Para ganar las calles
El Espacio Juicio y Castigo, junto a Madres y organismos de derechos humanos, convocan a las 17, en plaza San Martín y se movilizan hasta el Monumento. Piden aceleración de juicios.
Como todos los años, la marcha es encabezada por las Madres.Imagen: Alberto Gentilcore
Los manifestantes también reclamarán la "restitución de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas", el "juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices" y la "sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad".
"Los organismos de derechos humanos hemos trabajado durante casi dos meses en la preparación de este acto, junto con un arco muy plural de espacios, entre ellos, gremios de la CTA Santa Fe y Rosario, de la CGT, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, que participó en representación de todas las agrupaciones de Unidos y Organizados, o el SI (Solidaridad e Igualdad) que hizo lo propio por el Frente Progresista", describió Tomás Labrador, militante de H.I.J.O.S.
En tanto, organizaciones de izquierda que también participarán de la marcha convocan a las 16.30, en Moreno y Rioja, con las consignas: "Basta de criminalización, espionaje, persecución, procesamiento y asesinato de luchadores populares", "libertad a los presos políticos de Bariloche y Corral de Bustos", "Justicia por mariano Ferreyra y Lázaro Duarte, aparición con vida de Julio López" y "derogación de la ley antiterrorista".
Fuente:Rosario12
Día de la Memoria
Marchas en todo el país a 37 años del golpe23/03/2013
Las Madres de Rosario uno de los emblemas de la memoria. | Foto: Silvio Moriconi
En Rosario, el Espacio Juicio y Castigo Rosario, en el que convergen Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, la APDH, HIJOS y el Colectivo de ex presos y sobrevivientes, más un amplio abanico de organizaciones gremiales, sociales y políticas, concentrarán a las 17 en plaza San Martín, para partir luego hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá además un recital a cargo del Regreso del Coelacanto.
“Los organismos de derechos humanos hemos trabajado durante casi dos meses en la preparación de este acto, junto con un arco muy plural de espacios, entre ellos, gremios de la CTA Santa Fe y Rosario, de la CGT, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, que participó en representación de todas las agrupaciones de Unidos y Organizados, o el SI (Solidaridad e Igualdad) que hizo lo propio por el Frente Progresista”, describió el militante de HIJOS quien agregó además: “nuestro mayor anhelo es que la bandera del juicio y castigo atraviese transversalmente al conjunto de las grandes mayorías sociales, independientemente de si militan o no y donde lo hacen, siempre y cuando adhieran al proceso de condenas a los genocidas”.
Labrador aprovechó a convocar a que “la movilización de este domingo sea una respuesta a las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla, quien llamó a derrocar al gobierno”. “La mejor respuesta que podemos darle a este genocida, es llenar las plazas de todo el país, y en nuestro caso el Monumento, para dejar en claro que estamos dispuestos a defender esta democracia que está a punto de cumplir 30 años, y no sólo defenderla sino profundizarla cada vez más, hasta hacer efectivos los mejores sueños de los desaparecidos”, expresó el militante.
Temprano, a las 11 de la mañana, el Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes de Rosario pintará un mural en el edificio de la ex aduana, en homenaje Silvia Emilia Miguens Costoya, Adriana Elsa Tasada de Megna y Héctor Antonio Carbajales, tres trabajadores desaparecidos de esa dependencia.
Por otra parte, el Museo de la Memoria de Rosario realizará el domingo por la mañana, en el Bosque de la Memoria (Parque Scalabrini Ortiz), la tradicional plantación de árboles a cargo de familiares de desaparecidos durante la última dictadura.
En tanto, en la capital de la provincia habrá una marcha a las 19, en la Plaza 25 de Mayo.
En todo el país
En la Capital Federal, Abuelas de Plaza de Mayo, la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación H.I.J.O.S., se concentrarán desde las 14 en avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo para marchar hacia la Plaza de Mayo.
Con la consigna “Por una Justicia Democrática. Basta de Corporación Judicial”, las agrupaciones marcharán como lo hacen todos los años portando la bandera con las fotografías de los detenidos desaparecidos.
En tanto, a las 15.30, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se concentrará -también como todos los años- en la plaza de los Dos Congresos y de allí partirá hacia la Plaza de Mayo, bajo la consigna “No a la impunidad de ayer y de hoy”.
En el Espacio para la Memoria, que funciona en la ex ESMA, el Canal Encuentro emitirá a las 21, en forma exclusiva, un video documental coproducido por el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos sobre la historia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por su parte, la Unión Cívica Radical marchará a la Plaza de Mayo, pero previamente a las 16 en las puerta de la sede de Alsina 1786, se descubrirá una placa en conmemoración a los hombres y mujeres de la UCR perseguidos, exiliados, detenidos, desaparecidos y asesinados.
En Córdoba, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba convocó una marcha a las 18 que tendrá como punto de convocatoria la avenida Colón y Cañada.
Durante el acto se reclamará “el fin de la impunidad”, y el “avance de los juicios por la verdad histórica con las máximas penas para todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad producidos por el terrorismo de Estado”.
En Bahía Blanca, las actividades comenzarán a las 15.30 con una concentración frente al edificio donde funcionó el ex Diario La Nueva Provincia ubicado en pleno centro de la ciudad.
Desde ese lugar se iniciará una marcha hacia el Teatro Municipal, donde se realizará un acto.
En tanto, a las 10, la silueta de una mujer embarazada será emplazada en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”.
En Mendoza, a las 10, se realizará un “Acto de Señalización” frente al centro clandestino de detenciones (D2) durante la dictadura, ubicado en el edificio del actual Palacio Policial y a las 18 habrá una marcha por calles céntricas organizada por distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
En Misiones, a las 18, habrá en Posadas un homenaje y reconocimiento a Miguel Angel “Gato” Sánchez, asesinado por la dictadura, con la colocación de una placa en la plaza que llevará su nombre, ubicada en avenida Roca y Costanera.
Asimismo, a las 19.30 en el IV tramo de la Costanera Zona Estación de Trenes continuará el festival “Memoria: nuestro compromiso con el futuro”.
En Jujuy, organismos de derechos humanos realizarán un acto a las 17 en la Parque de la Memoria, donde se homenajearán a los detenidos desaparecidos de Jujuy, en el acceso sur y posterior marcha a plaza Belgrano.
En La Pampa, el acto central será a las 11 en la laguna Don Tomás de Santa Rosa donde se construyó el Monumento a la Memoria.
En Viedma, desde las 17, en la plaza San Martín del centro de la ciudad, se realizará el acto central con el repintado de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, que desde mayo de 1986 recuerdan la ronda de las Madres.
En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora presidirá el acto principal en el que se realizará un reconocimiento a los testigos y víctimas directos e indirectos del terrorismo de Estado, que declararon en los dos juicios por el que varios represores fueron condenados a prisión perpetuas por delitos de lesa humanidad.
En la capital del San Luis, a las 17, en el Paseo del Padre, tendrá lugar la Jornada Cultural por la Memoria donde artistas actuarán en ese espacio restaurado.
En la capital correntina, el gobierno local realizará una jornada cultural y un festival libre y gratuito en el anfiteatro “José Hernández”, ubicado sobre la costanera local.
En la capital neuquina, la filial “Alto Valle de Río Negro y Neuquén de Madres de Plaza de Mayo”, junto a otras organizaciones convocó a movilizarse a las 20 al pie del Monumento al General San Martín donde luego de realizarse la movilización por las calles del centro de la capital provincial tendrá lugar el acto central.
Fuente:RedaccionRosario.
El país recuerda el último golpe
En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos se movilizarán en distintos puntos de la Argentina repudiando el inicio de la dictadura del Proceso. En Rosario diferentes agrupaciones convocan a dos marchas que recorrerán esta tarde las calles de la ciudad.
24 mar, 2013
24 mar, 2013
Organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles, políticas y barriales realizarán hoy marchas y distintas actividades a lo largo y a lo ancho del país para recordar el 37º aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, al conmemorarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En Rosario, el Espacio Juicio y Castigo Rosario, en el que convergen Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, la APDH, Hijos y el Colectivo de ex presos y sobrevivientes, marchará a las 17 desde la plaza San Martín, pasará por los Tribunales Federales y luego se dirigirá al Monumento Nacional a la Bandera.
Además, organizaciones sociales y políticas del espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará otra marcha a partir de las 16.30 desde Rioja y Moreno.
Por su parte, el Museo de la Memoria de Rosario realizará en el Bosque de la Memoria la tradicional plantación de árboles a cargo de familiares de desaparecidos durante la última dictadura. Las actividades en el museo comenzaron ayer con la inauguración de una muestra fotográfica en su sede de Córdoba 2019.
En tanto, en la capital santafesina, habrá una marcha a las 19, desde la Plaza 25 de Mayo.
En la Capital Federal, Abuelas de Plaza de Mayo, la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación Hijos, se concentrarán desde las 14 en avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo para marchar hacia la Plaza de Mayo. Con la consigna “Por una Justicia Democrática. Basta de Corporación Judicial”, las agrupaciones marcharán con las fotografías de los detenidos desaparecidos.
En tanto, a las 15.30, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se concentrará como todos los años en la plaza de los Dos Congresos y de allí partirá hacia la Plaza de Mayo, bajo la consigna “No a la impunidad de ayer y de hoy”.
En el Espacio para la Memoria, que funciona en la ex Esma, el Canal Encuentro emitirá a las 21 un video documental sobre la historia de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Por su parte, la Unión Cívica Radical marchará a la Plaza de Mayo, pero previamente a las 16 en las puertas de la sede de Alsina 1786 se descubrirá una placa en conmemoración a los hombres y mujeres de la UCR perseguidos, exiliados, detenidos, desaparecidos y asesinados.
En Córdoba, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba convocó una marcha a las 18 que tendrá como punto de convocatoria la avenida Colón y Cañada.
Durante el acto se reclamará “el fin de la impunidad”, y el “avance de los juicios por la verdad histórica con las máximas penas para todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad producidos por el terrorismo de Estado”.
En Bahía Blanca, las actividades comenzarán a las 15.30 con una concentración frente al edificio donde funcionó el ex diario La Nueva Provincia ubicado en pleno centro de la ciudad. Desde ese lugar se iniciará una marcha hacia el Teatro Municipal, donde se realizará un acto.
En tanto, a las 10, la silueta de una mujer embarazada será emplazada en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.
En tanto, en Mendoza, desde las 10 de la mañana, se realizará un “Acto de Señalización” frente al centro clandestino de detenciones (D2) durante la última dictadura, ubicado en el edificio del actual Palacio Policial y a las 18 habrá una marcha por calles céntricas organizada por distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
Actos en toda Argentina a 37 años del golpe militar de marzo de 1976
En Rosario, habrá un acto en el Monumento tras una marcha desde plaza San Martín. Se espera una gran concentración en la Plaza de Mayo.
En Rosario, el acto central será en el Monumento, luego de una marcha que partirá desde la plaza San Martín, a las 17.
Los actos en Rosario fueron convocados por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, en el que convergen Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos De-saparecidos por Razones Políticas, APDH, Hijos y el Colectivo de Ex Presos y Sobrevivientes, más un amplio abanico de organizaciones gremiales, sociales y políticas.
La convocatoria es a las 17 en plaza San Martín, para partir luego hacia el Monumento a la Bandera, donde habrá además un recital a cargo del Regreso del Coelacanto.
A nivel nacional, decenas de organizaciones conmemorarán el Día Nacional de la Memoria, instaurado en 2006 como feriado nacional.
Con el lema "No a la impunidad de ayer y de hoy", el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia llamó a una concentración frente al Congreso nacional, para marchar desde ahí hacia Plaza de Mayo.
Otra de las organizaciones que participará es el Frente Popular Darío Santillán, que convocó a una concentración en el Obelisco, para luego sumarse desde allí a la movilización ya referida. Esta agrupación advirtió que también piden por "las víctimas que el sistema sigue cobrándose impunemente y en democracia, como las desapariciones de Luciano Arruga, Julio López, Florencia Pennachi y Marita Verón".
El líder del Partido Obrero, Jorge Altamira, quien estuvo ayer en una de las 150 mesas que la agrupación colocó en las principales esquinas porteñas para convocar a la movilización de hoy, resaltó la necesidad de movilizarse contra "la violación de los derechos humanos de la actualidad, como ocurre con el gatillo fácil, con el espionaje estatal contra las organizaciones populares, las patotas sindicales y las mafias del poder que amparan negocios como la trata de mujeres".
En el resto del país están previstas concentraciones y marchas en las principales plazas y frente a edificios públicos.
Acto central. Los organismos de derechos humanos de la ciudad señalaron que "trabajaron para el acto de hoy junto con un arco muy plural de espacios, entre ellos, gremios de la CTA Santa Fe y Rosario, de la CGT, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, que participó en representación de todas las agrupaciones de Unidos y Organizados, o el SI, que hizo lo propio por el Frente Progresista".
"Nuestro mayor anhelo es que la bandera del juicio y castigo atraviese transversalmente al conjunto de las grandes mayorías sociales, independientemente de si militan o no y donde lo hacen, siempre y cuando adhieran al proceso de condenas a los genocidas", agregaron desde Hijos Rosario.
Además, se llamó a que la movilización "sea una respuesta a las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla, quien llamó a derrocar al gobierno". "La mejor respuesta que podemos darle a este genocida, es llenar las plazas de todo el país, y en nuestro caso el Monumento, para dejar en claro que estamos dispuestos a defender esta democracia que está a punto de cumplir 30 años", agregaron.
Sitios de la memoria en Santa Fe
En un acto encabezado por Antonio Bonfatti (en la foto, junto a la Madre Celina Koffman), el gobierno provincial señalizó ayer cuatro sitios de memoria del terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe: el edificio de la actual Jefatura y las comisarías 1ª y 4ª, y el ex D2.
Fuente:laCapital
sábado, 23 de marzo de 2013
Marcha y actividades en Rosario por el Día de la Memoria
A 37 años del último golpe de Estado, organismos de derechos humanos convocan a la movilización de este domingo a las 17, desde la plaza San Martín al Monumento. El municipio organizó una serie actos conmemorativos
Con motivo del 37º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura militar en nuestro país, se llevan a cabo múltiples actividades en Rosario.
Rosario marcha
El Espacio Juicio y Castigo, junto a Madres y organismos de derechos humanos, convocó para este domingo a las 17 en plaza San Martín.
Desde allí partirá la habitual marcha del 24 de marzo hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá un recital a cargo del grupo El Regreso del Coelacanto.
El Espacio Juicio y Castigo Rosario, está formado por Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, la APDH, HIJOS y el Colectivo de ex presos y sobrevivientes, más un amplio abanico de organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Árboles por la memoria
La Municipalidad de Rosario informó que la intendenta Mónica Fein estará presente el domingo 24, a las 10.30, en la tradicional plantación de árboles en el Bosque de la Memoria, emplazado en el parque Scalabrini Ortiz, en homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura.
Miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas entregarán a representantes del Museo de la Memoria su archivo documental para que quede depositado en la institución y a disposición de quienes quieran consultarlo.
Durante la ceremonia, distintos oradores harán uso de la palabra para referirse a la fecha convocante.
Finalmente, se realizará tradicional plantación de árboles por parte de familiares de víctimas de la última dictadura. En caso de que llueva, la actividad se pasará al lunes 25.
Obra de teatro
Por su parte, el martes 26, a las 10 y a las 14, se presentará la obra teatral “Errores, crímenes y calamidades”, basada en el libro Operación masacre (1957), de Rodolfo Walsh, que desnuda la trama oculta de lo sucedido en los fusilamientos de José León Suárez.
La pieza es representada por dos actores que personifican a los más de 20 protagonistas de la historia, transformando el espacio en múltiples escenarios.
Estas funciones están destinadas a alumnas y alumnos a partir del tercer año nivel secundario, previa inscripción.
Actividades culturales
Además, en los espacios que conforman el Tríptico de la Infancia, se desarrollará la propuesta Mi Corazón tienen Memoria, que incluye la muestra Ausencias, de Gustavo Germano; el espectáculo musical Pinceladas de Canciones Latinoamericanas; y la obra de teatro Cenizas siempre quedan, de Héctor Presa.
Durante la semana, continuará la programación con obras teatrales, proyecciones y actividades educativas alusivas, organizadas por áreas de la Secretaría de Cultura y Educación.
Fuente:Rosario3
EXCLUSIVO: INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
LA BOLSA O LA VIDA
Por Alejandra Dandan
UN INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES EXPLICA COMO OPERO LA REPRESION EN LA CITY PORTEÑA
La trama financiera de la última dictadura
Secuestros de empresarios, desapoderamiento de bienes. El terrorismo de Estado también se ocupó de barrer con lo que consideró la “subversión económica”. Adelanto exclusivo del análisis de más de 500 actas del directorio, legajos y entrevistas con las víctimas.
Por Alejandra Dandan
La Comisión Nacional de Valores investigó su propio rol durante la última dictadura. La felicitaciòn del coronel Roberto Roualdés a los funcionarios de ese organismo.
El avance de los juicios de lesa humanidad permite conocer nuevas facetas de la última dictadura, incluso empezar a entender el impacto que tuvo en la city porteña, “descontrolada” por el efecto financiero de las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz. A raíz de los pedidos de distintos juzgados por la actuación de un grupo de funcionarios durante la última dictadura, la Comisión Nacional de Valores, que encabeza Alejandro Vanoli, creó una oficina de derechos humanos que durante el último año analizó mas de 500 actas del directorio, relevó legajos e hizo entrevistas a una serie de empresarios que fueron secuestrados y desapoderados luego de investigaciones que encaró el organismo en el período 1976-1983. El informe que Página/12 adelanta en exclusivo se presentará mañana. Entre otros datos, señala, por ejemplo, a partir de un primer relevamiento, que el número de empresarios, financistas y agentes de Bolsa secuestrados durante la ultima dictadura asciende a 130, 11 de ellos están desaparecidos. En algunos casos, existió el secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento de bienes. El análisis indica que el pico más alto se produjo a partir de 1978-1979, en coincidencia con la caída del número de desapariciones e ingresos de NN a los cementerios de militantes políticos y sociales. Para la CNV, esto podría ser pensado como una segunda etapa de la represión: “El hecho de que la lucha contra la ‘subversión’ en gran parte estuviera cumplida dejaba una estructura represiva libre para ser utilizada para otros fines”.
El corazón del informe preliminar de la Comisión Nacional de Valores –elaborado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo– describe la política de Martínez de Hoz, muestra el caso Acindar y Papel Prensa (ver aparte) y se ocupa de analizar las actas, muchas de las cuales se exponen públicamente por primera vez, para mostrar cómo funcionó el sistema financiero durante la dictadura. En ese esquema, aparece una CNV actuando bajo un doble estándar que articula lo legal con lo clandestino. Por un lado, investiga operaciones financieras fuera de los parámetros de aquella legalidad (o blanquea operaciones a través de omisiones de datos, como sucedió en Papel Prensa). Pero, por otro lado, articula sus investigaciones operativamente con áreas como el Primer Cuerpo del Ejército y envía peritos en “comisión” a Campo de Mayo para interrogar a los empresarios secuestrados. Las denuncias muestran a los interventores en centros clandestinos. Esta “embestida sistemática contra las empresas”, de acuerdo con el informe, se dio en un mundo de roles y poderes cruzados, donde se jugaron internas, y en el que, en algunos casos, secuestrados y secuestradores compartieron espacios de poder.
La CNV
La CNV es una entidad autárquica y tiene jurisdicción en todo el país. Se creó en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para “velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios”. A partir del 24 de marzo de 1976 quedó intervenida. Juan Alfredo Etchebarne fue designado presidente el 10 de junio de 1976, pero hasta ese momento era abogado, amigo y nombrado por el ministro de Economía Martínez de Hoz, ubicado como parte del Grupo Azcuénaga y había sido gerente de Control de Legalidad de la CNV entre 1969 y 1972. Otro directivo activo durante el terrorismo de Estado fue René Garris, del área de Legales. Los dos están denunciados por haber presenciado interrogatorios. El organismo reunió, además, a civiles con militares: las Fuerzas Armadas tuvieron intervención desde el comienzo y a partir de 1979 representación completa de las tres armas. Ese es, para el informe, un “año bisagra”: el período más álgido de denuncias e intervenciones de la CNV entre empresas y empresarios.
Desde 1976, la CNV se concentró especialmente en cuatro casos: Banco de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola y compra venta de acciones de Celulosa y Canale. Todas tenían el doble estándar de ser empresas y financieras y están atravesadas por la sombra del Grupo Graiver, que aparece una y otra vez en las actuaciones de la CNV. El modo en que el organismo operó frente a esas empresas, como revisor de actividades que efectivamente parecían fuera de control, permite entender el sistema de intervención más general y cómo lo legal se combinó con lo clandestino.
En estos casos, la CNV hizo investigaciones y encuadró muchas de las operaciones como infracciones a la Ley de Seguridad Nacional y Subversión Económica. Hizo allanamientos, tomó de declaraciones en su sede, hizo denuncias judiciales y repitió idénticas denuncias en espacios castrenses. La presentación de las denuncias en el Primer Cuerpo del Ejército derivó en el secuestro de empresarios, financistas y agentes de Bolsa relacionados con esas empresas. “Muestra algo interesantísimo, que son los poderes del Estado funcionando a pleno y cruzados”, dice Bruno Napoli, integrante de la oficina de derechos humanos del organismo. “La CNV, como mecanismo estatal, regula el mercado de capitales, interviene en un caso extraño, complejo, ve causas que son reales y existen, había maniobras que no eran claras, una compra sin fondos y venta de una deuda, cita a dar testimonios a todos, le da lugar a la Justicia y al Ejército, que es el Ejecutivo, y finalmente los poderes avanzan sobre todos, cada uno a su manera y de acuerdo a los intereses que tenían”.
Los funcionarios de la CNV alcanzados por denuncias judiciales de ese período son Etchebarne y Rene Garris. Raúl Aguirre Saravia, de La Agrícola, declaró que Etchebarne y Garris lo interrogaron en un centro clandestino cercano a la Ricchieri. Enrique Lucio García Mansilla, del Banco de Hurlingham, declaró que Etchebarne lo interrogó en Campo de Mayo. Rosa Dominga Laurito manifestó que “Etchebarne, que era socio de Martínez de Hoz, estaba intentando destruir Industrias Grassi. El presenciaba las torturas; a Raúl Grassi le tiraron un termo de agua hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba Etchebarne”.
Además de ellos, las denuncias incluyen a un grupo de cuatro peritos que concurrió en “comisión a Campo de Mayo” a pedido del coronel Roberto Leopoldo Roualdes durante el período en el que fueron secuestrados el grupo de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi y La Agrícola. Los peritos son Julio Spinoza, Horacio Muñoz, Carlos Berini y Pedro García.
“El Ejército pide cuatro peritos para que cumplan horarios de oficina en Campo de Mayo y discuten si les van a pagar o no viáticos”, indica Walter Bosisio, también integrante del equipo que elaboró el Informe. “Los peritos no preguntaron por qué tenían que ir; van y colaboran. El Ejército tiene 20 o 30 personas, dueños de empresas, pero no sabe qué preguntar. Allí la CNV entra a colaborar aportando peritos que son contadores y abogados que saben qué tiene cada uno”. Los peritos recibieron más tarde una carta de agradecimiento y felicitación de Roualdes por las tareas cumplidas con “tanto esmero”.
El mapa
Uno de los méritos del informe es la intención de empezar a trazar un mapa más amplio sobre el secuestro del sector empresario. Allí no están solo los casos en los que intervino la CNV, sino todos: los que cotizaban en Bolsa y los que no. Están los grupos secuestrados entre 1976 y hasta 1983. En el primer momento, las víctimas parecen ser más “empresarios” netos, y son los casos más conocidos: Cerro Largo por Chacras de Coria, Papel Prensa, del Grupo Graiver (16 personas) y Mackentor (34 personas secuestradas) en Córdoba. Luego aparecen aquellos que también son financistas. Ese es de hecho el momento “más álgido” de intervención de la CNV. “El secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la ‘subversión’ en dos sentidos”:
1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”.
2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como “causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas”
Para el caso 1 se recuerdan testimonios de algunos empresarios: Marcelo Augusto Chavanne (Grupo ChavanneGrassi) indicó que el interventor de la CNV Juan Alfredo “Etchebarne impulsaba a descubrir los 20 millones de Montoneros”. Luis Taub (Hotel Liberty) dijo: “El secuestro se produce por supuesto manejo de dinero del movimiento uruguayo Tupamaros”. O los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino: “En los interrogatorios nos preguntaban por nuestros vínculos con el ERP”.
Entre los secuestros producidos por “subversión económica” contra el mercado argentino, el Informe piensa, por ejemplo, en Industrias Siderúrgicas Grassi. Un acta del directorio de la CNV indica: “Tratándose de una empresa que reviste importancia estratégica en el campo de las ferroaleaciones –dice el directorio, un eventual quebranto atentaría sobre el orden económico y social no sólo por su importancia económica (...) y fuente de trabajo, sino también por la necesidad estratégica de sus productos (...) Dadas estas condiciones, el hecho denunciado por la CNV califica como de infracción a la Ley de Seguridad 20.840”.
Otra característica de los secuestros que empiezan a verse a partir de 1978 y 1979, según el recorte del Informe, es que en general son hombres muy conocidos de la city, personajes públicos, dueños de bancos y financistas que tienen voz programas de televisión. La city, en ese momento, es un mundo en el que se conocen todos. Y un elemento que parece tener muchos casos es que secuestrados y secuestrados se conocen o por relaciones empresarias o porque comparten espacios sociales o de poder. A modo de ejemplo señalan el caso de Eduardo Saiegh (banco Latinoamericano) o Fernando Combal (Finsur SA).
“Cuando secuestran a Eduardo Saiegh, dos directivos del banco se plantan en Casa de Gobierno y salen a hacer una denuncia en los medios: los que piden por él son el general Jorge Shaw y Bernardo Grinspun. Y esto muestra que entre víctimas y victimarios había muchas veces un espacio común de poder, económico, de relaciones políticas, sociales y familiares. Iban al Lawn Tennis Club”, dice Celeste Perosino, del equipo de investigación de la CNV.
El padre de Enrique Mansilla, uno de los secuestrados por el Banco de Hurlingham, pertenecía a la Marina y al Grupo Azcuénaga, como Etchebarne. Fernando Combal, de Finsur SA, fue secuestrado por una banda de la que participó Leandro Sánchez Reisse, del Batallón 601, con el que Combal tenía empresas y hacía negocios. Finsur SA era una financiera muy conocida, Combal era un prestamista de opinión de los que podía ser invitado al programa de Mirtha Legrand.
Otro elemento del Informe permite pensar por qué caen ellos y por qué a partir de 1978. “La multiplicación de bancos privados de capital nacional, que pasan de 68 a 152 en tres años, y su reflejo en los actores del sistema financiero con banqueros, financistas, agentes de Bolsa, casas de cambio es una modificación brusca en un mercado de capitales chico controlado hasta ese momento por una CNV cuyo instrumento de acción era la vieja ley de Onganía N 17.811”, indica Napoli. “Es dable pensar que cuando la dictadura genocida comienza a cambiar su discurso respecto de sus crímenes y a hablar de ‘fin de la guerra contra la subversión’ o ‘los desaparecidos están muertos’, también comience a apuntar sus cañones de control y rapiña contra un mercado financiero que, para la mirada de quienes ocupaban espacios de decisión, se había descontrolado. Podría plantearse que el aparato represivo, los grupos de tareas, viraron su atención de la ‘subversión’ a la ‘subversión económica’ a partir de 1978, para el secuestro de empresarios y su desapoderamiento de bienes”.
En las conclusiones del Informe se trabaja además con la hipótesis de que una de las razones que influyeron en este tipo de secuestros fue la iniciativa privada. “El hecho de que los militares consideraran que la ‘lucha contra la subversión’ estuviera en gran parte cumplida, dejaba una estructura represiva, tanto represores como dependencias, libres para ser utilizados para otros fines. Esto implica, por ejemplo, la realización de secuestros de ‘iniciativa privada’ por determinadas bandas que se organizaron dentro de la estructura represiva”. Esto también puede seguirse de cerca mirando los nombres de los secuestradores de empresarios. Dos grupos sobresalen por la frecuencia de casos: uno, que operaba en Campo de Mayo, encabezado por el general Leopoldo Roualdes e integrado por Francisco Obdulio D’Alessandri, Raúl Guglielminetti y Víctor Rei (Banco de Hurlinghan). Y otro más operativo a partir de noviembre del ’78, en el que estaban Rubén Bufano, Leonardo Sánchez Reisse y Luis Alberto Martínez (Orletti). Muchos aparecerán años más tarde en secuestros extorsivos durante la democracia.
Combal y los negocios del Batallón 601
Combal tenía otras empresas, además de Finsur SA, Carfina compañía financiera, Serfico SA, Cooperativa de Crédito Frutos y Pieles del País Ltda., Buselman SA, Raldeme SA, Ahorroplan SA, empresas en sociedad con Holfinco SAFIyM con Osvaldo Prisant y el banquero David Koldobsky, dueño de Casa América. Y también Urbaires SA, con Leandro Sánchez Reisse –integrante del 601 y su esposa Mariana Bosch, que fueron parte del grupo que lo secuestró–. Combal tenía vínculos con Graiver porque cuando cerró una financiera (Mefina) en 1976 tomó a gran parte de sus empleados para trabajar en Finsur SA. El informe se detiene, sin embargo, en la red empresaria y los vínculos con los secuestradores: Sánchez Reisse y el Japonés Luis Alberto Martínez, también del 601, prófugo hasta el año pasado.
Combal conoció a Sánchez Reisse a “consecuencia de tener oficinas en el edificio de avenida Santa Fe 962”. Sánchez Reisse se dedicaba a las relaciones públicas de su empresa Argenshow SA, fundada en 1976, mientras que Combal tenía Asesoría Turística SRL. “Comienzan a frecuentarse cuando Sánchez Reisse va a la agencia a comprar unos tickets y conversando con Combal surge la posibilidad de que financiara un viaje del cantante Paul Williams a la Argentina. De estos encuentros se crea Urbaires SA”.
