Nos preguntamos por que en la Dictadura no se le abonó indemnizaciones a quiénes, militares y soldados murieron en el intento de copamiento del Reg 29 de Monte de Formosa si es que les correspondía? Hubo una pensión con grado más alto que el que tenían al momento del hecho del 5 de octubre del ‘75 que se les pagó y continúa a la fecha ajustado a derecho. Dar una indemnización “supra” ahora viola lo que el país votó como que solo habra reparación para quiénes fueron secuestrados y desaparecidos por la criminalidad del estado y que fueron ratificados por fallos de Procuración Fiscal Nación, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia asi como Justicia Universal.
Recordamos que aun están insepultos 11 cuerpos de militantes que continúan desaparecidos bajo la construcción de un edificio y no se puede verificar que sus familiares hayan podido saber la verdad, recuperar sus cuerpos y cobrar dinero como indican periodistas de Perfil y otros. A los senadores que pusieron o pondrán sus firmas en la ley les señalamos que no olvidamos ni perdonamos la injusticia ni la inequidad con quiénes fueron víctimas del terror, inermes y no sujetos a derecho..
Mirta Clara
Familiar de la Masacre de Margarita Belén
Contra la vuelta de la “Teoría de los Dos Demonios”
Los militantes y organismos de DDHH de Tucumán,abajo firmantes, repudia la media sanción del proyecto de ley que pretende equiparar los efectos de la lucha armada de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 con los crímenes del Terrorismo de Estado y llama al movimiento de DDHH y las fuerzas políticas populares a redoblar sus esfuerzos para impedir que este proyecto se convierta finalmente en ley en el Senado, previsto para la proxima sesión.
Con 135 votos a favor y 18 en contra, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley el año pasado presentado por diputados radicales y peronistas de Formosa que manda a indemnizar a víctimas de la acción de la Organización Montoneros realizó al Regimiento de Infantería de Monte, Formosa en 1975.
El proyecto significa un verdadero retroceso que remite a los tiempos de la sanción de los decretos 156 y 157 del gobierno de Ricardo Alfonsin que establecieron en primer lugar el juzgamiento penal a los responsables de las organizaciones político militares y luego a los jefes de las Juntas que integraron los sucesivos gobiernos dictatoriales genocidas. Ese fue el inicio de un esquema oficial tendiente a circunscribir la cuestión de las violaciones sistemáticas de derechos humanos exceptuando cómplices e instigadores civiles, religiosos y de toda índole comprometidos con el plan político, cultural y económico del terrorismo de Estado que se institucionalizaría la denominada “teoría de los dos demonios” con el prólogo que redactar el escritor Ernesto Sábato al informe “Nunca Más” de la CONADEP.
La anulación en 2003 de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad concretada por el presidente Néstor Kirchner permitió reiterar una prolongada normativa y jurisprudencia supranacional, constitucional y local que estableció la imposibilidad de equiparar en cuanto a consecuencias y calificación la acción represiva y terrorista del Estado con los actos de particulares. La aprobación de este proyecto contrario a los valores de Memoria, Verdad y Justicia, se inscribe entonces en el marco de un revanchismo de los sectores de derecha que pretenden desoir y borrar los importantes avances logrados con el juicio y castigo a los responsables del genocidio de los últimos años.
Una vez más, llamamos a todo el movimiento de DDHH, las fuerzas populares, progresistas y democráticas de nuestra sociedad a repudiar el voto al proyecto de indemnización de Ricardo Buryaile (UCR) y Juan Carlos Díaz Roig (FpV)aprobado en Diputados y evitar que el Senado lo convierta en ley.
Envío:Agnddhh
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