La desaparición forzada de personas caracterizó al terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante la dictadura militar. Sin embargo, en casos puntuales, esa práctica aberrante no fue desterrada totalmente con la democracia.
Hay casos de diferentes características, pero que señalan a las desapariciones de personas como una práctica que tres décadas de democracia no han logrado erradicar por parte de las fuerzas de seguridad o de las mafias que generalmente actúan con la complicidad de éstas.
Aunque el caso de la joven tucumana Marita Verón se asocia a las redes de trata de mujeres y niñas para ser explotadas sexualmente en prostíbulos, la mayoría de los hechos de personas desaparecidas están vinculadas al accionar de las fuerzas policiales. Las redes de trata también están en complicidad con sectores de las policías provinciales y hasta con la política y parte de los poderes judiciales. Sólo así se entiende el fallo absolutorio para todos los acusados por el secuestro y posterior desaparición de la joven.
Varios casos
La desaparición del estudiante Miguel Bru,en agosto de 1993 en La Plata, fue el primer caso judicial en el que se llegó a una condena sin que haya aparecido el cuerpo de la víctima. El ex sargento Justo López y el subcomisario Walter Abrigo fueron condenados por "torturas, muerte y ocultamiento del cuerpo", luego de que se comprobara que el joven había sido brutalmente golpeado en la comisaría novena de La Plata.
El caso de Julio López, desaparecido desde septiembre de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, está vinculado a su actuación como testigo en el juicio que terminó con la condena del comisario Miguel Etchecolatz en Buenos Aires, por delitos cometidos durante la dictadura militar. López sufrió una segunda desaparición, pues la primera fue en aquel luctuoso período de nuestra historia. El día que se leía la sentencia, él no estuvo presente, ya que salió de su casa para el tribunal y nunca más se supo de él. Quienes exigen la investigación de este caso hasta el juicio y condena, aseguran que fue secuestrado como una "venganza" por su testimonio en el proceso, que incriminó al ex comisario bonaerense en delitos de lesa humanidad. En su causa no hay ni imputados ni avances en la investigación, sólo una recompensa para quien aporte datos que conduzcan a su paradero, publicados en afiches callejeros ordenados por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Facundo Rivera
En Córdoba, el caso del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile de cuartetos, comparte con los dos casos anteriores la sospecha de la actuación de la policía provincial, aunque sin la vinculación con los juicios por los crímenes de la dictadura.
La versión policial asegura que Facundo era un vendedor de droga al menudeo, y que abastecía de sustancias a integrantes de la banda de Damián Córdoba, un conocido cantante de cuartetos. Y que esa noche uno de los integrantes del conjunto musical le había mandado a comprar cocaína, resultando muerto por un "ajuste de cuentas".
Viviana Alegre, la madre de Facundo -a quien se conocía como "el rubio del pasaje"-, sostiene que su hijo era frecuentemente hostigado por la policía a la salida de los bailes, y que esa noche habría sido golpeado por agentes policiales.
El actual ministro de Seguridad de la provincia y ex jefe de Policía, Alejo Paredes, negó desde el comienzo que haya pistas implicando a efectivos de la fuerza provincial con el caso. Sin embargo, este funcionario es cuestionado por los organismos de derechos humanos por haber sido miembro del ETER (grupo de élite de la policía cordobesa), y haber sido discípulo en su formación policial, del ex comisario Raúl Yanicelli, el "Tucán", ex jefe de inteligencia de la Policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre y de su ministro de Gobierno, Oscar Aguad. Yanicelli fue juzgado por delitos de lesa humanidad en la causa "D-2" -Departamento 2 de Inteligencia que funcionó en el cabildo de Córdoba durante la dictadura-, y hoy se encuentra purgando su condena a prisión perpetua en la cárcel de Bower, ubicada a 15 kilómetros al sur de la capital cordobés.
