Los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), así como de sus recomendaciones, están lejos de la igualdad y más cerca de la simulación y el maquillaje de la grave situación de violencia que padecen las mexicanas.
En ello coincidieron las expertas e investigadoras asistentes al Foro “CEDAW, metodología del informe sombra y políticas públicas en México”, realizado hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de la visita a nuestro país de la ex miembro del Comité de esa instancia de la ONU, Soledad Murillo de la Vega.
Representantes de la sociedad civil, académicas e investigadoras dieron cuenta de que en México persiste la simulación e impunidad de las autoridades en el combate a la violencia contra las mujeres, que derivó, entre otras cosas, en que el fenómeno del feminicidio –que se pensaba exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua– se expandiera a todo el país.
Ayer en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Chihuahua, se llevó también a cabo el foro “La CEDAW y los mecanismos institucionales de coordinación gubernamental”, en el que las participantes consideraron que el gobierno mexicano evade su responsabilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que 20 años después de que se comenzó a registrar el feminicidio en Juárez las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.
En el evento se destacó que de todas las recomendaciones de la CEDAW para México, el 45 por ciento corresponden a Ciudad Juárez.
Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la Cátedra UNESCO –organización que promovió la visita de Murillo a México–, informó que de 2000 a 2012 el Comité de la CEDAW hizo mil 361 recomendaciones al Estado mexicano y que para Juárez fueron emitidas 101 recomendaciones.
La investigadora del Colef Julia Monárrez, enfatizó que el gobierno local y federal ha evadido las demandas de las madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en la urbe fronteriza, y reclamó que la sociedad no quiere “más evasivas y discursos ambiguos, pues la verdad y la justicia no pueden esperar”.
En su paso por Chihuahua, Soledad Murillo manifestó su molestia por la inexistencia de información precisa sobre la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en Juárez, y señaló que “el tema de violencia es obligatoriamente un trámite de urgencia”.
Con ello coincidió hoy la representante en México de ONU- Mujeres, Ana Güezmes, quien recordó que México está obligado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que ratificó tanto la CEDAW, como su Protocolo facultativo.
Recalcó que en México se cuentan con herramientas constitucionales y presupuestales para combatir la discriminación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres, ya que en 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y en los últimos años se ha asignado un monto considerable de recursos para combatir este flagelo.
Las académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron también un esbozo de cómo las autoridades “maquillan” la realidad de violencia que viven las mexicanas
Soledad Murillo criticó que el Estado mexicano presente ante la CEDAW “la mejor cara que tiene”, y sean los informes de las organizaciones civiles los que den a conocer lo que realmente le pasa a las mujeres y niñas del país.
Agregó que en sus más recientes reportes, México se limitó a informar sobre la cantidad de cursos de capacitación y formación que se llevaron a cabo –que ascienden a más de mil 200–, y a “presumir” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como uno de los mayores logros a favor de las mujeres, pero nunca explicó las acciones en las que la norma se tradujo.
Al mismo tiempo lamentó que no se tenga registro del número de detenidos y procesados por delitos relacionados con la violencia de género.
Murillo puntualizó que el gobierno mexicano creó diversas comisiones para atender la violencia de género, pero éstas derivan en una disminución de la responsabilidad del Estado, pues tienden a retardar los procesos de acceso a la justicia, y a la vez “la dilación de tiempo convierte a los Estados en cómplices de los delitos”.
La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes “sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que estos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género.
Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una “política integral de Estado” para el combate de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, Gloria Ramírez dio a conocer los informes “sombra” que contradicen lo expresado por el gobierno mexicano, pues estos sí definen las realidades adversas que padecen las mujeres y niñas.
En ello coincidieron las expertas e investigadoras asistentes al Foro “CEDAW, metodología del informe sombra y políticas públicas en México”, realizado hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de la visita a nuestro país de la ex miembro del Comité de esa instancia de la ONU, Soledad Murillo de la Vega.
Representantes de la sociedad civil, académicas e investigadoras dieron cuenta de que en México persiste la simulación e impunidad de las autoridades en el combate a la violencia contra las mujeres, que derivó, entre otras cosas, en que el fenómeno del feminicidio –que se pensaba exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua– se expandiera a todo el país.
