en cadena de singular magnitud: éramos muchos los que no teníamos nada que ver con ese comunicado. No nos sentíamos representados. Y en consecuencia nació el foro de autoconvocados que disparó una discusión que en rigor estaba postergada, o peor aún, deliberadamente ignorada: había que cambiar la historia. Y claro, era la oportunidad. Estamos en estado de emergencia institucional y hay que instalar la discusión para un urgente cambio de paradigmas. Sin duda muchos tuvieron ataques de tos. Estábamos alborotando el gallinero y les había llegado la hora: terminar con privilegios oprobiosos que irritan a la sociedad y generan consecuentemente un rechazo visceral que profundiza y agudiza el desprestigio. El comunicado del 6 fue una carta marcada, la jugada era evidente. Entre tantos ditirambos por la independencia judicial había un grito que no se podía silenciar, que era el de la corporación. Tanto es así que se cura en salud: “... esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos”. Como me dijo un amigo alguna vez: “Jugá la carta que te la vi”.

El funcionamiento corporativo del sistema judicial no es moco ‘e pavo. Conspira gravemente contra el Estado de Derecho. Esa corporación fue –como tal– funcional a las dictaduras. Lo decía con claridad José Massoni hace unos días en este mismo espacio: desde el año 1930 en adelante compartieron la marquesina con los gobiernos de facto. Fueron operadores eficaces de los estados policiales y creo no haber escuchado nunca en aquellos tiempos ignominiosos que se haya reclamado independencia judicial. Es más, un testimonio cabal de la patología que describo lo constituyen las causas por los crímenes de lesa humanidad: magistrados y funcionarios ponían cepos insalvables para avanzar en las investigaciones y esto no era otra cosa que el cuño de la corporación. En esas causas hay nombres de jueces, fiscales y secretarios directamente vinculados con los hechos. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura corrían la misma suerte que las causas que las motivaban. Casos graves, quizás el más emblemático fue el de Olivera Pastor en Jujuy, un secretario a cargo del juzgado cuyo expediente estuvo más de tres años en manos de un consejero sin trámite, paralizado hasta que renunció por una movilización de los organismos de DD.HH. y de la Tupac Amaru. Todo ello con pleno conocimiento de la Cámara Federal de Salta que tiene superintendencia en esa jurisdicción. Inclusive, uno de sus integrantes, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, ensayó una defensa de ese juez en la Comisión Interpoderes de la Corte, con argumentos inadmisibles. Cómo no se iba a enseñorear la impunidad en semejante escenario. Nos cacheteaba la cara, nos hacía un corte de manga. En definitiva, una muestra impúdica del poder corporativo, el último y el más estratégico de los instrumentos para garantizar esa impunidad. Los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad han sido y son quizás el lugar más patético donde se desnudó la corporación. Allí también se oía con frecuencia “independencia judicial”. Claro, cómo no van a huir por ese camino, si la estaban poniendo a prueba. Había que rendir cuentas y ése era el problema. Cuando se habla tanto de la independencia me viene a la memoria una expresión de Scalabrini Ortiz: “Quieren liberar a los argentinos de la intromisión de los argentinos”.

Hubo un episodio que encaja cono anillo al dedo con lo que vengo describiendo, que pinta el poder de la corporación: para cubrir una vacante en la Cámara de Casación Penal, al margen de la ley aplicable al caso –que establece un mecanismo de sorteo entre los jueces de las distintas Cámaras del país–, Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (antes miembro del Consejo de la Magistratura reemplazado por Ricardo Recondo y éste antes presidente de la Asociación, es decir un cambio de funciones) fue propuesto por uno de los integrantes de la propia Cámara, Raúl Madueño, quien no sólo llevó la propuesta, sino que además votó a favor de su incorporación. A una presentación que hice como fiscal cuestionando esa designación –antes ya lo había hecho el CELS–, la Cámara lo ratifica y el propio Cabral está presente en la deliberación. Un ejercicio de musculatura de la corporación que marca claramente quién tiene el Poder (corresponde aclarar que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia).

El poder corporativo tiene hacia adentro un tinte casi pastoral que le da vigor, permanencia y vigencia, y es por eso que el comunicado que firma la Asociación (de la que soy socio) lo hace en mi nombre y el de todos, porque la tecnología de ese poder le permitió hablar en nombre de todos, del rebaño, siguiendo a Foucault.