Según una integrante del directorio, “en un momento la empresa comienza a ir mal porque Sánchez Reisse trae a dos nuevos capitalistas que había conocido en el Bar 05 y que se apodaban Piripipí y el Japonés (el represor Luis Alberto Martínez)”. Años después, el grupo económico compuesto por Combal, el banquero Koldobsky y Prisant sufre una serie de secuestros: Koldobsky es secuestrado por primera vez en enero de 1979; el 13 de marzo, Prisant, dueño además del banco de San Miguel; y el 8 mayo Combal, por el lapso de un día y por el cual se paga casi un millón de dólares de rescate. Según su declaración del día siguiente, le preguntaron por Finsur, los “hermanitos Graiver” y arreglaron el rescate que pagó su socio. Dijo que uno de los secuestradores, antes de irse, le dijo que lo “había entregado una ratita, que seleccionara mejor a sus amigos y no comentara asuntos personales”.
Según su hijo, estuvo en Automotores Orletti, a cargo de Aníbal Gordon y la patota que operó con los secuestros extorsivos en ese momento y después. Sin embargo, para los investigadores judiciales, estuvo secuestrado en una casa del Japonés Martínez, porque para la época Orletti ya estaba cerrado. En su caso actuó además Rubén Bufano, de Orletti. Los efectos de eso continuaron. El 19 de febrero de 1981, volvieron a secuestrar a Koldobsky, su esposa viajó a Suiza para entregar el rescate pero los secuestradores nunca llegaron, porque a esa altura habían sido detenidos: el Japonés Martínez y Bufano, también cayó Leandro Sánchez Reisse. Combal viajó a reconocerlos.
Para la CNV, existe una relación con la Policía Bancaria –que intervino en secuestros y otros casos de lucha contra la “subversión económica”–. Sánchez Reisse declaró en alguna ocasión que fue convocado por el coronel Gatica a una reunión a la que asistieron miembros del Batallón 601 y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como el mayor Guastavino, Bufano y el Japonés Martínez. Era 1980. Gatica les habría comunicado la decisión “impostergable” de “aniquilar la subversión económica”. Dijo que por eso le encomendaron una investigación sobre el origen de muchos fondos negros y productos de malversaciones en bancos y financieras. (CNV, tomado del libro de Juan Gasparini.) En ese sentido, el Informe indica: “Existe un grupo de pertenencia a un mismo grupo de tareas entre Sánchez Reisse, Guglielminetti –ambos pasaron por Orletti–. Guglielminetti participó con Gatica en los secuestros relacionados al Banco de Hurlingham, La Agrícola, Siderúrgicas Grassi, Bolsa de Valores de Buenos Aires”. En los ’80, se dijo que Guglielminetti tenía negocios en Bahamas con Sánchez Reisse.
Los secretarios fueron: de Hacienda, Juan Alemann; de Programación y Coordinación, Guillermo Walter Klein; de Industria, Raymundo Podestá; de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga; de Energía, Guillermo Zubarán (muerto en un accidente aéreo de 1979); de Comercio Exterior, Alberto Fraguío, luego sucedido por Alejandro Estrada; de Comercio Interior, Guillermo Bravo; de Obras Públicas, Federico Camba (bautizó “Aramburu” a una de las autopistas que mandó construir); de Recursos Naturales, Fernando Puca Prota; y de Comunicaciones, general Alberto Vicente Nieto. Poco después se crearon dos secretarías nuevas, de Precios (Alberto Balbastro), y de Intereses Marítimos (capitán Carlos Guevara, no era pariente del Che).
Sus breves CV: Alemann, hermano de Roberto, futuro ministro de la dictadura, ya había sido funcionario tras el golpe de 1962. Walter Klein fue funcionario en el gabinete de Adalberto Krieger Vasena, durante el onganiato, y era socio de estudios jurídicos que representaban a bancos acreedores durante el endeudamiento forzado que se hizo desde 1976. Cadenas Madariaga estuvo ligado a la dictadura de 1955 –igual que Balbastro– y a otras posteriores, así como al grupo Perriaux. Fraguío también había ido al gobierno tras el golpe de 1962, más tarde con Onganía y estuvo involucrado en causas de violación de derechos humanos; era uno de los más duros y volvería luego con Bignone. Raymundo Podestá jugó un rol importante en la operación sobre Papel Prensa.
Otro hombre clave de Joe fue el jefe del Instituto Nacional de Planificación Económica, Manuel Solanet, otro ex asesor de Krieger Vasena. Ligado a FIEL y al grupo Perriaux, volvería como secretario de Hacienda con Roberto Alemann en 1981 y como funcionario de Ricardo López Murphy en el gobierno de la Alianza. Siempre su meta fue jibarizar al Estado. Su hermano Alberto estuvo en la Corporación de Abogados Católicos y presidió la Asociación de Abogados por la Concordancia y la Justicia, que defendió a represores en los juicios de la democracia.
Un asesor importante fue Mansueto Ricardo Zinn (luego menemista rabioso y quien muriera en 1995 en un accidente aéreo), quien con Pedro Pou (recientemente fallecido) y Nicolás Catena crearon el Rodrigazo de 1975, antesala del plan cívicomilitar cuya cara visible y pagador de platos rotos fue Celestino Rodrigo.
Los subsecretarios fueron: de Agricultura, Jorge Zorreguieta (padre de Máxima de Holanda, hasta entonces director de la Sociedad Rural Argentina y dirigente de los ingenios azucareros del Norte, una de las actividades que sufrió represión y desaparición forzada de personas; luego sería secretario del área); de Ganadería, Alberto Mihura (dirigente de la Rural de Gualeguaychú); y de Economía Agraria, Alejandro Estrada (otro ex asesor económico de Onganía y cuya tarea central fue intervenir la Junta Nacional de Granos; luego asumiría en Negociaciones Económicas Internacionales); de Programación, Aurelio Cid (secuestrado y desaparecido por un año, hasta que quedó a disposición del PEN por el caso Italo); de Coordinación, Miguel Padilla (asesinado por ese mismo caso); y de Comercio Exterior, Alberto Grimoldi.
El Banco Central quedó para el Chicago Boy Adolfo Diz y como directores asumieron Alejandro Reynal, Francisco Soldati (hermano del empresario Santiago, vinculado al caso Italo y asesinado por Montoneros) y Enrique Folcini (fallecido en 2010). Luego asumiría como vice Christian Zimmermann. Todos, igual que Martínez de Hoz y Walter Klein, tuvieron un rol preponderante en el endeudamiento del país y en casos como el de la Italo.
Finalmente, en la Comisión Nacional de Valores desembarcó otro íntimo amigo de Martínez de Hoz, Juan Alfredo Etchebarne. Y en el Banco Nación, Juan M. Ocampo.
¿Qué hicieron luego? Durante el alfonsinismo en general se llamaron a silencio, salvo alguna polémica de Joe con el secretario de Hacienda Mario Brodersohn, amigo de Walter Klein de los tiempos de Harvard a principios de los años ’60; por eso Brodersohn se solidarizó con él cuando el Congreso –durante su propio gobierno– lo investigó por la Italo, creyéndolo un hombre honesto, o cuando quiso y no pudo matarlo Montoneros. Tras bambalinas, contribuyeron a enlodar el plan de Bernardo Grinspun para reformar el sistema financiero. Pero no hizo mucha falta. Lo consiguió, desde adentro del Banco Central radical, su presidente Enrique García Vázquez.
Con el menemismo hubo regreso con gloria: Zinn, Pou y su ex asesor en el Banco Central del régimen militar, Horacio Tomás Liendo, Folcini, Alvaro Alsogaray. Y luego, y tras la etapa caballista con hegemonía de la Fundación Mediterránea, llegaron los del CEMA: los herederos del monetarismo de Chicago como Roque Fernández, Carlos Rodríguez o Pablo Guidotti.
Algunos derroteros posdictatoriales fueron éstos: Joe regresó al Consejo Empresario Argentino (CEA, usina golpista) y luego fue procesado por la deuda externa en el caso Olmos, prescripta. Estuvo en prisión domiciliaria por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim en dos etapas: 77 días hasta el indulto de Menem en 1989 y desde 2010 hasta su muerte reciente.
Reynal llegó a ser ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan y luego CEO del banco de inversiones MBA Lazard. En 2007, fue nombrado por Mauricio Macri como director de ArteBA, pero por presión de artistas debió renunciar.
Klein fue querellado en 2008, con Joe y Alemann, por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, un técnico del ministerio secuestrado 1977 por negarse a participar del negociado de la Italo. Y Diz murió en 2008. Antes dio clases en la Di Tella y en la Ucema. Como otros ex funcionarios del BCRA fue querellado y embargado, y tuvo prisión preventiva por la quiebra o liquidación de bancos.
Solanet recicló en democracia en 1983 con su consultora Infupa y se especializó sobre todo en fusiones y privatizaciones. Está vinculado a FIEL y a la Asociación Cristiana de Directores de Empresas.
A Alemann, además de la querella citada, en 2010 le confirmaron procesamiento por “coacción agravada” contra un detenido en la ESMA, Orlando Ruiz.
Zimmermann fue delegado ante el BID en Washington, donde decía que “Argentina es un país donde ninguno quiere trabajar de sol a sol y mucha gente está jugando al fútbol un miércoles a las 3 de la tarde, por tres o cuatro horas” (él en cambio jugaba tenis, golf y sobre todo esquiaba en Chapelco). También dijo “la inflación ha muerto” y provocó aquella gran columna de María Elena Walsh. En democracia fue a juicio por su paso por el BCRA y las caídas de los bancos Hurlingham, De los Andes y otros, igual que sus ex compañeros Reynal y Diz. Fue asimismo investigado junto Etchebarne de la CNV (otro amigo de Joe) por la caída de Siderúrgicas Grassi, que benefició a Acindar, donde tenía intereses el mismo superministro. Tras un paso por American Express y Loma Negra, fue a Paraguay y fue “periodista” con una famosa frase, “escúcheme, señora”, símil del “doña Rosa” de Neustadt. Allí lo enjuiciaron por estafa en el banco Comercial Paraguayo. En 1996 fue su última aparición pública: lo detuvieron en Aeroparque por causas vinculadas a la quiebra del BIR y a la adulteración de documentos públicos.
Zorreguieta, quien no puede viajar a Holanda para las ceremonias de su hija por sospechas de su participación en crímenes de lesa humanidad, debió comparecer ante la Justicia por casos de desaparecidos. Empresario azucarero, dirigió la Copal en 200709, la principal entidad alimentaria del país y una de las más duras cuando de acordar precios se trata.
Estrada (“es lo mismo producir caramelos que acero” fue su aporte más importante) presidió desde 1993 el Banco Privado de Inversiones. Fue vocal de la Fundación Invertir, junto con Martín Redrado, y miembro de la Fundación Novum Millennium, de Domingo Cavallo, en 2001. Se refugió en la ultralibral Eseade, fundada por Alberto Benegas Lynch, que ha tenido como profesores a Emilio Cárdenas, Enrique Duhau o Juan Carlos Cachanosky.
De los asesores de Joe, el jefe fue Luis García Martínez, otro hombre del grupo Perriaux, años después vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y miembro de la Asociación de Bancos Argentinos (extranjeros). Y un asesor clave en el Banco Central fue Ricardo Arriazu, un ideólogo de la “tablita cambiaria”. Luego fue consultor de la City y comentarista de un gran y mismo diario en el cual, los domingos, suele publicar a su costado (incluso han salido sus fotos juntas, emparentadas en la misma página) una columnista que tuvo a compañeros masacrados para que pudiera ser impuesto el plan pergeñado por estos personajes.
Varias actas del directorio dan cuenta de la historia de Papel Prensa, indica el Informe. Excepcionalmente, en las actas se mencionan reuniones con altos directivos de empresas que cotizan en Bolsa y que la CNV debía controlar. Una de esas excepciones es Papel Prensa. “Las actuaciones hablan de un curso normal de la empresa en la CNV, pero con vínculos más cercanos por parte de los integrantes del directorio del organismo y la empresa.” El hecho de que las actuaciones no hayan evidenciado quiebres en la CNV, más allá de un cambio de directorio, “es significativo: implicaría la posibilidad de pensar en una normalidad fraguada, simulada, frente a los hechos que estaban en curso como el secuestro de la familia Graiver y la venta irregular de las acciones de la empresa”. E indica: “Así como se fraguaron enfrentamientos, podría pensarse que se fraguaron actuaciones con el fin de demostrar cierta regularidad frente a hechos irregulares que acontecieron con ciertas empresas, sus dueños y sus empleados”. Una evidencia de eso es la falta de registros sobre lo que estaba pasando bajo visos de normalidad y legalidad. “La clave en estos casos es la omisión de información no sólo en el caso de Papel Prensa, sino también en las investigaciones mancomunadas que hizo la CNV y el Ejército que quedaron registradas en las actas, pero jamás se explicita qué investigación se estaba desarrollando. En esta línea puede plantearse que el desapoderamiento de los Graiver de Papel Prensa SA es parte de una persecución mayor que termina en el secuestro de la familia y su grupo económico. A su vez, la persecución impacta en otras personas que habían tenido vínculos como lo son los secuestros producidos en el marco de la investigación por el Banco de Hurlingham, el secuestro de Fernando Combal, de Finsur SA, o de Pedro León Zavalía, dueño de la compañía financiera Río Paraná”.
Por Alejandra Dandan
En julio de 1978, Etchebarne le dijo al directorio que investigaba a Alpargatas porque dos personas llamadas (Isidoro) Carabassa y (Juan Claudio) Chavanne, que están relacionadas con Siderúrgicas Grassi, habían dado indicaciones de comprar.
Etchebarne y René Garris indagaron a Enrique García Mansilla, hijo de un marino, integrante del directorio del Banco de Hurlingham, que consideraba a Etchebarne como conocido de su padre, pero en esa ocasión vio al interventor “prepotente” y le exhibió armas.
30 de agosto de 1978: Etchebarne suspendió por 30 días la cotización en Bolsa de la empresa, pidió intervención al Banco Central y presentó una denuncia criminal ante la Justicia.
31 de agosto: Etchebarne denunció al grupo Chavanne por administración fraudulenta, infracción al art. 6 de la Ley 20.840 y estafa en perjuicio de los intereses del Estado nacional ante el juzgado federal de Rafael Sarmiento. Impulsó idénticas denuncias en el I Cuerpo de Ejército y en Rosario.
Septiembre: en su defensa, Grassi fue al Comando en Jefe de la Armada, pero le dijeron que las tres Fuerzas Armadas formularon denuncias contra él.
A los días de esa presentación Guillermo Suárez Mason procede a secuestrar a todas las personas involucradas del grupo Chavanne y Grassi. A cargo de la operación quedó el coronel Roberto Leopoldo Roualdes, que solicita una comisión de peritos del Banco Central y de la CNV. El grupo permaneció de septiembre a noviembre del ’78 en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Los primeros secuestrados son de septiembre de 1978: Grassi, Chavanne en un grupo de 11; en octubre, secuestran a otro grupo de cuatro, entre ellos a Mansilla. Caen otros nueve, agentes de Bolsa del grupo comprador del Banco de Hurlingham. En noviembre, secuestran a los últimos cuatro: en ese caso los síndicos.
El caso Iaccarino
Se cumplen 37 años del golpe cívico-militar de 1976, y como cada 24 de marzo, organismos de derechos humanos marchan por la memoria, verdad y justicia. La principal movilización será a Plaza de Mayo, y una de sus referentes es Carlotto, quien explicó a Página/12 el significado del día. “En la fecha se profundiza y hace pública nuestra presencia en la calle”, afirmó, y recordó que las primeras marchas “no fueron fáciles ya que la gente tenía miedo y cerraban ventanas y balcones”. “Hoy cambiaron, nos reciben con banderas argentinas y nos acompaña mucha gente”, aseguró. Destacó la presencia de “la familia”: “Cuando uno observa la Plaza repleta de personas, ve niños a caballito de sus padres y a mucha juventud”. Concluyó que entre la búsqueda de nietos, y el avance del juzgamiento a la complicidad civil, “todavía falta mucho”, pero que están “fortaleciendo la democracia” y ahora van por “la democratización de la Justicia”.
Por estos días la titular de Abuelas protagonizó un spot publicitario donde en palabras de la presidenta Cristina Fernández, aparece como un símbolo de la lucha por los derechos humanos. “Desde el 2003 tenemos la puerta de la Casa de Gobierno abierta y sus autoridades comprometidas”, celebró Carlotto, quien agradeció “las palabras de ternura de Cristina, una mujer sensible y generacional a nuestros hijos”.
“No sé cómo expresar mi gran emoción –se sinceró–, es impensado que personalicen en mi persona a todas las Madres y Abuelas que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia.” Agrupaciones de izquierda marchan a las 15.30 también a la histórica Plaza. La consigna es “No a la impunidad de ayer y de hoy”, y apuntan contra el gobierno nacional que, sostienen, oculta sus demandas. El dirigente del PTS Christian Castillo expresó que ocultan “el reclamo contra criminalización de la protesta social, el espionaje de Gendarmería y los cinco mil luchadores procesados”. La abogada Myriam Bregman añadió que, con la elección del papa Francisco, se debe enfatizar la denuncia de la “alianza que hubo entre Iglesia, Fuerzas Armadas y empresarios”.
A las 19, la titular de Madres, Hebe de Bonafini, presentará en Hipólito Yrigoyen 1584, el libro Seguir pariendo, texto que recopila sus discursos desde la recuperación de la democracia a la fecha. Estarán presentes el senador Aníbal Fernández y la periodista Sandra Russo.
Informe: Juan Manuel Frías.
Robert Castel fue un sociólogo francés, magistral estudioso de los cambios en el mundo del trabajo y de su pérdida de centralidad. Falleció en medio de la conmoción producida por la unción del papa Francisco, lo que conspiró contra la difusión de su partida y de su obra. Vale la pena usarlo como disparador de esta columna, a la espera de abordajes más agudos.
La Argentina tuvo, no hace tanto ni tan poco tiempo, uno de los regímenes laborales más amplios y tutelares dentro de los países capitalistas. Coincidió con un Estado benefactor igualmente expandido, carente de parangones en este Sur. Puestos a redondear mucho, su edad dorada se extendió entre 1943 y 1975 o 1976. Su epicentro fueron los gobiernos peronistas, que ocuparon algo menos que la mitad de esos treinta y pico de años. Las peripecias de la política local –signada por la intolerancia, la proscripción de las mayorías, los golpes de estado– erosionaron la fenomenal construcción del peronismo aunque no la derruyeron del todo. Las surtidas resistencias populares y sindicales apuntalaron las conquistas.
El color local –el peronismo, el antiperonismo, las vicisitudes políticas– tuvo gran influjo pero vale subrayar que esas tres largas décadas concuerdan bastante con “los treinta años gloriosos” que cada día se añoran más en los países del centro del mundo. Cada comarca tiene su crónica propia, pero ésta jamás está aislada de las tendencias de las etapas históricas.
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Tres largas décadas y el después: En aquel entonces, la cultura del trabajo vertebraba nuestra sociedad. Altos índices de empleo y de afiliación sindical, record entre los países vecinos y muy elevados en las ligas mundiales. Sumados a un dato, quizá subestimado: en ese ayer, mayormente el que trabajaba paraba la olla. La desigualdad existía, claro que sí, entre sectores de trabajadores y entre provincias... pero palidecía si la coteja con la de hoy.
El punto nodal, piensa el cronista sin aspirar a la originalidad, es que hoy día hay trabajadores con conchabo que son pobres, que no paran la olla o sobreviven a los saltos. Esa vivencia es exótica en la trayectoria argentina, por eso la mera mención del índice de desempleo no termina de definir la condición de la clase trabajadora. Sólo para comenzar debe conjugarse con la existencia de un tercio de la clase sumido en la informalidad y con la inédita amplitud de la franja salarial.
Los gobiernos kirchneristas, con buen tino, se dedicaron a promover el empleo en tiempos favorables y en defender los puestos de trabajo en momentos de crisis. También a fomentar actividades mano de obra intensivas. Mérito doble porque en la coyuntura éstas no son las que resuelven mejor la ecuación fiscal, en la que gravitan más (por cojones, diría un economista español) las exportaciones de materias primas.
El éxito fue notable, se amesetó en los últimos años. Las repercusiones trascienden al salario. Los trabajadores recuperaron ingresos, autoestima y poder. En especial, aquellos ligados a las actividades más aventajadas por el paradigma noventista (transporte en general, o por la re industrialización o la recuperación del Estado que incentivó el kirchnerismo.
Podía pensarse, entonces, que en estas pampas no era aplicable (o dejaría de serlo) la reflexión de Castel que se sintetiza a trazos rústicos en la cita del epígrafe. Ese criterio cundió en las filas oficialistas, empezando por su vértice superior. La potencia de los hechos, mezclada con la derrota electoral en el conurbano bonaerense de 2009, forzó a enriquecer la lectura. Dicho como slogan, el trabajo no perdió su centralidad pero la pobreza tiene núcleos duros, arraigados con firmeza. El salario no es la herramienta exclusiva de inclusión. Será una circunstancia desdichada o no ideal, pero es lo que marca la coyuntura... y nada indica que esa traba se supere en pocos años.
Las políticas generales, expansivas y laboristas, fueron y son promisorias. La Asignación Universal por hijo (AUH) una imprescindible acción complementaria y correctiva que abarca a más de tres millones de beneficiarios. A esta altura de la soirée está débilmente implementada (debería ser ley y no decreto, al calor de las mayorías oficialistas en el Congreso) y con exclusiones injustas.
De cualquier modo, quedan muchas acciones públicas pendientes, incluso (o, si se quiere, especialmente) respecto de situaciones que se atemperaron deliberadamente desde 2003, con políticas tan acertadas como insuficientes.
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La evasión patronal y otras yerbas: La brega contra la informalidad, que es un modo imperfecto de llamar a la evasión patronal, es la primera. El gobierno nacional tiene en carpeta una batida contra esa forma de explotación. No le será fácil ponerla en práctica sin activo apoyo sindical ni parece estar a su alcance obtenerlo en el actual cuadro de disgregación de las centrales obreras.
Otro escollo, más activo, del que se habla poco, son los gobiernos provinciales, siendo en tendencia indiferente si tienen la camiseta del Frente para la Victoria (FpV) u otras. Son amplias las diferencias de concepción entre la cúpula del kirchnerismo y los gobernadores, conservadores populares, en sesgo muy amables con los poderes fácticos. La política fiscal es un ejemplo notable: contadas provincias han renunciado a lograr ventajas competitivas espurias merced a la pasividad a la hora de fijar o recaudar impuestos, tasas o tributos. El rebusque es macanudo, porque se combina con imprecaciones contra “el centralismo”, gratos a los sectores dominantes, sobre todo si condimentan relativas jaujas a la hora de ponerse.
El conflicto es notable, se sincera con cuentagotas. Por ejemplo, cuando el kirchnerismo contiende con los gobernadores Daniel Scioli o José Manuel de la Sota. La laxitud fiscal va mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires y Córdoba, de todos modos provincias determinantes por su población y su PBI.
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Apariencias que engañan: Las diferencias se saldan, eventualmente, merced a la destreza o la mano firme del gobierno central. Y muchas veces se disimulan, en aras de la corrección política. Tal fue el caso de la flamante Ley para Trabajadoras de Casas Particulares, aprobada por unanimidad en la semana que pasó. Se trata de un avance enorme, dedicado a trabajadoras muy desprotegidas. No es la primera norma reparadora que tutela a colectivos rezagados dentro de la clase trabajadora, por motivos variados. Los trabajadores a domicilio, los rurales también disponen ahora de reglas de derecho razonables cuya implementación avanza con enormes dificultades y contra férreas resistencias.
Con relación a las empleadas domésticas (se usa el femenino porque son mujeres en abrumadora mayoría) los gobernadores provinciales pusieron cien ripios en el camino previo, cantados si se conoce la cultura cotidiana en sus territorios. Las resistencias fueron superadas y todos se juntaron para la foto, que como tantas otras, expresa más una tregua que un armisticio definitivo.
Ni qué decir que el cuadro se repite con la informalidad rural y el trabajo infantil que es norma en muchas provincias, anche la conducta empresaria de varios dirigentes políticos. Queda feo decirlo, cuando el discurso hegemónico es un federalismo utópico, más formalista que legalista, pobremente fundado, poco interesado en las conductas reales. Por si hace falta, se ratifica: se habla de la mayoría de los territorios, no de todos.
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Territorios y mestizaje: El desplazamiento de la hegemonía sindical a la del territorio fue un cambio clave ocurrido desde la recuperación democrática, potenciado durante los gobiernos menemistas y el de la Alianza. El politólogo Steven Levitsky, un norteamericano que conoce mejor la Argentina que demasiados de sus colegas criollos, describió ese proceso en un libro insustituible. Se titula La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista. 1983-1999. El siglo XXI amaneció con el cambio de paradigma kirchnerista que matizó la situación. No medió un regreso pendular al punto de partida que pervivió hasta mediados de los ’70. El peso sindical creció, mejoró la condición de los trabajadores pero el cuadro general es mestizo.
El crecimiento del “territorio” en la política es una de las expresiones de esa mutación híbrida. Los intendentes y gobernadores manejan parte significativa de las políticas sociales, son protagonistas de cierto peso. La matriz laborista del justicialismo inclina las acciones sociales hacia “la creación de trabajo”, a veces informal o precario. Y deja vacantes flancos gigantescos como el universo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el del hacinamiento urbano y aún el de las drogas. Las aspiraciones a resolverlos con herramientas generales son imperfectas, porque no dan cuenta de la complejidad. El rumbo general conformado por las políticas de empleo expansivas y la AUH, es un logro, máxime porque ambas líneas aspiran a la universalidad. Pero los agujeros negros que sobreviven fuerzan a pensar acciones novedosas, que se focalicen en esa franja enorme de personas desprotegidas. Focalizar para mejorar su condición actual, para ponerlos en la pista con el resto. Focalizar para universalizar, por ponerlo en consigna.
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Revisar el manual: El Gobierno atravesó una mala semana en materia económica. No tanto por la magnitud mínima del mercado ilegal del dólar sino por haber traspapelado la iniciativa, el dominio de la agenda pública y aun el espacio discursivo. Los sobresaltos trasuntan falta de coherencia en el equipo económico, mechado con internas palpables. La carencia de explicaciones al Agora agrava el fenómeno y acicatea la incertidumbre, facilitando el juego a adversarios temibles, tan fuertes en la city como flojos en las urnas.
Tal vez lo que pasa excede a la fatiga de sus elencos, aunque la abarca. Quizá prime en el oficialismo una fascinación (o un quedantismo) en una caja de herramientas que ya no da cuenta de las necesidades sociales, que son crecientes y cambiantes.
La contingencia desafía la tradicional adaptabilidad del kirchnerismo, capaz de renovar su agenda e incorporar instrumentos que antes negaba o ignoraba. De retomar la iniciativa y el centro de la escena. La voluntad y la centralidad del Estado son recursos consabidos. Los problemas que se han reseñado no son los únicos, pero todo indica que un gobierno atento al (y pendiente del) veredicto popular necesita hacerse cargo de ellos y probar su capacidad de afrontarlos.
Táctica y estrategia
Por Mario Wainfeld
La Iglesia Católica, de conducción monárquica y vitalicia, combina ambas miradas. Por eso, entre otros motivos, es tan difícil predecir cuál será la relación del papa Francisco con los gobiernos (y más con los mandatarios) de la “Patria Grande” y, en especial, de la Argentina. El Pontífice perdurará más allá de la vigencia de los presidentes o presidentas, esa dimensión del tablero no le es ajena.
Ni siquiera la coincidencia en los objetivos sutura esa brecha. Luchar contra la drogadicción es encomiable. Es inexorable pasar velozmente de los consensos generales a preguntarse cuáles serán los instrumentos a utilizar. Ahí las diferencias pueden ser sensibles. Estar cerca de los que padecen, un prerrequisito fundamental que el Estado a menudo incumple, no transforma a los pastores en especialistas para resolver problemas complejos, de propagación mundial. Despenalizar el consumo individual, una medida cada vez más contemplada en países democráticos y progresistas, puede chocar con la visión en tendencia sancionatoria de la Iglesia, aun en parte de sus sectores más compasivos.
Cuando se trata de políticas de salud, de ampliación de derechos de minorías, de libertades sexuales, de reglas universales para la educación el hiato es mayor. Máxime si los representantes del pueblo (merced a su voto) y quienes llevan el mandato divino se disputan la representación de los sectores populares. Ni hablar cuando de privilegios o franquicias terrenales existentes o reclamadas se trata: sueldos de dignatarios eclesiásticos, inversión pública en educación privada confesional, exenciones impositivas extendidas.
Respecto de la pobreza, parece haber más coincidencias o ideas tangentes. Tal vez, cuando se ajusta la mira, no son tantas. La misión de los gobiernos es luchar contra la pobreza, promover condiciones para el ascenso social de los trabajadores desfavorecidos. Para muchos grupos eclesiásticos la pobreza contiene una serie de virtudes que, quién sabe, se perderían si se cambian las condiciones materiales de esos trabajadores. Hay quien agrega que en ese escalón de la sociedad está la mayoría de los fieles por lo que a la Iglesia le conviene que sigan donde están. La honestidad intelectual fuerza a consignar que hay quien acusa de cargos similares al peronismo.
La complejidad del tema, pues, impone tratamientos más profundos que este recuadro dominical, cuyo mayor afán es insinuarlos.
El peso de la coherencia
Por Mario Wainfeld
Horacio González, a la sazón director de la Biblioteca Nacional, pronunció un encendido y memorable discurso en la asamblea de Carta Abierta. Habló sobre la designación del papa Francisco y sobre muchos temas conexos, menoscabados o ignorados por otros expositores. Recorrió la historia de la orden de los jesuitas, su conformación de tipo militar. La relación entre Iglesia y Estado en la Argentina, especial (mas no únicamente) en épocas de dictadura. Habló de Guardia de Hierro, su lógica, sus tácticas durante y después de la última dictadura. De los Montoneros y la Juventud Peronista. Del lenguaje plebeyo de Francisco y su parentesco con el de la militancia de Guardia de Hierro.
Pronunció palabras fuertes y conmovidas, “superchería” entre tantas. También expresó que matar es siempre difícil, pero que ese límite se puede aliviar cuando se cuenta con la aprobación de Dios.
Por su postura, pero sobre todo por su calidad, el planteo de González (reproducido luego con modificaciones menores en una columna publicada el martes pasado en Página/12) contrasta con casi todo lo que se dijo o escribió sobre el nuevo pontífice. Escucharlo o leerlo, antes que convocar a la coincidencia o el disenso (que en democracia siempre son válidos), debería hacer sonrojar a quienes hablan u opinan a la bartola, sin ahondar conceptos, repasar la historia o procurar dar cuenta de la complejidad.