Ayer en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Chihuahua, se llevó también a cabo el foro “La CEDAW y los mecanismos institucionales de coordinación gubernamental”, en el que las participantes consideraron que el gobierno mexicano evade su responsabilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que 20 años después de que se comenzó a registrar el feminicidio en Juárez las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.
En el evento se destacó que de todas las recomendaciones de la CEDAW para México, el 45 por ciento corresponden a Ciudad Juárez.
Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la Cátedra UNESCO –organización que promovió la visita de Murillo a México–, informó que de 2000 a 2012 el Comité de la CEDAW hizo mil 361 recomendaciones al Estado mexicano y que para Juárez fueron emitidas 101 recomendaciones.
La investigadora del Colef Julia Monárrez, enfatizó que el gobierno local y federal ha evadido las demandas de las madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en la urbe fronteriza, y reclamó que la sociedad no quiere “más evasivas y discursos ambiguos, pues la verdad y la justicia no pueden esperar”.
En su paso por Chihuahua, Soledad Murillo manifestó su molestia por la inexistencia de información precisa sobre la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en Juárez, y señaló que “el tema de violencia es obligatoriamente un trámite de urgencia”.
Con ello coincidió hoy la representante en México de ONU- Mujeres, Ana Güezmes, quien recordó que México está obligado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que ratificó tanto la CEDAW, como su Protocolo facultativo.
Recalcó que en México se cuentan con herramientas constitucionales y presupuestales para combatir la discriminación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres, ya que en 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y en los últimos años se ha asignado un monto considerable de recursos para combatir este flagelo.
Las académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron también un esbozo de cómo las autoridades “maquillan” la realidad de violencia que viven las mexicanas
Soledad Murillo criticó que el Estado mexicano presente ante la CEDAW “la mejor cara que tiene”, y sean los informes de las organizaciones civiles los que den a conocer lo que realmente le pasa a las mujeres y niñas del país.
Agregó que en sus más recientes reportes, México se limitó a informar sobre la cantidad de cursos de capacitación y formación que se llevaron a cabo –que ascienden a más de mil 200–, y a “presumir” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como uno de los mayores logros a favor de las mujeres, pero nunca explicó las acciones en las que la norma se tradujo.
Al mismo tiempo lamentó que no se tenga registro del número de detenidos y procesados por delitos relacionados con la violencia de género.
Murillo puntualizó que el gobierno mexicano creó diversas comisiones para atender la violencia de género, pero éstas derivan en una disminución de la responsabilidad del Estado, pues tienden a retardar los procesos de acceso a la justicia, y a la vez “la dilación de tiempo convierte a los Estados en cómplices de los delitos”.
La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes “sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que estos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género.
Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una “política integral de Estado” para el combate de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, Gloria Ramírez dio a conocer los informes “sombra” que contradicen lo expresado por el gobierno mexicano, pues estos sí definen las realidades adversas que padecen las mujeres y niñas.
JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2013México. Comentario a tiempo: Laicidad violada
Por Teodoro Rentería Arróyave
Por Teodoro Rentería Arróyave
La práctica de violentar, de violar de hacer burla y sorna de la laicidad, que pusieron de moda los regímenes panistas de pésimo recuerdo y peores resultados, tal parece que está cobrando carta de naturaleza sin que ninguna autoridad haga cumplir y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tres alcaldes panistas del estado de Nuevo León, la de la mismísima capital, Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes; de Guadalupe, José Rangel, y de Juárez, Rodolfo Ambriz, así como el de Ensenada, Baja California, Enrique Pelayo Torres, todos ellos en forma pública hicieron entrega de sus respectivas comunidades a su cargo, a Jesucristo, seguramente ante su incapacidad para gobernarlas y de ahí que aspiren al apoyo divino.
Ya antes, también el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez había entregado, peor aún, la ciudad capital y la propia entidad federativa al Sagrado Corazón de Jesús.
Los primeros cuatro alcaldes pertenecen a una secta religiosa llamada Alianza de Pastores, que se ha introducido en la política militante en varias localidades del país. Por su parte, el gobernador chihuahuense hizo profesión de fe católica ante funcionarios, sociedad civil, autoridades militares y sobre todo ante los obispos de su estado.
Para ellos es letra muerta lo que dispone la Constitución y las luchas que ha dado el pueblo de México para hacer mandato de ley la separación de las iglesias y el estado, desde aquella épica lucha que diera en el siglo XIX el gran patricio Benito Juárez García, Benemérito de las Américas.