Viene bien, a propósito, citar a Alberdi en su Peregrinación de luz del día, parangonando a la libertad con la tan mentada independencia judicial de la que hablamos: “Aunque impotente y confinada en la inacción, ella vive disputada por dos clases de enemigos o pretendientes, a saber: los bribones de un lado y los imbéciles de otro. Los unos la explotan so pretexto de servirla, los otros acaban de arruinarla so pretexto de defenderla. El jefe de los primeros, siento decirlo, es nuestro amigo Tartufo; el de los segundos, es nuestro Don Quijote”. Pobre Independencia.

Desde luego no es fácil salir del rebaño. Es probable un escenario de réprobos y salvos. Pero si no lo intentamos, esto no cambia. El desafío está lanzado, no hay vuelta atrás. A partir del 27 nada va a ser igual. “No preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.”

* Fiscal general a cargo de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

OPINIONLa democratización del Poder Judicial
Por Gabriel E. Ganón * y Julián Axat **
En función de los más débiles

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.

“En Inglaterra, el motivo del fracaso de todos los esfuerzos encaminados hacia una codificación racional del Derecho, así como el fracaso de la adopción del Derecho romano, se debió a la resistencia eficaz contra dicha racionalidad por parte de los grandes gremios de abogados centralmente organizados. Estos gremios constituían un estrato monopolítico de notables, entre los cuales se reclutaban los jueces de los grandes tribunales del reino. Controlaban la instrucción jurídica como una tecnología empírica, sumamente desarrollada, y combatieron con éxito toda acción a favor de un Derecho racional que amenazaba su posición social y material...” (Max Weber, 1985:196).

La cita de Weber viene como anillo al dedo al caso argentino. Pues uno de los factores históricos que cristalizaron la actual “Corporación Judicial” ha sido un entramado invisible que se ha gestado no sólo en su seno sino también afuera de ella. Nos referimos al asociacionismo de magistrados que han aportado una generación de abolengos para el reclutamiento judicial, y –de ese modo– ha dotado un habitus de saber-clase cuya solidaridad (orgánica) no sólo coadyuvaba a mantener lazos-privilegios, sino también a adscribir a la reproducción ideológica de un tipo de Derecho.

La Asociación Nacional de Magistrados nace en 1928. Dos años después se produjo la primera ruptura al orden institucional. No es casualidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de entonces estuviera conformada por cuadros que surgieran en el seno de la Asociación Nacional de Magistrados: los doctores Figueroa Alcorta, Repetto, Guido Lavalle, Sagarna, Pera; y Horacio Rodríguez Larreta (este último como procurador). En adelante, bajo el manto de la doctrina “de facto” (toda una ideología del saber Derecho), las Asociaciones de Magistrados nunca se pronunciarán ante la sucesión de golpes de Estado. En todo caso su silencio será rendirles beneplácito. Complicidad civil con el horror.

Pero pensar en nombres se torna un detalle menor (baste el nombre del actual presidente de la Asociación Nacional de Magistrados para analizar una continuidad de abolengos). Ingresar en las páginas web de cualquiera de las Asociaciones de Magistrados (provinciales-nacionales) es un hecho interesante. De entrada se advierte que las listas de reclamos (copiadas) son siempre las mismas: realizar defensa de la independencia, neutralidad, imparcialidad, intangibilidad salarial (los estatutos reproducen las mismas formulas vacías). Realización de ofertas a sus afiliados/as de: cursos de todo tipo (siempre buscando el perfil del funcionario judicial “tecnócrata”), viajes al extranjero (para vacaciones y cursos de dudoso lobby), planes de financiación para compras de electrodomésticos, televisores, autos, etc., planes de financiación para compra de libros, obras completas, etcétera (editoriales que también ofrecen una forma de pensar el Derecho).

A menos que esa realidad social o política intente capturar o discutir las posiciones de privilegio (un ejemplo reciente, en la provincia de Buenos Aires volver a ser parte “consejera” en los procesos de designación de jueces), entonces estas asociaciones sí realizan pronunciamientos de rechazo rimbombantes; pues ponen en riesgo sus intereses (de clase y saber). Si volvemos a la cita de Weber, las Cámaras y las Cortes son las más permeables a éste ida y vuelta de lobby (oculto), pues los mismos jueces que componen las asociaciones luego son parte del entramado que de afuera influye (en ida y vuelta) y resiste los cambios.

En resumen, las Asociaciones de Magistrados vienen funcionando históricamente para mantener los privilegios de una casta autorreclutada, generando mecanismos de presión (solapado) sobre los tres poderes estatales para seguir acumulando la misma clase de privilegios, y fortalecer idea de pertenencia y ascenso, bajo un mismo saber: el Derecho de los sectores acomodados.