Recibió respuestas brutales, descalificatorias, groseras. Un editorialista de La Nación, que suele clamar por la libertad de expresión y renegar del actual gobierno, le pidió a la Presidenta que lo hiciera callar. Otro periodista cuestionó su forma de vestir, mensaje que habla de su inteligencia y tolerancia antes que sobre el criticado. Llovieron reproches, burlas, casi nunca una respuesta de calibre similar al desafío propuesto. González es un intelectual probado, que lleva escrita una llamativa cantidad de libros notables y que ha leído “casi todos”. Sus palabras pueden ser debatidas, no la coherencia del enunciador, que es imbatible. En momentos en que cunden las apologías del Papa y el simplismo, optó por el camino inverso.
González es también un militante constante y desgarrado. Contra lo que es el tono de época, suele discutir con amabilidad y sonrisas. Es un buen tipo a quien le cuesta mucho odiar, aun a quienes hacen méritos: se reserva para los genocidas, los criminales, los culpables de conductas imperdonables. Tiene falencias, entre ellas la de no ser un hábil o taimado operador en los medios como suelen (o solemos) ser “casi todos” en la esfera pública local.
El cronista coincide, en gran medida, con lo que dijo esta vez. Pero no lo elogia por eso, sino por exponerse como siempre lo hizo, en congruencia con lo que fue su vida. El profesional que firma esta columna, en ejercicio del privilegio de escribir en este diario, deja constancia de todo lo antedicho, que consignaría también si su emisor hubiera sido cualquier otro.
Como es partidario de reconocer desde dónde se escribe, agrega que es compañero de Horacio, a quien conoce desde hace añares y con quien compartió, por darles un mote, espacios militantes en común. Guarda de ellos un grato recuerdo, una deuda impagable con la inteligencia provocadora y a la vez tierna de Horacio. Y un ansia imposible de emularlo, en la dignidad y en la hondura. Por eso, Mario le transmite el abrazo y la solidaridad que (por decirlo de alguna forma) ya le hizo llegar de otra manera.
Fuente:Pagina12
Fernando Combal era contador público, fue gerente de ventas y finanzas de Fiat Argentina y financista a partir de 1974. La CNV reconstruyó el caso a partir de una entrevista con su hijo.
Combal tenía otras empresas, además de Finsur SA, Carfina compañía financiera, Serfico SA, Cooperativa de Crédito Frutos y Pieles del País Ltda., Buselman SA, Raldeme SA, Ahorroplan SA, empresas en sociedad con Holfinco SAFIyM con Osvaldo Prisant y el banquero David Koldobsky, dueño de Casa América. Y también Urbaires SA, con Leandro Sánchez Reisse –integrante del 601 y su esposa Mariana Bosch, que fueron parte del grupo que lo secuestró–. Combal tenía vínculos con Graiver porque cuando cerró una financiera (Mefina) en 1976 tomó a gran parte de sus empleados para trabajar en Finsur SA. El informe se detiene, sin embargo, en la red empresaria y los vínculos con los secuestradores: Sánchez Reisse y el Japonés Luis Alberto Martínez, también del 601, prófugo hasta el año pasado.
Combal conoció a Sánchez Reisse a “consecuencia de tener oficinas en el edificio de avenida Santa Fe 962”. Sánchez Reisse se dedicaba a las relaciones públicas de su empresa Argenshow SA, fundada en 1976, mientras que Combal tenía Asesoría Turística SRL. “Comienzan a frecuentarse cuando Sánchez Reisse va a la agencia a comprar unos tickets y conversando con Combal surge la posibilidad de que financiara un viaje del cantante Paul Williams a la Argentina. De estos encuentros se crea Urbaires SA”.
Según una integrante del directorio, “en un momento la empresa comienza a ir mal porque Sánchez Reisse trae a dos nuevos capitalistas que había conocido en el Bar 05 y que se apodaban Piripipí y el Japonés (el represor Luis Alberto Martínez)”. Años después, el grupo económico compuesto por Combal, el banquero Koldobsky y Prisant sufre una serie de secuestros: Koldobsky es secuestrado por primera vez en enero de 1979; el 13 de marzo, Prisant, dueño además del banco de San Miguel; y el 8 mayo Combal, por el lapso de un día y por el cual se paga casi un millón de dólares de rescate. Según su declaración del día siguiente, le preguntaron por Finsur, los “hermanitos Graiver” y arreglaron el rescate que pagó su socio. Dijo que uno de los secuestradores, antes de irse, le dijo que lo “había entregado una ratita, que seleccionara mejor a sus amigos y no comentara asuntos personales”.
Según su hijo, estuvo en Automotores Orletti, a cargo de Aníbal Gordon y la patota que operó con los secuestros extorsivos en ese momento y después. Sin embargo, para los investigadores judiciales, estuvo secuestrado en una casa del Japonés Martínez, porque para la época Orletti ya estaba cerrado. En su caso actuó además Rubén Bufano, de Orletti. Los efectos de eso continuaron. El 19 de febrero de 1981, volvieron a secuestrar a Koldobsky, su esposa viajó a Suiza para entregar el rescate pero los secuestradores nunca llegaron, porque a esa altura habían sido detenidos: el Japonés Martínez y Bufano, también cayó Leandro Sánchez Reisse. Combal viajó a reconocerlos.
Para la CNV, existe una relación con la Policía Bancaria –que intervino en secuestros y otros casos de lucha contra la “subversión económica”–. Sánchez Reisse declaró en alguna ocasión que fue convocado por el coronel Gatica a una reunión a la que asistieron miembros del Batallón 601 y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como el mayor Guastavino, Bufano y el Japonés Martínez. Era 1980. Gatica les habría comunicado la decisión “impostergable” de “aniquilar la subversión económica”. Dijo que por eso le encomendaron una investigación sobre el origen de muchos fondos negros y productos de malversaciones en bancos y financieras. (CNV, tomado del libro de Juan Gasparini.) En ese sentido, el Informe indica: “Existe un grupo de pertenencia a un mismo grupo de tareas entre Sánchez Reisse, Guglielminetti –ambos pasaron por Orletti–. Guglielminetti participó con Gatica en los secuestros relacionados al Banco de Hurlingham, La Agrícola, Siderúrgicas Grassi, Bolsa de Valores de Buenos Aires”. En los ’80, se dijo que Guglielminetti tenía negocios en Bahamas con Sánchez Reisse.
QUIENES FUERON Y QUE HICIERON LOS COLABORADORES DE JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
The unforgettable Joe’s band
Manejaron la economía en los años nefastos de la dictadura. La mayoría se llamó a silencio durante el gobierno de Ricardo Alfonsín. Con Carlos Menem tuvieron un regreso con gloria. Algunos murieron, otros pasaron a la actividad privada y varios debieron rendir cuenta de sus actos ante la Justicia.
Por Néstor Restivo
Ahora que el superministro del ’76 murió y se cumple un aniversario del golpe de Estado, vale recordar a quienes manejaron la política económica de ese tiempo nefasto. Muchos habían participado en previas dictaduras y algunos abrevado en el Club Azcuénaga, círculo de intelectuales, políticos y economistas conservadores que promovían Jaime Perriaux y el general Hugo Miatello. También, en centros de estudios de economía liberal desde los cuales asaltaron al Estado. El 29 de marzo de 1976 juraron todos ante Martínez de Hoz y Videla, que no se perdió la ceremonia.
Los secretarios fueron: de Hacienda, Juan Alemann; de Programación y Coordinación, Guillermo Walter Klein; de Industria, Raymundo Podestá; de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga; de Energía, Guillermo Zubarán (muerto en un accidente aéreo de 1979); de Comercio Exterior, Alberto Fraguío, luego sucedido por Alejandro Estrada; de Comercio Interior, Guillermo Bravo; de Obras Públicas, Federico Camba (bautizó “Aramburu” a una de las autopistas que mandó construir); de Recursos Naturales, Fernando Puca Prota; y de Comunicaciones, general Alberto Vicente Nieto. Poco después se crearon dos secretarías nuevas, de Precios (Alberto Balbastro), y de Intereses Marítimos (capitán Carlos Guevara, no era pariente del Che).
Sus breves CV: Alemann, hermano de Roberto, futuro ministro de la dictadura, ya había sido funcionario tras el golpe de 1962. Walter Klein fue funcionario en el gabinete de Adalberto Krieger Vasena, durante el onganiato, y era socio de estudios jurídicos que representaban a bancos acreedores durante el endeudamiento forzado que se hizo desde 1976. Cadenas Madariaga estuvo ligado a la dictadura de 1955 –igual que Balbastro– y a otras posteriores, así como al grupo Perriaux. Fraguío también había ido al gobierno tras el golpe de 1962, más tarde con Onganía y estuvo involucrado en causas de violación de derechos humanos; era uno de los más duros y volvería luego con Bignone. Raymundo Podestá jugó un rol importante en la operación sobre Papel Prensa.
Otro hombre clave de Joe fue el jefe del Instituto Nacional de Planificación Económica, Manuel Solanet, otro ex asesor de Krieger Vasena. Ligado a FIEL y al grupo Perriaux, volvería como secretario de Hacienda con Roberto Alemann en 1981 y como funcionario de Ricardo López Murphy en el gobierno de la Alianza. Siempre su meta fue jibarizar al Estado. Su hermano Alberto estuvo en la Corporación de Abogados Católicos y presidió la Asociación de Abogados por la Concordancia y la Justicia, que defendió a represores en los juicios de la democracia.
Un asesor importante fue Mansueto Ricardo Zinn (luego menemista rabioso y quien muriera en 1995 en un accidente aéreo), quien con Pedro Pou (recientemente fallecido) y Nicolás Catena crearon el Rodrigazo de 1975, antesala del plan cívicomilitar cuya cara visible y pagador de platos rotos fue Celestino Rodrigo.
Los subsecretarios fueron: de Agricultura, Jorge Zorreguieta (padre de Máxima de Holanda, hasta entonces director de la Sociedad Rural Argentina y dirigente de los ingenios azucareros del Norte, una de las actividades que sufrió represión y desaparición forzada de personas; luego sería secretario del área); de Ganadería, Alberto Mihura (dirigente de la Rural de Gualeguaychú); y de Economía Agraria, Alejandro Estrada (otro ex asesor económico de Onganía y cuya tarea central fue intervenir la Junta Nacional de Granos; luego asumiría en Negociaciones Económicas Internacionales); de Programación, Aurelio Cid (secuestrado y desaparecido por un año, hasta que quedó a disposición del PEN por el caso Italo); de Coordinación, Miguel Padilla (asesinado por ese mismo caso); y de Comercio Exterior, Alberto Grimoldi.
El Banco Central quedó para el Chicago Boy Adolfo Diz y como directores asumieron Alejandro Reynal, Francisco Soldati (hermano del empresario Santiago, vinculado al caso Italo y asesinado por Montoneros) y Enrique Folcini (fallecido en 2010). Luego asumiría como vice Christian Zimmermann. Todos, igual que Martínez de Hoz y Walter Klein, tuvieron un rol preponderante en el endeudamiento del país y en casos como el de la Italo.
Finalmente, en la Comisión Nacional de Valores desembarcó otro íntimo amigo de Martínez de Hoz, Juan Alfredo Etchebarne. Y en el Banco Nación, Juan M. Ocampo.
¿Qué hicieron luego? Durante el alfonsinismo en general se llamaron a silencio, salvo alguna polémica de Joe con el secretario de Hacienda Mario Brodersohn, amigo de Walter Klein de los tiempos de Harvard a principios de los años ’60; por eso Brodersohn se solidarizó con él cuando el Congreso –durante su propio gobierno– lo investigó por la Italo, creyéndolo un hombre honesto, o cuando quiso y no pudo matarlo Montoneros. Tras bambalinas, contribuyeron a enlodar el plan de Bernardo Grinspun para reformar el sistema financiero. Pero no hizo mucha falta. Lo consiguió, desde adentro del Banco Central radical, su presidente Enrique García Vázquez.
Con el menemismo hubo regreso con gloria: Zinn, Pou y su ex asesor en el Banco Central del régimen militar, Horacio Tomás Liendo, Folcini, Alvaro Alsogaray. Y luego, y tras la etapa caballista con hegemonía de la Fundación Mediterránea, llegaron los del CEMA: los herederos del monetarismo de Chicago como Roque Fernández, Carlos Rodríguez o Pablo Guidotti.
Algunos derroteros posdictatoriales fueron éstos: Joe regresó al Consejo Empresario Argentino (CEA, usina golpista) y luego fue procesado por la deuda externa en el caso Olmos, prescripta. Estuvo en prisión domiciliaria por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim en dos etapas: 77 días hasta el indulto de Menem en 1989 y desde 2010 hasta su muerte reciente.
Reynal llegó a ser ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan y luego CEO del banco de inversiones MBA Lazard. En 2007, fue nombrado por Mauricio Macri como director de ArteBA, pero por presión de artistas debió renunciar.
Klein fue querellado en 2008, con Joe y Alemann, por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, un técnico del ministerio secuestrado 1977 por negarse a participar del negociado de la Italo. Y Diz murió en 2008. Antes dio clases en la Di Tella y en la Ucema. Como otros ex funcionarios del BCRA fue querellado y embargado, y tuvo prisión preventiva por la quiebra o liquidación de bancos.
Solanet recicló en democracia en 1983 con su consultora Infupa y se especializó sobre todo en fusiones y privatizaciones. Está vinculado a FIEL y a la Asociación Cristiana de Directores de Empresas.
A Alemann, además de la querella citada, en 2010 le confirmaron procesamiento por “coacción agravada” contra un detenido en la ESMA, Orlando Ruiz.
Zimmermann fue delegado ante el BID en Washington, donde decía que “Argentina es un país donde ninguno quiere trabajar de sol a sol y mucha gente está jugando al fútbol un miércoles a las 3 de la tarde, por tres o cuatro horas” (él en cambio jugaba tenis, golf y sobre todo esquiaba en Chapelco). También dijo “la inflación ha muerto” y provocó aquella gran columna de María Elena Walsh. En democracia fue a juicio por su paso por el BCRA y las caídas de los bancos Hurlingham, De los Andes y otros, igual que sus ex compañeros Reynal y Diz. Fue asimismo investigado junto Etchebarne de la CNV (otro amigo de Joe) por la caída de Siderúrgicas Grassi, que benefició a Acindar, donde tenía intereses el mismo superministro. Tras un paso por American Express y Loma Negra, fue a Paraguay y fue “periodista” con una famosa frase, “escúcheme, señora”, símil del “doña Rosa” de Neustadt. Allí lo enjuiciaron por estafa en el banco Comercial Paraguayo. En 1996 fue su última aparición pública: lo detuvieron en Aeroparque por causas vinculadas a la quiebra del BIR y a la adulteración de documentos públicos.
Zorreguieta, quien no puede viajar a Holanda para las ceremonias de su hija por sospechas de su participación en crímenes de lesa humanidad, debió comparecer ante la Justicia por casos de desaparecidos. Empresario azucarero, dirigió la Copal en 200709, la principal entidad alimentaria del país y una de las más duras cuando de acordar precios se trata.
Estrada (“es lo mismo producir caramelos que acero” fue su aporte más importante) presidió desde 1993 el Banco Privado de Inversiones. Fue vocal de la Fundación Invertir, junto con Martín Redrado, y miembro de la Fundación Novum Millennium, de Domingo Cavallo, en 2001. Se refugió en la ultralibral Eseade, fundada por Alberto Benegas Lynch, que ha tenido como profesores a Emilio Cárdenas, Enrique Duhau o Juan Carlos Cachanosky.
De los asesores de Joe, el jefe fue Luis García Martínez, otro hombre del grupo Perriaux, años después vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y miembro de la Asociación de Bancos Argentinos (extranjeros). Y un asesor clave en el Banco Central fue Ricardo Arriazu, un ideólogo de la “tablita cambiaria”. Luego fue consultor de la City y comentarista de un gran y mismo diario en el cual, los domingos, suele publicar a su costado (incluso han salido sus fotos juntas, emparentadas en la misma página) una columnista que tuvo a compañeros masacrados para que pudiera ser impuesto el plan pergeñado por estos personajes.
EL APORTE DE LA CNV A LA INVESTIGACION SOBRE PAPEL PRENSA
La normalidad simulada
El informe señala que hubo una relación “cercana” entre la CNV y el Grupo Graiver y trabaja sobre la hipótesis de que la “omisión” de algunos datos en las actas podrían leerse como intento de “normalizar” o “legalizar” el proceso de traspaso.
Por Alejandra Dandan
El aporte del Informe de la Comisión Nacional de Valores a la causa Papel Prensa tiene un centro: la revisión de las actas y actuaciones del organismo en ese caso. Hasta ahora, se sabía que un perito de los que luego estuvo en Campo de Mayo participó de la Asamblea de “transferencias” del Grupo Graiver al Grupo integrado por Clarín, La Nación y La Razón. Y que los directivos del Papel Prensa se reunieron con directivos de la CNV mientras se hacían las primeras operaciones de transferencia irregular de la empresa.
El nuevo informe dice dos cosas: interpreta a raíz de la lectura de las actas de directorio que hubo una relación “más cercana” entre la CNV y el Grupo, y genera una hipótesis según la cual la “omisión” de algunos datos en las actas podrían leerse como un intento de “normalizar” o “legalizar” el proceso.
Varias actas del directorio dan cuenta de la historia de Papel Prensa, indica el Informe. Excepcionalmente, en las actas se mencionan reuniones con altos directivos de empresas que cotizan en Bolsa y que la CNV debía controlar. Una de esas excepciones es Papel Prensa. “Las actuaciones hablan de un curso normal de la empresa en la CNV, pero con vínculos más cercanos por parte de los integrantes del directorio del organismo y la empresa.” El hecho de que las actuaciones no hayan evidenciado quiebres en la CNV, más allá de un cambio de directorio, “es significativo: implicaría la posibilidad de pensar en una normalidad fraguada, simulada, frente a los hechos que estaban en curso como el secuestro de la familia Graiver y la venta irregular de las acciones de la empresa”. E indica: “Así como se fraguaron enfrentamientos, podría pensarse que se fraguaron actuaciones con el fin de demostrar cierta regularidad frente a hechos irregulares que acontecieron con ciertas empresas, sus dueños y sus empleados”. Una evidencia de eso es la falta de registros sobre lo que estaba pasando bajo visos de normalidad y legalidad. “La clave en estos casos es la omisión de información no sólo en el caso de Papel Prensa, sino también en las investigaciones mancomunadas que hizo la CNV y el Ejército que quedaron registradas en las actas, pero jamás se explicita qué investigación se estaba desarrollando. En esta línea puede plantearse que el desapoderamiento de los Graiver de Papel Prensa SA es parte de una persecución mayor que termina en el secuestro de la familia y su grupo económico. A su vez, la persecución impacta en otras personas que habían tenido vínculos como lo son los secuestros producidos en el marco de la investigación por el Banco de Hurlingham, el secuestro de Fernando Combal, de Finsur SA, o de Pedro León Zavalía, dueño de la compañía financiera Río Paraná”.
EL BANCO DE HURLINGHAM
Un caso testigoPor Alejandra Dandan
A comienzos de 1978, el interventor de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, buscó información sobre Siderúrgicas Grassi. Había indicios de que la estaban vaciando, trabajaba como mesa de dinero y hacía pase de préstamos sin garantías, entre otros lugares, al Banco de Hurlingham. El Banco había pasado del Grupo Graiver a Juan Claudio Chavanne. Chavanne vendió a Grassi su parte. Los grupos se alternaron en el directorio y por entonces Etchebarne empezó a investigar a Siderúrgicas Grassi con un método que muestra perfectamente un patrón.
En julio de 1978, Etchebarne le dijo al directorio que investigaba a Alpargatas porque dos personas llamadas (Isidoro) Carabassa y (Juan Claudio) Chavanne, que están relacionadas con Siderúrgicas Grassi, habían dado indicaciones de comprar.
Etchebarne y René Garris indagaron a Enrique García Mansilla, hijo de un marino, integrante del directorio del Banco de Hurlingham, que consideraba a Etchebarne como conocido de su padre, pero en esa ocasión vio al interventor “prepotente” y le exhibió armas.
30 de agosto de 1978: Etchebarne suspendió por 30 días la cotización en Bolsa de la empresa, pidió intervención al Banco Central y presentó una denuncia criminal ante la Justicia.
31 de agosto: Etchebarne denunció al grupo Chavanne por administración fraudulenta, infracción al art. 6 de la Ley 20.840 y estafa en perjuicio de los intereses del Estado nacional ante el juzgado federal de Rafael Sarmiento. Impulsó idénticas denuncias en el I Cuerpo de Ejército y en Rosario.
Septiembre: en su defensa, Grassi fue al Comando en Jefe de la Armada, pero le dijeron que las tres Fuerzas Armadas formularon denuncias contra él.
A los días de esa presentación Guillermo Suárez Mason procede a secuestrar a todas las personas involucradas del grupo Chavanne y Grassi. A cargo de la operación quedó el coronel Roberto Leopoldo Roualdes, que solicita una comisión de peritos del Banco Central y de la CNV. El grupo permaneció de septiembre a noviembre del ’78 en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Los primeros secuestrados son de septiembre de 1978: Grassi, Chavanne en un grupo de 11; en octubre, secuestran a otro grupo de cuatro, entre ellos a Mansilla. Caen otros nueve, agentes de Bolsa del grupo comprador del Banco de Hurlingham. En noviembre, secuestran a los últimos cuatro: en ese caso los síndicos.
El caso Iaccarino
Por Alejandra Dandan
El secuestro de Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino se produjo el 4 de noviembre de 1976, simultáneamente en Santiago del Estero y Buenos Aires. Ellos eran dueños de Constructoras Sureña Argentina SA, Ilumbras SRL, Ciatra SH, Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa, establecimiento agropecuario La Marta y MM El Milagro. Los hermanos Iaccarino pasaron por ocho centros clandestinos. En el Infierno los llevaron al despacho del subjefe de la Brigada, Rómulo Ferranti, a reunirse con Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, que estaban interesados en las 25 mil hectáreas que poseían en Santiago del Estero y en el avión Aerocommander Strike 500. A cambio de ello les ofrecían anular una causa que les habían armado en el juzgado Nº 2 de La Plata. La transacción se llevó a cabo en el mismo centro clandestino. Chezzi y Fernández fueron al lugar con una escribana para suscribir la venta. El grupo Chezzi aparece entre quienes prestaban dinero a empresarios y con fuertes vínculos con el aparato represivo.
EL DIA DE LA MEMORIA
Actos y marchas
Por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, hoy hay varias marchas y actividades. Abuelas de Plaza Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares y Hermanos de Detenidos y De-saparecidos y la agrupación H.I.J.O.S se juntan a las 14 en 9 de Julio y Avenida de Mayo para movilizarse hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “por una Justicia Democrática, basta de Corporación Judicial”. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), que congrega partidos de izquierda, se reúne a las 15.30 en Plaza del Congreso, para también confluir frente a la Casa Rosada. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentará a las 19 un libro de sus discursos, frente a la sede de esa entidad. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, remarcó la importancia de la fecha, y afirmó que si bien “todavía falta mucho”, se sigue “fortaleciendo la democracia”.
Se cumplen 37 años del golpe cívico-militar de 1976, y como cada 24 de marzo, organismos de derechos humanos marchan por la memoria, verdad y justicia. La principal movilización será a Plaza de Mayo, y una de sus referentes es Carlotto, quien explicó a Página/12 el significado del día. “En la fecha se profundiza y hace pública nuestra presencia en la calle”, afirmó, y recordó que las primeras marchas “no fueron fáciles ya que la gente tenía miedo y cerraban ventanas y balcones”. “Hoy cambiaron, nos reciben con banderas argentinas y nos acompaña mucha gente”, aseguró. Destacó la presencia de “la familia”: “Cuando uno observa la Plaza repleta de personas, ve niños a caballito de sus padres y a mucha juventud”. Concluyó que entre la búsqueda de nietos, y el avance del juzgamiento a la complicidad civil, “todavía falta mucho”, pero que están “fortaleciendo la democracia” y ahora van por “la democratización de la Justicia”.
Por estos días la titular de Abuelas protagonizó un spot publicitario donde en palabras de la presidenta Cristina Fernández, aparece como un símbolo de la lucha por los derechos humanos. “Desde el 2003 tenemos la puerta de la Casa de Gobierno abierta y sus autoridades comprometidas”, celebró Carlotto, quien agradeció “las palabras de ternura de Cristina, una mujer sensible y generacional a nuestros hijos”.
“No sé cómo expresar mi gran emoción –se sinceró–, es impensado que personalicen en mi persona a todas las Madres y Abuelas que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia.” Agrupaciones de izquierda marchan a las 15.30 también a la histórica Plaza. La consigna es “No a la impunidad de ayer y de hoy”, y apuntan contra el gobierno nacional que, sostienen, oculta sus demandas. El dirigente del PTS Christian Castillo expresó que ocultan “el reclamo contra criminalización de la protesta social, el espionaje de Gendarmería y los cinco mil luchadores procesados”. La abogada Myriam Bregman añadió que, con la elección del papa Francisco, se debe enfatizar la denuncia de la “alianza que hubo entre Iglesia, Fuerzas Armadas y empresarios”.
A las 19, la titular de Madres, Hebe de Bonafini, presentará en Hipólito Yrigoyen 1584, el libro Seguir pariendo, texto que recopila sus discursos desde la recuperación de la democracia a la fecha. Estarán presentes el senador Aníbal Fernández y la periodista Sandra Russo.
Informe: Juan Manuel Frías.
OPINION
Una clase en estado de cambio
Lo que fue del ’43 al ’75 y lo que vino después. Las mutaciones en la clase trabajadora, del trabajo al territorio. La recuperación durante los gobiernos kirchneristas, novedades y límites. Leyes laborales y AUH, avances y vacancias. Realidades nuevas, pendientes de instrumentos adecuados. Y algo más.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Alejandro Elias
“Una de las características del cambio es el desplazamiento de la figura del trabajador hacia la del pobre como el referente principal de las políticas sociales. La ‘lucha contra la pobreza’ tiende ahora a reemplazar las luchas por promover los derechos del trabajo. (Otra característica) (...) es recolocar sobre el territorio local las condiciones del acceso a los recursos de la ayuda social.”
Robert Castel en el prefacio al libro Quartiers populaires, quartiers politiques, de Denis Merklen. Traducción libre del cronista.Robert Castel fue un sociólogo francés, magistral estudioso de los cambios en el mundo del trabajo y de su pérdida de centralidad. Falleció en medio de la conmoción producida por la unción del papa Francisco, lo que conspiró contra la difusión de su partida y de su obra. Vale la pena usarlo como disparador de esta columna, a la espera de abordajes más agudos.
La Argentina tuvo, no hace tanto ni tan poco tiempo, uno de los regímenes laborales más amplios y tutelares dentro de los países capitalistas. Coincidió con un Estado benefactor igualmente expandido, carente de parangones en este Sur. Puestos a redondear mucho, su edad dorada se extendió entre 1943 y 1975 o 1976. Su epicentro fueron los gobiernos peronistas, que ocuparon algo menos que la mitad de esos treinta y pico de años. Las peripecias de la política local –signada por la intolerancia, la proscripción de las mayorías, los golpes de estado– erosionaron la fenomenal construcción del peronismo aunque no la derruyeron del todo. Las surtidas resistencias populares y sindicales apuntalaron las conquistas.
El color local –el peronismo, el antiperonismo, las vicisitudes políticas– tuvo gran influjo pero vale subrayar que esas tres largas décadas concuerdan bastante con “los treinta años gloriosos” que cada día se añoran más en los países del centro del mundo. Cada comarca tiene su crónica propia, pero ésta jamás está aislada de las tendencias de las etapas históricas.
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Tres largas décadas y el después: En aquel entonces, la cultura del trabajo vertebraba nuestra sociedad. Altos índices de empleo y de afiliación sindical, record entre los países vecinos y muy elevados en las ligas mundiales. Sumados a un dato, quizá subestimado: en ese ayer, mayormente el que trabajaba paraba la olla. La desigualdad existía, claro que sí, entre sectores de trabajadores y entre provincias... pero palidecía si la coteja con la de hoy.
El punto nodal, piensa el cronista sin aspirar a la originalidad, es que hoy día hay trabajadores con conchabo que son pobres, que no paran la olla o sobreviven a los saltos. Esa vivencia es exótica en la trayectoria argentina, por eso la mera mención del índice de desempleo no termina de definir la condición de la clase trabajadora. Sólo para comenzar debe conjugarse con la existencia de un tercio de la clase sumido en la informalidad y con la inédita amplitud de la franja salarial.
Los gobiernos kirchneristas, con buen tino, se dedicaron a promover el empleo en tiempos favorables y en defender los puestos de trabajo en momentos de crisis. También a fomentar actividades mano de obra intensivas. Mérito doble porque en la coyuntura éstas no son las que resuelven mejor la ecuación fiscal, en la que gravitan más (por cojones, diría un economista español) las exportaciones de materias primas.
El éxito fue notable, se amesetó en los últimos años. Las repercusiones trascienden al salario. Los trabajadores recuperaron ingresos, autoestima y poder. En especial, aquellos ligados a las actividades más aventajadas por el paradigma noventista (transporte en general, o por la re industrialización o la recuperación del Estado que incentivó el kirchnerismo.
Podía pensarse, entonces, que en estas pampas no era aplicable (o dejaría de serlo) la reflexión de Castel que se sintetiza a trazos rústicos en la cita del epígrafe. Ese criterio cundió en las filas oficialistas, empezando por su vértice superior. La potencia de los hechos, mezclada con la derrota electoral en el conurbano bonaerense de 2009, forzó a enriquecer la lectura. Dicho como slogan, el trabajo no perdió su centralidad pero la pobreza tiene núcleos duros, arraigados con firmeza. El salario no es la herramienta exclusiva de inclusión. Será una circunstancia desdichada o no ideal, pero es lo que marca la coyuntura... y nada indica que esa traba se supere en pocos años.
Las políticas generales, expansivas y laboristas, fueron y son promisorias. La Asignación Universal por hijo (AUH) una imprescindible acción complementaria y correctiva que abarca a más de tres millones de beneficiarios. A esta altura de la soirée está débilmente implementada (debería ser ley y no decreto, al calor de las mayorías oficialistas en el Congreso) y con exclusiones injustas.
