17 de mayo de 2013

ESPAÑA.

ESPAÑA EVALUA CLAUSURAR 48 LINEAS DE TRENES PARA AHORRAR
Ramal que no para, cierra
La supresión de 48 líneas de media distancia supondría un ahorro de 46,5 millones de euros, según un informe oficial que habla de líneas ineficientes por su baja ocupación. El recorte debería pasar por el Parlamento.
Rajoy se reunió con empresarios y sindicalistas, pero rechazó un acuerdo general.Imagen: EFE

El gobierno español evalúa aplicar una eliminación drástica de líneas ferroviarias de media distancia con el fin de ahorrar recursos públicos. La administración conservadora que encabeza Mariano Rajoy pretende suprimir 48 líneas y reducir 32 por ciento la oferta de servicios de 127 líneas, con lo que conseguiría un ahorro de 86,5 millones de euros anuales, según un documento de la consultora del Ministerio de Fomento al que accedió el diario El País de Madrid.

El transporte ferroviario en España que opera Renfe –dependiente del Ministerio de Fomento– es público, por lo que este plan debe aún debatirse en varios ámbitos, entre ellos el Parlamento español. La supresión de 48 líneas de media distancia supondría un ahorro de 46,5 millones de euros, según el informe. En el documento también se habla de líneas ineficientes por su baja ocupación media y los ingresos que generan, que sólo cubren un 16 por ciento de los gastos. Se trata de líneas de media distancia que unen capitales de provincia o ciudades importantes de varias regiones.

No serían, sin embargo, estas localidades las más afectadas por la medida, ya que entre la mayoría existen trenes de alta velocidad, aunque el precio de éstos es mucho mayor. Las más afectadas serían las pequeñas poblaciones, que la única conexión ferroviaria que tienen es la de estas líneas y que, si finalmente se adopta la decisión, quedarían comunicadas sólo por carretera, concluye el estudio.

Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy un gran pacto nacional contra la crisis, aunque se mostró dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales con sindicatos y empresarios en temas como jubilaciones y protección social. “El gobierno es quien dirige la política económica y sabe lo que hay que hacer”, aseguró Rajoy en conferencia de prensa tras reunirse en el Palacio de La Moncloa con empresarios, sindicalistas y líderes sociales.

España sigue sin salir de la recesión y cuenta con una cifra record de desempleados, 6,2 millones de personas, el 27 por ciento de la población activa. A pesar de estas dramáticas cifras, Rajoy dejó claro que su gobierno seguirá trabajando en cinco líneas: control del déficit público, reformas estructurales, reformas europeas, integración europea y liquidez europea. “Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero el gobierno tiene que asumir responsabilidades”, puntualizó. No obstante, el primer mandatario reconoció que es necesario un diálogo con amplios sectores políticos. “Debemos abordar medidas de protección social para que los más desfavorecidos puedan afrontar la situación crítica de desempleo”, opinó.

Los sindicatos fueron a la reunión exigiendo un acuerdo de consenso social y político contra la crisis y medidas concretas, como ingresos mínimos para las más de tres millones de personas sin empleo que, según los datos oficiales, no cuentan con ningún tipo de ayuda. Más allá de este posible avance respecto de la protección social, Rajoy anunció que mantendrá abierto el diálogo sobre el problema de la escasez de crédito, la modernización, la reforma de la administración pública en marcha, la sustentabilidad de las pensiones y políticas de empleo, especialmente juvenil. Asimismo, el presidente expresó que tanto el gobierno como los sindicatos y la patronal están de acuerdo en mantener una “unidad de acción en Europa”, en la necesidad de avanzar en la unión bancaria y fiscal, y en que la austeridad nacional debe ir acompañada de estímulos financiados por la Unión Europea.

