JUSTICIA, SALUD Y DEFENSA CONTROLARAN LA ATENCION MEDICA DE LOS REPRESORES
Una comisión para evitar otra fuga
Por Ailín Bullentini
El acuerdo fue firmado por los ministros Alak, Rossi y Manzur.
Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas. La medida, que formalizaron los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Salud, Juan Manzur; y de Justicia, Julio Alak, llega tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, recientemente condenados por violaciones a los derechos humanos, que escaparon la semana pasada del Hospital Militar Cosme Argerich.
Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas. La medida, que formalizaron los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Salud, Juan Manzur; y de Justicia, Julio Alak, llega tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, recientemente condenados por violaciones a los derechos humanos, que escaparon la semana pasada del Hospital Militar Cosme Argerich.
En el marco del acto que se desarrolló en la sede de Defensa, los ministros del Gabinete nacional formalizaron la puesta en práctica de una “orden de la Presidenta”, Cristina Fernández de Kirchner, según mencionó Rossi: “Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares”, destacó el titular de Defensa.
La iniciativa se había comunicado el viernes pasado, a las pocas horas de que el Estado confirmara la fuga de Olivera y De Marchi, condenados a principios de mes en San Juan y trasladados al penal de Marcos Paz para asistir a citas médicas en el Hospital Militar Central. “La medida apunta a verificar si realmente existen causales para requerir una atención determinada que, en caso de necesitarla, se prestará en el Hospital Central del Servicio Penitenciario de Ezeiza, que tiene servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para poder albergar a civiles y militares que están imputados por delitos de lesa humanidad”, amplió Rossi.
A través del convenio firmado, ayer quedó conformada la Comisión de Asesoramiento Médico que, integrada por profesionales de la salud representantes de cada cartera –Pablo Kohan, de Justicia; Eduardo Bustos Villar, de Salud; y Mario Perichón, de Defensa–, tendrá la función expresa de revisar “los antecedentes médicos respecto de las internaciones o tratamientos ambulatorios en dependencias hospitalarias bajo la órbita de las Fuerzas Armadas de imputados, procesados o condenados en causas que se investigue o haya determinado la responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad”. Además evaluará las condiciones de tratamiento “adecuadas” de estas personas, “a los fines de determinar el alta o el traslado”.
Según menciona el documento al que suscribieron las tres carteras, los informes elaborados por la comisión deberán ser entregados “en el plazo de 30 días” a los ministros “para su evaluación y eventual remisión a las autoridades judiciales”. En el convenio, no obstante, figura la posibilidad de ampliar el plazo de acción de los médicos asesores.
La comisión no intervendrá en la labor de la Justicia, que es la que otorga o deniega el permiso pertinente para que un procesado o un condenado reciba tratamiento médico. Su rol es el de “aconsejar” a los jueces acerca del tipo de tratamiento y del lugar en el que debería ser recibido por las personas sometidas a un proceso judicial, puntualizaron desde la cartera de Defensa. Varios abogados dedicados a causas de derechos humanos coincidieron en que existe un “doble estándar” en el tratamiento que la Justicia brinda a los represores con prisión preventiva o condenados respecto del común de la población carcelaria. “La mayoría de los presos no tiene otra alternativa más que hacerse atender por el sistema hospitalario del Servicio Penitenciario, mientras que los militares cuentan con el círculo de instituciones castrenses. Pero hay jueces que firman permisos de traslado a esos hospitales por fechas indefinidas, e incluso para hacerse controles odontológicos, por ejemplo. “¿De qué preso común la Justicia se preocupa por cuidar su salud dental?”, reflexionó ante este diario uno de los abogados.
La labor de la comisión complementará las medidas dictadas por Rossi y Alak el viernes pasado. Desde Justicia se firmó una resolución que prohíbe el traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas. Desde Defensa se prohibió a las dependencias sanitarias que dependen de la cartera brindar atención a los represores. “Queremos analizar la situación de aquellos militares condenados o procesados que por decisión de la Justicia se encuentran atendidos en los hospitales militares –remarcó Rossi en diálogo con Página/12–. Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios.”