De cualquier modo, quedan muchas acciones públicas pendientes, incluso (o, si se quiere, especialmente) respecto de situaciones que se atemperaron deliberadamente desde 2003, con políticas tan acertadas como insuficientes.
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La evasión patronal y otras yerbas: La brega contra la informalidad, que es un modo imperfecto de llamar a la evasión patronal, es la primera. El gobierno nacional tiene en carpeta una batida contra esa forma de explotación. No le será fácil ponerla en práctica sin activo apoyo sindical ni parece estar a su alcance obtenerlo en el actual cuadro de disgregación de las centrales obreras.
Otro escollo, más activo, del que se habla poco, son los gobiernos provinciales, siendo en tendencia indiferente si tienen la camiseta del Frente para la Victoria (FpV) u otras. Son amplias las diferencias de concepción entre la cúpula del kirchnerismo y los gobernadores, conservadores populares, en sesgo muy amables con los poderes fácticos. La política fiscal es un ejemplo notable: contadas provincias han renunciado a lograr ventajas competitivas espurias merced a la pasividad a la hora de fijar o recaudar impuestos, tasas o tributos. El rebusque es macanudo, porque se combina con imprecaciones contra “el centralismo”, gratos a los sectores dominantes, sobre todo si condimentan relativas jaujas a la hora de ponerse.
El conflicto es notable, se sincera con cuentagotas. Por ejemplo, cuando el kirchnerismo contiende con los gobernadores Daniel Scioli o José Manuel de la Sota. La laxitud fiscal va mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires y Córdoba, de todos modos provincias determinantes por su población y su PBI.
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Apariencias que engañan: Las diferencias se saldan, eventualmente, merced a la destreza o la mano firme del gobierno central. Y muchas veces se disimulan, en aras de la corrección política. Tal fue el caso de la flamante Ley para Trabajadoras de Casas Particulares, aprobada por unanimidad en la semana que pasó. Se trata de un avance enorme, dedicado a trabajadoras muy desprotegidas. No es la primera norma reparadora que tutela a colectivos rezagados dentro de la clase trabajadora, por motivos variados. Los trabajadores a domicilio, los rurales también disponen ahora de reglas de derecho razonables cuya implementación avanza con enormes dificultades y contra férreas resistencias.
Con relación a las empleadas domésticas (se usa el femenino porque son mujeres en abrumadora mayoría) los gobernadores provinciales pusieron cien ripios en el camino previo, cantados si se conoce la cultura cotidiana en sus territorios. Las resistencias fueron superadas y todos se juntaron para la foto, que como tantas otras, expresa más una tregua que un armisticio definitivo.
Ni qué decir que el cuadro se repite con la informalidad rural y el trabajo infantil que es norma en muchas provincias, anche la conducta empresaria de varios dirigentes políticos. Queda feo decirlo, cuando el discurso hegemónico es un federalismo utópico, más formalista que legalista, pobremente fundado, poco interesado en las conductas reales. Por si hace falta, se ratifica: se habla de la mayoría de los territorios, no de todos.
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Territorios y mestizaje: El desplazamiento de la hegemonía sindical a la del territorio fue un cambio clave ocurrido desde la recuperación democrática, potenciado durante los gobiernos menemistas y el de la Alianza. El politólogo Steven Levitsky, un norteamericano que conoce mejor la Argentina que demasiados de sus colegas criollos, describió ese proceso en un libro insustituible. Se titula La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista. 1983-1999. El siglo XXI amaneció con el cambio de paradigma kirchnerista que matizó la situación. No medió un regreso pendular al punto de partida que pervivió hasta mediados de los ’70. El peso sindical creció, mejoró la condición de los trabajadores pero el cuadro general es mestizo.
El crecimiento del “territorio” en la política es una de las expresiones de esa mutación híbrida. Los intendentes y gobernadores manejan parte significativa de las políticas sociales, son protagonistas de cierto peso. La matriz laborista del justicialismo inclina las acciones sociales hacia “la creación de trabajo”, a veces informal o precario. Y deja vacantes flancos gigantescos como el universo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el del hacinamiento urbano y aún el de las drogas. Las aspiraciones a resolverlos con herramientas generales son imperfectas, porque no dan cuenta de la complejidad. El rumbo general conformado por las políticas de empleo expansivas y la AUH, es un logro, máxime porque ambas líneas aspiran a la universalidad. Pero los agujeros negros que sobreviven fuerzan a pensar acciones novedosas, que se focalicen en esa franja enorme de personas desprotegidas. Focalizar para mejorar su condición actual, para ponerlos en la pista con el resto. Focalizar para universalizar, por ponerlo en consigna.
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Revisar el manual: El Gobierno atravesó una mala semana en materia económica. No tanto por la magnitud mínima del mercado ilegal del dólar sino por haber traspapelado la iniciativa, el dominio de la agenda pública y aun el espacio discursivo. Los sobresaltos trasuntan falta de coherencia en el equipo económico, mechado con internas palpables. La carencia de explicaciones al Agora agrava el fenómeno y acicatea la incertidumbre, facilitando el juego a adversarios temibles, tan fuertes en la city como flojos en las urnas.
Tal vez lo que pasa excede a la fatiga de sus elencos, aunque la abarca. Quizá prime en el oficialismo una fascinación (o un quedantismo) en una caja de herramientas que ya no da cuenta de las necesidades sociales, que son crecientes y cambiantes.
La contingencia desafía la tradicional adaptabilidad del kirchnerismo, capaz de renovar su agenda e incorporar instrumentos que antes negaba o ignoraba. De retomar la iniciativa y el centro de la escena. La voluntad y la centralidad del Estado son recursos consabidos. Los problemas que se han reseñado no son los únicos, pero todo indica que un gobierno atento al (y pendiente del) veredicto popular necesita hacerse cargo de ellos y probar su capacidad de afrontarlos.
Táctica y estrategia
Por Mario Wainfeld
La táctica, se simplifica, es el modo de plantear la batalla o un tramo del juego, el corto plazo si se estira un poco el concepto. La estrategia es el modo de pensar la guerra o toda la partida, se vincula con el largo plazo. Los gobiernos democráticos, acotados temporalmente por definición, navegan bastante en el corto y, cuando pueden o saben, en el mediano plazo. Con variaciones, según su estirpe y sus recursos.
La Iglesia Católica, de conducción monárquica y vitalicia, combina ambas miradas. Por eso, entre otros motivos, es tan difícil predecir cuál será la relación del papa Francisco con los gobiernos (y más con los mandatarios) de la “Patria Grande” y, en especial, de la Argentina. El Pontífice perdurará más allá de la vigencia de los presidentes o presidentas, esa dimensión del tablero no le es ajena.
Ni siquiera la coincidencia en los objetivos sutura esa brecha. Luchar contra la drogadicción es encomiable. Es inexorable pasar velozmente de los consensos generales a preguntarse cuáles serán los instrumentos a utilizar. Ahí las diferencias pueden ser sensibles. Estar cerca de los que padecen, un prerrequisito fundamental que el Estado a menudo incumple, no transforma a los pastores en especialistas para resolver problemas complejos, de propagación mundial. Despenalizar el consumo individual, una medida cada vez más contemplada en países democráticos y progresistas, puede chocar con la visión en tendencia sancionatoria de la Iglesia, aun en parte de sus sectores más compasivos.
Cuando se trata de políticas de salud, de ampliación de derechos de minorías, de libertades sexuales, de reglas universales para la educación el hiato es mayor. Máxime si los representantes del pueblo (merced a su voto) y quienes llevan el mandato divino se disputan la representación de los sectores populares. Ni hablar cuando de privilegios o franquicias terrenales existentes o reclamadas se trata: sueldos de dignatarios eclesiásticos, inversión pública en educación privada confesional, exenciones impositivas extendidas.
Respecto de la pobreza, parece haber más coincidencias o ideas tangentes. Tal vez, cuando se ajusta la mira, no son tantas. La misión de los gobiernos es luchar contra la pobreza, promover condiciones para el ascenso social de los trabajadores desfavorecidos. Para muchos grupos eclesiásticos la pobreza contiene una serie de virtudes que, quién sabe, se perderían si se cambian las condiciones materiales de esos trabajadores. Hay quien agrega que en ese escalón de la sociedad está la mayoría de los fieles por lo que a la Iglesia le conviene que sigan donde están. La honestidad intelectual fuerza a consignar que hay quien acusa de cargos similares al peronismo.
La complejidad del tema, pues, impone tratamientos más profundos que este recuadro dominical, cuyo mayor afán es insinuarlos.
El peso de la coherencia
Por Mario Wainfeld
Horacio González, a la sazón director de la Biblioteca Nacional, pronunció un encendido y memorable discurso en la asamblea de Carta Abierta. Habló sobre la designación del papa Francisco y sobre muchos temas conexos, menoscabados o ignorados por otros expositores. Recorrió la historia de la orden de los jesuitas, su conformación de tipo militar. La relación entre Iglesia y Estado en la Argentina, especial (mas no únicamente) en épocas de dictadura. Habló de Guardia de Hierro, su lógica, sus tácticas durante y después de la última dictadura. De los Montoneros y la Juventud Peronista. Del lenguaje plebeyo de Francisco y su parentesco con el de la militancia de Guardia de Hierro.
Pronunció palabras fuertes y conmovidas, “superchería” entre tantas. También expresó que matar es siempre difícil, pero que ese límite se puede aliviar cuando se cuenta con la aprobación de Dios.
Por su postura, pero sobre todo por su calidad, el planteo de González (reproducido luego con modificaciones menores en una columna publicada el martes pasado en Página/12) contrasta con casi todo lo que se dijo o escribió sobre el nuevo pontífice. Escucharlo o leerlo, antes que convocar a la coincidencia o el disenso (que en democracia siempre son válidos), debería hacer sonrojar a quienes hablan u opinan a la bartola, sin ahondar conceptos, repasar la historia o procurar dar cuenta de la complejidad.
Recibió respuestas brutales, descalificatorias, groseras. Un editorialista de La Nación, que suele clamar por la libertad de expresión y renegar del actual gobierno, le pidió a la Presidenta que lo hiciera callar. Otro periodista cuestionó su forma de vestir, mensaje que habla de su inteligencia y tolerancia antes que sobre el criticado. Llovieron reproches, burlas, casi nunca una respuesta de calibre similar al desafío propuesto. González es un intelectual probado, que lleva escrita una llamativa cantidad de libros notables y que ha leído “casi todos”. Sus palabras pueden ser debatidas, no la coherencia del enunciador, que es imbatible. En momentos en que cunden las apologías del Papa y el simplismo, optó por el camino inverso.
González es también un militante constante y desgarrado. Contra lo que es el tono de época, suele discutir con amabilidad y sonrisas. Es un buen tipo a quien le cuesta mucho odiar, aun a quienes hacen méritos: se reserva para los genocidas, los criminales, los culpables de conductas imperdonables. Tiene falencias, entre ellas la de no ser un hábil o taimado operador en los medios como suelen (o solemos) ser “casi todos” en la esfera pública local.
El cronista coincide, en gran medida, con lo que dijo esta vez. Pero no lo elogia por eso, sino por exponerse como siempre lo hizo, en congruencia con lo que fue su vida. El profesional que firma esta columna, en ejercicio del privilegio de escribir en este diario, deja constancia de todo lo antedicho, que consignaría también si su emisor hubiera sido cualquier otro.
Como es partidario de reconocer desde dónde se escribe, agrega que es compañero de Horacio, a quien conoce desde hace añares y con quien compartió, por darles un mote, espacios militantes en común. Guarda de ellos un grato recuerdo, una deuda impagable con la inteligencia provocadora y a la vez tierna de Horacio. Y un ansia imposible de emularlo, en la dignidad y en la hondura. Por eso, Mario le transmite el abrazo y la solidaridad que (por decirlo de alguna forma) ya le hizo llegar de otra manera.
Fuente:Pagina12
El Archivo Nacional de la Memoria presentará oficialmente su versión completa que hoy adelanta Tiempo Argentino en exclusiva
Cómo se diseñó, en 1975, el genocidio que ejecutó la dictadura cívico-militar
La Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75 y el Plan del Ejército. Una organizó el "aniquilamiento de la subversión", el otro el golpe de Estado de 1976. Producidos por el Batallón de Inteligencia 601 encabezado por el ex coronel Carlos Martínez, que los firmó de puño y letra.
Por: María Sucarrat y Daniel Enzetti
Es la madre de todas las batallas. Si la dictadura cívico-militar desarrolló un plan sistemático de exterminio, fronteras adentro y con alcance internacional, esa política represiva fue llevada a cabo en base a órdenes e instrucciones que hasta el momento se conocían sólo parcialmente. La investigación sobre el amenazante "oponente subversivo" para "aniquilarlo" en 1975, y sobre todo el conjunto de directrices que dieron forma al golpe de Estado de 1976 y su práctica de secuestros y asesinatos, estuvo a cargo del Batallón de Inteligencia 601, en manos del ex coronel hoy detenido Carlos Alberto Martínez.
Los documentos fueron dos, principalmente: la Directiva del comandante general del Ejército Nº 404/75 –conocida como "la Peugeot", por el auto de la época–, y el Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional. Fueron hallados y recuperados por el Archivo Nacional de la Memoria en forma completa, y están a punto de publicarse en una edición que Tiempo Argentino adelanta en forma exclusiva y con la autorización del organismo.
La 404 –cuerpo principal, 10 anexos y 13 apéndices complementarios– diagramó las operaciones militares necesarias para "neutralizar y/o aniquilar" a las organizaciones armadas en Tucumán a finales de 1975, poniendo énfasis en la guerrilla rural. Se basó en los decretos 2770, 2771 y 2772 para el funcionamiento de los Consejos de Defensa y Seguridad Interna; abrió la puerta para que la Armada (con el Placintara 75) y la Fuerza Aérea (mediante el Plan de Capacidades Marco Interno 1975) ideara sus propias metodologías; dividió el territorio nacional en cinco zonas de distinta "peligrosidad" (con prioridad en Buenos Aires-La Plata, Córdoba, Santa Fe-Rosario, y el eje Tucumán-Salta-Jujuy); y estableció un objetivo en tres etapas: "disminuir significativamente el accionar subversivo para fines del año 1975", "transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976", y "aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977".
En cuanto al Plan del Ejército, es la organización del golpe de Estado. Con una introducción y 15 anexos que definen genéricamente al enemigo como "Guerra Subversiva Marxista (GSM)" abocada a la "apropiación de la población mundial" a partir de la "conquista de su psiquis".
"Insurrecionalismo espontaneísta". Con la firma de Jorge Rafael Videla como general de Brigada y comandante general del Ejército, la Directiva 404 se emitió el 28 de octubre de 1975. La Junta, todavía parte del gobierno títere de Isabel Perón, se propuso "crear una situación de inestabilidad permanente en las organizaciones subversivas", desgastarlas "progresivamente", obtener "amplia información" sobre sus estructuras, y "eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la subversión". Mediante el funcionamiento de comandos que "tendrán la más amplia libertad de acción para intervenir en todas aquellas situaciones en que se aprecie puedan existir connotaciones subversivas".
El Anexo 1 se refiere a la Inteligencia, y lleva la firma de Roberto Viola como general de Brigada. Define a la GSM como una "nueva forma de guerra, con un nuevo contenido de violencia, que se materializa en una muy variada gama de formas" para lograr la "apropiación de la población mundial (debe entenderse no su apropiación material sino la conquista de su psiquis que hace que el hombre se entregue luego materialmente solo)".
Para los inminentes golpistas argentinos, la guerrilla adquiría influencias de la "corriente chinoísta", la IV Internacional y la URSS, representadas por organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros, "las que cualitativa y cuantitativamente ejercen actualmente el liderazgo de la agresión en el país".
Viola, en un texto que en realidad lleva la pluma de Martínez, suscribe que "en forma permanente, el accionar subversivo se materializa en la más variada gama de hechos que conmueven hasta las más altas estructuras del Estado. Así es como las OPM (Organizaciones Político Militares) cometen a diario asaltos, asesinatos, cuantiosos desarmes a servidores del orden, secuestros de personas, robos, intimidaciones" y "atentados con explosivos".
Y agrega: "A partir del mes de julio, (Montoneros) incrementó notablemente su accionar mediante la utilización de sus denominadas milicias." En una redacción cuidada, sorprende con términos como "insurrecionalismo espontaneísta", y afirma que "siguen sosteniendo (los militantes armados) la necesidad, no negociable ni claudicable, de la formación de un Ejército Popular que sostenga su proyecto socialista de modificación en todas las estructuras políticas-económicas-sociales dentro de la concepción marxista que poseen", y que "...tratarán de desarrollar y preservar sus fuerzas mientras desgastan, desmoralizan y aniquilan nuestras fuerzas".
Al mismo tiempo, el documento establece la manera de organizar las fuentes de información, por medio de un Parte de Inteligencia Semanal elevado por los Comandos de Cuerpo de Ejército "los días miércoles antes de las 12 horas". Y diagrama en sus apéndices Órdenes de Batalla comunicadas oficialmente al resto de las Fuerzas por el entonces general Leopoldo Galtieri.
En el Anexo 3 de la Directiva, dedicada a la supuesta "Acción Sicológica" de ERP y Montoneros sobre la población, el general de Brigada Osvaldo René Azpitarte sostiene que "El factor sico-social se encuentra sensiblemente influenciado, en mayor grado que los demás, por la crisis general que padece el país, que crea un ambiente favorable para la acentuación de las múltiples causas de tensión existentes." Afirma que "la consecuencia inmediata ha sido la aparición de un clima colectivo que sintéticamente se puede expresar en 'signos de descreimiento y de desesperanza alarmantes'", y que "ello incluye, entre otros condicionantes, el temer desbordamientos futuros en caso de brotar una chispa que libere tantas contenidas frustraciones".
El análisis de Azpitarte dice a continuación: "En términos generales, la acción psicológica, para la perspectiva subversiva, es un aspecto clave que interpenetra a los demás, multiplicando y sistematizando la actividad total, desde la simple agitación y la propaganda elemental de siglas y emblemas, hasta los operativos de acción directa de mayor envergadura. Esta simbiosis está claramente definida por el término 'propaganda armada' que, acuñado por la propia guerrilla, indica que las acciones militares son concebidas en función de su resonancia sicológica."
Viola, en el Anexo 4, dedica varias consideraciones a la mano de obra que conformó el aparato genocida. "El Ejército Argentino –sostiene en el apartado "Misión"– ejecutará el apoyo de personal, para lograr que la Fuerza obtenga la máxima eficiencia combativa y alto espíritu de lucha, empeñando la totalidad de sus medios actuales y los que eventualmente se le incrementen, para la realización de las operaciones previstas en la presente Directiva."
El Punto 6 se dedica al "Mantenimiento de la moral": "Estará materializado mediante la búsqueda y el logro de cohesión y el espíritu de cuerpo en el personal de las unidades (especialmente soldados conscriptos), con la finalidad de evitar y/o minimizar las influencias adversas que fundamentalmente en lo espiritual y afectivo puede generar una situación interna del país que obligue al Ejército a operar fuera de sus cuarteles y contra sectores de la población subversivos." Y el Punto 7 habla del "Servicio Religioso": "La actual situación ambiental exige que todos los niveles de comando realicen orientaciones concretas y precisas que regulen la actividad del capellán y faciliten su tarea para contrarrestar el accionar destructor del enemigo que pretende socavar los fundamentos de nuestra formación espiritual."
"Engaño imitativo". Hay un Anexo de la Directiva, el Nº 10, vinculado al tema "Comunicaciones-Electrónica". Fue elaborado especialmente por el Batallón de Inteligencia 601, y describe no sólo las fuerzas propias, sino además un detalle del funcionamiento del "enemigo subversivo" en lo vinculado a difusión, prensa y propaganda.
El texto habla de las "Capacidades de comunicaciones y guerra electrónica asignadas a las organizaciones subversivas", que eran básicamente cuatro: "a) Continuar operando sistemas de comunicaciones, en todo momento, con medios suficientes, apoyados por radioaficionados y por personal infiltrado en empresas de comunicaciones y otros organismos, b) Realizar escucha sobre las comunicaciones de las FFAA, FFSS y FFPP, complementadas con interferencia y engaño imitativo, c) Reforzar sus medios con nuevos materiales obtenidos mediante la adquisición en el comercio o entrados ilegalmente al país", y "d) Realizar emisiones clandestinas, en forma encubierta o abierta, en la banda de radiodifusión (radio o televisión) para lanzar proclamas, reunión u órdenes."
El espionaje sobre blancos civiles era centralizado por organismos creados específicamente para eso. Sobre todo el Sistema de Comunicaciones Fijo del Ejército (SICOFE), el Sistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército (SICOCE), el Sistema de Operaciones Electrónicas (SIDOPE), el Sistema de Comunicaciones de Seguridad del Ejército (SICOSEGE) y la Red Radioeléctrica de la Dirección Nacional de Gendarmería.
El Punto 2, referido a los "Conceptos estratégicos" del trabajo de Inteligencia, vuelve a un objetivo central de la Directiva, mencionado varias veces en el trabajo general: "El apoyo de comunicaciones y de operaciones electrónicas a la ofensiva que ejecutarán propias fuerzas debe contribuir a lograr antes de finalizar el año 1975 una disminución significativa del accionar subversivo, transformándolo en un problema de naturaleza policial antes de finalizar el año 1976, y aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977."
El Plan del Ejército. Un documento secreto del Plan que diagramó el golpe de Estado, y marcó la línea represiva y de exterminio, recién ahora se conoce en forma completa con la edición del Archivo Nacional de la Memoria. Es el que abre el informe, elaborado semanas antes del 24 de marzo de 1976. "La JCG (Junta de Comandantes Generales) –advierte–, ante el grave deterioro que sufre la Nación, ha resuelto adoptar las previsiones para el caso de tener que destituir al Gobierno Nacional y constituir un Gobierno Militar."
Mediante una operación que consistiría en: "La destitución del gobierno en todo el ámbito nacional, asegurando que sus miembros queden a disposición de las futuras autoridades", "Realizar todas las acciones que faciliten la constitución y funcionamiento del nuevo Gobierno Militar", "Asegurar el orden y el funcionamiento del país a partir del día D", y "Sostener y asegurar el cumplimiento de las medidas que adopte el Gobierno Militar".
Casi desde el comienzo, en el Anexo 2, clasifica al "oponente" con distintos grados de peligrosidad. Entre las organizaciones "Político-Militares" de Prioridad I (oponente activo) se encontraban, entre otras, ERP, Montoneros, la Junta Coordinadora Revolucionaria, Vanguardia Comunista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión de Mujeres Argentinas y el Partido Socialista de los Trabajadores. También de Prioridad I eran organizaciones gremiales como la Comisión Nacional Intersindical y la ex CGT de los Argentinos; además de grupos estudiantiles y corrientes religiosas. "El Movimiento de Sacerdotes para el 'Tercer Mundo' es en la práctica –describe el Anexo– la única organización de accionar trascendente en el ámbito de ciertos sectores de nuestra población. De definida prédica socializante, sirve a la postre a la lucha de clases que pregona el marxismo. La representación de este movimiento se materializa casi exclusivamente en los denominados Sacerdotes del Tercer Mundo, quienes en posturas contra el nuevo gobierno serían los particulares responsables."
Es interesante la evaluación que hace el Plan del clima social y político que generaría el golpe de Estado, y el papel de la Unión Cívica Radical, partido que los genocidas intuyen que estará de su lado. Ese "Grado de Participación" se resume en seis puntos que vale la pena transcribir: "a) La gran mayoría de los elementos que integran las organizaciones de Prioridad I muy probablemente mantengan y hasta puedan llegar a incrementar su acostumbrada apoyatura a los medios de lucha armada de la subversión, b) Las organizaciones de Prioridad II –que con posturas públicas reconocen la necesidad de cambio del actual gobierno–, si bien inicialmente podrían no oponerse al golpe militar, a la postre no renunciarían a sus tradicionales inclinaciones radicalizadas, y podrían volcar un esfuerzo parcial en contra del interés de las FFAA, c) Las de Prioridad III en términos generales es probable actúen por vía indirecta en contra del proceso y parcialmente a través de algunos de sus principales dirigentes y/o pequeños sectores, d) De los agrupamientos incluidos en Prioridad IV sólo del Movimiento Justicialista se prevén manifestaciones parciales como consecuencia lógica del cambio. Del resto de los partidos considerados se aprecian como probables únicamente posturas individuales y aisladas o de radicalizadas corrientes de cada uno, e) Los elementos negativos que integran los nucleamientos incluidos en cada Prioridad serán adecuadamente seleccionados y considerados conforme a las previsiones del Anexo 'Detención de personas'", y "f) Otros agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrían ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista es probable no se opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación".
Los "Equipos Especiales" desaparecedores. El mencionado Anexo "Detención de personas" es el 3, y da luz verde para los secuestros de ciudadanos en todo el país, a través de operativos realizados por "Equipos Especiales".
"La operación –explica– consistirá en detener a partir del día D a la hora H a todas aquellas personas que la JCG establezca o apruebe para cada jurisdicción que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las operaciones militares o sobre las que existen evidencias de que hubieran cometido delito o acciones de gran notoriedad en contra de los intereses de la Nación que deban ser investigados". Y también en "Prever la detención de oponentes potenciales en la medida que estos se manifiesten".
Los camuflados secuestros "estarán a cargo de Equipos Especiales que se integrarán y operarán conforme a cada jurisdicción". Y en cuanto a los blancos elegidos, agrega: "1) Las personas de significativo grado de peligrosidad serán alojadas en Unidades Penitenciarias de jurisdicción, 2) El resto de las personas serán alojadas en dependencias militares y agrupadas según el trato de cada Cte Cpo e II MM estime se le debe dar al detenido", y "3) Para los casos muy especiales y que por sus características resultare necesario su alojamiento en otra jurisdicción, los respectivos Ctes formularán el pertinente requerimiento a la JCG".
Eufemismos para aludir al lugar que ocuparían los Centros Clandestinos de Detención en el mapa del genocidio.
Apéndice 1: instrucciones para la detención de personas
Los secuestros durante la dictadura militar estuvieron "reglamentados" mediante una serie de órdenes que el golpe de Estado de 1976 incluyó en el Plan del Ejército, Apéndice 1, Anexo 3.
"Las listas de personas a detener –afirma–, una vez aprobadas por la JCG, deberán ser ampliadas con la mayor cantidad posible de detalles, tendientes a tener la más absoluta seguridad en la ejecución de la operación."
Los operativos incluían la elaboración de fichas de los detenidos ilegalmente. Con una "recomendación" en el Punto 9 del documento: "El procedimiento para la detención se ajustará a las características y proceder del blanco, evitando excesos que en algunos casos pueden resultar negativos al interés de la Fuerza."
El Punto 14 se refiere a lo que redundaría en casas desvalijadas de los secuestrados, y robo generalizado de sus pertenencias a cargo de los grupos de tareas. "Cuando la persona a detener esté definida como subversiva o manifieste una actitud violenta contra la Fuerza, su domicilio será minuciosamente registrado, incautándose toda la documentación de interés, armamento y explosivos que pudieran existir."
"A todo personal integrante del Equipo Especial –dice el Punto 18– se le darán claras y precisas instrucciones sobre empleo de las armas para asegurar la detención de las personas buscadas o anular eficazmente toda resistencia".
Por último, el Punto 19 confirma la clandestinidad de las operaciones: "Ningún integrante del Equipo está facultado a suministrar información alguna a la prensa vinculada al cumplimiento de esta operación, ello será facultad exclusiva de la JCG".
Secuestros y asesinatos, pero con la ley en la mano
El Anexo 6 de la Directiva 404 de 1975, firmado por Roberto Viola, invoca una serie de leyes, decretos y códigos que pretendieron dar un marco "jurídico" al genocidio. Como "legislación vigente aplicable" se enumera, entre otros articulados, el decreto 1678/73 de creación de los comandos generales de las Fuerzas Armadas (órganos centralizadores de las operaciones de exterminio); la Ley 12.913 para el armado de zonas de seguridad; el decreto 2584/69 que daba facultades a los comandantes del Ejército y la Armada para ordenar el empleo de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el trabajo sucio; la Ley 20.840 (de represión de actividades subversivas); el decreto 2717/75 (prórroga del Estado de Sitio en todo el territorio del país); y dos decretos que apuntaron directamente a aniquilar cuadros del PRT y Montoneros: el Nº 1454 de 1973, y el Nº 2452 de 1975.
Pero el apartado más importante del Anexo es el Nº 4, titulado "Consideraciones". El Punto C, denominado "Relacionadas con civiles" (haciendo referencia a esas consideraciones), establece: "En caso de haber detenidos, deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente… salvo que, como rige el Estado de Sitio, el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) decida que el causante sea puesto a su disposición."
Una puerta abierta a secuestros y desapariciones.
La marcha del 24 de marzo contará este año con una columna integrada por jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial
A 37 años del golpe, una multitud reclamará democratizar la justicia
Los organismos de Derechos Humanos se plegaron a la consigna de un sector judicial y el gobierno. Plantearán terminar con las conductas corporativas y que ese poder del Estado acompañe los cambios que se produjeron en la sociedad.
Por: Gerardo Aranguren
La convocatoria es a partir de las 14 en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde concentrarán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación H.I.J.O.S.
Los organismos llevarán la bandera con las fotos de los detenidos desaparecidos hasta la Plaza de Mayo y se movilizarán bajo la consigna "Por una Justicia Democrática. Basta de Corporación Judicial" junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales.
"Lo que se está discutiendo en estos últimos tiempos es que la justicia tiene que acompañar los tiempos y los procesos de cambio que logró la sociedad. Por eso se habla de corporación judicial, por la relación que mantuvo buena parte de la justicia con la dictadura y que hoy, junto a otros poderes, no acompaña los deseos del pueblo", manifestó el nieto restituido Manuel Gonçalves, quien integra la comisión directiva de Abuelas.
Para Horacio Pietragalla, diputado y nieto restituido, "la sentencia de Marita Verón marcó a toda la sociedad y eso impulsó también a que la presidenta lleve adelante una propuesta para la democratización de la justicia", y aseguró: "Los organismos nos sentimos parte de ese avance y creemos que la democracia necesita una justicia a la altura."