El caso de la madre
Paredes recibió a Viviana Alegre el año pasado, luego que ella denunciara amenazas por su actividad para el esclarecimiento de la desaparición de su hijo. El ministro dispuso vigilancia policial para la mujer, quien se queja que más que protegerla, los policías que tiene de consigna en su casa la "vigilan". Viviana también ha denunciado que algunos policías que le pidieron no identificarse, le revelaron que los allanamientos que dispone la Justicia son "anticipados" y por ello la causa no avanza.
El fiscal que interviene en la investigación, Alejandro Moyano, tuvo más de cinco meses el expediente bajo secreto de sumario, lo que impidió que sus familiares pudieran presentarse como querellantes, ni tener acceso a la causa. Viviana y su abogado, Claudio Orosz, letrado de las organizaciones Hijos y Familiares de Desaparecidos, coinciden en la versión de la complicidad o directa actuación policial en la desaparición del muchacho. Las sospechas se centran en un comisario que tendría fuertes vínculos con un alto funcionario del gobierno provincial.
En ese marco, es que han pedido una y otra vez que se aparte al personal policial de la investigación del caso, para que intervenga la Policía Judicial, que depende del Poder Judicial. Este pedido recién fue tenido en cuenta, y sólo parcialmente, cuando ya habían transcurrido varios meses desde el comienzo de las investigaciones.
Referente
Luego de la desaparición de su hijo, Viviana Alegre se transformó en un referente de la lucha contra la represión policial. Es una de las integrantes en Córdoba de la Campaña contra la Violencia Institucional que comenzó el año pasado y que recorre el país denunciando los casos de torturas, muertes y golpizas en las cuales tiene una directa responsabilidad el Estado y sus instituciones como la policía, las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, etcétera.
Aunque fue recibida en una ocasión por el ministro Paredes, Viviana no logra una audiencia con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, a quien le pidió una reunión en cuatro oportunidades. La idea es reclamarle que impulse con más fuerza la investigación y resolución de la desaparición de su hijo Facundo.
Desde hace 16 meses, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y la Mesa por los Derechos Humanos, marchan pidiendo esclarecimiento y justicia. Estas organizaciones denuncian las frecuentes detenciones de jóvenes por infracciones al Código de Faltas, generalmente de barrios humildes, como lo era Facundo, por lo que ellos denominan "portación de rostro". Bajo la ambigua figura del "merodeo", el personal policial se encuentra facultado en Córdoba para detener a personas, e incluso el comisario puede aplicar arrestos de hasta 30 días, sin ninguna defensa.
Córdoba "de temporada"
El mes pasado, la movilización por Facundo Alegre se trasladó a Villa Carlos Paz, donde había habido detenciones de cooperativistas que resistieron el desalojo de terrenos ocupados para la construcción de viviendas. Por orden del fiscal Gustavo Marchetti, no sólo fueron detenidos los integrantes de la Cooperativa Solares de Icho Cruz y militantes que los apoyaban, sino hasta los abogados defensores de esas organizaciones.
A esta situación se sumó la denuncia de malos tratos a detenidos en las cárceles de Córdoba, que tuvo un impacto nacional cuando el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, que depende de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó en la Unidad Penitenciar 1 de barrio San Martín. Durante ocho horas recibió denuncias de los detenidos, secuestrando cadenas y otros elementos que probaban las vejaciones cometidas contra los presos. La ministra de Justicia de Córdoba, Graciela Chayeb, protestó por lo que consideró una "intromisión" federal y ordenó que no se le permitiera a este fiscal el ingreso a la cárcel de Bower, a pesar que este establecimiento había sido objeto de numerosas denuncias por casos de torturas contra presos.
Viviana Alegre, como quedó dicho, es parte de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba. En diálogo con esta cronista, ella denunció que no avanza la causa donde se investiga la desaparición de su hijo Facundo, que le cuesta llevar testigos porque tienen miedo de la Policía, y "encima los hacen ir varias veces, para volver a declarar y preguntarles lo mismo".
También se queja del doble discurso del gobernador cordobés, pues critica la falta de diálogo del gobierno nacional, pero él, como máxima autoridad en la provincia, ha desoído cuatro pedidos de audiencia que le han efectuado ella y su abogado.