HORTEL, SOBRE LOS TRASLADOS
El pedido del juez
El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, ratificó su sospecha sobre la Justicia federal de San Juan, que dispuso el traslado al Hospital Militar de dos represores finalmente fugados, y reclamó investigar al magistrado subrogante que firmó esa autorización.
Tras la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar, Hortel hizo una denuncia en la Justicia federal para que se investigue con qué complicidad contaron los prófugos, pero ayer apuntó en forma directa a la “responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio”.
En las últimas horas, el juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, que había firmado el acta, justificó la autorización de traslado y advirtió que la responsabilidad de la fuga fue pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal. Ante esas declaraciones, Hortel apuntó al juez y aportó documentación del SPF para demostrar que el magistrado fue quien solicitó “arbitrar los medios necesarios” para concretar el traslado (ver facsímiles). Esos documentos dan cuenta de que el juez Gálvez dispuso el traslado temporario durante el término de la feria judicial y, el 18 de julio pasado, la doctora María Paula Carena, en su condición de titular de la Secretaría Penal Nº 5 del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, y “por disposición del señor juez federal subrogante Miguel Angel Gálvez”, solicitó “se arbitren los medios necesarios para que el interno Gustavo Ramón De Marchi sea trasladado hasta el Hospital Militar Central ‘Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich’, a los fines de ser atendido en dicho nosocomio los siguientes días: a) 18 y 25 de julio de 2013 al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas; b) 31 de julio de 2013 al Servicio de Traumatología a las 10.00 horas; c) 01 de agosto de 2013 al Servicio de Clínica Médica General a las 10.30 horas; 07 de agosto de 2013 al Servicio de Implantología a las 10.00 horas; y e) 08 de agosto de 2013 al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas”.
En oficios similares cursados en la misma fecha y en iguales términos, la secretaria Carena solicitó lo mismo en relación con el traslado al Hospital Militar del interno Jorge Antonio Olivera, para ser atendido en los servicios de dermatología, urología, nefrología y, al igual que De Marchi, psiquiatría.
Lo solicitó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel
Fuga de represores: piden que se investigue al juez sanjuanino
Desde el SPF aportaron documentación sobre los traslados autorizados por el magistrado Miguel Gálvez durante la feria, cuando lograron escapar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.
Por: Gerardo Aranguren
El juez Gálvez, quien en un principio dijo no recordar los motivos del traslado de los prófugos, había asegurado ayer que "la responsabilidad de la fuga es pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal".
En un comunicado difundido ayer, el titular del SPF aseguró que "la justicia federal sanjuanina dispuso el traslado de los internos Olivera y De Marchi al Hospital Militar Central y no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó hoy erróneamente".
El SPF también hizo público los documentos firmados por Gálvez y por la secretaria del Juzgado Federal 2 de San Juan, María Paula Carena, quienes autorizaron el traslado de los ex militares el mismo día y a la misma hora al Hospital Militar.
En el caso de De Marchi, consta que "por disposición del juez federal subrogante, Miguel Ángel Gálvez", Carena solicita que "se arbitren los medios necesarios para que el interino De Marchi sea trasladado hasta el Hospital Militar Central 'Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich'".
En el pedido figuran también los turnos que ya poseía el represor para ser atendido, uno de ellos el día de la fuga, el 25 de julio a las 10 en el Servicio de Psiquiatría. En el caso de Olivera, un acta similar fue emitida por el juez de feria y figura allí un turno con el servicio de Dermatología el día de la fuga a la misma hora.
En diálogo con Tiempo Argentino, Hortel señaló que el Servicio Penitenciario ya dispuso la disponibilidad de jefes y agentes, así como sanciones y sumario administrativo que están en trámite sobre posibles responsabilidades de agentes del SPF. "Al mismo tiempo hicimos la denuncia penal para que se investigue todo lo que sucedió", agregó y señaló que la institución "cumplió la orden del traslado porque fue emitida por la justicia pero eso no quiere decir que la orden tenga racionalidad".