La integrante de HIJOS, Giselle Tepper, señaló que tomaron el reclamo por una justicia democrática para debatir "qué tipo de justicia quiere la sociedad". "Lo que planteamos es que debe representar al pueblo. Creemos que el Poder Judicial tiene una práctica corporativa, siempre en función de los mismos intereses, de los sectores más poderosos de la sociedad, por eso hay que ponerle pueblo al Poder Judicial. Quienes siguen desde la dictadura no pueden continuar, se avanzó pero tenemos un montón de jueces agazapados que no deberían impartir justicia", explicó.
Como señala Tepper, uno de los puntos centrales del pedido para democratizar la justicia es que no haya magistrados cómplices de la última dictadura o que con su accionar en la actualidad intenten obstaculizar los debates por delitos de lesa humanidad.
Gonçalves agrega que "el reclamo es para terminar con los resabios de esa vieja justicia y generar una mejor. Muchos de los jueces hoy se han formado durante los tiempos de la dictadura, creemos que con la transformación de los últimos años de la Argentina también se está formando una nueva justicia."
Las reformas en la justicia son una demanda histórica de los organismos de Derechos Humanos, sólo que esta vez se da en un contexto en el que esa discusión está en plena ebullición, con los proyectos anunciados por el gobierno nacional y el surgimiento del movimiento integrado por fiscales, funcionarios, defensores, jueces y camaristas que piden un cambio en el Poder Judicial.
El movimiento Justicia Legítima marchará este 24 de marzo. Por primera vez habrá una columna integrada por funcionarios judiciales, quienes se han pronunciado públicamente a favor del pago de ganancias dentro del Poder Judicial y reformas en el Consejo de la Magistratura. La iniciativa surgió de la propia procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien planea asistir a la movilización, y ya confirmaron su asistencia el camarista de Casación Alejandro Slokar, Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los fiscales Félix Crous (Narcocriminalidad), Jorge Auat (Unidad Fiscal de Derechos Humanos), Abel Córdoba (Violencia Institucional) y la defensora pública María Fernanda López Puleio.
"Mantener viva la memoria del pasado es clave para superar cualquier forma de organización corporativa de prácticas autoritarias o de trágicas complicidades que no queremos que subsistan en el ámbito de la justicia", señaló la convocatoria realizada por el movimiento y aseguró que una justicia legítima "exige de cada uno de sus integrantes un compromiso democrático permanente con la defensa ineludible de los Derechos Humanos y del sistema de garantías".
Al igual que en años anteriores, además del pedido de democratización del Poder Judicial, se mantendrán los reclamos históricos de los organismos de Derechos Humanos. Uno de ellos es el de la persecución penal de los responsables civiles y de los poderes económicos que participaron del golpe y la dictadura.
Ese pedido fue el centro de la movilización del año pasado y en los últimos meses ya tuvo su correlato en la justicia, con el procesamiento por delitos de lesa humanidad del presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y de su amigo, el fallecido ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
Este año también se logró la citación de declaración indagatoria de los directivos de la empresa Ford, acusados de haber impulsado el secuestro de delegados y trabajadores.
Ayer, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, destacó como un logro que la justicia "esté metiéndose con el poder económico", con vinculación en muchas desapariciones, y citó los casos de Blaquier, Amalia Lacroze de Fortabat, la fallecida dueña de Loma Negra, las automotrices Ford y Mercedez Benz, y el ex dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, todos ellos investigados por la justicia por desapariciones en sus empresas. «
Otra movilización partirá desde el congreso
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia encabezará la segunda marcha que comenzará a la 15:30 desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo. Este año el pedido central será "no a la impunidad de ayer y de hoy", con el foco puesto en las denuncias contra Gendarmería por realizar espionaje interno hacia organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.
En ese marco, las organizaciones que forman parte del espacio denunciaron "una maniobra provocativa" para "bloquear la realización del acto independiente del gobierno y acallar la denuncia de la impunidad de ayer y de hoy".
El reclamo tiene que ver con el horario de la marcha anterior, que partirá a las 14 y tiene previsto finalizar a las 19: "Esto implicaría directamente que la multitudinaria columna del EMVJ no pudiera entrar a la Plaza de Mayo, como lo viene haciendo consecutivamente desde hace ya 17 años", señalaron.
El diputado Horacio Pietragalla, miembro de Abuelas, explicó que la decisión del horario se tomó en febrero y fue anunciada al EMVJ. "En los años anteriores ellos marchaban antes y después nos entregaban la Plaza a cualquier hora, pero muchas Abuelas y Madres, por su avanzada edad, nos pidieron que este año no termine tan tarde", señaló el legislador. "Más allá del fantasma que ellos vieron, el horario se consensuó y no va a haber ningún tipo de problema, sino que es parte de un pedido de las Madres y Abuelas".
El dato
En Jujuy
Los organismos de DD HH, Pueblos Originarios, la Tupac Amaru y la Red de organizaciones sociales se movilizarán para respaldar el avance en la causa contra Blaquier.
El homenaje de la presidenta
Cristina Fernández homenajeó a los familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura militar, representados en la figura de Estela de Carlotto, a través de un video institucional, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria. "Quiero homenajear en la figura de Estela a todos aquellos que durante más de 30 años no reclamaron venganza sino simplemente justicia y aplicación de la ley", comienza el video con la voz en off de Cristina y las imágenes de Carlotto sentada en un banco junto a un niño que simboliza a los nietos recuperados.
24.03.2013
Los testigos aportaron datos que permitieron abrir líneas investigativas y, en algunos casos, nuevas causas Las nuevas pistas que surgieron en los juicios
Los procesos orales en causas de lesa humanidad se convirtieron en virtuales cajas de sorpresas que revelaron aspectos desconocidos del accionar represivo.
Por: Pablo Roesler
ARMADA Y PREFECTURA. En la causa "Fuerza de Tarea Nº5, Armada Argentina y Prefectura Naval Sobre Delitos de lesa humanidad", que investiga el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, del renunciado Arnaldo Corazza y por la que la fiscalía prepara la elevación a juicio, descubrieron la existencia de un centro clandestino de detención que permaneció oculto durante 35 años. El hallazgo se produjo el 14 de enero de 2010 durante una inspección ocular realizada durante la instrucción por Corazza y de la que participaron dos ex detenidos y abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación, en un sector de la Isla Santiago, donde funcionó el hoy cerrado Liceo Naval Almirante Brown, ubicado en un predio lindero al de la Escuela Naval y la Base Naval de la Armada Argentina.
Se trata de un galpón en el que los sobrevivientes lograron identificar el sector donde se ubicaban las celdas, que se extendían en hilera frente a una gran sala. También indicaron dónde se encontraba la sala de torturas y la de interrogatorio, donde, además, los fotografiaban.
Ese centro había sido descripto en diversos testimonios de sobrevivientes, pero por primera vez los ex detenidos señalaron y reconocieron en el lugar el espacio donde permanecieron secuestrados luego de la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando la Marina encabezó un gran operativo de secuestros en Berisso y Ensenada, que apuntó a los trabajadores y gremialistas de Astilleros Río Santiago, el frigorífico Swift y Propulsora siderurgia (hoy Siderar).
Ese nuevo sitio se sumó a los centros clandestinos que funcionaron en el Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), en el Hospital Naval, en la Escuela Militar Río Santiago y en la Prefectura Naval, todos bajo el mando de la Armada Argentina.
"El descubrimiento de ese centro clandestino, que fue reconocido por los sobrevivientes, fue en ese momento algo sorprendente y beneficioso para la causa", explicó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Inti Pérez Aznar. "Pero lo importante de esa causa –continuó– es que investiga cómo se concentró la represión en ese circuito por la Marina en los primeros meses, en el que se dio un golpe directo al movimiento obrero."
La presencia de la Armada en el cordón industrial de los distritos de Berisso y Ensenada fue letal. Pérez Aznar recordó que en la misma madrugada del 24 de marzo los marinos y prefectos recorrieron esas ciudades y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que luego primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
Por eso, el fiscal federal Hernán Schapiro resaltó que "esta causa abre la primera línea de investigación en el circuito represivo de La Plata en el que se indaga el rol de la Armada en la región", y remarcó que analiza, puntualmente, "la Fuerza de Tareas 5, que tuvo un rol muy fuerte en la ciudad con vínculos con otros centros clandestinos como el de 1 y 60 y la Cacha".
CIRCUITO CAMPS. Pero también los juicios por delitos de lesa humanidad abrieron nuevas líneas de investigación sobre circunstancias o hechos que permanecieron ocultos durante tres décadas. En la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 del 19 de diciembre pasado por el proceso por el Circuito Camps, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela ordenaron investigar la responsabilidad del ex fiscal de Estado de la provincia, Alberto Rodríguez Varela, en el secuestro y las torturas a los miembros de la familia Graiver.
Rodríguez Varela fue involucrado por las declaraciones testimoniales de Isidoro Graiver, hermano del fallecido dueño de Papel Prensa, David Graiver, por lo que los jueces pidieron remitir al Juzgado Federal N°3 su testimonio y los del canciller Héctor Timerman, de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, de su secretaria Silvia Fanjul, su socio Rafael Iannover, de su empleada Lidia Gesualdi, y, también, las declaraciones del imputado Norberto Cozzani.
Isidoro, en su testimonio del 4 de junio del año pasado, recordó que en Puesto Vasco fue retirado de su calabozo junto a Papaleo y llevados a una habitación donde los esperaba el por entonces jefe de la Policía bonaerense Ramón Camps junto a Rodríguez Varela.
"El nombre de Rodríguez Varela circulaba desde hacía tiempo como el de una de las personas cercanas a Ramón Camps y que tuvieron algún vínculo con el caso Graiver, sobre todo a partir del agradecimiento que Camps hace en su libro La otra campana del nunca más”, recordó Schapiro. En ese sentido, el elemento nuevo que se agregó a la investigación serían las declaraciones testimoniales del juicio en las que fue nombrado. El caso está siendo investigado por la fiscalía que esta semana presentó nuevos pedidos de prueba.
DIPPBA. Pero además, en el debate por el Circuito Camps los jueces ordenaron investigar el presunto rol de inteligencia que la extinta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) realizaba sobre las personas que luego serían secuestradas por las patotas de Ramón Camps.
En el sexto punto de la sentencia, los jueces ordenaron "poner en conocimiento de los Juzgados Federales Nº 1 y 3, lo surgido en el debate respecto de la Dirección y Dependencia de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de sus integrantes en las causas residuales".
El pedido había sido realizado por la abogada querellante por Justicia Ya! Guadalupe Godoy. "La Dippba quedó fuera de la investigación desde la causa 44 (de 1986)", explicó a Tiempo Argentino la abogada. "Lo que marcamos en los alegatos es que las responsabilidades penales son más amplias. Siempre se juzgó al brazo ejecutor de los tormentos y los homicidios, pero nosotros sostenemos que hay que ampliar ese concepto porque tiene la misma responsabilidad en los hechos el que seleccionaba los blancos que quien ejecutaba. Y la Dippba hacía esa selección de blancos."
En su alegato, Godoy resaltó la prueba documental incorporada al debate. En concreto, "las planillas confeccionadas por el Batallón de Inteligencia 601", que referían a las víctimas Ana Teresa Diego y los chicos de la Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner, Horacio Ángel Ungaro, María Claudia Falcone y Daniel Racero. Esos documentos revelan que en el proceso de inteligencia participó la Dirección policial (por ese entonces bajo el nombre de Secretaría de Inteligencia) luego del pedido de búsqueda y captura, e inclusive en algún caso participó hasta en el resultado de ese pedido, es decir, en el secuestro que conllevó a la desaparición.
La querella concluyó que la DIPBA "no solo tenía como misión la 'producción de inteligencia para la Jefatura de Policía, el Estado Mayor Policial y el Poder Ejecutivo provincial' sino que también podía realizar y/o coordinar operativos especiales, propios, conjuntos o combinados.
SERVICIO PENITENCIARIO: En 2010, el mismo tribunal juzgó y condenó a 14 ex penitenciarios por las torturas y homicidios cometidos durante la dictadura cívico militar en la Unidad Penal Nº9 de La Plata. En su alegato, Godoy –que en ese proceso representó la querella de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Justicia Ya, y querellantes particulares– remarcó "la falta de profundización sobre el rol que jugó el aparato de inteligencia del servicio penitenciario" con 16 familiares de presos políticos que fueron secuestrados y desaparecidos.
"Los secuestros de los familiares de los presos políticos fueron realizados en diferentes lugares, pero es evidente que la selección de las víctimas de esos secuestros se realizaba en las colas de las visitas y los locutorios de la cárcel a través de los aparatos de inteligencia", detalló la abogada a este diario.
En la sentencia que el 13 de octubre de 2010 condenó al ex jefe de la Unidad, Abel Dupuy, a prisión perpetua y a otros 13 penitenciarios a penas de hasta diez años de cárcel, el TOF1 tomó nota del pedido que no se transformó en una investigación concreta.
"Esta investigación tiene una dificultad probatoria importante porque, por la propia dinámica de los aparatos de inteligencia, es muy difícil detectar quiénes los integraban", concluyó Godoy. «
Les cocinaban a los detenidos
La sentencia del juicio por el Circuito Camps incluyó en sus considerandos una respuesta al pedido de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Inti Pérez Aznar y Hernán Navarro, y de Justicia Ya!, que representó Guadalupe Godoy: en el apartado siete del texto condenatorio, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad del vicario castrense "Emilio Grasselli y los funcionarios del Seminario Mayor San José de La Plata". Según se supo en las audiencias, ese sector de la curia enviaba la comida que, alternadamente, recibían los detenidos desaparecidos de la Comisaría quinta.
Los jueces ordenaron la investigación a partir de los testimonios de las declaraciones de Estela de la Cuadra, Emilce Moler, Clara Teresa Bacchini, Rolando Acuña, Teresa Garín, Jorge Ricardo Reydó, Marta Manchiola, Lázaro y Zivana Aleksoski, Patricia Williams, Alejandro Marcelo Ciancio, Hugo Marini, Carlos De Francesco y Osvaldo Lovazzano, todos sobrevivientes o familiares de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en esa comisaría de diagonal 74, entre 23 y 24, de La Plata, y cuyos testimonios señalaron al vicario castrense, a quien los familiares concurrían a preguntar por la suerte de las víctimas, o revelaron que al estar detenidos supieron que la comida que les servían provenía del seminario ubicado a media cuadra de la seccional.
En el fallo, los magistrados pidieron que se remita esa información "a los Juzgados Federales Nº 1 y 3 de La Plata, a fin que se investigue –en las causas residuales– la presunta responsabilidad del Secretario Privado del Vicario, Emilio Grasselli y de los funcionarios del Seminario Mayor San José de La Plata, en el marco de la última dictadura cívico-militar, de conformidad con lo solicitado por la Dra. Godoy".
El dato
Falta investigar
El rol de inteligencia penitenciaria en el secuestro de familiares de presos políticos.
son 15 documentos correspondientes al período 1976-1983
La CNV abre archivos y denuncia a grupos contables de la dictadura
Prueban que en el organismo existía una "policía bancaria" para favorecer la concentración empresaria y el modelo de Martínez de Hoz
Por: Leandro Renou
A 37 años del Golpe de Estado cívico-militar, y con el objetivo de blanquear aún más el plan económico de devastación de la industria nacional, la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrirá por primera vez en la historia 15 archivos documentales que muestran, con casos puntuales, cómo funcionarios del organismo durante la dictadura y grupos de tareas “contables” presionaron a civiles y empresarios para favorecer a empresas amigas y perjudicar a otras.
Los datos corresponden al período que va desde 1976 a 1983, y serán parte del informe “Derechos Humanos, Economía y Sector Financiero”, que será presentado el lunes en la sede del organismo que comanda Alejandro Vanoli. "El disparador de la investigación fue un acta secreta del Comando en Jefe del Ejecutivo que pedía a la CNV, en el año 1979, peritos contables y abogados para colaborar en los interrogatorios a secuestrados en Campo de Mayo”, contó Vanoli a Tiempo Argentino y agregó que "entendimos que el trabajo Papel Prensa: La Verdad, había abierto caminos, pero que en materia económica quedaba mucha información sin revelar".
Este diario tuvo acceso a buena parte de los documentos desclasificados -a los que tendrá acceso la población-, y allí aparecen casos de presión a empresarios y sector financiero no sólo en Buenos Aires. Uno de los ficheros relata que antes de que Antonio Domingo Buzzi ostentara el poder en Tucumán, estaba en curso una investigación por manipulación de activos en la Bolsa de esa provincia; pesquisa que terminó con la intervención de Buzzi, quien finalizó cubriendo maniobras espurias. También se destaca el entramado de colaboración entre los militares y la empresa Acindar: hay en la CNV una carta de presentación de estados contables de la siderúrgica donde el presidente de la compañía reivindica la necesidad del poder represivo para lograr el éxito del plan económico. Se destacan además vínculos de civiles de la CNV con José Alfredo Martínez de Hoz y Alcides López Aufranc, dos personajes de la dictadura y directores de Acindar. Asimismo, en los documentos aparecen vínculos con el Grupo Azcuénaga, la logia de poder económico que manejaba “Joe”.
En los años de plomo, la CNV funcionaba en el edificio del Ministerio de Economía, con sólo 40 personas. Entre ellos Carlos Cortiñas, hijo de Nora Cortiñas, y único desaparecido del organismo. El resto fue colaboración casi sistemática, que fue in crescendo, ya que el ingreso de las Fuerzas Armadas fue paulatino.
Otro de los casos que surgen de los archivos y que ya es conocido es la denuncia de Eduardo Saeigh sobre su secuestro y la liquidación del Banco Latinoamericano. Hay varios contactos de la CNV con el entonces presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Reynal, que fue uno de los denunciados en la causa.
Justamente, el próximo paso en la apertura de archivos sería la del BCRA y el Banco Nación, que tenían por entonces amplios vínculos con la CNV. "La codicia se hizo cargo en nuestro país en marzo de 1976, y muchos empresarios fuimos estudiados minuciosamente por la inteligencia de las FF. AA. y de Seguridad", contaron Carlos y Alberto Iacarino en una nota escrita en este diario. El caso es otro de los presentes y relata detalles de lo que derivó, en 1977, en la tortura de los tres hermanos varones con el único objetivo de despojarlos de todos sus bienes. "Se puede sugerir que la CNV tuvo un rol importante en la articulación de la llamada “lucha antisubversiva” en su matiz económico", explica el primer informe derivado de los documentos, que será presentado el lunes. Otros de los casos mencionados son: Industrias Siderúrgicas Grassi, Banco de Hurlingham, Celulosa/Canale, La Agrícola, Financiera Río Paraná, Finsur S.A, Casa de Cambio Brasilia y Banco Latinoamericano.
Entre los funcionarios de la CNV relacionados con casos de violación a los Derechos Humanos surgen, entre muchos otros incluidos en los archivos, los nombres de Juan A. Etchebarne, Rene Garris, Julio Spinoza, Horacio M. Muñoz, Carlos O. Berini y Pedro García.
24.03.2013
La pluma del ex coronel Carlos Alberto Martínez, hoy detenido, y el espionaje del Batallón 601 al PRT y Montoneros
La primera y detallada radiografía de lo que llamaron el "enemigo interno" El Apéndice 1 de la Directiva 404 desarrolla uno de los trabajos de inteligencia más importantes del Batallón 601. Antecedentes, nacimiento y actuación del movimiento revolucionario armado latinoamericano. Montoneros y ERP.
APÉNDICE 1 (Síntesis de su origen y evolución. Doctrina-OPM PRT-ERP y JCR) al ANEXO 1 (Inteligencia) A LA DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO N° 404/75 (Lucha contra la subversión)
Esta declaración, considerada sumamente importante por las OPM, fue traducida a varios idiomas y circuló profusamente no sólo en Sudamérica sino también en diversos círculos europeos y asiáticos, fue asimismo reproducida por distintas revistas de izquierda en ARGENTINA, FRANCIA, ITALIA, SUECIA Y EE UU.
En la declaración se define claramente el carácter del objetivo de la JCR, señalando que las distintas OPM están unidas dentro de una estrategia global para América Latina, que es la estrategia de la Guerra Revolucionaria Marxista, calificando a esta Guerra como un complejo proceso de lucha de masas, armado y no armado, pacífico y violento, donde todas las formas de lucha se desarrollan armoniosamente convergiendo en torno del eje de la lucha armada y que para el desarrollo victorioso del proceso de Guerra será necesario movilizar a todo el pueblo bajo la dirección de lo que ellos denominan “Proletariado Revolucionario”.
La Dirección de la Guerra deberá ser llevada a cabo por un Partido de Combate marxista-leninista de carácter proletario capaz de dirigir, uniendo en uno solo todos los aspectos de la lucha, garantizando una dirección estratégica eficaz; y además, que bajo la dirección del Partido Proletario, es necesario estructurar un poderoso “Ejército Revolucionario”.
Otras declaraciones de la incipiente organización recomendaban construir un amplio frente obrero y popular de masas que movilice a todo el pueblo y que la lucha debe ejecutarse convergiendo a cada momento y estratégicamente con el accionar militar político clandestino del partido proletario.
Este importante paso es la concreción de una de las principales ideas estratégicas del “CHE GUEVARA”, tomado como héroe y como símbolo de la revolución socialista continental. Esta declaración es tomada por el PRT-ERP y adoptada como lineamiento estratégico general.
La Unidad Internacionalista de esta vanguardia subversiva marxista latinoamericana pasa a ser entonces la razón de ser la JCR y es un elemento estratégico en la lucha por la toma del poder en nuestro continente que, con la utilización del proceso subversivo, intenta cobrar cada vez más importancia, de tal manera que diversas organizaciones extremistas de las naciones hermanas de PERÚ, VENEZUELA, BRASIL, GUATEMALA, PARAGUAY, MÉJICO, COLOMBIA, NICARAGUA, SANTO DOMINGO, EL SALVADOR e incluso EE UU han buscado tomar contacto con esta organización revolucionaria continental. Con respecto a nuestro país, la única actividad real que se ha podido constatar ha sido la determinación de una fábrica de pistolas Ametralladoras JCR 1 que tenía el denominado “Plan 500”; se pensaba fabricar 1.000 Pistolas Ametralladoras en una forma de fabricación artesanal.
La principal de las sedes que tiene la JCR se encuentra en París y sus representantes están abocados permanentemente a lograr el apoyo de carácter internacional, así por ejemplo podemos nombrar que hay firmes indicios de sus contactos con IRAK través del MIR, con CHECOESLOVAQUIA a través de TUPAMAROS, que recibe dinero de ARGELIA, que mantiene contactos e intercambios informativos con ETA (Liga Comunista Revolucionaria de España), con LUTTA OBRERA (poderoso movimiento extremista obrero italiano), con el IRA de IRLANDA, con el grupo BAADER MEINHOF de Alemania, con AL-FATAH de PALESTINA, con VOS (Varias Organizaciones Subversivas) de BRASIL, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y con el TRIBUNAL RUSSELL, cuya sede está en BRUSELAS (BÉLGICA), que se encarga de considerar todos aquellos casos de “defensa” de Derechos Humanos. Éste es un tribunal al cual concurren los que quieren eludir el Tribunal Internacional de LA HAYA y es utilizado precisamente para discutir todos estos entredichos de carácter revolucionario; por supuesto a este Tribunal RUSSELL, la JCR quiere llevar el problema de los detenidos extremistas en CHILE, BOLIVIA, URUGUAY y ARGENTINA para que dé su veredicto. Indudablemente se descarta el veredicto del Tribunal RUSSELL, el cual siempre ha sido favorable a las Organizaciones Revolucionarias Internacionales.
Sírvase acusar recibo.
23.03.2013 La pluma del ex coronel Carlos Alberto Martínez, hoy detenido, y el espionaje del Batallón 601 al PRT y Montoneros
La primera y detallada radiografía de lo que llamaron el "enemigo interno" El Apéndice 1 de la Directiva 404 desarrolla uno de los trabajos de inteligencia más importantes del Batallón 601. Antecedentes, nacimiento y actuación del movimiento revolucionario armado latinoamericano. Montoneros y ERP.
APÉNDICE 1 (Síntesis de su origen y evolución. Doctrina-OPM PRT-ERP y JCR) al ANEXO 1 (Inteligencia) A LA DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO N° 404/75 (Lucha contra la subversión)
1. EL FRIP
En el año 1961 (08/09 Jul), ROBERTO SANTUCHO, el actual Jefe absoluto del PRT-ERP, forma el denominado “FRENTE REVOLUCIONARIO INDOAMERICANO POPULAR” a semejanza del Movimiento 26 de Julio Cubano.
Este frente surge del calor de las luchas de los sectores revolucionarios de la industria azucarera de Tucumán por un lado y por otro en la lucha de sectores de hacheros santiagueños. Se orienta hacia una composición de grupos obreros y estudiantiles, teniendo una gran influencia la Revolución Cubana.
Se adhieren al FRIP el Partido Obrero Trotskista (POT), el PCA, el PSA, y PVC, a su vez el Frente Revolucionario se adhiere a la IV Internacional y se apoya a partir de ese momento en ella.
Desde 1961 a 1965, el FRIP continúa su acción fundamentalmente orientada hacia la captación de adherentes y a robustecer su plataforma doctrinaria; su orientación es, así como la de la IV Internacional, claramente marxista-leninista-trotskista.
En 1965 comienzan a producirse en el seno del FRIP y del POT, adherido al FRIP, serias desinteligencias internas, lo que trae como consecuencia que se una la masa de los componentes del FRIP a la sección “PALABRA OBRERA”, del POT, grupo totalmente radicalizado que desarrollaba la dinámica subversiva en las luchas sindicales de los obreros de BUENOS AIRES y que, como consecuencia de serias bajas producidas a dichas fuerzas en los años 1959 a 1962, había quedado reducida en su gran mayoría sólo a sectores de la pequeña burguesía de origen trotskista.
En 1965 se produce así la unión del FRIP con la Sección “PALABRA OBRERA” y se funda el PRT, liderado siempre por SANTUCHO.
2. NACIMIENTO DEL PRT Y SU RELACIÓN CON LA CONFERENCIA. TRICONTINENTAL DE LA HABANA
Durante el año 1965, por fusión del FRIP y el POT sector “PALABRA OBRERA”, nace el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), configurando la versión más importante de los lineamientos pro-castristas y pro-chinos, directamente comprometido en esa ocasión con la IV Internacional. En 1966, el PRT logra consolidar su aparato político, que si bien es reducido se muestra eficiente. Ese mismo año puede ser considerado como un hito importante en el desarrollo de la agresión subversiva internacional contra nuestro país.
Entre el 3 y 13 Ago 66, se reúne en LA HABANA (CUBA) la denominada
Conferencia Tricontinental, con representantes de AMÉRICA, ASIA Y ÁFRICA. La “Tricontinental”, el 31 Jul 67, conforma la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), quien determina que al aparato político marxista debe unírsele un aparato militar y es así que ordena la creación del Ejército de Liberación Nacional en cada uno de los países que habían conformado la “Tricontinental”. Como respuesta a esta determinación de la OLAS, en Bolivia se desarrolla la Guerrilla Rural del “CHE GUEVARA” a partir de mayo de 1967, que culmina con la muerte del “CHE GUEVARA” en Octubre de 1967.
Al morir el “CHE GUEVARA” continúa con la guerrilla en BOLIVIA el INTI PEREDO, el cual determina la creación del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que era la gran aspiración del “CHE GUEVARA”.
En 1968 el PRT se adhiere y se une al ELN. Este ELN es nutrido por elementos del PRT, PCR (Partido Comunista Revolucionario), otros elementos provenientes ya directamente de la orientación de la Tricontinental y por las FAP, que constituyen a partir de este momento el primer hito de contacto entre el marxismo-leninismo puro y la ideología peronista.
Este ELN se crea por disposición de Cuba y con el objetivo de constituir el “Frente Guerrillero del NO de la REPÚBLICA ARGENTINA” (FLN) con la finalidad de apoyar logísticamente la guerrilla en Bolivia.
En 1968 el ELN se organiza en tres sectores:
Sector 1: Constituido por el PRT.
Sector 2: PCR de esencia maoísta.
Sector 3: De ideología peronista formada por el FAP.
3. DESARROLLO DEL PRT
En 1969 muere el INTI PEREDO y esto determina el fin de la guerrilla en BOLIVIA. A partir de ese momento, los tres grandes sectores quedan ya totalmente separados y con orientaciones distintas. El sector 1, que como habíamos dicho conformaba el PRT, ya empieza en 1969 a poner de manifiesto una serie de desinteligencias de carácter ideológico interno.
Hasta este momento en 1969 el PRT había recibido dos influencias nítidas: una (influencia ideológica) proveniente de la corriente de la IV Internacional y otra influencia ideológica proveniente de su contacto y relación con el ELN con su implicancia de raíz cubana y orientación doctrinaria del “CHE GUEVARA”.
En el año 1969, la IV Internacional decide adoptar la resolución fundamental. En su IX Congreso decide pasar a la lucha armada en AMÉRICA LATINA y envía directivas precisas para ser respetadas por SANTUCHO, cuyo sector “EL COMBATIENTE” ya estaba teniendo casi absoluta preeminencia dentro del PRT. SANTUCHO, con el pretexto de que él era marxista-leninista y por lo tanto no podía aceptar los lineamientos ideológicos de la IV Internacional que por ser marxista-leninista-trotskista, mantenía una corriente de agresión hacia una parte del área socialista; decide apartarse de la IV Internacional pese a que ya había pasado a constituir la sección ARGENTINA de ella.
SANTUCHO expresa que él es marxista-leninista revolucionario y por lo tanto todos los grupos, pueblos, naciones o partidos de orientación socialista eran hermanos y no podía por lo tanto ir en contra de algunos de esos sectores. El PRT adopta a partir de ese momento la resolución de armarse y combatir y de incorporarse al accionar subversivo guerrillero en la lucha de clases en la ARGENTINA. Doctrinariamente se une a la línea ideológica determinada por MAO TSE-TUNG, HO CHI MIN, FIDEL CASTRO Y EL “CHE GUEVARA”. Al separarse de la IV Internacional, SANTUCHO se da cuenta de que existe en el PRT una gran debilidad, por la falta de apoyo de carácter internacional que va a tener a partir de ese momento, ésta es la razón por la que inmediatamente se adhiere a otra corriente de la subversión marxista, que es la corriente liderada por FIDEL CASTRO.