Solamente dos voces reclamaron la actitud religiosa y violatoria de las leyes del gobernador Duarte: el senador panista y por cierto también chihuahuense, Javier Corral y el priísta de prosapia, Rodolfo Echeverría, quienes además escribieron sendos artículos al respecto, sin embargo no han dicho nada de los alcaldes panistas.
Katia dé Artigues, en su sabrosa columna Campos Elíseos titulado “El paseo de la política” y publicado este miércoles 12 en el diario El Universal, anuncia que esta cofradía evangélica llamada Alianza de Pastores ha crecido exponencialmente en los últimos años de 1.8 a 7.3 por ciento de la población y agrega que hay un pastor por cada 250 feligreses, cifra que sorprende, si tomamos en cuenta que por cada 10 mil católicos apenas si tienen un sacerdote.
Es necesario exponer ante la opinión pública que no nos vaya a suceder lo que ocurrió con aquel malhadado Instituto Lingüístico de Verano, el cual se introdujo en México, sobre todo en el sureste del país, gracias a las artimañas de un senador priista, Hugo B. Margáin, no obstante que la autoridad en un principio habían prohibido su estancia en el país. El daño que causó es enorme y aun se reciente, puesto que de ahí surgen los problemas interreligiosos en las comunidades indígenas que ha costado toda clase de sufrimientos, inclusive pérdida de vidas.
La autoridad debe entrar en acción de inmediato, nadie tiene derecho a violentar, a violar, a hacer sorna de la laicidad. Los funcionarios juraron “cumplir y hacer cumplir la constitución política y las leyes que de ella emanen”, lo menos es esperar que cumplan su palabra.
Tres alcaldes panistas del estado de Nuevo León, la de la mismísima capital, Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes; de Guadalupe, José Rangel, y de Juárez, Rodolfo Ambriz, así como el de Ensenada, Baja California, Enrique Pelayo Torres, todos ellos en forma pública hicieron entrega de sus respectivas comunidades a su cargo, a Jesucristo, seguramente ante su incapacidad para gobernarlas y de ahí que aspiren al apoyo divino.
Ya antes, también el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez había entregado, peor aún, la ciudad capital y la propia entidad federativa al Sagrado Corazón de Jesús.
Los primeros cuatro alcaldes pertenecen a una secta religiosa llamada Alianza de Pastores, que se ha introducido en la política militante en varias localidades del país. Por su parte, el gobernador chihuahuense hizo profesión de fe católica ante funcionarios, sociedad civil, autoridades militares y sobre todo ante los obispos de su estado.
Para ellos es letra muerta lo que dispone la Constitución y las luchas que ha dado el pueblo de México para hacer mandato de ley la separación de las iglesias y el estado, desde aquella épica lucha que diera en el siglo XIX el gran patricio Benito Juárez García, Benemérito de las Américas.
Solamente dos voces reclamaron la actitud religiosa y violatoria de las leyes del gobernador Duarte: el senador panista y por cierto también chihuahuense, Javier Corral y el priísta de prosapia, Rodolfo Echeverría, quienes además escribieron sendos artículos al respecto, sin embargo no han dicho nada de los alcaldes panistas.
Katia dé Artigues, en su sabrosa columna Campos Elíseos titulado “El paseo de la política” y publicado este miércoles 12 en el diario El Universal, anuncia que esta cofradía evangélica llamada Alianza de Pastores ha crecido exponencialmente en los últimos años de 1.8 a 7.3 por ciento de la población y agrega que hay un pastor por cada 250 feligreses, cifra que sorprende, si tomamos en cuenta que por cada 10 mil católicos apenas si tienen un sacerdote.
Es necesario exponer ante la opinión pública que no nos vaya a suceder lo que ocurrió con aquel malhadado Instituto Lingüístico de Verano, el cual se introdujo en México, sobre todo en el sureste del país, gracias a las artimañas de un senador priista, Hugo B. Margáin, no obstante que la autoridad en un principio habían prohibido su estancia en el país. El daño que causó es enorme y aun se reciente, puesto que de ahí surgen los problemas interreligiosos en las comunidades indígenas que ha costado toda clase de sufrimientos, inclusive pérdida de vidas.
