el ministerio público federal desconoce así la ley de autoamnistía
Denuncian a militares en Brasil por la desaparición de un periodista en 1970
La Fiscalía adopta la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a juzgar los delitos de la dictadura.
"No hay prescripción o amnistía para este tipo de crimen, pues el secuestro es un delito permanente y continúa consumándose durante todo el tiempo en que la víctima esté privada de su libertad", sostiene el escrito de la Procuraduría Federal. La denuncia corresponde a la desaparición del periodista y militante del Partido Comunista brasileño Mario Alves de Souza Vieira, quien fue secuestrado en enero de 1970 por miembros del Destacamento de Operaciones de Defensa Interna-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi), de Río de Janeiro, según consignó el Ministerio Público.
En el marco de esta denuncia, los integrantes de la Comisión de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff para investigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985), le pidieron a la mandataria que prorrogue el plazo para presentar su informe final. Si bien los resultados de su investigación no son vinculantes para promover denuncias o iniciar procesos contra los acusados de violaciones a los Derechos Humanos, trascendió que ese documento final pretende formular recomendaciones sobre la ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
"Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables", declaró el coordinador de la Comisión, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro. En esa línea, fuentes de la Comisión aseguraron que las recomendaciones del informe buscarán revisar la ley para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra, ex jefe de la policía política del Ejército en San Pablo (Doi-Codi), entre los años 1970 y 1974.
Fuente:TiempoArgentino
16.05.2013
derechos humanos
La fiscalía brasileña denunció a cinco represores y desafió la ley de amnistía de la dictadura militar
derechos humanos
La fiscalía brasileña denunció a cinco represores y desafió la ley de amnistía de la dictadura militar
El Ministerio Público Federal denunció a militares retirados por la desaparición de un periodista en 1970. Aseguró que no hay prescripción ni anmistía para esos crímenes.
"No hay prescripción o amnistía para este tipo de crimen, pues el secuestro es un delito permanente y continúa consumándose durante todo el tiempo en que la víctima esté privada de su libertad", sostiene el escrito de la Procuraduría Federal, en contrario a lo establecido por la Ley de Amnistía, cuestionada por el tribunal internacional adscripto a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su fundamentación, la Procuraduría retoma la línea argumental de la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño por no investigar ni punir a los autores de crímenes continuados como el secuestro y la desaparición.
El caso se refiere al periodista y militante opositor Mario Alves de Souza Vieira, secuestrado en enero de 1970 por miembros de Operaciones de Defensa Interna de Río de Janeiro, consignó el Ministerio Público en su denuncia.
Se trata de la primera acusación federal formulada en Rio de Janeiro contra ex agentes del aparato represivo, según informó la agencia de noticias Ansa.
Ayer, los integrantes de la Comisión de la Verdad pidieron a la presidenta Dilma Rousseff una prórroga para presentar su informe final sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985).
Según trascendió, en el documento final que presentará la Comisión se formularán recomendaciones sobre la ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte IDH.
"Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables", declaró el coordinador de la Comisión, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro.
Hasta el momento no hubo una posición oficial de la Comisión sobre la Ley de Amnistía, promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos.
Una fuente de la Comisión comentó a Ansa que se formó un "consenso en los miembros" sobre la necesidad de limitar los alcances de la Amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces.
Según esa misma fuente, la eventual recomendación de la Comisión buscará revisar la ley para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra.
Ex jefe de la policía política del Ejército en San Pablo (Doi-Codi), entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la Comisión la semana pasada.
En esa oportunidad, para sorpresa de los asistentes, rompió el silencio y dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de "terrorista" a la presidenta Rousseff.
La Comisión de la Verdad, creada a instancia de la presidenta Dilma Rousseff para investigar los crímenes de la dictadura, recomendará en su informe final limitar los alcances de la ley de anmintía siguiendo los criterios de la CIDH.
Los resultados de la investigación de la Comsión, integrada por siete miembros, designados por Rousseff, no son, sin embargo, vinculantes para promover denuncias o iniciar procesos contra los acusados de violaciones a los derechos humanos.
Rousseff limitó de esta manera los alcances del trabajo de la Comisión en virtud de la vigencia de la Ley de Amnistía y el lobby castrense que se desencadenó cuando se trataba el proyecto de creación del organismo.
"Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables", aseguró Paulo Sergio Pinheiro, coordinado de la Comisión de la Verdad.
Fuente:Telam
Hasta ahora no había habido una posición oficial del organismo sobre la ley promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de Inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos. La comisión declaró que se formó un consenso en los miembros sobre la necesidad de limitar los alcances de la Amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la CIDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces. La eventual recomendación de la comisión será en el sentido de revisar la norma para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra. Ex jefe de la policía política del ejército en San Pablo, entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la comisión la semana pasada. En esa oportunidad rompió el silencio y dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de terrorista a Rousseff.
El próximo sábado asumirá como coordinadora de la comisión la abogada y defensora de presos políticos durante la dictadura, Rosa María Cardoso. “Hay cosas que necesitamos contar y que nuestra juventud necesita saber”, dijo, al tiempo que aseguró que Brasil ha avanzado más lento que sus vecinos del Cono Sur –particularmente Argentina– en el esclarecimiento de los crímenes del pasado. “El pacto entre las elites para ahogar el pasado, las violencias que se reproducen hasta el presente y las desigualdades reforzadas por crisis económicas e inflación continuas son parte de un pasado no aclarado”, agregó Cardoso. Por su parte, Joao Ricardo Dornelles, miembro de la Comisión de la Verdad del estado de Río de Janeiro, responsabilizó a la cultura política del país. “Varios acontecimientos en nuestra historia no se dieron por rupturas, sino a través de acuerdos y pactos, sin participación popular, como la propia Independencia y la transición de la dictadura a la democracia”, remarcó.