Al adoptar la estrategia del “CHE GUEVARA”, se imponía en un futuro no muy lejano la apertura de un Frente Rural, porque “GUEVARA” sostenía la importancia de la apertura de los Frentes Rurales con carácter “foquista”. En 1969, comienzan ya los reconocimientos de lo que va a ser el día de hoy la Zona de Operaciones de la provincia de TUCUMÁN.
4. CREACIÓN DEL ERP
El 29 Jul 70, se lleva a cabo el V Congreso del PRT. En él se determina la creación del brazo armado del partido, bajo el nombre de ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), teniendo como base a las unidades que operaban desde 1969, y que ya habían realizado algunas operaciones bastante importantes.
La decisión de constituir un poderoso brazo armado para el partido es adoptada por la convicción que tienen los dirigentes del PRT de que para ser posible la insurrección de lo que ellos denominan el proletariado argentino y del pueblo en general es necesario desorganizar a las Fuerzas Armadas ARGENTINAS y para lograrlo se hace a la vez indispensable contar con un ejército extremista. Al encararse la creación de esta fuerza, los dirigentes del PRT tenían plena conciencia de las condiciones en que se desarrollaba la lucha en ese momento. Estas condiciones eran: debilidad del partido, la inexistencia de un partido marxista fronterizo (que posteriormente tienen la ventaja de que se establece en CHILE), la carencia de una base armada de tipo importante. Afirmó SANTUCHO que, durante una larga etapa que se debe medir en años, la Guerra Revolucionaria (GR) adquirirá formas guerrilleras urbanas y rurales, indistintamente, con radios operativos locales, para que luego, ampliándose y extendiéndose política y militarmente, se pase a la guerra de movimiento en el campo y a la connotación de importantes unidades estratégicas en las ciudades. Siguiendo la experiencia Vietnamita, se establece en el PRT el principio de dirección por el Comité del partido y responsabilidad por los Jefes de Unidades, para garantizar la aplicación del concepto de dirección colectiva, por el cual debe tener el ERP un carácter obrero y popular incorporando a sus filas a todos aquellos elementos dispuestos a luchar para la toma del poder; esto es importante señalarlo, por cuanto el PRT se había constituido prácticamente en un grupo elitista, en cambio, a partir de esta nueva orientación del V Congreso, se establece un claro objetivo de captación de la clase obrera.
5. DESARROLLO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA OPM
El aspecto más significativo determinado en este V Congreso fue, además de la organización del ERP, el completamiento de la organización del PRT; 1971 transcurre sin mayores alternativas. A fines de 1971 y principios de 1972, el ERP sufre su primera escisión, como consecuencia de divergencias entre el Comité Militar del PRT y el Buró Político.
Así quedan conformados:
– El ERP “22 de Agosto” (adhiere al Secretariado unificado de la IV Internacional).
–ERP “Fracción Roja” (adherida a la Liga Comunista de la IV Internacional).
–ERP propiamente dicho.
La fracción “22 de Agosto” (constituida esencialmente por elementos con conocimiento técnico-científico) y “Fracción Roja” (que pretende constituirse en Sección ARGENTINA de la IV Internacional) constituyen numéricamente dos grupos menores sin mayor incidencia en la potencialidad integral de la OPM.
En 1973 se produce un acontecimiento realmente trascendente: la constitución de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), con intervención del MIR (CHILE), MNL (TUPAMAROS, de la ROU) y ELN (BOLIVIA), con la misión del control político, operacional y financiero de las OPM que la integran. Esta organización dirigirá desde entonces la agresión marxista contra el Cono Sur Sudamericano.
En octubre de 1973, el ERP adoptó también una decisión trascendente: el pasaje de la propaganda armada al desarrollo de operaciones militares. Hasta este momento, el ERP consideraba que las actividades de combate que había desarrollado tenían como objetivo el incremento de la propaganda partidaria. A partir de esta fecha, y considerando que la situación del desarrollo de la GSM así lo permitía, SANTUCHO considera indispensable organizar una fuerza combatiente con características similares a un ejército regular, capaz de desarrollar y sostener la lucha por el poder local para enfrentar al Ejército Argentino.
El objetivo a alcanzar es el nivel “Batallón” considerado como la unidad ideal para transformar “Zonas Guerrilleras” en “Zonas Controladas” y/o “Zonas Liberadas”. Como resultante de esta resolución surge una organización ideal del ERP, que
se materializa en primera instancia con la creación y desarrollo del Estado Mayor Central (EMC). Asimismo, ya comienza a concretarse la posibilidad de apertura de un Frente Rural en la Provincia de TUCUMÁN.
Decidida la formación de una “Compañía de Monte”, en marzo de 1974 se instalan en la actual Zona de la Br I V los primeros efectivos rurales. En agosto de 1974 intenta la subunidad de monte su primera operación, consistente en el ataque al R I Aerot 17, que finaliza en rotundo fracaso pero que demuestra sin lugar a dudas la existencia de este elemento enemigo, el cual hasta ahora se mantiene en TUCUMÁN. Las acciones contra la Fuerza Ejército más importantes llevadas a cabo por el PRT-ERP hasta la fecha han sido:
–18 Feb 73: Copamiento y robo de importante armamento en el B Com 141
en la ciudad de CÓRDOBA.
–09 Abr 73: Intento fracasado de copamiento al Cdo San en la CAPITAL FEDERAL.
–19 Ene 74: Intento fracasado en copar los cuarteles del RC Tir B1 10 en la
ciudad de AZUL (Pcia. de Buenos Aires).
–12 Ago 74: Intento fracasado de copar el RI Aerot 17 en la ciudad de CATAMARCA.
–12 Ago 74: Copamiento y robo de importante armamento en la fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en la ciudad de VILLA MARÍA (CÓRDOBA).
–13 Abr 75: Copamiento y robo de importante armamento en el B Ars 121 en la localidad de FRAY LUIS BELTRÁN (SANTA FE).
–28 May 75: Intento fracasado de destruir el PCT de la Br I Vta en FAMAILLÁ (enfrentamiento de MANCHALA).
6. DOCTRINA DEL PRT-ERP
Se sustenta en el principio marxista-leninista-revolucionario con clara influencia doctrinaria e idearia del “CHE GUEVARA”. Como ejemplo histórico de toma del poder se tienen permanentemente presentes las revoluciones cubanas y vietnamitas. Asimismo es notable la influencia doctrinaria e ideológica de MAO TSE TUNG. No obstante, SANTUCHO ha creado particular doctrina para ser aplicada al caso argentino. El objetivo es la toma del poder para instaurar un gobierno marxista-leninista revolucionario, de carácter internacionalista, previa destrucción de todo esquema de tipo capitalista, al que se sustituirá por el sistema socialista, y de la eliminación de las FF AA nacionales, las cuales se reemplazarán por el denominado “Ejército Popular”.
7. ETAPAS DE LA GUERRA SUBVERSIVA SEGÚN SANTUCHO MARIO ROBERTO SANTUCHO, Secretario General del PRT y Cte J del ERP, interpretando fielmente la orientación maoísta de que cada subversión marxista tiene sus particularidades y que el marxismo-leninismo cobra vida y utilidad cuando es aplicado creadoramente a la situación concreta de un proceso determinado, establece cuáles serán doctrinariamente las etapas de la Guerra Subversiva Marxista en la REPÚBLICA ARGENTINA, las cuales son:
a. Antesala revolucionaria
Esta etapa que ya consideran superada se inició a partir de Julio de 1974 (luego del fallecimiento del Tte Grl PERÓN) y se la caracterizó como un período de notable impulso del auge de las masas y un fortalecimiento acelerado de los movimientos extremistas en su doble faz política y combatiente que facilitó la iniciación de grandes choques de clase.
b. Apertura revolucionaria
A esta etapa la consideran no sólo en pleno desarrollo sino que próxima a posibilitar la iniciación de la etapa subsiguiente. Se caracteriza por ser un período de grandes luchas que plantean en la REPÚBLICA ARGENTINA la posibilidad de triunfo de la subversión marxista ante su exitosa disputa por el poder, el gobierno nacional.
Consideran este período como de larga duración (debe contarse en años), en el que se deberán concretar serias movilizaciones subversivas, constantes combates armados y luchas no armadas, incesantes avances de las fuerzas extremistas y movilización y efectivo empleo de masas populares.
c. Situación revolucionaria
Al finalizar la etapa anterior, queda configurada la “Situación Revolucionaria” que aún no se ha iniciado. Comienza a plantearse así en forma concreta, inmediata, el problema del poder con la posibilidad de que las fuerzas extremistas derroquen al Gobierno Nacional y establezcan un nuevo poder. En el curso de la “Situación Revolucionaria” nace y se desarrolla el que denominan “poder dual”.
El “poder dual” significa la disputa por el poder a nivel local y nacional por parte de las organizaciones extremistas a los distintos órganos de poder del Gobierno Nacional. La situación es de coexistencia en oposición de ambos poderes.
De esta forma se van creando las condiciones para que las fuerzas extremistas se organicen y se preparen para la insurrección armada. La insurrección es uno de los vehículos de la toma real del poder, local primero (Zonas Liberadas) y nacional después. De acuerdo con este concepto, la doctrina del enemigo establece que el desarrollo del “poder dual” en todos los casos está íntimamente unido al desarrollo de las fuerzas combatientes extremistas apoyadas en la insurrección popular.
El proceso del doble poder en una situación revolucionaria se encuentra, de esta manera, íntimamente ligado a las fuerzas de combate extremistas y puede surgir en forma de “Zona de Guerrilla” o “Zonas en Disputa” para pasar después a “Bases de Apoyo” o “Zonas completamente liberadas”, las cuales se deberán extender nacionalmente hasta el momento de la Insurrección General.
Este “poder dual” se podrá desarrollar tanto en las zonas urbanas como rurales, pero indispensablemente deberá ser sobre la base de una fuerza militarizada (ERP) capaz de poder respaldar las movilizaciones populares ejecutadas bajo la orientación y dirección del PRT.
La constitución transitoria de órganos de poder local será en un principio la manifestación principal del “poder dual”. Sin embargo, el poder local será resultado de un proceso general nacional, situación en la cual, en todo el territorio nacional, se comiencen a constituir organismos de poder local, tomando elementos insurreccionados la responsabilidad de gobernar las distintas zonas. Esta multiplicidad y extensión del poder local dificultará enormemente el accionar de las Fuerzas Legales y hará factible que fuerzas extremistas relativamente pequeñas estén en condiciones de defender con éxito el nuevo poder.
En el momento en que la toma del poder total comienza a configurarse, se inicia la crisis revolucionaria.
d. Crisis revolucionaria
Es la culminación de la “Situación Revolucionaria”. El momento en que se produce la insurrección popular generalizada que posibilitará el triunfo armado y la toma final del poder total, con la eliminación del Gobierno Nacional y sus FF AA.
e. Consolidación
Es la última etapa del proceso de la Guerra Subversiva Marxista en la REPÚBLICA ARGENTINA, en la cual se reemplazará el actual sistema por el marxista-leninista-revolucionario. Con respecto al desarrollo de su fuerza de combate, la doctrina enemiga
determina que se deberán organizar elementos combatientes urbanos y rurales con miras a formar una Fuerza Armada Regular.
Las unidades en un principio serán locales, pequeñas y medianas a nivel sección (pelotón), compañía, batallón y regimiento, organizadas de lo chico a lo grande, y capaces de enfrentar exitosamente a las Fuerzas Legales en su disputa por el Poder Legal, contando para ello con el apoyo popular. De esas unidades locales deberán surgir las Brigadas y Divisiones del ERP regular capaces de respaldar por las armas la insurrección nacional generalizada.
Como complemento y a fin de dar mayor carácter popular a la lucha se prevé la creación de “Milicias de Autodefensa”, constituidas especialmente por elementos obreros adictos; organizaciones éstas que buscarán obtener un amplio carácter de masas y que deberán surgir por lo tanto de una profunda y total movilización popular en las “Zonas de Guerrillas” o “Zonas Liberadas”. Estas milicias tendrán la misión de encargarse progresivamente por sí mismas de la defensa de la zona; liberando a las unidades del ERP para que puedan accionar más libremente contra las Fuerzas Legales. Además, constituirán los elementos de reemplazo de combatientes y cuadros del ERP.
8. LA JUNTA COORDINADORA REVOLUCIONARIA (JCR)
En 1973, se crea la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), acuciada la OPM por la necesidad de contar con apoyo de tipo internacional y por considerarse a si misma una organización marxista de neto carácter internacionalista, a instancia de SANTUCHO, se crea la JCR formada por el MIR de CHILE, ELN de BOLIVIA y MLN TUPAMAROS de URUGUAY, pretende de esta manera SANTUCHO dar continuidad al despertar subversivo marxista de la década del 60, dándole un nuevo ímpetu y perspectiva, y convirtiéndose a la vez en vanguardia de este gran movimiento revolucionario, aprovechando una situación económica social extremadamente crítica para nuestro país, que favorecería su accionar. A 1968 se remontan los antecedentes de la colaboración mutua entre las 4 organizaciones que hoy forman la JCR. En noviembre de 1972, comienza a completarse la idea de una coordinación orgánica permanente entre estos movimientos subversivos marxistas latinoamericanos, produciéndose numerosos contactos bilaterales entre ELN, MIR, TUPAMAROS y PRT-ERP. Estos contactos fueron: una reunión entre un miembro de la dirección nacional del PRT e INTI PEREDO en 1969, en LA PAZ, (BOLIVIA); la sede de reuniones entre un delegado TUPAMARO y el CHATO PEREDO en 1970, también en LA PAZ (BOLIVIA); y varios contactos entre miembros del ELN TUPAMAROS y PRTERP en BUENOS AIRES y en MONTEVIDEO en 1971 y 1972, por último varias reuniones entre dirigentes del MIR y del PRT, en SANTIAGO DE CHILE, desde julio de 1971 en adelante.
En los primeros días de Noviembre de 1972 se realizó en SANTIAGO DE CHILE una reunión trascendental. Participa la comisión política del MIR en pleno, 3 miembros de la dirección nacional del MLN TUPAMAROS y 3 miembros del Buró Político del PRT. Inició la sesión MIGUEL ENRÍQUEZ, Secretario General del MIR, el cual expuso la necesidad de la formación de la nueva organización internacionalista a partir de las 3 OPM señaladas.
Un pequeño “ZIMMERWALD” llama ENRÍQUEZ a la organización que propone construir, en referencia inequívoca al antecedente leninista de 1915. El imperativo de la hora fue unir a la “vanguardia revolucionaria latinoamericana” en la lucha armada por la implantación del socialismo tomando como ejemplo la Revolución Cubana. Se declararon enemigos del imperialismo de ESTADOS UNIDOS y contra el populismo y el reformismo.
La propuesta de ENRÍQUEZ fue aceptada unánimemente, decidiéndose un conjunto de decisiones:
– Preparación de un proyecto de declaración conjunta.
– Preparación de un proyecto para la edición de una revista política.
– Organización de escuelas de cuadros conjuntos.
– Proyecto de funcionamiento de la organización.
– Etc.
No estando presente en esta reunión el ELN de BOLIVIA, no obstante, se trató claramente la importancia de que esta OPM también conformaba la JCR. Posteriormente, en conocimiento de las reuniones de noviembre, el ELN planteó formalmente su total coincidencia y su voluntad de incorporarse a este proyecto internacionalista.
A lo largo de 1973, se consolidaron los vínculos existentes e incluso se formó una Escuela Internacional de Cuadros con la asistencia de extremistas subversivos de las 4 organizaciones señaladas; además, se llevaron a cabo otras actividades comunes. Pero la crítica situación de CHILE absorbió todos los esfuerzos del MIR, en esos momentos la OPM en mejores condiciones de centralizar la acción, por lo que recién se concretó la organización real y específica de la JCR a fines de 1973, llegándose en esa época recién a tener un funcionamiento sistemático con una práctica de reuniones semanales y la integración de distintos equipos en tareas comunes.
A principios de 1974, se preparó un proyecto de declaración conjunta, a efectos de servir de lanzamiento público a esta nueva organización extremista revolucionaria internacionalista del Cono Sur Latinoamericano. Esta declaración conjunta fue discutida por las cuatro OPM y aprobada con aportes diversos y modificaciones también diversas. Por fin Latinoamérica y el mundo pudieron conocer en febrero de 1974 oficialmente la existencia de este nuevo elemento de agresión marxista-leninista denominado Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).
Esta declaración, considerada sumamente importante por las OPM, fue traducida a varios idiomas y circuló profusamente no sólo en Sudamérica sino también en diversos círculos europeos y asiáticos, fue asimismo reproducida por distintas revistas de izquierda en ARGENTINA, FRANCIA, ITALIA, SUECIA Y EE UU.
En la declaración se define claramente el carácter del objetivo de la JCR, señalando que las distintas OPM están unidas dentro de una estrategia global para América Latina, que es la estrategia de la Guerra Revolucionaria Marxista, calificando a esta Guerra como un complejo proceso de lucha de masas, armado y no armado, pacífico y violento, donde todas las formas de lucha se desarrollan armoniosamente convergiendo en torno del eje de la lucha armada y que para el desarrollo victorioso del proceso de Guerra será necesario movilizar a todo el pueblo bajo la dirección de lo que ellos denominan “Proletariado Revolucionario”.
La Dirección de la Guerra deberá ser llevada a cabo por un Partido de Combate marxista-leninista de carácter proletario capaz de dirigir, uniendo en uno solo todos los aspectos de la lucha, garantizando una dirección estratégica eficaz; y además, que bajo la dirección del Partido Proletario, es necesario estructurar un poderoso “Ejército Revolucionario”.
Otras declaraciones de la incipiente organización recomendaban construir un amplio frente obrero y popular de masas que movilice a todo el pueblo y que la lucha debe ejecutarse convergiendo a cada momento y estratégicamente con el accionar militar político clandestino del partido proletario.
Este importante paso es la concreción de una de las principales ideas estratégicas del “CHE GUEVARA”, tomado como héroe y como símbolo de la revolución socialista continental. Esta declaración es tomada por el PRT-ERP y adoptada como lineamiento estratégico general.
La Unidad Internacionalista de esta vanguardia subversiva marxista latinoamericana pasa a ser entonces la razón de ser la JCR y es un elemento estratégico en la lucha por la toma del poder en nuestro continente que, con la utilización del proceso subversivo, intenta cobrar cada vez más importancia, de tal manera que diversas organizaciones extremistas de las naciones hermanas de PERÚ, VENEZUELA, BRASIL, GUATEMALA, PARAGUAY, MÉJICO, COLOMBIA, NICARAGUA, SANTO DOMINGO, EL SALVADOR e incluso EE UU han buscado tomar contacto con esta organización revolucionaria continental. Con respecto a nuestro país, la única actividad real que se ha podido constatar ha sido la determinación de una fábrica de pistolas Ametralladoras JCR 1 que tenía el denominado “Plan 500”; se pensaba fabricar 1.000 Pistolas Ametralladoras en una forma de fabricación artesanal.
La principal de las sedes que tiene la JCR se encuentra en París y sus representantes están abocados permanentemente a lograr el apoyo de carácter internacional, así por ejemplo podemos nombrar que hay firmes indicios de sus contactos con IRAK través del MIR, con CHECOESLOVAQUIA a través de TUPAMAROS, que recibe dinero de ARGELIA, que mantiene contactos e intercambios informativos con ETA (Liga Comunista Revolucionaria de España), con LUTTA OBRERA (poderoso movimiento extremista obrero italiano), con el IRA de IRLANDA, con el grupo BAADER MEINHOF de Alemania, con AL-FATAH de PALESTINA, con VOS (Varias Organizaciones Subversivas) de BRASIL, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y con el TRIBUNAL RUSSELL, cuya sede está en BRUSELAS (BÉLGICA), que se encarga de considerar todos aquellos casos de “defensa” de Derechos Humanos. Éste es un tribunal al cual concurren los que quieren eludir el Tribunal Internacional de LA HAYA y es utilizado precisamente para discutir todos estos entredichos de carácter revolucionario; por supuesto a este Tribunal RUSSELL, la JCR quiere llevar el problema de los detenidos extremistas en CHILE, BOLIVIA, URUGUAY y ARGENTINA para que dé su veredicto. Indudablemente se descarta el veredicto del Tribunal RUSSELL, el cual siempre ha sido favorable a las Organizaciones Revolucionarias Internacionales.
Sírvase acusar recibo.
Carlos Alberto Martínez
Coronel
Sub Jefe II-Inteligencia
Cdo Grl Ej (EMGE)
A cargo de la Jefatura
Distribuidor:
El del cuerpo de la Directiva.
Carlos alberto martínez, el escribiente preso
Fue jefe de Inteligencia del Ejército durante el golpe de 1976, pero antes autor de documentos que escribió de puño y letra en 1975 y que dieron paso al genocidio ejecutado durante la última dictadura cívico militar. Hoy está preso, por orden del juez federal Daniel Rafecas, imputado por delitos de lesa humanidad contra más de 1000 víctimas, entre ellas el ex delegado de Juan Perón, coronel Bernardo Alberte, asesinado en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Después de haber permanecido 30 años indemne , a pesar de las denuncias por su rol, primero al frente de la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército, y desde 1978 a 1983, como jefe de la SIDE, Martínez fue apresado en su casa y trasladado a los tribunales federales de Retiro. En democracia también tuvo funciones. En 1989 fue director de la Escuela de Inteligencia de la SIDE, nombrado por su número uno, Juan Bautista "Tata" Yofre.
Durante la detención de Martínez, la justicia encontró, durante el allanamiento a su domicilio, documentación relativa a sucesos de la época, como partes de inteligencia, en medio de un total desorden.
Martínez fue denunciado por la familia de Alberte, quien fue primero su edecán y luego su delegado personal durante el primer tramo de la dictadura del general Juan Carlos Onganía (1966-1970), para ser asesinado en momentos en que se consumaba el golpe de estado cívico-militar, en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Alberte fue uno de los primeros blancos de la "Operación Aries" como llamaron al golpe militar. Murió al ser arrojado por una de las ventanas del sexto piso de un edificio de La Recoleta luego de que irrumpiera en el mismo un comando vestido con verdes ropas de fajina. A Martínez se le atribuye el secuestro y desaparición del intendente de Marcos Paz en 1976, Oscar Felipe Sánchez, y otras seis personas, así como el secuestro de un grupo de profesionales y empleados pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CoNEA).
La investigación de esos delitos forma parte de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, en la que Rafecas imputó a Martínez su participación en el "plan sistemático de represión implementado luego del procesamiento de la información obtenida en los interrogatorios mediante la tortura a detenidos, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado en los procedimientos de detención ilegal".
Bajo el mando de Martínez, se realizaba la llamada "apreciación de inteligencia" y determinación de "blancos" que guiaban las acciones a seguir. La imputación al militar se extendió a los padecimientos de más 1000 víctimas privadas ilegalmente de la libertad, la aplicación de torturas en centro clandestinos de detención, su desaparición y homicidio.
24.03.2013
conmovedora carta de un amigo del cura
El recuerdo de Carlos Murias
La designación de Jorge Mario Bergoglio como Papa y las noticias de sus primeros días al frente de la Santa Sede generaron múltiples reacciones en la sociedad argentina.
Fuera del amplificador mediático, las emociones circularon entre grupos de amigos reavivando debates o evocando otros momentos de su biografía compartida. Entre esas expresiones, el Profesor en Ciencias de la Educación Oscar Virginillo les escribió un mail a sus compañeros de secundaria del Liceo Naval en el que cuenta su relación con el sacerdote Carlos de Dios Murias, cuyo nombre resaltó en los últimos días del extenso listado de desaparecidos de la última dictadura militar al ser considerado como el posible primer beato del papa Francisco. Una semblanza de un hombre que nunca dejó de estar presente. «
Lacho Lucero y Claudio Logares
*Luis “Lacho” Lucero fue detenido el 4/11/1976, tenía 22 años y estudiaba veterinaria. Permanece desaparecido. Claudio Logares fue secuestrado en Montevideo el 18/05/1978 junto a su pareja, Mónica Grinspon y su hija de 23 meses, Paula. Claudio y Mónica continúan desaparecidos. Paula fue restituida judicialmente a su abuela el 13 de diciembre de 1984, constituyendo así el primer caso de restitución de nietos desparecidos. Luis Lucero y Claudio Logares fueron dos de los siete desaparecidos de la promoción XXII que cursó la secundaria entre 1968 y 1972 en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown.
Hola amigos:
Entre las imprevisibles y sorprendentes vueltas que tiene la historia, estos últimos días se conoció la noticia de la posible beatificación del fraile franciscano Carlos de Dios Murias en el contexto de las orientaciones del nuevo Papa.
Lo primero que quiero compartir es que Carlos Murias era muy pero muy amigo mío y de nuestro querido Lacho Lucero, con el que había construido un vínculo muy especial. También tenía una gran simpatía por Claudio Logares, que se traducía en frecuentes charlas y profundos debates*.
Ver la imagen de Carlos Murias en los medios masivos me causó un gran impacto ya que su martirio a manos de las fuerzas armadas de la dictadura fue silenciado absolutamente durante más de 30 años y fuimos muy pocos los que mantuvimos alguna llamita que preserve su memoria.
Luis, yo y unos cuantos compañeros y compañeras más, compartimos durante los años 1974 y 1975 una intensa experiencia de militancia en la villa de José León Suárez. Algo de esto les conté en un mail recordando a Lacho hace un par de años.
Carlitos Murias, así le decíamos, era uno más del grupo. Con 29 años y una sólida formación intelectual y espiritual, era sobre todo un ser humano excepcional, con una gran capacidad de escucha que hacía sentir siempre un igual hasta al más humilde.
Había comprendido muy bien los cambios profundos que promovieron Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y la Iglesia latinoamericana en Medellín, que fueron poderosas corrientes renovadoras que despertaron esperanzas de cambio en los sectores populares. Esas orientaciones cuestionan las violencias del individualismo, la competencia y la libertad de mercado que someten a los pueblos a la codicia de las poderosas fuerzas económicas.
Carlitos amaba el folclore latinoamericano y como buen cordobés era guitarrero, cantor y fiestero. Eso lo transmitió en su práctica pastoral, valorizando la cultura popular latinoamericana por encima de la cultura impuesta por las élites europeizantes que históricamente desvalorizaron lo propio originario y descalificaron las expresiones populares.
Soñaba con una Iglesia alejada del mundo del dinero y el poder y comprometida con los excluidos, los trabajadores y los pueblos originarios. Estaba convencido de que la verdadera caridad no es la beneficencia, porque humilla y encadena aún más, sino promover la organización popular para que los sumergidos tomen en sus manos la tarea de cambiar la realidad y eliminar las causas profundas de la pobreza. Por eso se acercó a los que promovían un cambio estructural a favor de los pobres como Mons. Enrique Angelelli, Mons. Jaime De Nevares y otros.
Gracias a la derogación en 2003 de las leyes de impunidad y después de sortear muchos obstáculos se realizó el juicio a los responsables mediatos de su asesinato y en diciembre 2012 salió la sentencia: el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el ex comodoro Estrella y el ex comisario Vega condenados los tres a cadena perpetua. Algo de justicia, aunque tardía, vuelve a aparecer, aunque nunca reparará la pérdida irrecuperable de vidas tan valiosas como la de Carlos y tantos otros de las que nos privaron los miserables del régimen cívico militar.
La última vez que lo vi fue en la Semana Santa de 1976, cuando viajé a Chamical a compartir esos días con él y pude experimentar la profundidad, espesor y riqueza del trabajo que realizaba con los campesinos de los Llanos riojanos.
En 2011 fui convocado a declarar como testigo en el proceso de canonización que se desarrolla en La Rioja. Fue una vivencia enormemente movilizadora que me permitió revivir el camino andado y homenajear a una persona tan extraordinaria.
Carlitos es uno de esos tipos que dejan huellas tan profundas que nadie que haya estado cerca puede quedar indiferente. Ojalá esta etapa de la Argentina y de la Iglesia sirva en serio para sacar del olvido y el silencio a tantos luchadores que como él dieron la vida por sus ideales.
Un fuerte abrazo.
(Oscar Virginillo)
PD: Adjunté una foto sacada en Córdoba en enero del '76. De izquierda a derecha: Carlos Murias, Augusto Lenzi (secuestrado por el Ejército poco después) y el inconfundible Luis Lucero. La segunda foto fue tomada en octubre o noviembre de 1975 en la villa de José León Suárez en una fiesta que organizamos para juntar fondos destinados a la construcción de una guardería. La señora es Doña Modesta, una correntina simpatiquísima que fue el primer nexo con los vecinos.
El dato
La barbarie
Los curas Carlos Murias y Gabriel Longeville fueron brutalmente asesinados el 18 de julio de 1976 en El Chamical.
Fuente:TiempoArgentino
conmovedora carta de un amigo del cura
El recuerdo de Carlos Murias
La designación de Jorge Mario Bergoglio como Papa y las noticias de sus primeros días al frente de la Santa Sede generaron múltiples reacciones en la sociedad argentina.
Fuera del amplificador mediático, las emociones circularon entre grupos de amigos reavivando debates o evocando otros momentos de su biografía compartida. Entre esas expresiones, el Profesor en Ciencias de la Educación Oscar Virginillo les escribió un mail a sus compañeros de secundaria del Liceo Naval en el que cuenta su relación con el sacerdote Carlos de Dios Murias, cuyo nombre resaltó en los últimos días del extenso listado de desaparecidos de la última dictadura militar al ser considerado como el posible primer beato del papa Francisco. Una semblanza de un hombre que nunca dejó de estar presente. «
Lacho Lucero y Claudio Logares
*Luis “Lacho” Lucero fue detenido el 4/11/1976, tenía 22 años y estudiaba veterinaria. Permanece desaparecido. Claudio Logares fue secuestrado en Montevideo el 18/05/1978 junto a su pareja, Mónica Grinspon y su hija de 23 meses, Paula. Claudio y Mónica continúan desaparecidos. Paula fue restituida judicialmente a su abuela el 13 de diciembre de 1984, constituyendo así el primer caso de restitución de nietos desparecidos. Luis Lucero y Claudio Logares fueron dos de los siete desaparecidos de la promoción XXII que cursó la secundaria entre 1968 y 1972 en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown.
Hola amigos:
Entre las imprevisibles y sorprendentes vueltas que tiene la historia, estos últimos días se conoció la noticia de la posible beatificación del fraile franciscano Carlos de Dios Murias en el contexto de las orientaciones del nuevo Papa.