Al concluir el encuentro, el primero a tres bandas desde que Rajoy llegó al poder en diciembre de 2011, los dirigentes de las centrales sindicales UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras) afirmaron que el presidente del gobierno les trasladó que “no hay condiciones para un acuerdo nacional político y social contra la crisis”. En ese sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, afirmó que lamenta profundamente la falta de acuerdo con el Ejecutivo con respecto a las prioridades del país. “Si el presidente considera que los temas capitales son Europa y el crédito, nosotros no coincidimos”, dijo. “La crisis de empleo y la actual situación social exigen a gritos un consenso social e institucionalización”, insistió Méndez.

Por su parte, el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que España necesita altura de miras y liderazgo por parte del gobierno para enfrentar la situación actual. “Hemos trabajado en la idea de un gran consenso ante la emergencia nacional en términos económicos, de empleo y sociales, pero Rajoy ofreció escenarios concretos de trabajo para sustanciar acuerdos, indicó.

A pesar de que no es lo que pretendían los sindicatos, Toxo sostuvo que no rechazarán ningún escenario de negociación que se abra. Las centrales de trabajadores llevaron a la reunión un documento con medidas para impulsar la actividad económica y el empleo, que incluye una reforma fiscal que no pasa por aumentar impuestos, sino por cambiar las figuras tributarias, con mayor presión sobre las grandes fortunas, y por luchar contra el fraude.

En tanto, Rajoy se comprometió a fortalecer el pacto para contener los precios regulados, en línea con los acuerdos de moderación de salarios y beneficios de las empresas que ya está vigente. El presidente volvió a defender su reforma laboral, que tiene como objetivo que el despido sea “el último recurso”, ante unos sindicatos que piden su retirada porque no evitó sino que potenció los despidos en un año de vigencia.

De la reunión participaron también el presidente de la poderosa Confederación de Organizaciones Empresariales, Joan Rosell, y el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, quienes dijeron apoyar la búsqueda de alternativas ante la situación excepcional que vive España, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Fuente:Pagina12

17.05.2013 
rajoy se niega a un acuerdo nacional con los sindicatos 
España elimina 48 líneas ferroviarias
Tras un encuentro con el presidente del gobierno español, los líderes gremiales se enteraron del plan de reducción del 32% de los servicios a ciudades intermedias del país.
El presidente español, Mariano Rajoy, rechazó ayer la realización de un gran acuerdo nacional para frenar la crisis que azota al país ibérico. La reunión entre representantes del Ejecutivo y de los sindicatos quedó trunca después de que el mandatario expresara su desacuerdo con las exigencias planteadas. En ese marco, se hicieron públicos los planes de ajuste en el área de transporte, donde el gobierno proyecta la eliminación de 48 líneas ferroviarias y la reducción de un 32% del servicio de 127 trenes para ahorrar recursos estatales.
El encuentro entre Rajoy y los sindicalistas fue realizado en La Moncloa, donde los representantes de los trabajadores exigieron un acuerdo de consenso social y político contra la crisis. Además, reclamaron por medidas concretas, como ingresos mínimos para los más de 6,2 millones de desocupados (27% de la población activa) que, según datos oficiales, no cuentan con ningún tipo de ayuda estatal.
En este sentido, el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, afirmó que "lamenta profundamente" la falta de acuerdo con el Ejecutivo con respecto a las prioridades del país, y manifestó: "Si el presidente considera que los temas capitales son Europa y el crédito, nosotros no coincidimos."
Rajoy, por su parte, expresó no estar de acuerdo con algunas de las exigencias sindicales, aunque admitió que "el gobierno tiene que asumir responsabilidades". También reconoció que es necesario abrir un diálogo para "abordar medidas de protección social, para que los sectores más desfavorecidos puedan afrontar la situación crítica de desempleo".