La autoridad debe entrar en acción de inmediato, nadie tiene derecho a violentar, a violar, a hacer sorna de la laicidad. Los funcionarios juraron “cumplir y hacer cumplir la constitución política y las leyes que de ella emanen”, lo menos es esperar que cumplan su palabra.
JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2013México: Revés a la minera en Morelos
Por Gerardo Fernández Casanova
Por Gerardo Fernández Casanova
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó el permiso de funcionamiento al proyecto de minería a tajo abierto en el municipio de Temixco en el estado de Morelos. Es un triunfo insólito de los pueblos en defensa de la naturaleza y la salud general. Aunque sólo es un primer round de la pelea, su significado puede calificarse de histórico y su alcance de universal.
Hace historia una condición singular: los pueblos movilizados con sólidas bases técnicas merecieron el respaldo del gobierno del estado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de un amplio sector de la sociedad; la autoridad federal actuó en consecuencia y negó la autorización; lo común ha sido que los pueblos han dado sus luchas contra la minería depredadora en solitario, con la autoridad sentada en el lado contrario de la mesa junto con las empresas mineras, los golpeadores a su servicio y la prensa vendida. Su alcance es universal como también lo es la embestida vandálica de la minería a tajo abierto que, para la extracción de unas cuantas onzas de oro, depredan los suelos y envenenan las aguas; empresas que en sus lugares de origen enfrentan la prohibición por sus efectos nocivos, buscan y generan facilidades en localidades de legislación laxa, cuando no permisiva, con autoridades débiles y proclives a la corrupción. Traen inversiones y se llevan vidas. Enhorabuena por la actitud clara y comprometida del gobernador Graco Ramírez, confirma que vale la pena votar por la izquierda.
En México una de las primeras expresiones del modelo neoliberal adoptado fue la reforma minera iniciada con la privatización de la Compañía Minera de Cananea y seguida por reforma a la legislación impulsada por Carlos Salinas. Desde 1967 regía una legislación minera que reivindicaba para la nación el dominio de los recursos minerales del subsuelo (me tocó en suerte participar en la redacción de su iniciativa y la recuerdo como la primera acción trascendente de mi vida profesional); durante su vigencia la actividad creció y lo hizo en beneficio de la sociedad, sea por empresas paraestatales o por concesiones a particulares. Sucedió entonces el asesinato de Salvador Allende en Chile y la muerte del gobierno de unidad popular por él encabezado, en mucho como producto de la intriga de la International Telegraph & Telephone (ITT), a la sazón dueña del mercado mundial del cobre, su socio Kissinger y la CIA, con la secuela de la creación del laboratorio experimental de lo que después se conoció como neoliberalismo; la Tatcher privatizó la siderurgia británica y de allí se generó la tendencia de entregar a los particulares la riqueza minera mundial. Salinas, como alumno aplicado, no tardó en sumarse a la ola modernizadora y hoy pagamos las consecuencias: casi todo el territorio nacional ha sido concesionado a las empresas mineras y ni el país ni el estado ni la sociedad reciben beneficio alguno por la explotación, en tanto que la depredación cunde como carcinoma letal. Por eso estamos como estamos, diría Héctor Suárez.
Es muy deseable que este primer triunfo alcanzado por la sociedad morelense pueda afianzarse hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto, la ley registra vericuetos que los abogados al servicio de las mineras suelen aprovechar para doblegar legalmente las más decididas voluntades políticas. Ante ello es preciso mantener en alto la presión social y extenderla a todos los otros casos que se registran en el país y compartir la experiencia con otros movimientos que en Latinoamérica enfrentan al mismo fenómeno. El asunto va mucho más allá de una lucha ideológica, se trata de la supervivencia del género humano, hoy en riesgo extremo por la devastación de la naturaleza.
Resulta ser que, además de las empresas canadienses que se llevan la palma en este nefasto negocio, también están apareciendo empresas chinas con el mismo objetivo, lo que me lleva a ligar el tema con el de la visita del Presidente de la República Popular China a México y la inauguración de una alianza económica con esa poderosa nación. Después de más de veinte años de entrega absoluta al juego geopolítico de Washington, la apertura de otra instancia de negociación podrá ofrecer un mayor grado de libertad relativa para el estado mexicano, parecido al que existió durante la guerra fría; sólo quisiera advertir que será un error rotundo si las negociaciones se enfilan a poner a los dos gigantes a competir por concesiones para el aprovechamiento de los recursos del país, en cuyo caso el beneficio se limitaría a obtener un precio menos malo por ellos. La buscada libertad puede ensancharse si se limita al comercio y cambiar la condición de socio cautivo que hoy prevalece.