Hortel aclaró que el Servicio "no tiene ningún compromiso" con la fuga ni con los agentes penitenciarios involucrados y explicó: "El SPF tiene el costo del personal, si es que ha sido negligente, pero si el juez firmó sin leer… Entendemos que hay una secuencia muy difícil de explicar por un traslado para tratar una dermatitis en Buenos Aires."
Además del pedido de Hortel para que se investigue al juez, ayer una de las víctimas de Olivera y De Marchi confirmó que denunciará penalmente a Gálvez, a la secretaria Carena y también al juez penal que lleva la causa, Leopoldo Rago Gallo, a quien se vincula con el ex camarista mendocino Otilio Romano, prófugo en Chile por delitos de lesa humanidad.
Quien hará la presentación es Eloy Camus, víctima de la represión y testigo en el juicio, quien aseguró sentir "vergüenza ajena" sobre los funcionarios judiciales. "Me he pasado la mitad de mi vida tratando de hacer justicia para que una banda de delincuentes permita que otra banda de delincuentes queden libres", aseguró Camus.
También se cuestionó el accionar de la secretaria Carena, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, acusado por no cumplir su función de investigar las denuncias de torturas y detenciones ilegales en la última dictadura.
Al igual que Gálvez, quien culpó al Servicio Penitenciario, el juez Rago Gallo y la secretaria se desentendieron del caso ante medios sanjuaninos. Rago Gallo consideró "mala leche" que se dudara de su accionar y defendió su procedimiento: "No pretenderán que le pongamos en un apartado que diga ‘ojo, cuidado que se pueden escapar'". Carena, por su parte, aseguró que ese tipo de traslados son "muy comunes" y sostuvo que sólo asistió al cumplimiento de las decisiones de los dos jueces.
una comisión evaluará la salud de los represores detenidos
Tras la fuga de los dos militares condenados en San Juan, una comisión interministerial evaluará el estado de salud de los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. La medida fue anunciada ayer y busca evitar que se repitan los hechos que permitieron a Antonio Olivera y Gustavo De Marchi huir del Hospital Militar Central, ubicado en Palermo.
Los ministros de Justicia, Julio Alak; de Defensa, Agustín Rossi; y de Salud, Juan Manzur, firmaron un convenio para dar forma a la Comisión de Asesoramiento Médico, que revisará los antecedentes médicos de detenidos por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar. También decidirá si es necesario el traslado por cuestiones de salud. La creación de la comisión se suma a la decisión de prohibir el alojamiento y la atención de procesados o condenados en hospitales militares y de concentrar esos casos en el hospital del penal de Ezeiza.
"Tenemos la directiva de la presidenta (Cristina Fernández) de conformar esta comisión enre los tres ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", anunció Rossi al comienzo del acto de firma del convenio junto a Alak y Manzur.
La comisión estará integrada por médicos representantes de las tres carteras, que evaluarán la salud de quien solicite atención y elevarán un informe para que se determine si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes.
Rossi explicó que Defensa deberá recabar la historia clínica de cada prisionero, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales militares y evaluar con los otros ministerios si corresponde la atención o el traslado.
El ministro de Justicia, por su parte, indicó que de ahora en más todos los civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad que requieran atención médica deberán hacerlo en el hospital de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad.
Quienes actualmente estén siendo tratados en otra institución, la comisión "apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada y si esa prestación se puede brindar en Ezeiza". "Esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio.
La presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario debe garantizar los derechos humanos, sin privilegios", sostuvo Alak.
Fuente:TiempoArgentino
29.07.2013
Por la fuga de dos militares recién condenados a perpetua y 25 años
El director del SPF insiste en señalar la responsabilidad de un juez federal de San Juan
Juez Galvez. Excusas pueriles
El director del Servicio Penitenciacrio Federal (SPF), Víctor Hortel, señaló hoy que "debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores fugados el jueves, ya que fue la justicia federal la que dispuso el viaje de los convictos Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar Central de Buenos Aires , y "no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó erróneamente". El director del SPF salió así al cruce nuevamente de versiones periodísticas que indican que el juez Federal Miguel Angel Gálvez no había enviado a Olivera y De Marchi al hospital del que se fugaron.
