Garré renovó críticas para Santa Fe
La funcionaria especificó que son convenios para la lucha contra la trata de personas, la contención de manifestaciones sociales y el Sistema Federal de Identificación Biométrica. Volvió a negar que haya retirado gendarmes de aquí.
Garré: "La mayoría de las provincias firmaron, pero Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, no".Imagen: Télam
Desde Santa Fe
La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dijo que el gobierno de Antonio Bonfatti aún no firmó ninguno de los tres protocolos que ofreció su cartera en el Consejo Federal de Seguridad para coordinar con las provincias la lucha contra la trata de personas, la contención de manifestaciones sociales y sumarlas al Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), que centraliza los registros patronímicos y biológicos individuales. "Recién la semana pasada, Santa Fe nos pidió estos protocolos que no habían firmado. Esperamos que los firmen", dijo Garré. Los otros que tampoco adhirieron son los gobiernos de Mauricio Macri, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el de José Manuel de la Sota, en Córdoba.
"La mayoría de las provincias los han firmado, pero Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, no. Es increíble", expresó la ministra por la Radio Pública. "Los protocolos son sobre varios temas y fueron ofrecidos en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad. Se han hecho varios en estos dos años desde que estoy a cargo del Ministerio de Seguridad, que se creó además hace dos años", recordó.
Uno de los más importantes es el "vinculado a normas de procedimientos unificadas de todas las policías provinciales para casos de trata de personas, es decir para la detección precoz de situaciones que es necesario intervenir, uniformar la intervención y la forma en que se desarrolla el procedimiento para que no quede afectado por nulidades y que luego la justicia rechace esos operativos por alguna imperfección", explicó Garré. "Los problemas más graves de trata de personas se dan en las fronteras, por eso es muy significativo que los firmen las provincias. Este es un delito terrible, una forma de esclavitud inaceptable en el siglo XXI. Es algo que hay que combatir. Y como son delitos complejos hay que combatirlos todos de común acuerdo, con procedimientos articulados, comunes, porque si no es muy difícil derrotar a estas organizaciones", agregó.
El otro protocolo es el que regula "el comportamiento de las Policías provinciales ante manifestaciones públicas, que trata de establecer normas para poner límites, indica una cantidad de procedimientos y plantea agotar las instancias de negociación, es decir de no se utilice la fuerza sino en situaciones extremas.
Realmente, es un protocolo que fue consultado con distintos sectores". "Es muy importante cambiarles las doctrinas a las policías para que el uso de la fuerza sea el mínimo posible. En este tema de la regulación del uso de la fuerza hay que hacer un gran esfuerzo, incluso en la capacitación de los efectivos porque hay estructuras muy obsoletas que hay que cambiar".
"La seguridad es un tema que las provincias se han preservado a través de sus propias policías. Esto está en la Constitución nacional y en las constituciones provinciales. Pero las policías provinciales no han sufrido, lamentablemente, un proceso de transformación que era imprescindible hacer, han tenido mucha autonomía del poder político. El poder político no se ha fijado como objetivo la conducción de esas fuerzas, fenómeno que ocurrió también a nivel nacional, pero está más marcado en las provincias. Entonces, estos protocolos que establecemos en el Consejo de Seguridad, donde están todas las provincias, es a los efectos aggionar los procedimientos de todas esas policías, primero para que sean uniformes ante determinados temas en el país y segundo, para ir produciendo este proceso de modificación de valores, costumbres, doctrina y práctica de las policías provinciales, donde sigue habiendo mucho autoritarismo y no se respetan los derechos humanos. Todo eso trata de corregirse a través de protocolos que se discuten y se acuerdan y se firman".
El tercer protocolo que Santa Fe no firmó es "la adhesión al Sistema Federal de Identificación Biométrica, para que nuestras huellas digitales vayan a un archivo", precisó Garré. "Si las provincias toman huellas digitales en diversos trámites y no se vuelcan en un registro común, perdemos información, dejamos la base de datos incompleta. Nuestro objetivo es que a fin de años tengamos las huellas dactilares de los 40 millones de habitantes en la base de datos. Más, la de extranjeros que hacen algún trámite en el país. Esto permitirá cruzamiento e identificación de huellas que pueden estar en una escena del crimen, tiene una enorme importancia que todas las provincias colaboren con el enriquecimiento de esta base".
"Tenemos un compromiso con la seguridad, creemos que es un derecho, queremos garantizarlo, pero se necesita de la participación de la gente y de la cooperación de todos los Estados provinciales", concluyó la ministra.
Policía
(Declaracions de la concejala del Frente para la Victoria, Norma López; en una charla sobre seguridad con vecinos de la seccional 15º de Rosario).