Si bien la Constitución de 1988 consagra la necesidad de buscar la verdad y proteger los derechos humanos, la cuestión no ha sido una prioridad para el gobierno y la sociedad, tan sólo para los familiares de los presos políticos, muertos o desaparecidos, y por los movimientos de derechos humanos. “Estamos aprendiendo a caminar, aprendiendo a trabajar de forma horizontal, descentralizada, orientada a no generar dispersión, y buscando involucrar a la sociedad”, sostuvo Cardoso.
La Comisión de la Verdad fue creada a fines de 2011 por Rousseff, quien fuera arrestada y torturada durante los años de plomo, pero sólo inició sus investigaciones y entrevistas a víctimas y represores en mayo del año pasado, por lo que se considera exiguo el tiempo disponible para la redacción de un documento sobre los crímenes cometidos en los 21 años de gobierno de facto. Si bien la comisión no cuenta con atribuciones jurídicas, su intención es esclarecer lo sucedido entre 1964 y 1985. La oficina de prensa del Palacio del Planalto, sede del gobierno, comunicó que la presidenta, quien debería recibir un informe preliminar la próxima semana, aún no decidió si otorgará la prórroga. Sin embargo, el diario Estado de Sao Paulo publicó ayer que la presidenta habría decidido prolongar las tareas de la comisión desde mayo de 2014, fecha prevista inicialmente para su conclusión, hasta diciembre de ese año.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
LA COMISION DE LA VERDAD BUSCA ALLANAR EL CAMINO PARA JUZGAR A LOS ACUSADOS DE VIOLACIONES A LOS DD.HH.
Piden revisar la Ley de Amnistía en Brasil
Dilma Rousseff, quien fue detenida y torturada durante la dictadura, creó la Comisión de la Verdad.Imagen: AFP
En el documento final que presentará la comisión se formularán recomendaciones al gobierno sobre la Ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La Comisión de la Verdad pidió ayer a la presidenta Dilma Rousseff una prórroga para presentar su informe final. El trabajo de la comisión busca investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar y revisar los alcances de la Ley de Amnistía, que hasta la actualidad ha impedido enjuiciar a los represores. “Afirmamos a la presidenta que la reivindicación de las entidades de derechos humanos para la extensión del plazo es algo que favorece la profundización de nuestro trabajo”, declaró el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, coordinador de la Comisión de la Verdad, integrada por siete miembros designados por la mandataria. Según trascendió, en el documento final que presentará la Comisión se formularán recomendaciones sobre la Ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). “Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables”, afirmó Pinheiro.
Hasta ahora no había habido una posición oficial del organismo sobre la ley promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de Inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos. La comisión declaró que se formó un consenso en los miembros sobre la necesidad de limitar los alcances de la Amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la CIDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces. La eventual recomendación de la comisión será en el sentido de revisar la norma para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra. Ex jefe de la policía política del ejército en San Pablo, entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la comisión la semana pasada. En esa oportunidad rompió el silencio y dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de terrorista a Rousseff.
El próximo sábado asumirá como coordinadora de la comisión la abogada y defensora de presos políticos durante la dictadura, Rosa María Cardoso. “Hay cosas que necesitamos contar y que nuestra juventud necesita saber”, dijo, al tiempo que aseguró que Brasil ha avanzado más lento que sus vecinos del Cono Sur –particularmente Argentina– en el esclarecimiento de los crímenes del pasado. “El pacto entre las elites para ahogar el pasado, las violencias que se reproducen hasta el presente y las desigualdades reforzadas por crisis económicas e inflación continuas son parte de un pasado no aclarado”, agregó Cardoso. Por su parte, Joao Ricardo Dornelles, miembro de la Comisión de la Verdad del estado de Río de Janeiro, responsabilizó a la cultura política del país. “Varios acontecimientos en nuestra historia no se dieron por rupturas, sino a través de acuerdos y pactos, sin participación popular, como la propia Independencia y la transición de la dictadura a la democracia”, remarcó.
Si bien la Constitución de 1988 consagra la necesidad de buscar la verdad y proteger los derechos humanos, la cuestión no ha sido una prioridad para el gobierno y la sociedad, tan sólo para los familiares de los presos políticos, muertos o desaparecidos, y por los movimientos de derechos humanos. “Estamos aprendiendo a caminar, aprendiendo a trabajar de forma horizontal, descentralizada, orientada a no generar dispersión, y buscando involucrar a la sociedad”, sostuvo Cardoso.
La Comisión de la Verdad fue creada a fines de 2011 por Rousseff, quien fuera arrestada y torturada durante los años de plomo, pero sólo inició sus investigaciones y entrevistas a víctimas y represores en mayo del año pasado, por lo que se considera exiguo el tiempo disponible para la redacción de un documento sobre los crímenes cometidos en los 21 años de gobierno de facto. Si bien la comisión no cuenta con atribuciones jurídicas, su intención es esclarecer lo sucedido entre 1964 y 1985. La oficina de prensa del Palacio del Planalto, sede del gobierno, comunicó que la presidenta, quien debería recibir un informe preliminar la próxima semana, aún no decidió si otorgará la prórroga. Sin embargo, el diario Estado de Sao Paulo publicó ayer que la presidenta habría decidido prolongar las tareas de la comisión desde mayo de 2014, fecha prevista inicialmente para su conclusión, hasta diciembre de ese año.
Fuente:Pagina12
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