La consecuencia de este modelo de asociación (al que deben sumárseles colegios de abogados y unidades académicas) es una racionalidad jurídica hegemónica con valor altamente tradicional y antipopular. El dato no es menor, porque la mayoría de los jueces de este país están colegiados, de allí que deleguen poder para construir entidades y representantes que reproducen clase y dotan de imagen el Derecho, emparentada a la misma ideología a la que se pretenden parecer. Un Derecho para ellos, aislado (o enfrentado) a la vida social y política de los sectores más bastos de la sociedad (a los que no se quieren parecer).

Hace bastante tiempo, el especialista y amigo Roberto Bergalli escribía sobre la necesidad de que la Sociología de la Justicia debía tomar en consideración el fenómeno particular del Asociacionismo Judicial para indagar por qué, para qué y cómo se asocian los miembros del Poder Judicial; por entonces Bergalli decía: “... independencia judicial y asociacionismo son dos fenómenos estrechamente vinculados en el análisis de cualquier intento de lograr una Justicia democrática”.

Replantear la idea de Asociacionismo Judicial en la Argentina como necesaria para dar un salto cultural que exceda la autopreservación corporativa. Pues aun cuando la asociación alternativa sea incipiente, el eje de su nacimiento es la contradicción con el estado actual de las cosas y la necesidad de su democratización. Una identidad de funcionario judicial que busca afianzar los valores democráticos constitucionales de sí mismos, para afianzar –a su vez– la de los sectores excluidos y postergados. Tres experiencias son interesantes para tener en cuenta en estos tiempos:

n Durante la década del ’60/’70, la llamada “Gremial de Abogados” que crearan Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y muchos otros, logró marcar una experiencia inédita de “asociacionismo”. Aunque abogados, y no magistrados, la defensa de presos políticos no podía ir de la mano de una Asociación o Colegio de Abogados tradicional, pues los valores dominantes de esas entidades estaban arraigados a la opresión contra la que esos abogados se enfrentaban a las patronales, o los perseguía la dictadura y hasta los hacía desaparecer. La ruptura de la llamada “La Gremial” era desconocer “una Justicia ilegítima”.

n La obra agotada Estructuras Judiciales, escrita por Raúl Eugenio Zaffaroni hace más de un lustro, mostraba muchas de las cosas a las que referimos. De allí que el profesor Zaffaroni ha sido y seguirá siendo el doctrinario argentino más comprometido con los cambios democratizadores (no creemos que haya parangón con ningún otro doctrinario-operador), pues ha sido señero con una escuela de discípulos que tienen muy en claro que no se debe reproducir una racionalidad como la que hemos mencionado arriba; siendo la reducción del poder punitivo una forma de reducción de una cultura judicial autoritaria, y sus asociaciones que la retroalimentan.

n El pensamiento alternativo del ya citado R. Bergalli, o el de E. Mari y C. Cárcova, quienes entendieron la necesidad de reformular el Derecho argentino, poniendo sobre la mesa la construcción de nuevas prácticas, imaginarios saberes para la democracia y la pluralidad. La imagen del Derecho, al decir de la teoría de las ficciones de E. Mari, debe ser la de construir una nueva “Poeisis”. Un Derecho sin poesía (sin poetas) está condenado a morir, como lo está la Justicia tecnocrática (de management), oscura, retórica y des-comprometida hacia las necesidades concretas de los más desaventajados.

Se habla de “pluralismo”. Pluralismo es un concepto vacuo y puede ser funcional a los sectores de los que se pretende desmarcar. Hablemos de “pluralismo en función de los más débiles”, el contenido es más preciso. Tampoco se trata de pensar tres o cuatro modificaciones para “la Justicia” (pago de Ganancias, juicio por jurados, exámenes periódicos, etcétera). Esas son reivindicaciones puntuales que, aunque muy necesarias, a esta altura son más que conquistables. En todo caso debemos consolidar una “nueva Cultura Jurídica” para pensar desde allí “una Justicia legítima”. Se trata de recuperar y tematizar experiencias que se atrevieron a una ruptura con los tradicionales “asociacionismos” (como los que apuntamos). Abrir el juego a la mirada de funcionarios jóvenes, a la idea de “juristas políticos” inventores de nuevas prácticas y totalizaciones. Claro, lograr este nuevo modelo de Justicia requiere llevar la discusión a los ámbitos académicos, escuelas judiciales y colegios de abogados. Ese es el desafío.