Por la fuga de dos militares recién condenados a perpetua y 25 años
El director del SPF insiste en señalar la responsabilidad de un juez federal de San Juan
El director del Servicio Penitenciacrio Federal (SPF), Víctor Hortel, señaló hoy que "debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores fugados el jueves, ya que fue la justicia federal la que dispuso el viaje de los convictos Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar Central de Buenos Aires , y "no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó erróneamente". El director del SPF salió así al cruce nuevamente de versiones periodísticas que indican que el juez Federal Miguel Angel Gálvez no había enviado a Olivera y De Marchi al hospital del que se fugaron.
El mayor retirado Olivera había sido condenado a prisión perpetua y el teniente primero De Marchi a 25 años de prisión, apenas veinte días antes, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de San Juan.
Hortel insistió en que "debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores, so pretexto de recibir tratamientos médicos y psiquiátricos, al Hospital Militar Central "Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich", en el barrio porteño de Las Cañitas, de dónde se fugaron apenas llegar el jueves pasado.,
Precisamente, la documentación obrante en el SPF da cuenta de que el juez Gálvez dispuso el traslado temporario durante la feria judicial.
El 18 de julio, María Paula Carena, titular de la Secretaría Penal N°5 del Juzgado Federal N°2 de la provincia de San Juan, "por disposición del Juez Federal subrogante Miguel Ángel Gálvez", solicitó "se arbitren los medios necesarios para que el interno Gustavo Ramón De Marchi, sea trasladado hasta el Hospital Militar Central, a los fines de ser atendido".
Según esos registros, la solicitud de atención preveía traslados del 18 y 25 de julio al Servicio de Psiquiatría a las 10; el 31 de julio al Servicio de Traumatología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Clínica Médica General a las 10.30; el 7 de agosto al Servicio de Implantología a las 10 y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas.
En tanto, en oficios similares cursados en la misma fecha y en iguales términos, la secretaria Carena solicitó, también por disposición del juez Gálvez, que "se arbitren los medios necesarios para que el interno Jorge Antonio Olivera sea trasladado hasta el Hospital Militar Central", también por atención médica.
Los cronogramas de traslados para Olivera debían efectuarse el 18 y 25 de julio al Servicio de Dermatología a las 10; el 31 de julio al Servicio de Implantología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Urología a las 10.30; 7 de agosto al Servicio de Nefrología a las 10; y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas", es decir, exactamente los mismos días y en los mismos horarios que De Marchi.
29.07.2013
Comentó la fuga de Olivera y De Marchi
Victoria Montenegro:"Los represores no pueden estar custodiados por quienes les son funcionales"
Comentó la fuga de Olivera y De Marchi
Victoria Montenegro:"Los represores no pueden estar custodiados por quienes les son funcionales"
Victoria Montenegro lo sabe por experiencia propia: las condiciones de detención de los represores suelen ser muy lábiles.
La nieta recuperada y precandidata a diputada nacional por el FPV, Victoria Montenegro, dijo hoy que los represores condenados por delitos de lesa humanidad "tienen que ir a hospitales comunes en el caso de que necesiten atención hospitalaria" porque "no pueden estar custodiados por personas que todavía les son funcionales". "Lo que estamos pidiendo los organismos de derechos humanos es cárcel cómun para todos y en el caso de que necesiten un hospital de alta complejidad, no tiene que ser uno militar porque no pueden estar custodiados por personas que todavía les son funcionales", dijo Montenegro a Télam sobre la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central "Cosme Argerich", barrio de Las Cañitas.