Fuente:Rosario12
Lunes, 25 de febrero de 2013"La mayoría de las provincias los han firmado, pero Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, no. Es increíble", expresó la ministra por la Radio Pública. "Los protocolos son sobre varios temas y fueron ofrecidos en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad. Se han hecho varios en estos dos años desde que estoy a cargo del Ministerio de Seguridad, que se creó además hace dos años", recordó.
Uno de los más importantes es el "vinculado a normas de procedimientos unificadas de todas las policías provinciales para casos de trata de personas, es decir para la detección precoz de situaciones que es necesario intervenir, uniformar la intervención y la forma en que se desarrolla el procedimiento para que no quede afectado por nulidades y que luego la justicia rechace esos operativos por alguna imperfección", explicó Garré. "Los problemas más graves de trata de personas se dan en las fronteras, por eso es muy significativo que los firmen las provincias. Este es un delito terrible, una forma de esclavitud inaceptable en el siglo XXI. Es algo que hay que combatir. Y como son delitos complejos hay que combatirlos todos de común acuerdo, con procedimientos articulados, comunes, porque si no es muy difícil derrotar a estas organizaciones", agregó.
El otro protocolo es el que regula "el comportamiento de las Policías provinciales ante manifestaciones públicas, que trata de establecer normas para poner límites, indica una cantidad de procedimientos y plantea agotar las instancias de negociación, es decir de no se utilice la fuerza sino en situaciones extremas.
Realmente, es un protocolo que fue consultado con distintos sectores". "Es muy importante cambiarles las doctrinas a las policías para que el uso de la fuerza sea el mínimo posible. En este tema de la regulación del uso de la fuerza hay que hacer un gran esfuerzo, incluso en la capacitación de los efectivos porque hay estructuras muy obsoletas que hay que cambiar".
"La seguridad es un tema que las provincias se han preservado a través de sus propias policías. Esto está en la Constitución nacional y en las constituciones provinciales. Pero las policías provinciales no han sufrido, lamentablemente, un proceso de transformación que era imprescindible hacer, han tenido mucha autonomía del poder político. El poder político no se ha fijado como objetivo la conducción de esas fuerzas, fenómeno que ocurrió también a nivel nacional, pero está más marcado en las provincias. Entonces, estos protocolos que establecemos en el Consejo de Seguridad, donde están todas las provincias, es a los efectos aggionar los procedimientos de todas esas policías, primero para que sean uniformes ante determinados temas en el país y segundo, para ir produciendo este proceso de modificación de valores, costumbres, doctrina y práctica de las policías provinciales, donde sigue habiendo mucho autoritarismo y no se respetan los derechos humanos. Todo eso trata de corregirse a través de protocolos que se discuten y se acuerdan y se firman".
El tercer protocolo que Santa Fe no firmó es "la adhesión al Sistema Federal de Identificación Biométrica, para que nuestras huellas digitales vayan a un archivo", precisó Garré. "Si las provincias toman huellas digitales en diversos trámites y no se vuelcan en un registro común, perdemos información, dejamos la base de datos incompleta. Nuestro objetivo es que a fin de años tengamos las huellas dactilares de los 40 millones de habitantes en la base de datos. Más, la de extranjeros que hacen algún trámite en el país. Esto permitirá cruzamiento e identificación de huellas que pueden estar en una escena del crimen, tiene una enorme importancia que todas las provincias colaboren con el enriquecimiento de esta base".
"Tenemos un compromiso con la seguridad, creemos que es un derecho, queremos garantizarlo, pero se necesita de la participación de la gente y de la cooperación de todos los Estados provinciales", concluyó la ministra.
LA PELEA POR LOS GENDARMES
"Están todos"
Desde Santa Fe
"El gobierno de Santa Fe insiste que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha desplazado a efectivos federales de la provincia y que eso lo deja desamparado ante el accionar contra el narcotráfico. ¿Esto es así?", fue otra de las preguntas. La ministra Nilda Garré contestó: "No hemos sacado absolutamente a ninguno de los efectivos asignados en la provincia, más aún, en algunos casos se han reforzado. La obligación fundamental de las fuerzas federales es el control de rutas, la Gendarmería lo está haciendo, incluso a través de convenios con municipalidades, entre ellas la de Rosario. Además de la presencia normal de Gendarmería en las rutas nacionales, hay convenios específicos con varias municipalidades. En el caso de Rosario, es toda la avenida de circunvalación de Rosario que es una ruta nacional y está controlada por Gendarmería, se hacen controles vehiculares y de seguridad vial. Y Prefectura tiene una presencia importante en puertos y riberas. Hay alrededor de 1.500 efectivos distribuidos en la provincia de Santa Fe, más otros 100 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los dos aeropuertos de la provincia (Fisherton y Sauce Viejo) y algo en las delegaciones de la Policía Federal, pero es menor. La presencia más significativa es de Gendarmería y Prefectura. No se ha movido un solo efectivo".