* Defensor general público de la provincia de Santa Fe.
** Defensor público juvenil de La Plata.

Fuente: Pagina 12

 

 

OPINIÓN

la toga y el gorila

Cuando hacia el mes de diciembre pasado una declaración suscripta por una serie de Asociaciones Profesionales (acompañadas por otro conjunto de sellos de goma) aparecía publicada en el portal oficial de la Corte Suprema de Justicia con la aquiescencia de esta (y tal su impulso e inspiración) pretendiendo representar y expresar a la totalidad de los integrantes del Poder Judicial, un sentimiento de justa indignación invadió el ánimo de muchos magistrados, funcionarios y hombres y mujeres ligados a la justicia.

Por:  Dr. Mario Yutiz

La declaración de marras, reclamando en forma vehemente la independencia del Poder Judicial de los otros Poderes del Estado, guardaba sugestivo silencio respecto de la necesaria independencia respecto de los poderes fácticos.

No cabe la menor duda que la publicación en un sitio de la Corte albergaba la intención de "poner en línea" al Poder Judicial. 

En forma coincidente y contemporánea, que no podemos inocentemente adjudicar a la "casualidad", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, emitía su sentencia postergando la vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales, rechazando el pedido del Poder Ejecutivo y aceptando el planteo dilatorio del Grupo Clarín.

Esta declaración era paralelamente presentada por los medios hegemónicos como la expresión de "todo el Poder Judicial del país sin ninguna excepción".

Evidentemente que esta falsedad quedó patentizada con la aparición de las dos solicitadas "Por una Justicia Legítima" suscripta por cerca de mil magistrados y funcionarios judiciales. 

En este caso debemos ponderar que nadie se ocultó tras el velo de las asociaciones, sino que todos explicitamos nuestra firma y cargo.

La indignación y la rebeldía reposa en la convicción de que la "unanimidad" pretendida es tan falaz como la pretensión de una democracia formal fundada en "consensos".

No todos pensamos igual, ni siquiera parecido, y –agrego con relación a los grupos conservatistas que aún ostentan cierto control hegemónico– muchos de los firmantes estamos en las antípodas.

Es que en el marco de una democracia real, dinámica, agonal y preñada de debates y cuestionamientos los "consensos" representan la paz de los cementerios.

Estando pendiente una obra que aborde integralmente la historia crítica de Poder Judicial en la Argentina, ello no impide sostener fundadamente hasta qué punto este mantuvo compromisos y connivencias con gobiernos antidemocráticos, antinacionales y represivos, sea por omisión sea por la convalidación formal de sus latrocinios y crímenes.

Desde la justificación del golpe de 1930, pasando por su inacción durante la década infame, el silencio ante los crímenes de la Revolución Libertadora, la aceptación de la derogación de la Constitución de 1948, su funcionalidad a las dictaduras de Juan Carlos Onganía y sucesores, y su complicidad implícita y muchas veces explícita con el genocidio entre 1976 y 1983.

Pues bien, quienes suscribimos las solicitadas y los miles de colegas que no las suscribieron pero que comparten sus fundamentos, no asumimos sino que repudiamos esa tradición.

La naciente democracia no alteró sustancialmente, en 1983, ni la conformación humana ni los principios arraigados durante años, una poderosa rosca unida por lazos de clase, intereses económicos, ideología y afinidades siguió rigiendo con mano férrea la trama de ese Poder.

Quienes sostenemos –desde antes de ingresar al Poder Judicial– las luchas protagonizadas por el pueblo argentino en pos de la igualdad, la soberanía económica y la defensa de la dignidad nacional, los que no viajamos "invitados" a Miami, que tampoco asistimos a recepciones en el Club Americano o a invitaciones de la "Embajada",como así tampoco recibimos sus "sugerencias" no vamos ahora –dejando los rincipios en las puertas de nuestros despachos– a conciliar con aquellos a los que la toga no alcanza para ocultar su pelaje gorila.

Es ese sentido, vamos a concurrir al encuentro nacional del 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, para vernos las caras, reconocernos en nuestra coincidencias fundamentales y exponer y debatir los grandes temas que hacen a una justicia legítima comprometida con su tiempo. 

De nada servirá algún mensaje cortesano que intente poner paños fríos o reorientar el conflicto hacia una vía muerta.

Estamos inmersos en un debate fundamental, y en esa perspectiva no hay lugar para los neutrales, ya que, como dijera el Dante, los inútiles y los neutrales ocuparán el mismo círculo en el infierno.  

Fuente:TiempoArgentino

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