Hay casos de diferentes características, pero que señalan a las desapariciones de personas como una práctica que tres décadas de democracia no han logrado erradicar por parte de las fuerzas de seguridad o de las mafias que generalmente actúan con la complicidad de éstas.
Aunque el caso de la joven tucumana Marita Verón se asocia a las redes de trata de mujeres y niñas para ser explotadas sexualmente en prostíbulos, la mayoría de los hechos de personas desaparecidas están vinculadas al accionar de las fuerzas policiales. Las redes de trata también están en complicidad con sectores de las policías provinciales y hasta con la política y parte de los poderes judiciales. Sólo así se entiende el fallo absolutorio para todos los acusados por el secuestro y posterior desaparición de la joven.
Varios casos
La desaparición del estudiante Miguel Bru,en agosto de 1993 en La Plata, fue el primer caso judicial en el que se llegó a una condena sin que haya aparecido el cuerpo de la víctima. El ex sargento Justo López y el subcomisario Walter Abrigo fueron condenados por "torturas, muerte y ocultamiento del cuerpo", luego de que se comprobara que el joven había sido brutalmente golpeado en la comisaría novena de La Plata.
El caso de Julio López, desaparecido desde septiembre de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, está vinculado a su actuación como testigo en el juicio que terminó con la condena del comisario Miguel Etchecolatz en Buenos Aires, por delitos cometidos durante la dictadura militar. López sufrió una segunda desaparición, pues la primera fue en aquel luctuoso período de nuestra historia. El día que se leía la sentencia, él no estuvo presente, ya que salió de su casa para el tribunal y nunca más se supo de él. Quienes exigen la investigación de este caso hasta el juicio y condena, aseguran que fue secuestrado como una "venganza" por su testimonio en el proceso, que incriminó al ex comisario bonaerense en delitos de lesa humanidad. En su causa no hay ni imputados ni avances en la investigación, sólo una recompensa para quien aporte datos que conduzcan a su paradero, publicados en afiches callejeros ordenados por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Facundo Rivera
En Córdoba, el caso del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile de cuartetos, comparte con los dos casos anteriores la sospecha de la actuación de la policía provincial, aunque sin la vinculación con los juicios por los crímenes de la dictadura.
La versión policial asegura que Facundo era un vendedor de droga al menudeo, y que abastecía de sustancias a integrantes de la banda de Damián Córdoba, un conocido cantante de cuartetos. Y que esa noche uno de los integrantes del conjunto musical le había mandado a comprar cocaína, resultando muerto por un "ajuste de cuentas".
Viviana Alegre, la madre de Facundo -a quien se conocía como "el rubio del pasaje"-, sostiene que su hijo era frecuentemente hostigado por la policía a la salida de los bailes, y que esa noche habría sido golpeado por agentes policiales.
El actual ministro de Seguridad de la provincia y ex jefe de Policía, Alejo Paredes, negó desde el comienzo que haya pistas implicando a efectivos de la fuerza provincial con el caso. Sin embargo, este funcionario es cuestionado por los organismos de derechos humanos por haber sido miembro del ETER (grupo de élite de la policía cordobesa), y haber sido discípulo en su formación policial, del ex comisario Raúl Yanicelli, el "Tucán", ex jefe de inteligencia de la Policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre y de su ministro de Gobierno, Oscar Aguad. Yanicelli fue juzgado por delitos de lesa humanidad en la causa "D-2" -Departamento 2 de Inteligencia que funcionó en el cabildo de Córdoba durante la dictadura-, y hoy se encuentra purgando su condena a prisión perpetua en la cárcel de Bower, ubicada a 15 kilómetros al sur de la capital cordobés.
El caso de la madre
Paredes recibió a Viviana Alegre el año pasado, luego que ella denunciara amenazas por su actividad para el esclarecimiento de la desaparición de su hijo. El ministro dispuso vigilancia policial para la mujer, quien se queja que más que protegerla, los policías que tiene de consigna en su casa la "vigilan". Viviana también ha denunciado que algunos policías que le pidieron no identificarse, le revelaron que los allanamientos que dispone la Justicia son "anticipados" y por ello la causa no avanza.