Lo primero que quiero compartir es que Carlos Murias era muy pero muy amigo mío y de nuestro querido Lacho Lucero, con el que había construido un vínculo muy especial. También tenía una gran simpatía por Claudio Logares, que se traducía en frecuentes charlas y profundos debates*.
Ver la imagen de Carlos Murias en los medios masivos me causó un gran impacto ya que su martirio a manos de las fuerzas armadas de la dictadura fue silenciado absolutamente durante más de 30 años y fuimos muy pocos los que mantuvimos alguna llamita que preserve su memoria.
Luis, yo y unos cuantos compañeros y compañeras más, compartimos durante los años 1974 y 1975 una intensa experiencia de militancia en la villa de José León Suárez. Algo de esto les conté en un mail recordando a Lacho hace un par de años.
Carlitos Murias, así le decíamos, era uno más del grupo. Con 29 años y una sólida formación intelectual y espiritual, era sobre todo un ser humano excepcional, con una gran capacidad de escucha que hacía sentir siempre un igual hasta al más humilde.
Había comprendido muy bien los cambios profundos que promovieron Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y la Iglesia latinoamericana en Medellín, que fueron poderosas corrientes renovadoras que despertaron esperanzas de cambio en los sectores populares. Esas orientaciones cuestionan las violencias del individualismo, la competencia y la libertad de mercado que someten a los pueblos a la codicia de las poderosas fuerzas económicas.
Carlitos amaba el folclore latinoamericano y como buen cordobés era guitarrero, cantor y fiestero. Eso lo transmitió en su práctica pastoral, valorizando la cultura popular latinoamericana por encima de la cultura impuesta por las élites europeizantes que históricamente desvalorizaron lo propio originario y descalificaron las expresiones populares.
Soñaba con una Iglesia alejada del mundo del dinero y el poder y comprometida con los excluidos, los trabajadores y los pueblos originarios. Estaba convencido de que la verdadera caridad no es la beneficencia, porque humilla y encadena aún más, sino promover la organización popular para que los sumergidos tomen en sus manos la tarea de cambiar la realidad y eliminar las causas profundas de la pobreza. Por eso se acercó a los que promovían un cambio estructural a favor de los pobres como Mons. Enrique Angelelli, Mons. Jaime De Nevares y otros.
Gracias a la derogación en 2003 de las leyes de impunidad y después de sortear muchos obstáculos se realizó el juicio a los responsables mediatos de su asesinato y en diciembre 2012 salió la sentencia: el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el ex comodoro Estrella y el ex comisario Vega condenados los tres a cadena perpetua. Algo de justicia, aunque tardía, vuelve a aparecer, aunque nunca reparará la pérdida irrecuperable de vidas tan valiosas como la de Carlos y tantos otros de las que nos privaron los miserables del régimen cívico militar.
La última vez que lo vi fue en la Semana Santa de 1976, cuando viajé a Chamical a compartir esos días con él y pude experimentar la profundidad, espesor y riqueza del trabajo que realizaba con los campesinos de los Llanos riojanos.
En 2011 fui convocado a declarar como testigo en el proceso de canonización que se desarrolla en La Rioja. Fue una vivencia enormemente movilizadora que me permitió revivir el camino andado y homenajear a una persona tan extraordinaria.
Carlitos es uno de esos tipos que dejan huellas tan profundas que nadie que haya estado cerca puede quedar indiferente. Ojalá esta etapa de la Argentina y de la Iglesia sirva en serio para sacar del olvido y el silencio a tantos luchadores que como él dieron la vida por sus ideales.
Un fuerte abrazo.
(Oscar Virginillo)
PD: Adjunté una foto sacada en Córdoba en enero del '76. De izquierda a derecha: Carlos Murias, Augusto Lenzi (secuestrado por el Ejército poco después) y el inconfundible Luis Lucero. La segunda foto fue tomada en octubre o noviembre de 1975 en la villa de José León Suárez en una fiesta que organizamos para juntar fondos destinados a la construcción de una guardería. La señora es Doña Modesta, una correntina simpatiquísima que fue el primer nexo con los vecinos.
El dato
La barbarie
Los curas Carlos Murias y Gabriel Longeville fueron brutalmente asesinados el 18 de julio de 1976 en El Chamical.
Fuente:TiempoArgentino
Cristina homenajea a familiares de desaparecidos con un emotivo video
La Presidenta homenajeó a los familiares de detenidos desaparecidos de la última dictadura a través de un video institucional, en el marco de otro aniversario del 24 de marzo. El corto se basa en la figura de Estela de Carlotto.
La presidenta Cristina Kirchner homenajeó a los familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura militar, representados en la figura de Estela de Carlotto, a través de un video institucional, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria.
"Quiero homenajear en la figura de Estela a todos aquellos que durante más de 30 años no reclamaron venganza sino simplemente justicia y aplicación de la ley", comienza el video con la voz en off de Cristina y las imágenes de Carlotto sentada en un banco y el fondo de un parque.
24 de Marzo : Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
"Nadie puede recuperarse de la pérdida de un hijo, de hecho estoy segura que Estela hubiera preferido seguir siendo esa directora de escuela de la ciudad de La Plata y estar junto a Laura (su hija desaparecida) y el resto de sus hijos y su nieto Guido como una abuela más, como millones de abuelas", continúa el mensaje.
"Quiero agradecerte estos años de coraje. Sé lo que muchas veces sufrís sola porque todavía no has podido recuperar a Guido. 35 años pidiendo justicia las Abuelas y las Madres y recién después de 35 años esta llegando la justicia", concluye el emotivo corto.
El institucional finaliza con el texto sobreimpreso: "Hoy más que nunca los seguimos buscando. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia".
Fuente:InfoNews
23.03.2013
Las víctimas fueron los radicales Solari Yrigoyen y Amaya, que murió
Moreau cuestionó a Clarín y La Nación por ignorar el juicio por tormentos a dos legisladores
Marciano Moreau. Representante de una generación que conserva los pies en la tierra y la vista en el horizonte
E l dirigente radical Leopoldo Moreau cuestionó hoy a los matutinos Clarín y La Nación por haber ignorado olímpicamente el inicio del juicio por el asesinato del diputado radical Mario Amaya y la torturas que recibió Hipólito Solari Yrigoyen, que comenzó el martes en Rawson, capital de la provincia de Chubut. "Me pregunto por qué La Nación y Clarín ignoraron el inicio del juicio y, particularmente, el testimonio desgarrador de Hipólito Solari Yrigoyen en la causa que juzga a los responsables del asesinato del diputado radical Mario Amaya y las torturas que sufrió, precisamente, el propio Solari Yrigoyen", dijo Moreau en su perfil de Facebook.
"Es difícil entenderlo sobre todo si se toma en cuenta que habitualmente informan de ese tipo de juicios que se hacen a lo largo de todo el país. Es probable que se lo oculte para afirmar la sensación de que los juicios son una forma de 'revancha' de un sector político y que las victimas de la represión sólo eran los 'guerrilleros' y no, como efectivamente ocurrió, argentinos de distintas pertenencias partidarias con profunda vocación democrática que se oponían a la dictadura militar".
"En la represión cayeron trabajadores, estudiantes, empresarios, católicos, judíos, radicales, peronistas, socialistas, comunistas, jóvenes, viejos, mujeres, sacerdotes, periodistas. Fue un plan sistemático de persecución y muerte de una minoría contra todo el pueblo argentino", dejó en claro Moreau.
En ese sentido, sostuvo que "parece ser que, para algunos, los dirigentes radicales sólo son noticia cuando sus criticas -justas o no- coinciden con los intereses que ellos defienden y dejan de serlo cuando participaron o participan en la defensa de la causa nacional, popular y democrática".
"Espero que las autoridades partidarias reclamen por esta omisión y que los dirigentes, todos y cada uno, se pronuncien. Por la memoria y nuestra propia dignidad", concluyó.
Fuente:Telam
23.03.2013
Las víctimas fueron los radicales Solari Yrigoyen y Amaya, que murió
Moreau cuestionó a Clarín y La Nación por ignorar el juicio por tormentos a dos legisladores
Las víctimas fueron los radicales Solari Yrigoyen y Amaya, que murió
Moreau cuestionó a Clarín y La Nación por ignorar el juicio por tormentos a dos legisladores
Marciano Moreau. Representante de una generación que conserva los pies en la tierra y la vista en el horizonte
E l dirigente radical Leopoldo Moreau cuestionó hoy a los matutinos Clarín y La Nación por haber ignorado olímpicamente el inicio del juicio por el asesinato del diputado radical Mario Amaya y la torturas que recibió Hipólito Solari Yrigoyen, que comenzó el martes en Rawson, capital de la provincia de Chubut. "Me pregunto por qué La Nación y Clarín ignoraron el inicio del juicio y, particularmente, el testimonio desgarrador de Hipólito Solari Yrigoyen en la causa que juzga a los responsables del asesinato del diputado radical Mario Amaya y las torturas que sufrió, precisamente, el propio Solari Yrigoyen", dijo Moreau en su perfil de Facebook.
"Es difícil entenderlo sobre todo si se toma en cuenta que habitualmente informan de ese tipo de juicios que se hacen a lo largo de todo el país. Es probable que se lo oculte para afirmar la sensación de que los juicios son una forma de 'revancha' de un sector político y que las victimas de la represión sólo eran los 'guerrilleros' y no, como efectivamente ocurrió, argentinos de distintas pertenencias partidarias con profunda vocación democrática que se oponían a la dictadura militar".
"En la represión cayeron trabajadores, estudiantes, empresarios, católicos, judíos, radicales, peronistas, socialistas, comunistas, jóvenes, viejos, mujeres, sacerdotes, periodistas. Fue un plan sistemático de persecución y muerte de una minoría contra todo el pueblo argentino", dejó en claro Moreau.
En ese sentido, sostuvo que "parece ser que, para algunos, los dirigentes radicales sólo son noticia cuando sus criticas -justas o no- coinciden con los intereses que ellos defienden y dejan de serlo cuando participaron o participan en la defensa de la causa nacional, popular y democrática".
"Espero que las autoridades partidarias reclamen por esta omisión y que los dirigentes, todos y cada uno, se pronuncien. Por la memoria y nuestra propia dignidad", concluyó.
Memoria, Iglesia y presente
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
El impacto inevitable que produjo en la sociedad argentina la elección de Jorge Bergoglio al frente del Vaticano despertó infinidad de adhesiones desde lugares muy diferentes. El ahora papa Francisco fue saludado con entusiasmo por toda la Iglesia Católica, salvo el ultraderechista arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, que se limitó a no ordenar que sonaran las campanas de la Catedral platense el miércoles de la fumata blanca. En el espectro político, desde la izquierda católica hasta los neoliberales, pasando por los distintos sectores del peronismo, Francisco fue bienvenido. Para los que especularon sobre reservas en la conducta del Gobierno, bastó el tono del encuentro con la Presidenta para no dudar de que, el comienzo al menos, es auspicioso. Donde sí se escucharon algunas voces con reservas o críticas fue en las organizaciones de derechos humanos. Tanto Estela de Carlotto, de Abuelas, como Hebe de Bonafini, resaltaron el papel de la jerarquía católica durante la dictadura. Carlotto destacó que Bergoglio “nunca se acercó a los organismos”. En cuanto a lo publicado por Horacio Verbitsky, cabe consignar que además de periodista, Verbitsky preside el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundado por Emilio Mignone, quien buscó incansablemente a su hija Mónica Candelaria, detenida desaparecida. Mignone, de raíces católicas, fue un crítico inclaudicable de la complicidad de la jerarquía católica durante los años de terrorismo de Estado. Lo dejó registrado en Iglesia y Dictadura, un libro indispensable para entender que la dictadura no fue sólo militar, ni sólo cívico-militar, sino que fue cívico-empresarial-judicial-clerical- militar. Es cierto que Verbitsky –esta vez, para muchos kirchneristas al menos– quedó como un fiscal que señaló al Papa de un modo inconveniente. Las críticas fueron por inoportunidad y por reflotar que Bergoglio, estando al frente de la Orden de los Jesuitas, habría estado implicado en el secuestro de dos sacerdotes. Uno de ellos (Orlando Yorio) murió en agosto de 2000, el otro (Francisco Jalics), que vive en una casa de los Jesuitas en Alemania, eximió al Papa de cualquier responsabilidad en su secuestro. Para algunos, a Verbitsky “le pusieron la tapa”; para muchos otros, se cierra apenas un pequeñísimo capítulo de muchísimos otros que tuvieron a los máximos obispos y cardenales católicos así como al nuncio apostólico (el emisario del Papa) como partícipes de una vasta operación que permitía a los militares torturar y matar sin culpa, de brindar a muchos jueces el suficiente apoyo moral por no investigar nunca un solo hecho denunciado y que permitía al empresariado darle una pátina de legitimidad para negocios de una inmoralidad completa.
Esta edición de Miradas al Sur coincide con el 37º aniversario del golpe de Estado de 1976 y a 11 días de la elección del Papa. En este breve lapso no son pocas las señales enviadas por el Papa que permitirían augurar una mayor distancia y por qué no una condena –al menos ética– a aquella estrategia de aniquilamiento de una porción de la sociedad argentina, aquella porción que, por distintos medios revolucionarios, intentó modificar la estructura económico social de un país sometido a sucesivas interrupciones constitucionales para mantener una serie de privilegios.
Una de esas señales sería la posible beatificación de Carlos Murias, un sacerdote militante que trabajaba con el obispo Enrique Angelelli en El Chamical, La Rioja, y que fue secuestrado, torturado y asesinado el 18 de julio de 1976. Pocos días después, el 4 de agosto, simulando un accidente, la dictadura se cobraba la vida de Angelelli. Entre los principales referentes de la dictadura, Angelelli era “el obispo rojo”. Angelelli fue asesinado cuando viajaba con otra persona hacia Buenos Aires para plantearle a la jerarquía la tremenda situación. Tal era la impunidad que pocos días antes Angelelli fue a ver al jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y gobernador de facto de Córdoba (Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado por estos crímenes), quien directamente amenazó al obispo de La Rioja.
El viaje a Buenos Aires era para toparse con la indiferencia absoluta de quienes regían los destinos de la Iglesia, los cardenales Juan Carlos Aramburu (cardenal primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires) y Raúl Primatesta, quien estaba al frente de la Conferencia Episcopal. El periódico oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, tituló “Extraño accidente”. El nuncio Pio Laghi lo decía sin vueltas: “Angelelli es un extremista de la Teología de la Liberación”.
Pocos días antes de que se cumplieran diez años del asesinato impune de Angelelli (en pleno gobierno de Raúl Alfonsín y antes de los levantamientos de Semana Santa), este cronista fue productor de un programa especial realizado por Mona Moncalvillo (en el ciclo A Fondo) que convocó a varios legisladores, tanto radicales como peronistas, para dar cuenta de cómo había sido el crimen. Habíamos contado con el testimonio reservado del sobreviviente (que oficiaba de chofer, el sacerdote Arturo Pinto) y de los abogados de la familia de Angelelli, que por esos días iniciaban una querella judicial. El juez riojano Aldo Morales daba un fallo ejemplar (en el expediente quedó escrito que se trataba de un homicidio premeditado), pero la causa era sustraída por la Corte Suprema y enviada a la Cámara Federal de Córdoba para su silencio completo.
El día que se grabó A Fondo, en los estudios de la avenida Figueroa Alcorta se cortaba el aire con gillette. Un funcionario radical, que presumía de progresista (el contador Daniel Sario), le comunicó a quien escribe estas líneas que no se daría al aire el programa “por razones de Estado”. Al rato, Moncalvillo fue citada al despacho de Sario y los entrevistados no se retiraban del estudio hasta que no terminara ese violento atropello que se saldó con la censura parcial del programa. A la noche, este cronista recibió el llamado de un conocido que trabajaba en la SIDE de Facundo Suárez para advertirle: “No seas boludo que te grabaron una conversación con Verbitsky”; como si se tratara de dos demonios que hablaban para conspirar contra el gobierno democrático. La realidad era que los cardenales Aramburu y Primatesta contaron con los oficios de los entonces ministros de Justicia e Interior, Raúl Alconada Aramburu y Antonio Tróccoli, respectivamente.
En la Argentina había soplado un aire fresco cuando el 9 de diciembre del año anterior se conocía el fallo del histórico Juicio a las Juntas por parte del pleno de la Cámara Federal porteña. Pero la reacción estaba en marcha: el envío de la causa de Angelelli a la Cámara Federal de Córdoba era un antecedente de Semana Santa. Hay que recordar: antes de Campo de Mayo, el primer levantamiento fue en el regimiento de paracaidistas de Córdoba y fue porque Ernesto “Nabo” Barreiro –oficial de Inteligencia y jefe de torturadores del campo de concentración La Perla– se acuartelaba para no ir a declarar. La causa Angelelli dejaba en descubierto la participación activa de la jerarquía católica.
Cuando se cumplieron 30 años del asesinato de Angelelli, estando al frente de la Conferencia Episcopal, Bergoglio se trasladó hasta la sencilla catedral de La Rioja y dio una misa. No mencionó la responsabilidad de la dictadura ni lo calificó como un crimen. Dijo que Angelelli había “removido piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio”. Dijo además: “La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”. Angelelli, entre otras cosas, fue el arquitecto de una reforma agraria en esa provincia que permitió expropiar tierras y entregarlas a familias campesinas. (Ver entrevista a Delfor Brizuela.)
¿Qué es la memoria? Escribir la historia es, quizás, una aproximación al pasado. El historiador y diputado Mario Oporto suele recordar una frase del francés Fernand Braudel, uno de los pensadores que revolucionaron la historiografía: “Para los historiadores no es tan importante saber si Jesucristo existió. Lo importante es entender por qué hay millones de personas que creen en Cristo”. El cruce entre hechos, documentos, relatos, mitos y creencias permite construir el pasado. O, mejor dicho, aproximaciones, perspectivas, de lo que sucedió tiempo atrás. Innumerables veces, los relatos de testigos presentes sirven de base a versiones que nada tienen que ver con los hechos que vivieron otros testigos. Pero el gran problema es que el prisma con el que mira cada protagonista se ve luego tamizado y asimilado a versiones rituales, dogmáticas o a las “razones de Estado” que asimilan datos aislados a las visiones de los sectores que tienen poder suficiente como para darle a un relato el carácter de historia consagrada.
El sobreviviente del Holocausto, Jack Fuchs, en un artículo publicado en 2005 y titulado “Auschwitz nunca fue liberado”, dice: “Hace 60 años que la historiografía y casi toda la entera totalidad de la literatura que se ocupó de pensar el campo de concentración como objeto viene diciendo que Auschwitz, el 27 de enero de 1945, fue liberado. Yo mismo usé esa terminología. Pero liberar supone una acción voluntaria, una decisión política, militar, una forma de intervención concreta. Y no ocurrió eso en Auschwitz, que del ’41 al ’45 fue ignorado por los Aliados. Los campeones de la libertad, de la democracia y del progreso humano, los líderes del antinazismo, estaban ocupados en ganar la guerra. De conquistar hegemonía política, económica y militar en ese escenario europeo devastado por la misma lógica de la guerra”.
La Argentina reciente fue muy fructífera en la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, cuando se trata de definir fechas rituales para recordar, no casualmente quedó como fecha el día del golpe de Estado y no una fecha que reivindique a los protagonistas de las luchas que precedieron al fragote, ni siquiera una fecha que reivindique a los inicios de la resistencia. El 24 de marzo pone sobre el tapete a los genocidas, a lo que quedó grabado como frase del Juicio a las Juntas, cuando el fiscal Julio Strassera gritó ¡Nunca más! Pero en ese juicio, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, iniciadoras de la epopeya por los derechos humanos, estaban en la Plaza Lavalle, fuera del recinto, desplazadas por el alfonsinismo y los custodios de las grandes alianzas de poder que llevaron al país a su peor tragedia. Incluso, los testigos de ese juicio y de otros tantos son tomados como sobrevivientes y no como militantes de organizaciones revolucionarias o sindicales combativas. Nunca nadie quiso aceptar que el mito de las agendas era una manera de igualar por abajo lo que merece un debate político profundo: la militancia de entonces no entregaba la vida sino que peleaba en grupos, organizaciones y partidos que levantaban programas de transformación revolucionaria. Ese núcleo –quizá minoritario, seguramente resistido por muchos, hasta repudiado en la derrota por muchos de los que formaron filas– se forjó en la idea de una segunda independencia, tomó las ideas de Evita, siguió en muchos casos al Perón que le partió el espinazo al dictador Lanusse, creía en el Che Guevara y la Patria Grande latinomericana, se organizaba y peleaba contra la dirigencia sindical burocrática. Ese núcleo, o parte sustantiva, tomó el camino de la resistencia armada. En reuniones de viejos cuadros de lucha, en publicaciones académicas o militantes, aparecen balances parciales de aquellas experiencias. Quizá por evitar abrir heridas, nadie grita que ese intento fracasó, fue derrotado. Ese intento no tiene suficientes padrinos como para que el presente permita mostrar al cura Carlos Murias como un militante de la reforma agraria o para que se busque una fecha con suficiente consenso como para reemplazar el 24 de marzo, que deja en el anonimato a los sujetos políticos y sociales que desafiaron al bloque de poder dominante.
Pero aquellas prácticas de lucha, aquellas ideas de cambio, sobreviven en cientos de organizaciones populares, en cientos de espacios “de memoria”. Y se articulan, especialmente, en las plazas de todo el país los 24 de marzo. El dato destacado de los dos últimos años es la presencia de jóvenes –la mayoría, organizados– nacidos entre fines de los ochenta y mediados de los noventa, que dan cuenta de una práctica política actual pero que busca identidad, puntos en común, con aquellos militantes de los setenta. No sólo por haber sido víctimas sino por la pelea por el cambio. Ese diálogo con el pasado no es, ni de lejos, literal. Aquello fue resistencia desde la clandestinidad o el llano. Ahora, estos jóvenes, en una porción importante, se sienten involucrados con el cambio iniciado en mayo de 2003. Quizá no discuten sobre reforma impositiva o el rol del Estado en las empresas públicas. Sin embargo, si hay un sentido de compromiso popular, esos debates –y muchos otros– deberán abrirse paso. De lo contrario, estas experiencias correrían el riesgo de no tener un hilo conductor con la identidad popular del cambio. Es más, se corre el riesgo de que quede en duda si aquella experiencia, que tanta sangre costó, tiene un arraigo actual como para avanzar en la transformación de la estructura de poder dominante.
Textuales 24 de marzo Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
El impacto inevitable que produjo en la sociedad argentina la elección de Jorge Bergoglio al frente del Vaticano despertó infinidad de adhesiones desde lugares muy diferentes. El ahora papa Francisco fue saludado con entusiasmo por toda la Iglesia Católica, salvo el ultraderechista arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, que se limitó a no ordenar que sonaran las campanas de la Catedral platense el miércoles de la fumata blanca. En el espectro político, desde la izquierda católica hasta los neoliberales, pasando por los distintos sectores del peronismo, Francisco fue bienvenido. Para los que especularon sobre reservas en la conducta del Gobierno, bastó el tono del encuentro con la Presidenta para no dudar de que, el comienzo al menos, es auspicioso. Donde sí se escucharon algunas voces con reservas o críticas fue en las organizaciones de derechos humanos. Tanto Estela de Carlotto, de Abuelas, como Hebe de Bonafini, resaltaron el papel de la jerarquía católica durante la dictadura. Carlotto destacó que Bergoglio “nunca se acercó a los organismos”. En cuanto a lo publicado por Horacio Verbitsky, cabe consignar que además de periodista, Verbitsky preside el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundado por Emilio Mignone, quien buscó incansablemente a su hija Mónica Candelaria, detenida desaparecida. Mignone, de raíces católicas, fue un crítico inclaudicable de la complicidad de la jerarquía católica durante los años de terrorismo de Estado. Lo dejó registrado en Iglesia y Dictadura, un libro indispensable para entender que la dictadura no fue sólo militar, ni sólo cívico-militar, sino que fue cívico-empresarial-judicial-clerical- militar. Es cierto que Verbitsky –esta vez, para muchos kirchneristas al menos– quedó como un fiscal que señaló al Papa de un modo inconveniente. Las críticas fueron por inoportunidad y por reflotar que Bergoglio, estando al frente de la Orden de los Jesuitas, habría estado implicado en el secuestro de dos sacerdotes. Uno de ellos (Orlando Yorio) murió en agosto de 2000, el otro (Francisco Jalics), que vive en una casa de los Jesuitas en Alemania, eximió al Papa de cualquier responsabilidad en su secuestro. Para algunos, a Verbitsky “le pusieron la tapa”; para muchos otros, se cierra apenas un pequeñísimo capítulo de muchísimos otros que tuvieron a los máximos obispos y cardenales católicos así como al nuncio apostólico (el emisario del Papa) como partícipes de una vasta operación que permitía a los militares torturar y matar sin culpa, de brindar a muchos jueces el suficiente apoyo moral por no investigar nunca un solo hecho denunciado y que permitía al empresariado darle una pátina de legitimidad para negocios de una inmoralidad completa.
Esta edición de Miradas al Sur coincide con el 37º aniversario del golpe de Estado de 1976 y a 11 días de la elección del Papa. En este breve lapso no son pocas las señales enviadas por el Papa que permitirían augurar una mayor distancia y por qué no una condena –al menos ética– a aquella estrategia de aniquilamiento de una porción de la sociedad argentina, aquella porción que, por distintos medios revolucionarios, intentó modificar la estructura económico social de un país sometido a sucesivas interrupciones constitucionales para mantener una serie de privilegios.
Una de esas señales sería la posible beatificación de Carlos Murias, un sacerdote militante que trabajaba con el obispo Enrique Angelelli en El Chamical, La Rioja, y que fue secuestrado, torturado y asesinado el 18 de julio de 1976. Pocos días después, el 4 de agosto, simulando un accidente, la dictadura se cobraba la vida de Angelelli. Entre los principales referentes de la dictadura, Angelelli era “el obispo rojo”. Angelelli fue asesinado cuando viajaba con otra persona hacia Buenos Aires para plantearle a la jerarquía la tremenda situación. Tal era la impunidad que pocos días antes Angelelli fue a ver al jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y gobernador de facto de Córdoba (Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado por estos crímenes), quien directamente amenazó al obispo de La Rioja.
El viaje a Buenos Aires era para toparse con la indiferencia absoluta de quienes regían los destinos de la Iglesia, los cardenales Juan Carlos Aramburu (cardenal primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires) y Raúl Primatesta, quien estaba al frente de la Conferencia Episcopal. El periódico oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, tituló “Extraño accidente”. El nuncio Pio Laghi lo decía sin vueltas: “Angelelli es un extremista de la Teología de la Liberación”.
Pocos días antes de que se cumplieran diez años del asesinato impune de Angelelli (en pleno gobierno de Raúl Alfonsín y antes de los levantamientos de Semana Santa), este cronista fue productor de un programa especial realizado por Mona Moncalvillo (en el ciclo A Fondo) que convocó a varios legisladores, tanto radicales como peronistas, para dar cuenta de cómo había sido el crimen. Habíamos contado con el testimonio reservado del sobreviviente (que oficiaba de chofer, el sacerdote Arturo Pinto) y de los abogados de la familia de Angelelli, que por esos días iniciaban una querella judicial. El juez riojano Aldo Morales daba un fallo ejemplar (en el expediente quedó escrito que se trataba de un homicidio premeditado), pero la causa era sustraída por la Corte Suprema y enviada a la Cámara Federal de Córdoba para su silencio completo.
El día que se grabó A Fondo, en los estudios de la avenida Figueroa Alcorta se cortaba el aire con gillette. Un funcionario radical, que presumía de progresista (el contador Daniel Sario), le comunicó a quien escribe estas líneas que no se daría al aire el programa “por razones de Estado”. Al rato, Moncalvillo fue citada al despacho de Sario y los entrevistados no se retiraban del estudio hasta que no terminara ese violento atropello que se saldó con la censura parcial del programa. A la noche, este cronista recibió el llamado de un conocido que trabajaba en la SIDE de Facundo Suárez para advertirle: “No seas boludo que te grabaron una conversación con Verbitsky”; como si se tratara de dos demonios que hablaban para conspirar contra el gobierno democrático. La realidad era que los cardenales Aramburu y Primatesta contaron con los oficios de los entonces ministros de Justicia e Interior, Raúl Alconada Aramburu y Antonio Tróccoli, respectivamente.
En la Argentina había soplado un aire fresco cuando el 9 de diciembre del año anterior se conocía el fallo del histórico Juicio a las Juntas por parte del pleno de la Cámara Federal porteña. Pero la reacción estaba en marcha: el envío de la causa de Angelelli a la Cámara Federal de Córdoba era un antecedente de Semana Santa. Hay que recordar: antes de Campo de Mayo, el primer levantamiento fue en el regimiento de paracaidistas de Córdoba y fue porque Ernesto “Nabo” Barreiro –oficial de Inteligencia y jefe de torturadores del campo de concentración La Perla– se acuartelaba para no ir a declarar. La causa Angelelli dejaba en descubierto la participación activa de la jerarquía católica.
Cuando se cumplieron 30 años del asesinato de Angelelli, estando al frente de la Conferencia Episcopal, Bergoglio se trasladó hasta la sencilla catedral de La Rioja y dio una misa. No mencionó la responsabilidad de la dictadura ni lo calificó como un crimen. Dijo que Angelelli había “removido piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio”. Dijo además: “La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”. Angelelli, entre otras cosas, fue el arquitecto de una reforma agraria en esa provincia que permitió expropiar tierras y entregarlas a familias campesinas. (Ver entrevista a Delfor Brizuela.)
¿Qué es la memoria? Escribir la historia es, quizás, una aproximación al pasado. El historiador y diputado Mario Oporto suele recordar una frase del francés Fernand Braudel, uno de los pensadores que revolucionaron la historiografía: “Para los historiadores no es tan importante saber si Jesucristo existió. Lo importante es entender por qué hay millones de personas que creen en Cristo”. El cruce entre hechos, documentos, relatos, mitos y creencias permite construir el pasado. O, mejor dicho, aproximaciones, perspectivas, de lo que sucedió tiempo atrás. Innumerables veces, los relatos de testigos presentes sirven de base a versiones que nada tienen que ver con los hechos que vivieron otros testigos. Pero el gran problema es que el prisma con el que mira cada protagonista se ve luego tamizado y asimilado a versiones rituales, dogmáticas o a las “razones de Estado” que asimilan datos aislados a las visiones de los sectores que tienen poder suficiente como para darle a un relato el carácter de historia consagrada.
