EL JUEZ DANIEL RAFECAS PROCESO AL EX PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El jefe del grupo de tareas financiero
El magistrado lo responsabilizó por el secuestro de 23 personas que fueron acusadas de delitos de “subversión económica”. En el fallo se analiza la dimensión económica de la dictadura y la articulación entre el aparato civil y el militar.
Por Alejandra Dandan
En la causa se investiga la persecución a grupos económicos determinados por parte de los militares y la Comisión Nacional de Valores.Imagen: Daniel Jayo
Juan Alfredo Etchebarne era amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz, compartió su estudio de abogados y luego del golpe de marzo de 1976 fue nombrado por el ya ministro de Economía como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Etchebarne había sido detenido en abril y acaba de ser procesado por el juez Daniel Rafecas por el secuestro de 23 personas en Campo de Mayo. Las víctimas pertenecían a los grupos económicos Chavanne-Grassi y habían intervenido “directa o indirectamente” en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver. Para el juzgado, “bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de ‘subversión económica’, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento”.
Juan Alfredo Etchebarne era amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz, compartió su estudio de abogados y luego del golpe de marzo de 1976 fue nombrado por el ya ministro de Economía como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Etchebarne había sido detenido en abril y acaba de ser procesado por el juez Daniel Rafecas por el secuestro de 23 personas en Campo de Mayo. Las víctimas pertenecían a los grupos económicos Chavanne-Grassi y habían intervenido “directa o indirectamente” en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver. Para el juzgado, “bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de ‘subversión económica’, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento”.
En su acusación, Rafecas sitúa el rol de Etchebarne como “partícipe necesario” y subraya de modo novedoso su rol en la conformación de un “grupo de tareas” no sólo destinado a secuestrar y torturar, sino también a “investigar ilegalmente” el movimiento de fondos de la empresa. “En su carácter de presidente de la CNV fue partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos veintitrés personas investigadas, a su instancia, por el Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi SA, quienes fueron secuestradas entre el 14 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978”. A modo de síntesis, entiende que el caso muestra la “existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores”.
En el contexto del caso de la CNV, uno de los aportes del fallo de Rafecas es que por primera vez avanza, en el ámbito de las causas de lesa humanidad del Primer Cuerpo del Ejército, en un análisis sobre la dimensión económica de la dictadura. A partir de este caso contextualiza su “carácter cívico-militar” y reconstruye líneas para entender la articulación entre el aparato civil y militar.
“La simple enumeración de los actores (...) pone en evidencia el complejo entramado de niveles que participan en los hechos, en una mixtura que involucra a empresarios e industriales como víctimas y (...) la concurrencia de funcionarios civiles y militares en la concreción de los sucesos materia de investigación”. Bajo el titulo de “El carácter cívico-militar del golpe”, menciona: “Las singularidades (...) características de esta instrucción ponen de manifiesto, a criterio del suscripto, la necesidad de hacer visible, junto a la descripción de los hechos (...) una dimensión más amplia (...). Esa dimensión involucra el llamado carácter cívico-militar del régimen instaurado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el componente político-económico, en términos de objetivos y necesidades, que se trazó el gobierno de facto”.
En el fallo queda planteado cómo la figura de la “subversión económica” permitió “saquear esas empresas con la colaboración de los antes enunciados organismos económicos del Estado”. Y en términos de estructura política, cómo esa matriz de persecución permitió paralelamente la implementación de un modelo económico, basado en la especulación financiera que terminó destruyendo el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras.
El caso
La CNV es el organismo rector del sistema financiero cuyo rol durante la dictadura fue analizado particularmente este año por la nueva dirección a cargo de Alejandro Vanoli, que presentó un informe con el análisis de más de 500 actas de directorio de aquel período. Allí se leyó el papel del organismo como una herramienta política del Ministerio de Economía, que entre otras funciones persiguió a algunos sectores empresarios e industriales en beneficio de otros, en el marco de un proceso más amplio destinado a alimentar las políticas de especulación financiera. El informe es uno de los elementos de prueba tomado por el juzgado que, además, tomó declaraciones testimoniales de la víctimas, documentos del Banco Central, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia.