Después de la frustrada reunión, los españoles conocieron los planes del gobierno para aplicar nuevos ajustes. El área afectada es el transporte público. El diario El País difundió una serie de documentos pertenecientes a la consultora Ineco, que trabaja para el Ministerio de Fomento, donde se planifica una drástica eliminación de líneas de trenes de España, cuyo sistema ferroviario es público y actualmente traslada a 1,65 millones de viajeros al año.
El Ejecutivo ibérico pretende conseguir un ahorro de 86,5 millones de euros anuales. Según el plan, la demanda de transporte de las 48 líneas suprimidas "se cubrirá con los servicios de transporte por carretera existente o, en su caso, por otros servicios ferroviarios de media distancia más eficientes".
Las zonas más afectadas no serán las capitales de provincia, que seguirán conectadas por ferrocarril aunque mediante otras líneas (generalmente, más caras y más rápidas), además de la conexión aérea. Las grandes perjudicadas serán las localidades más pequeñas de los trayectos intermedios, muchas de las cuales dejarán de tener estación, por lo que su única conexión serán las rutas y caminos.
En cuanto a las 49 líneas que el Ministerio de Fomento considera eficientes, llama la atención que su déficit actual (65,4 millones de euros) es superior al de las líneas que se van a suprimir.  El plan, de todos modos, debe debatirse en varios ámbitos antes de aprobarse. Una de esas instancias es el Parlamento español.  
Fuente:TiempoArgentino


17.05.2013
crisis
Por primera vez en 20 años, un banquero español fue preso por mala gestión
El banquero español Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, ingresó anoche en prisión de forma provisional en el marco de una investigación por fraude financiero y mala gestión al inicio de la crisis.

No obstante, Blesa, quien se convirtió en el primer gran banquero español en pisar una cárcel por su presunta gestión fraudulenta durante los años en los que estalló la crisis financiera, podría ser liberado próximamente si deposita 2,5 millones de euros de fianza que le impuso la justicia.

El último caso de un alto directivo del sector financiero enviado a prisión ocurrió hace 20 años, cuando Mario Conde, ex presidente de Banesto, fue condenado por una trama de corrupción que estalló en 1993 en la entidad luego absorbida por el banco Santander.

La diferencia es que Blesa, de 65 años, no está condenado, de ahí que su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real, a la que fue trasladado anoche a última hora, pueda ser solo momentánea.

El ex directivo de Caja Madrid- entidad actualmente integrada en la nacionalizada Bankia- declaró ayer durante varias horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que lo investiga por dos querellas.

Su ingreso a prisión se deriva de una causa relacionada con la compra de un banco estadounidense, el City National Bank of Florida, cuya adquisición en 2008 pudo acarrear unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid, según el magistrado.

Por esta operación, el juez imputa a Blesa un delito societario de administración desleal o apropiación indebida en concurso con otros de falsedad de documento público, ya que la operación se hizo por el doble de lo que costaba y sin control desde Madrid.

El magistrado acusa al banquero de conducir a Caja Madrid al “colapso” y crear “la tormenta perfecta” en pleno “tsunami” económico al haber desembolsado un total de 754 millones de euros (927 millones de dólares) para adquirir el sexto banco privado del estado de Florida.

El juez envió a Blesa a prisión porque considera que existe “riesgo de fuga” y ante la “posible destrucción de pruebas”.

El mismo magistrado también investiga a Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros sin garantías al empresario Gerardo Díaz Ferran, ex propietario de Aerolíneas Argentinas, y quien se encuentra en prisión por otro caso relacionado con la quiebra del grupo turístico Marsans.

Estas dos causas contra Blesa, quien en 2010 fue relevado por Rodrigo Rato al frente de Bankia, fueron iniciadas por el Manos Limpias, una organización derechista que está detrás de varias demandas por corrupción.

Pero tanto Blesa como Rato –ex máximo directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), también fueron denunciados por el partido de centro derecha Unión, Progreso y Democracia (UPyD) por estafa y apropiación indebida en relación a 71,4 millones de euros que recibieron ambos banqueros en retribuciones entre 2007 y 2011.

Asimismo, Blesa enfrenta una causa en la Audiencia Nacional relacionada con otro fraude, la comercialización de participaciones preferentes, que tiene como víctimas a muchos jubilados y pequeños ahorristas, y que fue iniciada por UPyD y un grupo vinculado al movimiento de los indignados.

Miguel Blesa desembarcó en Caja Madrid en 1996 de la mano de su íntimo amigo José María Aznar, cuando el dirigente conservador llegó a la presidencia del gobierno de España. 
Fuente:Telam

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