16 de febrero de 2013

Suma apoyos el proyecto de ley para que los jueces paguen Ganancias.

16.02.2013 
La iniciativa fue presentada el viernes por el diputado del FPV Pablo Kosiner 
Suma apoyos el proyecto de ley para que los jueces paguen Ganancias 
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y el titular de la bancada del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, se expresaron a favor de una de las medidas con que se busca democratizar al Poder Judicial. Oposición del GEN.
Más que un privilegio es una injusticia", así se refirió el integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, a la exención al pago del Impuesto a las Ganancias que gozan los jueces argentinos. La afirmación surgió a partir del proyecto que el diputado del Frente para la Victoria, Pablo Kosiner, presentó en el Congreso y que provocó una serie de repercusiones, a favor y en contra, entre los diferentes bloques parlamentarios. La iniciativa, según reconoció el legislador oficialista, "no responde a una operación política sino a una demanda permanente de la sociedad", y aspira a que integre la agenda del Congreso a partir del comienzo de las sesiones ordinarias.

Luego de redactar su proyecto, Kosiner lo hizo circular entre sus colegas de bancada y varios fueron sumando sus firmas a esta "herramienta", con la que el kirchnerista considera que se puede "terminar con este privilegio". El legislador reconoce que no habló de este tema con la presidenta Cristina Kirchner pero que se "inspiró en los lineamientos que ella expresa cuando hace referencia a la necesidad de democratizar la Justicia".

Zaffaroni fue, hasta el momento, el único integrante de la Corte Suprema en emitir opinión sobre el proyecto de ley. El supremo consideró que este privilegio provoca un conflicto que tiene décadas: "Yo siempre he sostenido que no afecta la intangibilidad del salario. Tenemos que pagar el impuesto a las ganancias", afirmó. 

De todas formas advirtió que la quita que implicará el cobro del impuesto será alrededor del 25 o 30% y esto creará "un problema sindical y eso habrá que resolverlo".

La posición favorable de Zaffaroni no es nueva pero también bastante solitaria dentro de la Corte. Eso lo reconoce Kosiner, quien considera que el dilema se resolvería si los supremos derogaran la acordada de 1996 que impidió el pago del impuesto en cuestión. "Si no lo hacen ellos, que sería lo mejor, tendremos que utilizar la herramienta legal", aseguró.

Mientras tanto, entre los bloques de la oposición comenzaron a conocerse expresiones sobre el proyecto. El único que se mostró favorable, hasta ahora, es el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, quien aseguró que si bien hay varias alternativas "lo que no cabe duda es que hay que pagar como cualquier hijo de vecino. No hay ninguna razón para la exención." Es más, el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza sostuvo que "los magistrados tienen capacidad contributiva y la norma tiene que alcanzar a todos los ciudadanos". Eso sí, Gil Lavedra coincide con Zaffaroni en la necesidad de que la aplicación del impuesto "no se traduzca en una disminución del sueldo" para los actuales miembros de la justicia. Sin abundar en detalles, el legislador radical sostuvo que los jueces "tienen muchas fórmulas para poder salvar este principio general de igualdad ante las Cámaras públicas".

La diputada y referente nacional del GEN, Margarita Stolbizer, se opone con fiereza al proyecto y lo define "como otra forma de presión a la justicia". Pero la legisladora, que integra el Frente Amplio Progresista (FAP), reconoce la necesidad de cobrarle este impuesto a los jueces aunque, contraataca, piensa que "mejor sería que le cobren a los que ganan sin esfuerzo con las rentas financieras".

Otro de los que opinan en contra es el presidente del bloque del FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza. Por un lado, considera que todavía es prematuro emitir una opinión y sostiene que es preciso "una discusión más amplia sobre el tema tributario". De todas formas, el socialista santafesino recurrió a la siempre utilizada fórmula opositora al sostener que se trata de "uno de los tantos proyectos que se presentan como cortina de humo en determinados momentos como éste, en que está en cuestión la posición asumida por la Argentina con Irán".




Una propuesta con antecedentes en diputados

A.A.R
Ni la reforma judicial, ni las modificaciones a estamentos o prácticas judiciales son un tema nuevo para el Congreso de la Nación. Desde distintos sectores políticos y desde la recuperación misma de la democracia han intentado impulsar normas para cambiar algunos de las normas u organismos que conforman el sistema judicial.

Algunos de los proyectos presentados durante la última década apuntan a terminar con los privilegios con los que cuentan los magistrados en relación con los otros poderes del Estado como por ejemplo, la inamovilidad en el cargo y la exención del pago del impuesto a las ganancias.

Respecto de este último, en 2008, el diputado mandato cumplido del Frente para la Victoria, Ariel Pasini, impulsó un proyecto de Ley para que los jueces cumplan con el pago del tributo que hoy es parte central de las negociaciones con las distintas centrales obreras.

La iniciativa pretendía obligar a todos los magistrados nacionales, provinciales y municipales, a cumplir con la carga tributaria y fue fundada en la necesidad de revertir una cuestión de privilegio.

En 2008, el proyecto contó con el respaldo, entre otros de Carlos Kunkel y Diana Conti, integrantes del Consejo de la Magistratura, ahora firmantes del proyecto que el viernes presentó su colega de bancada Pablo Kosiner.

En su iniciativa, Pasini extendía el gravamen a los miembros del Ministerio Público, Tribunales de Cuentas o Tribunales Fiscales, y los haberes de los magistrados jubilados.

El proyecto sostenía en sus fundamentos la “finalidad de dar plena operatividad al principio de igualdad ante la ley, consagrado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 16, que dice: ‘La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. 

Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.’
Fuente:TiempoArgentino

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