Además de Etchebarne, Rafecas procesó a cuatro represores: el coronel retirado Francisco D’Alessandri, el comandante de Gendarmería Víctor Rei y el agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti. Entre las víctimas se encuentran los hermanos René y Luis Gra-ssi, cotitulares del grupo empresario rosarino Industrias Siderúrgicas Grassi; así como algunos de sus gerentes y directivos. También integrantes del “grupo empresario Chavanne”, entre ellos sus titulares: los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne; la esposa de Juan Claudio, Sara Duggan, y su socio Jorge Tejerina. Además, otros altos funcionarios del Banco de Hurlingham y auditores.
Durante los secuestros los prisioneros fueron alojados en el centro clandestino de la prisión militar de Campo de Mayo, bajo la órbita del general Carlos Suárez Mason.
Para septiembre de 1978, la CNV había denunciado a los empresarios ante la Justicia y luego ante el Primer Cuerpo. Uno de los datos que subrayó el juzgado es el rol del organismo en la conformación del Grupo de Tareas creado a “instancias” de la “presidencia de la CNV”. El GT quedó a cargo de Roberto Roualdes, segundo comandante y jefe de plana mayor de la Subzona Capital Federal. Roualdes designó a los integrantes que acaban de ser procesados: como jefe a D’Alessandri, por primera vez procesado en una causa. Y entre los operativos, a Víctor Rei y Guglielminetti. Sobre la relación entre Etchebarne y el GT, el fallo menciona viejas declaraciones de “ambos encumbrados militares del aparato represivo estatal”, en referencia a Suárez Mason y Roualdes. Los dos dijeron que la persecución “bajo la burda fachada de un sumario prevencional militar” se inició a instancias de la CNV y Roualdes mencionó “en particular a Juan Alfredo Etchebarne”.
Otro elemento clave sobre la responsabilidad de Etchebarne fue la contribución que prestó a los “interrogatorios”. Cuando Roualdes tuvo a los prisioneros “evidentemente advirtió” que no podía interrogarlos por falta de información y pidió peritos a la CNV y al BCRA. Etchebarne mandó a los peritos en “comisión de servicio” al término de la cual recibió una felicitación de Roualdes.
En este caso, Etchebarne fue procesado por 23 de los 28 casos. Por el resto está sobreseído en una causa que tramitó durante la vigencia de las leyes de impunidad que consideraron el caso prescripto, un aspecto de la resolución que podría ser apelada.
Fuente:Pagina12
17.07.2013
una investigación sobre el despojo a personal del grupo chavanne y siderúrgica grassi
Procesan a ex titular de Comisión de Valores durante la dictadura
El juez federal Daniel Rafecas dispuso la medida contra Juan Alfredo Etchebarne por delitos de lesa humanidad contra directivos y empleados de dos empresas. Los argumentos.
Por: Gerardo Aranguren
El ex titular de la Comisión Nacional de Valores en la última dictadura, Juan Alfredo Etchebarne, fue procesado por delitos de lesa humanidad junto a otros tres acusados por el secuestro y tormentos sufridos por directivos y empleados del Grupo Chavanne y la Siderúrgica Grassi. El funcionario civil persiguió a los empresarios como parte de la represión de lo que consideraba la "subversión económica", ya que los acusaban de financiar a Montoneros con la compra del Banco de Hurlingham a la familia Graiver.
El juez federal Daniel Rafecas firmó el viernes pasado el procesamiento de Etchebarne, funcionario civil de la última dictadura, como cómplice necesario de esos delitos, y procesó a los otros tres acusados como responsables directos de los crímenes: el coronel retirado Francisco D'Alessandri, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, condenado por la apropiación de Pedro Sandoval, y el ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, los tres como coautores de los secuestros y tormentos.
Entre septiembre y diciembre de 1978, 28 miembros del Grupo Chavanne y la Siderúrgica Grassi fueron secuestrados. Ambas empresas se habían asociado en diciembre de 1976 para la compra del Banco de Hurlingham a Isidoro Graiver y a Lidia Papaleo, en representación de su hija María Sol Graiver. La venta formó parte del desprendimiento forzado de bienes del grupo tras la muerte de David Graiver.
Según la resolución de Rafecas, la detención de los empresarios se realizó a instancias de Etchebarne, quien le pidió al comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Suárez Mason, la creación de un grupo de tareas para "investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham".
Para eso, Suárez Mason integró el grupo represivo con el comandante de la Dirección General de Inteligencia de Gendarmería Nacional, Rei; un teniente coronel del Ejército, D'Alessandri, y un agente civil de Inteligencia del Ejército, Guglielmine-tti. Los tres estaban bajo el mando del fallecido coronel Roberto Roualdes.