"El desplazamiento de algunos efectivos de lo que se llama el Escuadrón Móvil de Gendarmería que está radicado en Santa Fe, a otros lugares, no afecta las prestaciones que se venían dando en la provincia. Porque como el nombre lo indica es móvil, están radicados ahí hasta ser destinados a otro lugar del país, pero no prestan servicio en la provincia", finalizó.
Sin embargo desde el Ejecutivo provincial mantienen otra interpretación del tema y hacen incapié en las tareas diferenciadas de las provincias que la Gendarmería cumple en alguna zonas de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
"El desplazamiento de algunos efectivos de lo que se llama el Escuadrón Móvil de Gendarmería que está radicado en Santa Fe, a otros lugares, no afecta las prestaciones que se venían dando en la provincia. Porque como el nombre lo indica es móvil, están radicados ahí hasta ser destinados a otro lugar del país, pero no prestan servicio en la provincia", finalizó.
Sin embargo desde el Ejecutivo provincial mantienen otra interpretación del tema y hacen incapié en las tareas diferenciadas de las provincias que la Gendarmería cumple en alguna zonas de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Policía
"Es necesario implementar el proyecto de Policía Municipal que presentamos junto a Roberto Sukerman, Luis Rubeo y Leandro Busatto en la Legislastura santafesina en diciembre pasado. Es el único proyecto presentado y, aunque se quiera confundir a la sociedad con anuncios grandilocuentes y confusos, la implementación de la Policía Municipal no requiere de reforma constitucional ni de autonomía municipal".
(Declaracions de la concejala del Frente para la Victoria, Norma López; en una charla sobre seguridad con vecinos de la seccional 15º de Rosario).
Encuentro de Fein y los concejales con la procuradora de la Nación
La reunión con la jefa de los fiscales será hoy en Buenos Aires. Discutirán el plan para Rosario de la flamante oficina contra la narcocriminalidad.
La intendenta Mónica Fein y concejales de todos los bloques partidarios se reunirán hoy en Buenos Aires con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gills Carbó, para abordar la problemática de la seguridad y el narcotráfico en la ciudad. El encuentro fue gestionado por el municipio para tratar cuestiones de competencia nacional, cómo se encara la investigación de delitos complejos en Rosario y el papel que jugará la recientemente creada Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar), que asistirá a los fiscales federales de todo el país en la persecución de ese delito.
"Vamos a trasladarle a la procuradora nuestras preocupaciones y compartir lo relacionado con el funcionamiento de la Justicia Federal y el trabajo de los fiscales en la zona, con la expectativa de que nos ayude", dijo el presidente del Concejo municipal, Miguel Zamarini, quien participará del encuentro junto con las vicepresidentas del cuerpo, Norma López y Laura Weskamp, los jefes de los once bloques políticos y el titular de la comisión de Seguridad, Osvaldo Miatello.
"Consideramos muy positivo que Gills Carbó reciba a un municipio con integrantes del Ejecutivo y el Legislativo", destacó Zamarini. El edil socialista precisó que el temario girará en torno a los puntos conversados días atrás con referentes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y la Cámara Federal de Apelaciones, en el marco de la mesa de trabajo creada para consensuar políticas de seguridad en la ciudad.
El encuentro será a las 10.30 en la sede del Ministerio Público Fiscal, en la Capital Federal, hacia donde la comitiva partirá en conjunto a la madrugada. Al finalizar, los integrantes de la comisión fijarán fecha para una nueva reunión. Entonces será el momento de realizar un balance de las entrevistas institucionales realizadas y de definir cómo se trasladarán esas conversaciones a acciones concretas.
Entre los temas a tratar con Gills Carbó, apuntó Zamarini, figurarán los recursos con que cuentan las fiscalías federales en la ciudad, donde "hace muchos años que no se producen nombramientos".
Por su parte, la concejala Weskamp, del PRO, adelantó que en la reunión se indagará sobre el funcionamiento de la nueva procuraduría sobre narcocriminalidad. "Cuando supimos de la creación de esta nueva unidad fiscal especializada, lo celebramos. Es alentador saber que tendrá fiscales con competencia exclusiva y funcionarios para generar estrategias unificadas para enfrentar el narcotráfico. Específicamente Gills Carbó deberá explicar cuál es el plan de trabajo para Rosario y cuáles son las estrategias para combatir el comercio de drogas en nuestra ciudad", adelantó.
La nueva procuraduría fue creada la semana pasada. Estará a cargo del fiscal general Félix Crous y su función será apoyar a los fiscales en el combate al narcotráfico. Tras el lanzamiento, el diputado nacional kirchnerista Agustín Rossi señaló que "va a tener como prioridad a Rosario por la dimensión que tiene el problema de la narcocriminalidad en la ciudad". Con qué acciones se hará ese trabajo en la ciudad será uno de los ejes a tratar en la reunión de hoy, tras la cual llegará el momento de balance.
Fuente:laCapital
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