La nieta recuperada y precandidata a diputada nacional por el FPV, Victoria Montenegro, dijo hoy que los represores condenados por delitos de lesa humanidad "tienen que ir a hospitales comunes en el caso de que necesiten atención hospitalaria" porque "no pueden estar custodiados por personas que todavía les son funcionales". "Lo que estamos pidiendo los organismos de derechos humanos es cárcel cómun para todos y en el caso de que necesiten un hospital de alta complejidad, no tiene que ser uno militar porque no pueden estar custodiados por personas que todavía les son funcionales", dijo Montenegro a Télam sobre la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central "Cosme Argerich", barrio de Las Cañitas.
La nieta recuperada pidió "investigar a fondo" la fuga de los represores y aseguró que "sabemos que en el Hospital Militar Central no hay ningún tipo de seguridad especial para personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad".
"Hay complicidad de un grupo de personas que son funcionales todavía a esa ideología", dijo al referirse a la fuga del último jueves de dos represores condenados en San Juan, al tiempo que sobre la falta de control señaló que "me consta porque mi apropiador estuvo preso en el penal de Campo de Mayo donde le
llevábamos personalmente vino y fernet todos los días".
"Entraba cualquiera a cualquier hora", recordó.
lesa humanidad
El inquietante escape de dos genocidas
De Marchi y Olivera fueron condenados el pasado 4 de julio y estaban alojados en una cárcel del SP provincial de San Juan.
Por: Eduardo Anguita
Desde el 1º de enero de este año hasta el 25 de julio, personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizó unos 2300 traslados de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad que en algún momento reportaron en las filas del Ejército Argentino. En la inmensa mayoría de los casos, con autorización judicial mediante, estos presos no iban a recibir atención médica que no pudiera brindarse en el complejo penitenciario de Ezeiza –bajo la órbita del SPF– sino a utilizar esa unidad hospitalaria para recibir visitas de sus familias en un ámbito que los mismos presos consideran propio. Allí, en los hechos, estos ex militares son tratados como pacientes afiliados a la Obra Social del Ejército y no como peligrosos criminales.
El pasado jueves 25 al mediodía, sin disparar un solo tiro y sin que nadie lo registrara, se escaparon los genocidas Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados a cadena perpetua y 25 años de prisión respectivamente el pasado 4 de julio por el Tribunal Oral Federal integrado por Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña.
Olivera tiene un temible prontuario y no es la primera vez que resulta prófugo de la justicia. Su padre, actualmente en prisión, es Jorge Olivera Rovere, que tenía el grado de general y secundaba nada menos que a Guillermo Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército –cuyo radio de acción era la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires hasta Bahía Blanca– desde 1976. Al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de ese año, Olivera (hijo) era teniente de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, en San Juan. Siguió en el Ejército hasta que se retiró en 1993 con el grado de mayor previa participación activa en los levantamientos carapintadas. Luego de estudiar Derecho y graduarse como abogado, comenzó a defender a ex camaradas suyos acusados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, al mismísimo Suárez Mason y al ex almirante Emilio Massera, por el juicio seguido en los tribunales de Roma por familiares de italianos desaparecidos. Cuando estaba en la capital italiana, la justicia de ese país recibió un pedido de captura de los tribunales franceses, por una causa iniciada en París por los familiares de la ciudadana francesa Marie Anne Erize, desaparecida en octubre de 1976. Olivera fue imputado por su responsabilidad directa en ese caso. En agosto de 2000, Olivera fue detenido y contó entonces con el apoyo legal de Augusto Sinagra, un abogado vinculado a la logia Propaganda Due, de la que participaban tanto Suárez Masson como el propio padre de Olivera y Massera. Por entonces, estos genocidas gozaban de impunidad en Argentina por las leyes de impunidad más los indultos. Sinagra logró que Olivera quedara en libertad presentando documentación con fecha adulterada que le permitió establecer que "los delitos estaban prescriptos". Esa artimaña le permitió regresar a Buenos Aires, donde se sentía seguro. No obstante, Olivera se mantuvo en la clandestinidad de modo preventivo y con uso de documentos de identidad adulterados.