El fiscal que interviene en la investigación, Alejandro Moyano, tuvo más de cinco meses el expediente bajo secreto de sumario, lo que impidió que sus familiares pudieran presentarse como querellantes, ni tener acceso a la causa. Viviana y su abogado, Claudio Orosz, letrado de las organizaciones Hijos y Familiares de Desaparecidos, coinciden en la versión de la complicidad o directa actuación policial en la desaparición del muchacho. Las sospechas se centran en un comisario que tendría fuertes vínculos con un alto funcionario del gobierno provincial.
En ese marco, es que han pedido una y otra vez que se aparte al personal policial de la investigación del caso, para que intervenga la Policía Judicial, que depende del Poder Judicial. Este pedido recién fue tenido en cuenta, y sólo parcialmente, cuando ya habían transcurrido varios meses desde el comienzo de las investigaciones.
Referente
Luego de la desaparición de su hijo, Viviana Alegre se transformó en un referente de la lucha contra la represión policial. Es una de las integrantes en Córdoba de la Campaña contra la Violencia Institucional que comenzó el año pasado y que recorre el país denunciando los casos de torturas, muertes y golpizas en las cuales tiene una directa responsabilidad el Estado y sus instituciones como la policía, las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, etcétera.
Aunque fue recibida en una ocasión por el ministro Paredes, Viviana no logra una audiencia con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, a quien le pidió una reunión en cuatro oportunidades. La idea es reclamarle que impulse con más fuerza la investigación y resolución de la desaparición de su hijo Facundo.
Desde hace 16 meses, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y la Mesa por los Derechos Humanos, marchan pidiendo esclarecimiento y justicia. Estas organizaciones denuncian las frecuentes detenciones de jóvenes por infracciones al Código de Faltas, generalmente de barrios humildes, como lo era Facundo, por lo que ellos denominan "portación de rostro". Bajo la ambigua figura del "merodeo", el personal policial se encuentra facultado en Córdoba para detener a personas, e incluso el comisario puede aplicar arrestos de hasta 30 días, sin ninguna defensa.
Córdoba "de temporada"
El mes pasado, la movilización por Facundo Alegre se trasladó a Villa Carlos Paz, donde había habido detenciones de cooperativistas que resistieron el desalojo de terrenos ocupados para la construcción de viviendas. Por orden del fiscal Gustavo Marchetti, no sólo fueron detenidos los integrantes de la Cooperativa Solares de Icho Cruz y militantes que los apoyaban, sino hasta los abogados defensores de esas organizaciones.
A esta situación se sumó la denuncia de malos tratos a detenidos en las cárceles de Córdoba, que tuvo un impacto nacional cuando el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, que depende de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó en la Unidad Penitenciar 1 de barrio San Martín. Durante ocho horas recibió denuncias de los detenidos, secuestrando cadenas y otros elementos que probaban las vejaciones cometidas contra los presos. La ministra de Justicia de Córdoba, Graciela Chayeb, protestó por lo que consideró una "intromisión" federal y ordenó que no se le permitiera a este fiscal el ingreso a la cárcel de Bower, a pesar que este establecimiento había sido objeto de numerosas denuncias por casos de torturas contra presos.
Viviana Alegre, como quedó dicho, es parte de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba. En diálogo con esta cronista, ella denunció que no avanza la causa donde se investiga la desaparición de su hijo Facundo, que le cuesta llevar testigos porque tienen miedo de la Policía, y "encima los hacen ir varias veces, para volver a declarar y preguntarles lo mismo".
También se queja del doble discurso del gobernador cordobés, pues critica la falta de diálogo del gobierno nacional, pero él, como máxima autoridad en la provincia, ha desoído cuatro pedidos de audiencia que le han efectuado ella y su abogado.
Fuente:Argenpress
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