El grupo secuestró a directivos y empleados de las empresas Chavanne y Grassi, así como a funcionarios del Banco de Hurlingham y de la Bolsa de Comercio. Entre las víctimas estuvieron los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne y su socio Jorge Tejerina y los hermanos René y Luis Grassi, entre otros.
Según Rafecas, tenían "un interés específico en dar con el dinero que habría obtenido Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born en 1974".
Todos los secuestrados fueron llevados a la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados sobre su supuesto vínculo con Montoneros. Para darle un tinte legal, se inició en paralelo, en agosto de 1978, una causa judicial ante el juzgado de Rafael Sarmiento, quien recibió como pruebas todas las declaraciones obtenidas ilegalmente durante el cautiverio.
A fines de 1978, casi todos los detenidos ya habían sido trasladados a los penales de Villa Devoto y de Caseros. Continuaron durante unos meses las causas judiciales en su contra, por administración fraudulenta, de las que finalmente fueron liberados y luego sobreseídos entre 1979 y 1982.
Si bien la investigación de estos delitos comenzó apenas retornó la democracia, cuando algunas de las víctimas declararon en el Juicio a las Juntas, la causa se reabrió recién en 2010 a partir de las declaraciones de Marcelo Chavanne y de Tejerina en el juicio a Rei por la apropiación del nieto restituido Pedro Sandoval.
Fuente:TiempoArgentino
16.07.2013
Es Alfredo Etchebarne. También se dictó la misma medida para tres represores
Caso Chavanne-Industrias Grassi: Dictan la prisión preventiva para el entonces presidente de la CNV
Alfredo Etchebarne servía a Martínez de Hoz, que se libró de la ergástula por óbito.
El juez federal Daniel Rafecas "dispuso el procesamiento con prisión preventiva" del ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y de otros cuatro represores, indicaron esta mañana fuentes judiciales. La medida tomada por el magistrado en la causa de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército alcanza también coronel retirado del Ejército Francisco D´Alessandri, al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y al agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti. Los imputados "fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre del año 1978. Estas personas fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del (fallecido) General Carlos Suárez Mason", informaron voceros a Télam.
Es Alfredo Etchebarne. También se dictó la misma medida para tres represores
Caso Chavanne-Industrias Grassi: Dictan la prisión preventiva para el entonces presidente de la CNV
Alfredo Etchebarne servía a Martínez de Hoz, que se libró de la ergástula por óbito.
El juez federal Daniel Rafecas "dispuso el procesamiento con prisión preventiva" del ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y de otros cuatro represores, indicaron esta mañana fuentes judiciales. La medida tomada por el magistrado en la causa de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército alcanza también coronel retirado del Ejército Francisco D´Alessandri, al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y al agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti. Los imputados "fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre del año 1978. Estas personas fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del (fallecido) General Carlos Suárez Mason", informaron voceros a Télam.
"Las víctimas se encontraban vinculadas a los grupos económicos Chavanne y Grassi, los que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver", explicaron los voceros. Sobre ese tema detallaron que "bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de 'subversión económica', los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento".
La investigación judicial, iniciada en junio de 2010, reunió numerosos testimonios, entre ellos los de la mayoría de las víctimas y analizó "un copioso conjunto de documentación" proveniente de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
En una resolución de más de 400 carillas, Rafecas "pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores".
"En ese contexto se conformó un grupo de tareas encabezado por el Coronel del Ejército Roberto Roualdes (fallecido), quien designó como jefe a Francisco D´Alessandri, encontrándose entre sus integrantes el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei", en tanto Guglielminetti "intervino en determinados operativos de secuestro que cometió ese grupo", detallaron los voceros.
Entre las víctimas "reconocidas como tales en este procesamiento se encuentran los hermanos René y Luis Grassi, cotitulares del grupo empresario rosarino "Industrias Siderúrgicas Grassi"; así como algunos de sus gerentes y directivos, como Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz".
Del "grupo empresario Chavanne", fueron víctimas sus titulares, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne, así como también la esposa de este último, Sara Duggan y su socio Jorge Tejerina; al igual que altos funcionarios del Banco de Hurlingham.
Se trata de los entonces directivos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein.
Fuente:Telam



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