En cuanto a Gustavo De Marchi, paracaidista, se retiró con el grado de teniente primero en agosto de 1977, estaba preso desde febrero de 2012 por su participación directa en varios crímenes, entre ellos el secuestro de Marie Anne Erize. El 14 de abril de 2013 presentó su defensa afirmando que la Justicia actual es "ilegítima". Uno de los párrafos del escrito presentado por De Marchi afirma: "Por si fueran escasos los argumentos de los ítems desarrollados supra, cumplo en destacar que el propio Presidente de este TOF de San Juan, Héctor Fabián Cortés, ha suscripto en cartesiano apoyo y empatía la solicitada impulsada por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó titulada "Una Justicia legítima", publicada el martes 11 de diciembre de 2012, en el diario ultraoficialista paragubernamental kirchnerista Tiempo Argentino. Ello evidencia indubitablemente la comunión del magistrado Cortés con la Procuradora Fiscal Gils Carbó y en consecuencia el apoyo directo al pensar y actuar político respecto a la severa grave calificación que confiere a la Justicia Argentina actual y que ocupa el presente planteo".
Cabe consignar que Gustavo De Marchi tiene un hermano mayor que también revistió en las filas del Ejército. Se trata de Juan Carlos De Marchi, condenado en 2008 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Corrientes. A principios de junio, cuando apenas había cumplido cinco años de cárcel, el Tribunal Oral Federal de Corrientes aprobó que De Marchi gozara de salidas transitorias de la cárcel para visitar a su familia.
Los hermanos De Marchi son hijos del fallecido general Juan Carlos De Marchi, quien fuera interventor de Ferrocarriles Argentinos y galardonado en muchas oportunidades en competiciones de tiro con fusil.
Estas informaciones sobre las vinculaciones familiares de Gustavo De Marchi y Jorge Olivera no son datos menores en el Ejército donde es mucho más fácil conseguir prerrogativas a quienes son sentidos por sus propios camaradas como "parte integrante" de la institución. Cabe consignar, para cualquiera que deba analizar información sensible, que la esposa de Olivera, Marta Ravasi, trabaja en el Hospital Militar como psicóloga.
En el Servicio Penitenciario, tras la fuga fueron separados de sus cargos no sólo quienes intervinieron en el traslado sino también la cadena de mandos. Por de pronto, deberán dar explicaciones ante el juez federal Claudio Bonadío ya que los agentes de custodia "no registraron" la fuga. El Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, a partir de ahora no permitirán que los detenidos por delitos de lesa humanidad sean llevados a recibir tratamiento en hospitales militares sino que esos tratamientos serán supervisados por médicos que certifiquen la necesidad de un traslado para atención médica y que esa será provista en el hospital del penal de Ezeiza o en hospitales públicos.
De Marchi y Olivera fueron condenados el pasado 4 de julio y estaban alojados en una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan en Chimbas, que forma parte del conglomerado urbano de la capital provincial. En esa oportunidad, según publicó al día siguiente la prensa sanjuanina, entre los presos corría la versión de que estos reos tenían planeado escaparse. Pero el plan no era escaparse de Chimbas: Olivera y De Marchi habían tenido la precaución de presentar el 3 de julio –el día anterior a que el tribunal leyera la condena– un escrito donde pedían ser atendidos por problemas de salud en el Hospital Militar Central. El 16 de julio, antes de que se cumplieran las dos semanas, no bien empezaba la feria judicial y sin que ambos detenidos tuvieran una ficha médica en Chimbas que justificara el traslado, el juez federal Leopoldo Rago Gallo autorizó el traslado al penal de Marcos Paz, en la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Cuando Rago Gallo entró en feria quedó como subrogante el juez Miguel Ángel Gálvez, quien firmó el traslado. Nueve días después, al mediodía ambos protagonizaban una fuga que deja a la vista muchas fallas y permite formar hipótesis para detectar si hay redes de complicidad y en qué ámbitos pueden buscarse. Los dos jueces de San Juan cargaron la responsabilidad en el Servicio Penitenciario. No dieron ninguna explicación de qué pericias médicas indicaban la necesidad de mandarlos a Buenos Aires.