Hace historia una condición singular: los pueblos movilizados con sólidas bases técnicas merecieron el respaldo del gobierno del estado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de un amplio sector de la sociedad; la autoridad federal actuó en consecuencia y negó la autorización; lo común ha sido que los pueblos han dado sus luchas contra la minería depredadora en solitario, con la autoridad sentada en el lado contrario de la mesa junto con las empresas mineras, los golpeadores a su servicio y la prensa vendida. Su alcance es universal como también lo es la embestida vandálica de la minería a tajo abierto que, para la extracción de unas cuantas onzas de oro, depredan los suelos y envenenan las aguas; empresas que en sus lugares de origen enfrentan la prohibición por sus efectos nocivos, buscan y generan facilidades en localidades de legislación laxa, cuando no permisiva, con autoridades débiles y proclives a la corrupción. Traen inversiones y se llevan vidas. Enhorabuena por la actitud clara y comprometida del gobernador Graco Ramírez, confirma que vale la pena votar por la izquierda.
En México una de las primeras expresiones del modelo neoliberal adoptado fue la reforma minera iniciada con la privatización de la Compañía Minera de Cananea y seguida por reforma a la legislación impulsada por Carlos Salinas. Desde 1967 regía una legislación minera que reivindicaba para la nación el dominio de los recursos minerales del subsuelo (me tocó en suerte participar en la redacción de su iniciativa y la recuerdo como la primera acción trascendente de mi vida profesional); durante su vigencia la actividad creció y lo hizo en beneficio de la sociedad, sea por empresas paraestatales o por concesiones a particulares. Sucedió entonces el asesinato de Salvador Allende en Chile y la muerte del gobierno de unidad popular por él encabezado, en mucho como producto de la intriga de la International Telegraph & Telephone (ITT), a la sazón dueña del mercado mundial del cobre, su socio Kissinger y la CIA, con la secuela de la creación del laboratorio experimental de lo que después se conoció como neoliberalismo; la Tatcher privatizó la siderurgia británica y de allí se generó la tendencia de entregar a los particulares la riqueza minera mundial. Salinas, como alumno aplicado, no tardó en sumarse a la ola modernizadora y hoy pagamos las consecuencias: casi todo el territorio nacional ha sido concesionado a las empresas mineras y ni el país ni el estado ni la sociedad reciben beneficio alguno por la explotación, en tanto que la depredación cunde como carcinoma letal. Por eso estamos como estamos, diría Héctor Suárez.
Es muy deseable que este primer triunfo alcanzado por la sociedad morelense pueda afianzarse hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto, la ley registra vericuetos que los abogados al servicio de las mineras suelen aprovechar para doblegar legalmente las más decididas voluntades políticas. Ante ello es preciso mantener en alto la presión social y extenderla a todos los otros casos que se registran en el país y compartir la experiencia con otros movimientos que en Latinoamérica enfrentan al mismo fenómeno. El asunto va mucho más allá de una lucha ideológica, se trata de la supervivencia del género humano, hoy en riesgo extremo por la devastación de la naturaleza.
Resulta ser que, además de las empresas canadienses que se llevan la palma en este nefasto negocio, también están apareciendo empresas chinas con el mismo objetivo, lo que me lleva a ligar el tema con el de la visita del Presidente de la República Popular China a México y la inauguración de una alianza económica con esa poderosa nación. Después de más de veinte años de entrega absoluta al juego geopolítico de Washington, la apertura de otra instancia de negociación podrá ofrecer un mayor grado de libertad relativa para el estado mexicano, parecido al que existió durante la guerra fría; sólo quisiera advertir que será un error rotundo si las negociaciones se enfilan a poner a los dos gigantes a competir por concesiones para el aprovechamiento de los recursos del país, en cuyo caso el beneficio se limitaría a obtener un precio menos malo por ellos. La buscada libertad puede ensancharse si se limita al comercio y cambiar la condición de socio cautivo que hoy prevalece.
Fuente:Argenpress
No hay comentarios:
Publicar un comentario