El sobreviviente del Holocausto, Jack Fuchs, en un artículo publicado en 2005 y titulado “Auschwitz nunca fue liberado”, dice: “Hace 60 años que la historiografía y casi toda la entera totalidad de la literatura que se ocupó de pensar el campo de concentración como objeto viene diciendo que Auschwitz, el 27 de enero de 1945, fue liberado. Yo mismo usé esa terminología. Pero liberar supone una acción voluntaria, una decisión política, militar, una forma de intervención concreta. Y no ocurrió eso en Auschwitz, que del ’41 al ’45 fue ignorado por los Aliados. Los campeones de la libertad, de la democracia y del progreso humano, los líderes del antinazismo, estaban ocupados en ganar la guerra. De conquistar hegemonía política, económica y militar en ese escenario europeo devastado por la misma lógica de la guerra”.
La Argentina reciente fue muy fructífera en la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, cuando se trata de definir fechas rituales para recordar, no casualmente quedó como fecha el día del golpe de Estado y no una fecha que reivindique a los protagonistas de las luchas que precedieron al fragote, ni siquiera una fecha que reivindique a los inicios de la resistencia. El 24 de marzo pone sobre el tapete a los genocidas, a lo que quedó grabado como frase del Juicio a las Juntas, cuando el fiscal Julio Strassera gritó ¡Nunca más! Pero en ese juicio, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, iniciadoras de la epopeya por los derechos humanos, estaban en la Plaza Lavalle, fuera del recinto, desplazadas por el alfonsinismo y los custodios de las grandes alianzas de poder que llevaron al país a su peor tragedia. Incluso, los testigos de ese juicio y de otros tantos son tomados como sobrevivientes y no como militantes de organizaciones revolucionarias o sindicales combativas. Nunca nadie quiso aceptar que el mito de las agendas era una manera de igualar por abajo lo que merece un debate político profundo: la militancia de entonces no entregaba la vida sino que peleaba en grupos, organizaciones y partidos que levantaban programas de transformación revolucionaria. Ese núcleo –quizá minoritario, seguramente resistido por muchos, hasta repudiado en la derrota por muchos de los que formaron filas– se forjó en la idea de una segunda independencia, tomó las ideas de Evita, siguió en muchos casos al Perón que le partió el espinazo al dictador Lanusse, creía en el Che Guevara y la Patria Grande latinomericana, se organizaba y peleaba contra la dirigencia sindical burocrática. Ese núcleo, o parte sustantiva, tomó el camino de la resistencia armada. En reuniones de viejos cuadros de lucha, en publicaciones académicas o militantes, aparecen balances parciales de aquellas experiencias. Quizá por evitar abrir heridas, nadie grita que ese intento fracasó, fue derrotado. Ese intento no tiene suficientes padrinos como para que el presente permita mostrar al cura Carlos Murias como un militante de la reforma agraria o para que se busque una fecha con suficiente consenso como para reemplazar el 24 de marzo, que deja en el anonimato a los sujetos políticos y sociales que desafiaron al bloque de poder dominante.
Pero aquellas prácticas de lucha, aquellas ideas de cambio, sobreviven en cientos de organizaciones populares, en cientos de espacios “de memoria”. Y se articulan, especialmente, en las plazas de todo el país los 24 de marzo. El dato destacado de los dos últimos años es la presencia de jóvenes –la mayoría, organizados– nacidos entre fines de los ochenta y mediados de los noventa, que dan cuenta de una práctica política actual pero que busca identidad, puntos en común, con aquellos militantes de los setenta. No sólo por haber sido víctimas sino por la pelea por el cambio. Ese diálogo con el pasado no es, ni de lejos, literal. Aquello fue resistencia desde la clandestinidad o el llano. Ahora, estos jóvenes, en una porción importante, se sienten involucrados con el cambio iniciado en mayo de 2003. Quizá no discuten sobre reforma impositiva o el rol del Estado en las empresas públicas. Sin embargo, si hay un sentido de compromiso popular, esos debates –y muchos otros– deberán abrirse paso. De lo contrario, estas experiencias correrían el riesgo de no tener un hilo conductor con la identidad popular del cambio. Es más, se corre el riesgo de que quede en duda si aquella experiencia, que tanta sangre costó, tiene un arraigo actual como para avanzar en la transformación de la estructura de poder dominante.
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Miradas al Sur
contacto@miradasalsur.com
Mansión Seré. En el predio ocupado por lo que fuera un centro clandestino de detención dirigido por la Fuerza Aérea, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó, el viernes pasado, el acto en el que se inauguró el Centro de Investigación e interpretación de nuestra historia reciente. El evento contó con la participación del intendente de Morón, Lucas Ghi; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el titular de la AFSCA, Martín Sabatella; funcionarios nacionales, provinciales y municipales y representantes de Madres de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS y numerosa militancia.
“Para reemplazar a los que cayeron, para fortalecer a los que siguen, hacemosfalta todos.”
(Fragmento de un poema de Alejandro Almeyda.)
Antonio Puricelli,
Ministro de defensa
“También vamos a luchar por más igualdad, por los que menos tienen, por los más pobres.”
Cristina Fernández de kirchner.
“Los que más responsabilidad tienen para que la transformación siga adelante son los que están convencidos de esta transformación.”
Cristina Fernández de kirchner
Memoria, Recuerdo y Compromiso
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Adelina Alaye. Madre de Plaza de Mayo La Plata
politica@miradasalsur.com
A 37 años del 24 de marzo de 1976.
Es imposible mencionar el 24 de marzo sin remontarlo, por lo menos, a 1930. Hay antecedentes, pero me interesa comenzar aquí, en paralelo con mi vida. Tenía entonces tres años. Como recordamos la mayoría de los contemporáneos que llevamos a cabo la lucha por la Verdad en principio, para llegar al hoy de la Memoria y la Justicia, se produce en ese año el golpe de Estado del 6 de septiembre, que usurpa el poder que legítimamente ejercía Yrigoyen… Reitero, quiero comenzar señalando esa fecha para marcar cómo desde entonces en nuestro país se sucedieron los golpes, cada vez más violentos, pero siempre con militares convocados y acompañados por civiles, porque en ese año se dicta una acordada nefasta de la Corte Suprema de Justicia legitimando el golpe de Estado, es decir, convalidando las acciones y decisiones de los golpistas… Eso significó que a partir de allí, los gobiernos de facto podrían actuar con las mismas atribuciones y derechos que los gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo. Y algo más que decretaban era la disolución de los otros poderes, etc., etc.
Y es así como desde el ’30 hasta el ’76 se suceden varios golpes, siempre llevados a cabo por las FF.AA. con el apoyo y complicidad de fuerzas de Seguridad y sectores civiles que han constituido y constituyen una élite siempre dispuesta a estar cerca del poder y aportar sus planes y proyectos, que en más de 50 años siempre fueron los mismos, al igual que sus protagonistas: golpes cada vez más cruentos, hasta culminar con el genocidio 1976-1983, poniéndose entonces deliberadamente fuera del orden de la Humanidad; proyecto de las minorías privilegiadas que se sostuvo a sangre y fuego (esta vez con la Doctrina de la Seguridad Nacional), y que incluyó el desatino de la guerra de Malvinas, en la que otra vez la vida de los jóvenes fue sacrificada en pos de la locura de poder de una élite siniestra. Un plan permanente de las clases dirigentes para destruir la identidad nacional, la salud y la educación de los argentinos, sus industrias, su seguridad social, la Justicia.
Esto se entiende bien si decimos que los golpes de Estado se dieron siempre para corromper las estructuras económicas, de manera tal que el capital fuera quedando cada vez en menos manos y en mayor cantidad… debía readecuarse el país a los fines que les asignaba el imperialismo norteamericano, en acuerdo con la oligarquía argentina… debían aniquilar ineludiblemente toda oposición. Por eso nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos pertenecen a sectores militantes del pueblo… Porque los que se adueñaron por la fuerza del poder no aceptaban que hubiera movimiento obrero ni estudiantil organizados… ni partidos políticos democráticos…
Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿37 años después de qué? De comprobar que el hombre se desdijo de su origen esencial para convertirse en el soplo de una melodía penetrante y reiterativa en su sociedad, en el lobo estepario… ya no era el hombre junto al hombre, ya no había solidaridad. Sólo había ambición de poder, dolor y muerte…
Por primera vez en la historia de América hubo un juicio a los golpistas por sus crímenes y por la usurpación del poder, en 1984, que condenó a prisión a los principales actores del atropello genocida. Pero debilidades gubernamentales, propias de ese momento, estructuraron instrucciones a los fiscales y cedieron ante las presiones antidemocráticas: obediencia debida, punto final e indulto, lo que hizo decir entonces a una MADRE que el no haber recibido respuesta a sus reclamos en tantos años era “condenarla a la incertidumbre y el desasosiego, por más libre que transite y publique”.
¿Cómo nos encuentra este 24 de marzo de 2013, 37 años después? Con sectores que desde 1994 han entendido que hay un tiempo para todo, y comenzaron y continuaron a pulso actos y jornadas por Memoria, Recuerdo y Compromiso, esencialmente en La Plata, que sostuvieron en los largos años de impunidad el valiente repudio a los genocidas.
Saber será la imprescindible contribución a la Paz y a la recuperación política, social y emocional de los argentinos.
Quiero terminar destacando que todo lo dicho más arriba se está reparando, porque tenemos un gobierno democrático que hizo de la defensa y la práctica de los DDHH una política de Estado, y día a día vamos acompañando los juicios tan esperados y tan demorados, para completar la trilogía necesaria: Verdad-Memoria-Justicia.
Quiero agregar que nuestras víctimas (presos, torturados, violados, desaparecidos, asesinados, exiliados internos y externos) cayeron generosos y solidarios como hombres y mujeres que no aceptaban que se sojuzgara al pueblo… Se rebelaron contra la injusticia y la represión, la discriminación, la desigualdad y la falta de libertad… Y porque vislumbraban el futuro que nos abrumó con sus desocupados, hambrientos, ancianos y niños desesperados, sueldos misérrimos, inseguridad social y jurídica, educación deficiente, salud sin asistencia digna y la dilapidación que se hizo de la venta vergonzosa de nuestros recursos, tanto naturales como los producidos por la mano del hombre. Que llegaron hasta a mancillar la soberanía, hasta el punto de que un canciller de nuestro país se permitiera escribirles a los kelpers, en una foto de sus nietos, que “está triste porque es el único que tiene una sola nacionalidad, la argentina”.
Así como fue verdad lo que ellos pronosticaban, también llegamos a este 2013 con sus utopías haciéndose visibles inexorablemente, porque como ya dije hace un momento, se han instaurado los DDHH como política de Estado; por tanto se juzga y se condena en juicios orales y públicos a los genocidas y sus cómplices civiles; y por otra parte todos los habitantes de este maravilloso país estamos amparados por la vigencia de los DDHH, como están proclamados en la Declaración Universal de los DDHH según la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 1º marca el hito de su totalidad: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Para hablar de la totalidad de la Declaración necesitamos un tiempo especial y un análisis profundo, porque no se trata de memorizar sus artículos sino de saberlos respetar. De aprender a vivir, gobernantes y gobernados, a la luz de la vigencia efectiva de sus postulados. Nunca Más un gobierno violador de los derechos que el Estado debe garantizar.Nunca Más un pueblo que no sea capaz de salir en conjunto, solidariamente, a defender los derechos conseguidos y a reclamar los que nos faltan.
Tan lejos y tan cerca
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Alberto Lettieri. Historiador
politica@miradasalsur.com
Ejército. No era el de San Martín, de Belgrano, de Perón, de Mosconi ni de Savio.
Opinión.
El mercado, las corporaciones reaccionarias, la mayoría de los medios que oficiaban como intérpretes de la voluntad y de los intereses de los sectores más concentrados del capital, tanto local como foráneo, que históricamente había saqueado las riquezas de nuestro país y hambreado a la mayoría de nuestros compatriotas, alentó nuevamente las pesadillas imperiales de una corporación militar a las que el liberalismo triunfante en 1852 le había impuesto la tarea excluyente de disciplinar y someter a un pueblo desarmado. Sus reiterados fracasos en cada ocasión que le toco confrontar con fuerzas armadas extranjeras a partir de entonces da clara cuenta de eso.
No era éste el ejército de San Martín, de Belgrano, de Perón, de Mosconi ni de Savio. La victoria del ala liberal y reaccionaria, consagrada a través de una nueva interrupción del orden constitucional, con la Tiranía Fusiladora de 1955, y la herencia de muerte que impuso sobre las clases subalternas y sobre todo aquel que pretendiera imaginar una Argentina Justa, Libre y Soberana, o simplemente expresar su adhesión al Proyecto Nacional y Popular, permitió distribuir los roles del nuevo escenario nacional. Los pretendidos centuriones hacían trizas la dignidad nacional y ejercían su voluntad omnímoda sobre los más débiles, a condición de tumbarse de rodillas ante las exigencias de las corporaciones, el capital y el nuevo imperio con sede en Washington. El General Valle y otros 26 patriotas fueron los mártires de la Operación Masacre que pretendió enajenar la voluntad del pueblo argentino y volver las cosas al reino del privilegio de las minorías oligárquicas imperante hasta 1943. No serían los únicos. Un fabuloso listado de más de 30.000 héroes de la causa nacional y popular darían testimonio de la decisión del nuevo consenso cívico-militar de llevar hasta las últimas consecuencias su determinación de borrar todo rastro del movimiento nacional y popular del suelo de la patria.
Sin embargo, no alcanzaría con eso. Una y otra vez el pueblo argentino renació de sus cenizas, y a través de la resistencia obrera, la lucha armada, la organización y la militancia políticas impuso su veto a los gestores de la entrega impúdica de la Nación a manos extrañas. El fracaso del orden sanguinario que pretendieron instalar los Aramburu, Rojas, Onganía o Lanusse, obedientes ante las órdenes recibidas de sus titiriteros, quedó explicitado con la victoria del tío Héctor Cámpora en las elecciones generales de 1973, que permitieron que ese 25 de mayo fuera una nueva jornada de gloria patriótica y de júbilo popular. Sin embargo, los 18 años transcurridos habían dejado su marca en la fragmentación del campo popular, y su leal determinación de dar un paso al costado para permitir la reivindicación del anciano líder sólo serviría como preámbulo para que una camarilla de aventureros y reaccionarios se hiciera con el control de las instituciones nacionales. La Triple A instaló nuevamente el imperio de la persecución y de la muerte sobre la militancia popular, al tiempo que Isabel y el brujo López Rega buscaban protección en las autoridades militares luego de su flagrante traición a la doctrina y al mandato del pueblo peronista.
A mediados de 1975, una delegación encabezada por el presidente del Consejo Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, le exigió al General Videla, Comandante en Jefe del Ejército, que las Fuerzas Armadas intervinieran para garantizar “el imperio del orden sobre todas las cosas”. A partir de entonces, la catástrofe fue irremediable. El mediopelo argentino, siempre nostálgico del orden imperante entre 1852 y 1943, recibió como canto de sirenas el discurso que los profetas del horror impulsaron de manera sistemática, a través de los medios periodísticos que poco después serían premiados con la infame cesión de Papel Prensa y de las impúdicas declaraciones de jefes militares y de voceros de las corporaciones oligárquicas que imponían plazos a la supervivencia a un gobierno agonizante. “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno” titularía Clarín, el 25 de marzo de 1976, su crónica del golpe cívico-militar que venía a imponer el reino del terror en la Argentina. La Nación no se esforzaba por ocultar su alborozo. El reino del oprobio era un hecho. Nadie dudaba de lo que sobrevendría.
Las luchas populares, la militancia de las agrupaciones de DDHH, la conmovedora lucha de las Madres de Plaza de Mayo y la derrota de Malvinas, se sumaron al colapso económico y financiero impuesto al país por una banda de asaltantes genocidas que tomó a su cargo el ejercicio del gobierno de la patria y marcaron el fin de los años de plomo. Con la recuperación de la democracia, las políticas estatales que acompañaron la publicación del informe Nunca Más sólo afectaron a los responsables militares del genocidio, preservando convenientemente a sus mandantes y socios civiles. La escasa determinación del presidente Alfonsín para mantener su quizás única medida loable de gobierno, concluyó naturalmente en la sanción de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. En los ’90, el remate de la Nación impulsado por Carlos Menem impulsó el reino de la corrupción y de la injusticia sobre el suelo patrio: los indultos presidenciales, de este modo, no fueron sino un capitulo más –tal vez el más doloroso– de su desvergonzada sumisión a los mercados y los intereses corporativos. El protagonismo de su ministro estrella, Domingo Cavallo, permitía trazar la línea de continuidad con el Terrorismo de Estado.
Hace pocos días murió el principal instigador del golpe de 1976, Martínez de Hoz. La infamia y el repudio social acompañarán por siempre su memoria. El genocida Videla aún está vivo, y sus patéticas declaraciones, aunque ya no asusten a nadie, aún encuentran eco en los medios nacionales. Tal vez sea mejor así, en lugar de pasar desapercibidas, para recordarnos que todo lo logrado en la última década debe ser consolidado y profundizado con compromiso militante, formación y organización, frente a un enemigo que continúa agazapado y que aún conserva el control de áreas estratégicas en diversos espacios institucionales y privados, y una perversa sobrevida en el terreno de las comunicaciones, donde la Justicia argentina ha insistido en negar la vigencia de las leyes emanadas del Estado de Derecho.
Civiles y militares: los dos demonios de la dictadura
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Eric Calcagno* y Alfredo Eric Calcagno**
*Diputado Nacional (FpV) **Doctor en Ciencias Políticas
politica@miradasalsur.com
Opinión.
Los crímenes de lesa humanidad y el Plan Económico formaron parte de un proceso único. En 1976-1983, en la Argentina se cambió por la fuerza a la política, la economía y la sociedad. Cada sector de la alianza cívico-militar que gobernaba cumplía con su función: unos reprimían, otros gobernaban; un grupo manejaba la economía y las finanzas; la prensa monopólica aprobaba con mansedumbre o complicidad, y hubo quienes se dedicaron a desarticular los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales. La represión física libraba de obstáculos políticos y sociales a la ejecución del modelo; pero más que una expresión del sadismo de sus ejecutores, era el cumplimiento de un plan de acción coherente y programado.
Los militares cometieron la represión; pero la autoría intelectual del proyecto político y económico aplicado entre 1976 y 1983 pertenece al establishment, no a los ejecutores militares.
No se trató de una improvisación sino de ideas ya elaboradas con anterioridad. En efecto, las medidas
económicas adoptadas reproducen el esquema expuesto en 1969 por quien fue después secretario de Hacienda del gobierno presidido por Jorge R. Videla. Citemos algunas de sus opiniones: “La política de ingresos exige, en sus primeras fases, un alto grado de coacción”. “La ley de convenios colectivos y la ley de asociaciones profesionales, a través de las cuales se instrumenta el sistema, deben ser necesariamente derogadas.” “También es necesario prohibir la huelga.” “El orden cronológico de una política de ingresos, después de un período de inflación, no puede ser otro que: 1º Congelación de salarios. 2º Fijación de un tipo de cambio adecuado e instrumentación de una política de balance de pagos que permita mantenerlo con libertad cambiaria. 3º Medidas encaminadas a presionar sobre los precios.” (Juan E. Alemann, Una política de ingresos para la Argentina, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1969).
Este proyecto fue ejecutado por la dictadura militar (1976-1983). Su ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, afirmó que el Programa Económico que anunció el 2 de abril de 1976, “tuvo la aprobación previa y el consenso de las Fuerzas Armadas que asumieron la responsabilidad del gobierno en medio del caos político, económico y social imperante. Esta convicción explica el hecho, inédito en la Argentina desde hacía mucho tiempo, que durante cinco años (29 de marzo de 1976 al 29 de marzo de 1981) pudiera existir la continuidad en materia de hombres y de programas, con los periódicos ajustes necesarios, que permitió encarar una transformación económica tan profunda”. (Ministerio de Economía, Memoria 29-3-1976 - 29-3-1981, tomo 3, 3ª parte, pág. 733). Surge así con claridad que el plan había sido elaborado por el establishment y aplicado gracias al terrorismo de Estado garantizado por las Fuerzas Armadas.
El gobierno usurpado el 24 de marzo de 1976 aplicó de inmediato esas recetas: congeló los salarios, eliminó los controles de precios y devaluó el tipo de cambio. Los salarios reales cayeron alrededor del 30%, se disolvió la CGT, se suprimieron las actividades gremiales, el derecho de huelga, las reformas a la ley de contrato de trabajo y las convenciones colectivas salariales.
Después de estas medidas coyunturales de represión, comenzaron los cambios estructurales. En agosto de 1976, desregularon la inversión extranjera. A fines de 1976, unificaron el tipo de cambio, eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones y redujeron los aranceles de importación (con una caída de la protección del 40%). En junio de 1977, entró en vigencia la ley de entidades financieras, que le otorgaba al sector una posición hegemónica y disminuía la acción del Estado (Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2000, págs. 789 y ss.).
Más adelante, con el programa de diciembre de 1978 y la tablita cambiaria, favorecieron la especulación financiera y el endeudamiento externo, desfinanciaron a las empresas públicas, desmantelaron la industria y financiaron una gigantesca fuga de capitales privados. Cuando estalló la crisis financiera y luego cambiaria, el Estado se hizo cargo de las pérdidas bancarias y de las deudas privadas. Además, se suprimieron las instituciones básicas del derecho del trabajo y se deprimieron los salarios. Todo ello requería una violenta represión; de otro modo no se hubiera aceptado que el producto bruto interno por habitante (a precios constantes), en 1983, fuera 9 puntos menor que en 1975. Usaron al Estado para perpetrar sus crímenes, reprimieron a la Nación y empobrecieron al pueblo argentino.
Creemos que los crímenes de lesa humanidad y el plan económico estuvieron indisolublemente unidos. En ese contexto, uno de los pilares del plan económico fue el endeudamiento externo, que fue investigado por el juez Jorge Luis Ballestero en la causa Olmos, Alejandro s/ defraudación. La sentencia dictada dispone el sobreseimiento del ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz por caducidad de la acción penal. Era un fallo que reflejaba la jurisprudencia vigente en ese momento.
Sin embargo, ahora puede irse mucho más allá de una declaración abstracta de reprobación acerca de lo ocurrido. La actual situación jurídica difiere de modo sustancial de la existente en junio de 2000, cuando se expidió el juez Ballestero. La jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los delitos de lesa humanidad no están sometidos ni a la prescripción liberatoria ni a la excepción de cosa juzgada.
La doctrina acerca de los crímenes de lesa humanidad fue consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos, que los declararon imprescriptibles (“Arancibia Clavel”, Fallos: 327:3312), e inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final (“Simón”, Fallos: 328:2056); que la llevaron a reconocer el derecho a la verdad sobre los hechos que implicaron graves violaciones de los derechos humanos (“Urteaga”, Fallos: 321: 2767, La Ley, 1998-F, 237); a otorgar rol protagónico de la víctima en este tipo de procesos (“Hagelin”, Fallos: 326:3268); y también a replantear el alcance de la garantía de cosa juzgada compatible con los delitos investigados (“Videla”, Fallos: 326:2805).
En consecuencia, si se comprueba que los hechos que surgen de ese proceso penal formaban parte del plan global que cometió delitos de lesa humanidad, la conducción civil de la economía de la dictadura podría ser juzgada, porque no sería aplicable la caducidad invocada en el sobreseimiento.
Una situación análoga se planteó después de la Segunda Guerra Mundial cuando en Nüremberg se juzgó a los principales responsables del genocidio. Fueron procesados 24 implicados, de los cuales 18 eran civiles y 6 militares. Entre los civiles, el ministro de Economía fue condenado a prisión perpetua, no por haber ordenado matar a alguien, sino porque había preparado la economía alemana para la guerra, provocado migraciones de mano de obra esclava e intervenido en la economía rusa. Se consideró, con razón, que la acción económica era partícipe necesaria en los delitos de lesa humanidad; era un solo proceso militar, político y económico, con diversas formas de ejecución.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 expresó la voluntad revanchista de la oligarquía local en cobrarse los avances nacionales desde 1916 y 1945. No fue una acción más del “partido militar”, sino el proyecto de transformar la Argentina sobre otras bases económicas y sociales. Para ello, era necesaria una represión despiadada, a una escala jamás vista, con métodos como la desaparición, la tortura y el asesinato. La desocupación, la pobreza y la marginación resultante de las políticas económicas instrumentadas por la dictadura son el equivalente económico y social de los compañeros y las compañeras detenidos-desparecidos. Es en ese marco que pensamos que existe una posibilidad de comprobar la existencia de delitos de lesa humanidad en la conducción económica del ’76 al ’83, lo que puede permitir que se juzgue a los responsables civiles y se apliquen las sanciones penales e indemnizaciones que correspondan.
La memoria del pasado en el vientre del futuro
Año 6. Edición número 253. Domingo 24 de marzo de 2013
Por Jorge Giles
jgiles@miradasalsur.com
Opinión.
Se había fugado del país con la colaboración de la corporación judicial hace algunos años, capturado luego en Brasil y traído finalmente a la Argentina.
Cuando aún revistaba en las filas del Ejército se jactó de haber sido el responsable de la eliminación lisa y llana de las últimas conducciones montoneras de la región litoral.
Se olvidó o no pudo o no supo eliminar la memoria que quedaba en pie aún después de la muerte y el olvido de algunos.
Esa memoria es la que aportó las pruebas a la Justicia que permitieron comprobar su participación en la masacre de una treintena de prisioneros políticos de la dictadura.
Hoy se hace justicia.
Este caso es una metáfora casi perfecta de la época que vivimos los argentinos.
Mucho más si al prontuario del criminal preso le agregamos sus dotes de “periodista” y “dueño de medios” durante su fugaz bonanza de indulto, obediencia debida y punto final.
Mató, se enriqueció, huyó y lo apresaron, sería la secuencia de esta trama siniestra.
La Justicia será implacable mientras la memoria lo sea.
Es justo decir también que así como los corporativos de la Justicia lo liberaron en el momento de mayor impunidad, otros hombres del mismo sistema judicial, como el querellante Mario Bosch y los fiscales Jorge Auad, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay, entre otros, hoy limpian el honor manchado por sus antiguos colegas posibilitando esta instancia final de la condena.
Es un motivo más para celebrar en este Día Nacional de la Memoria.
En esos rincones de luz memoriosa que son los juicios por lesa humanidad, se escucha el dolor de los testigos pero también se oye el clamor unánime para que se ejerza una justicia plena que condene en tiempo y forma a todos los genocidas y a todos los cómplices que montaron la escena de aquellos aberrantes crímenes.
Algunos acusados son ex uniformados y otros, civiles siempre agazapados en estos largos años de democracia.
Quienes tuvieron el coraje de testimoniar y enjuiciar al que gatilló y al que masacró amparado en su fuero blindado de señores de la vida y de la muerte tienen sobrados motivos y derechos para reclamar que también sean sentados en el banquillo de los acusados los civiles que apañaron y en algunos casos condujeron el terrorismo de Estado en el campo judicial, sindical, religioso, político, periodístico o el que fuera.
Desde esa misma convicción y derecho, no son pocos los que creen que llegó la hora de advertir serenamente que debemos evitar la tentación de fijar en el terreno del pasado la exclusividad de la memoria y la justicia.
Los juicios deben proseguir, ampliarse y permanecer hasta que el último de los criminales sea juzgado como manda la ley y la conciencia de un pueblo.
Pero habrá que poner mucha voluntad para apurar el cierre de ese ciclo con Memoria, Verdad y Justicia. Es preciso empezar a valorar socialmente y desde el mismo pie de nuestra memoria colectiva, la necesidad y la urgencia de revalorizar la plena vigencia de los derechos humanos, así en el pasado como en este presente donde la certeza de estar construyendo un país mejor, más inclusivo y más justo se mal combina a veces con la incertidumbre que crea la acechanza de torturadores amparados por un sistema policial y judicial que pareciera anclado en aquel tiempo feroz donde mandaban tipos como Tozzo.
En la semana que pasó, la defensora general de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, convocó a una mesa de debate contra la tortura en el predio de la ex ESMA. Estuvieron presentes la procuradora Alejandra Gils Carbó, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, Madres, Abuelas, Hijos y organismos como el CELS y la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Conmovió el cuadro de situación social descripto por la defensora al decir que la sociedad se interesó y preocupó más por la campaña difamatoria de Clarín y compañía ante la “presunta libertad” de presos condenados, que por las escenas filmadas en una comisaría de Salta mientras torturaban a dos adolescentes, casi niños.
Allí hay que poner el acento, en la defensa plena de los derechos humanos en toda su integridad.
El país que juzga a los genocidas y establece la Asignación Universal por Hijo no se merece que la tortura y los torturadores sigan tan campantes como en tiempos de la inquisición y la exclusión social.
Iniciativas como éstas alientan y redoblan el esfuerzo en esa dirección, al igual que las designaciones de la procuradora general nombrando en la Procuraduría contra la Violencia Institucional al fiscal Abel Córdoba y en la de Narcocriminalidad al fiscal Félix Crous. Son claros propósitos que ayudan a configurar una nueva Justicia que sirva a la sociedad, que la defienda, que la proteja y que castigue con el máximo rigor de la ley a quienes intenten siquiera violar la integridad física y moral de las personas.
La presencia de la presidenta de la Nación en la inauguración de un centro de investigación, arte y deporte en la tristemente célebre “Mansión Seré”, usada por la dictadura como centro de detención clandestino, está diciendo que la memoria fructifica en estos avances que empiezan a constituirse en patrimonio cultural del país que hoy se construye.
Las Madres de Plaza de Mayo, con su radio renovada y con todas las obras que construyeron en estos años, alumbraron este camino de reparación y transformación.
En fin, la renovación y democratización de la Justicia en la que están empeñados jueces, fiscales, defensores y juristas de Justicia legítima, encuentra su razón de ser en estos grandes objetivos éticos, en la campaña contra la tortura, contra la trata de personas y el trabajo esclavo.
Hay que redoblar el esfuerzo por cambiar la vida de los más humildes haciéndola más justa e inclusiva, dijo Cristina desde Morón.
Sólo así la memoria no correrá riesgo de convertirse en una pieza de museo.
Fuente:MiradasalSur
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