ANTECEDENTES. El pasado 1 de junio, en Miradas al Sur, con el título "Los genocidas a celdas comunes" y el 18 de junio en Tiempo Argentino, con el título "Dónde tiene que estar preso el Tigre Acosta", este cronista dio cuenta con sobrada información de las gestiones de diversos jueces federales para que varios connotados genocidas presos tengan, al menos, el privilegio de estar alojados en una sala de hospital carcelario. Por caso, los jueces federales de Morón Juan Pablo Salas (juez subrogante del juzgado número 1) y Jorge Rodríguez (juez titular del juzgado número 2), el mes pasado hicieron lugar a sendos habeas corpus a favor de que el genocida Jorge "Tigre" Acosta y otros seis detenidos por delitos de lesa humanidad fueran reintegrados al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde gozaban de una serie de beneficios. Fue el director del SPF, Víctor Hortel, quien había desafiado las órdenes judiciales para trasladar genocidas sin sustento médico.
El 7 de junio, el juez Salas ordenó al SPF que Jorge "Tigre" Acosta y otros dos detenidos fueran llevados al Hospital Municipal de Marcos Paz, donde hay un pabellón con cuatro camas bajo custodia penitenciaria. Acosta está en buen estado de salud, de acuerdo a los médicos que trabajan en el SPF. Sus antecedentes en la ESMA son de una crueldad ilimitada. Sin embargo, logró sortear las condiciones de cárcel común por decisiones que ya no pueden ser atribuidas a leyes de impunidad sino que se explican por las rendijas de solidaridad que le extienden algunos funcionarios judiciales.
El 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) salió en auxilio de Acosta y otros presos de la patota de la ESMA: envió un oficio al director del SPF para que en 24 horas cumpliera con el reintegro de estos siete presos al Hospital de Ezeiza, donde tenían una hotelería mucho mejor a la de Marcos Paz. Pero también salió en auxilio de Acosta el TOF 3 de Morón, que pidió el traslado al hospital de Marcos Paz, donde finalmente fue.
Fuente:TiempoArgentino
30.07.2013
Fuga de represores:
Fresneda le pidió "mayor atención" a los jueces
El secretario de Derechos Humanos dijo en Radio América que la fuga de dos represores del Hospital Militar es un "grave episodio" y pidió a los jueces "tener recaudos". Además, se refirió a la designación de César Milani.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, pidió hoy "mayor atención" a los jueces que tienen a su cargo causas por delitos de lesa humanidad, luego de la fuga de dos represores del Hospital Militar.
"Los jueces se desligan luego de las condenas", dijo Fresneda en diálogo con Radio América, y calificó a la fuga del mayor retirado Jorge Olivera y el teniente retirado Gustavo de Marchi como "un grave episodio".
El funcionario opinó también sobre la designación del general César Milani, que la presidenta postergó para diciembre: "Apenas se dio a conocer el acta, a través del CELS, nosotros lo denunciamos en la Justicia de Tucumán". Sin embargo, advirtió que "no todos van a ser condenados por la Justicia, y eso sólo lo puede resolver el código del procedimiento penal".
"Nosotros no podemos arrogarnos el rol de juez. Hace 10 años que la Justicia tiene expedientes sobre los cuales debe avanzar. Todos los días ingresan pruebas y elementos nuevos. Esto sucede porque los juicios están en constante movimiento", afirmó, y agregó que "lo que molesta y genera ira en los opositores es que la Presidenta esté pensando en incorporar las fuerzas armadas al proyecto político". Sobre este último punto, señaló: "Me gustaría acercarme a las FFAA porque son del pueblo".
"Los jueces se desligan luego de las condenas"
También aprovechó para responderle a Julio César Strassera, sobre quien admitió tener "admiración" por su rol en el Nunca Más: "Debería estar más atento para que no se lo enmarque en este círculo perverso. No lo voy a cuestionar profesionalmente, pero sí políticamente. No se puede llevar adelante una acción jurídica desligada de la acción política y la responsabilidad ética. Fue una denuncia torpe e infundada".
Fuente:InfoNews
"Los jueces se desligan luego de las condenas"
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