Comentario a tiempo: Rescate y castigo
Por Teodoro Rentería Arróyave
Magnífica noticia la que ha dado el gobierno del Distrito Federal en el sentido de aprobar leyes que endurezcan los castigos por el uso ilegal de suelo. Esta situación anómala, que de ninguna manera se justifica, va en contra de los habitantes de la ciudad que adquirieron sus propiedades en áreas habitacionales familiares, y lo más grave, se atenta contra las áreas de reserva ecológica.
Esta práctica, a la que no han sido ajenos delegados, llamados ahora pomposamente, jefes delegacionales.
Es una escalerita que va desde los funcionarios más bajos, que se convierten en gestores, luego va subiendo en tal forma que el reparto da para todos.
En efecto, la corrupción podríamos decir que es de abajo para arriba, aunque en realidad es al revés, pues son los máximos funcionarios los que alientan estos excesos que son verdaderos fraudes.
En el momento en que se anuncia este endurecimiento de los castigos por el uso ilegal del suelo, también la autoridad capitalina, reventó un escándalo de dimensiones millonarias en la delegación Cuajimalpa.
De acuerdo a estas prácticas, alguien en la delegación y probablemente en el propio gobierno central de la ciudad, otorgaron un permiso para cambiar el uso del suelo en el predio El Cedral de la zona ecológica protegida de Contadero.
Si ya las zonas adyacentes de Santa Fe correspondientes a la delegación Álvaro Obregón, han sido arrasadas con construcciones de lujo, ahora se pretendía en la delegación Cuajimalpa acabar con dicho predio ubicado en Arteaga y Salazar 45, colonia La Venta de 32 hectáreas, los voraces implicados en este feo asunto, funcionarios y el propio dueño del predio, ya se disponían a desforestar el lujar, es decir, le iban a dar muerte a cerca de 10 mil árboles.
Bien por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, por haber iniciado el proceso de revocación único de zonificación de uso de suelo.
Sin embargo, consideramos que no basta, que deben de ser presentados ante la justicia todos aquellos que trataron de cometer este ilícito, más aún, hacer una revisión completa de los anteriores atentados a la ciudad y a sus habitantes. Rescate y castigo, es lo que se demanda.
JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013
No se privatiza, solo se entrega a los privados
Por Gerardo Fernández Casanova
Soy egresado de la UNAM: mi padre pagó doscientos pesos anuales de colegiatura y recibí una educación de excelencia; mi compañero Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química y muchos otros son profesionales exitosos. No dudo que hoy la UNAM siga ofreciendo una formación profesional de calidad, no obstante las campañas de desprestigio, y por lo mismos doscientos pesos anuales, pero sólo un diez por ciento de los aspirantes logra ingresar, el resto tendrá que ir a una escuela privada de un alto costo (y de dudosa calidad) o quedarse al margen de la posibilidad educativa por falta de recursos económicos, pero también al margen de la posibilidad de trabajar por la falta de empleos en el país.
Es importante entender lo que esto significa y sus causas: significa que la educación es una simple mercancía a la que se puede acceder sólo si se cuenta con el dinero necesario para comprarla; la causa es la decisión gubernamental de abandonar su compromiso histórico por la educación pública gratuita, conforme a los dictados del modelo neoliberal. Pero para entenderlo a cabalidad habrá que ponerse en los zapatos de un padre que ve frustrado su anhelo de educar a sus hijos, o de un joven que ve cancelada su expectativa de futuro; no es cosa de fraseología técnica elegante, sino de verdadero coraje: clara invitación a la violencia y a las conductas antisociales. En la medida en que se limitan los recursos para la educación pública se traslada la actividad hacia la educación privada; a eso se le llama privatización, aunque el gobierno lo niegue o le llame de cualquier otra forma elusiva y confusa, como modernización, por ejemplo.
Otro ejemplo de modernización es el del campo mexicano. Antes de ella un campesino ejidatario con cinco hectáreas de temporal sembradas de maíz tenía crédito del Banrural, semillas de Pronase, extensionismo de la SARH, fertilizantes de Fertimex y precios de garantía que le pagaba la Conasupo, todo a precios accesibles y no sin incluir una tajada de corrupción; con todo esto la cosecha aseguraba la alimentación para la familia y la atención de otras necesidades. La modernización eliminó al Banrural, la Pronase, el extensionismo, a Fertimex y a la Conasupo; el crédito agrícola dejó de existir, las semillas hay que comprarlas a las trasnacionales, igual que los fertilizantes, ambos de importación, y la cosecha hay que entregarla a un moderno acaparador que fija los precios conforme a la Bolsa de Chicago o francamente a su antojo. Hoy las mismas cinco hectáreas sólo sirven para morirse de hambre o emigrar. Pero no se trató de una privatización, tan sólo se modernizó.
Así pueden agregarse ejemplos en casi todos los ámbitos de actividad en los que la modernización que, sin llamarla privatización, entregó a las fuerzas del mercado y a la iniciativa de los particulares la realización de las operaciones básicas y estratégicas. Ninguno se salva, en todos los resultados han sido retroceso y sufrimiento, hambre y desolación. Con todo y estos nefastos resultados se insiste en mantener el mismo modelo y la misma política.
Ahora por enésima vez se insiste en impulsar la modernización de Pemex y de la producción energética. Se anuncia en el extranjero para satisfacción de los futuros inversionistas y se envuelve en velos aquí para confusión de los mexicanos. La fórmula es la misma: desinversión, desprestigio por corrupción, despido o jubilación de expertos valiosos, expoliación fiscal, declaración de incapacidad financiera y tecnológica. Resultado: hace falta la intervención de la iniciativa privada porque el estado es incapaz. La expectativa, a la luz de todos los otros ejemplos, será la pérdida de la actividad para los intereses nacionales, la pérdida de la capacidad de impulsar a otros sectores de la economía y el encarecimiento de la energía.
No se trata de ideologías ni de posturas partidarias, se trata del futuro del país y de sus habitantes. Las experiencias expuestas no son subjetividades sino ejemplos palmarios de la nocividad de la política privatizadora o “modernizadora”. No lo podemos permitir.
JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013
¿Cuántas mujeres no tienen acceso a la salud?
Por Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)
¿Cuántas mujeres no tienen acceso a instituciones de salud?
¿Quiénes son y qué se puede hacer?
El número de trabajadoras y sus familias sin acceso a instituciones de salud son 11.4 millones, representan el 62.9 por ciento de la población trabajadora femenina.
Quiere decir que por cada 100 trabajadoras 63 carecen de servicios de salud, una cifra que puede ser catastrófica si no se actúa (datos ENOE-Inegi, primer trimestre 2013).
En las jóvenes de 14 a 19 años el dato asciende a 84 de cada 100 las que no tienen acceso, mientras que para las mujeres de 60 y más años esta carencia crece a 87.6 puntos porcentuales. El nivel más bajo está en el grupo de 20 a 29 años con 55.3 por ciento, más de la mitad.
Para las adultas mayores no hay una vejez digna, este segmento de la población sigue creciendo; una sociedad envejeciendo que demanda cambios radicales en las políticas públicas.
Al analizar el nivel de instrucción se aprecia que a medida que éste aumenta crece la proporción de mujeres que pueden acceder a la salud; las mejores condiciones están en el nivel medio superior y superior con una tasa de carencia del 39.7, pero en este nivel de instrucción sólo participan 34 de cada 100 trabajadoras, son minoría.
El número de mujeres con hijos sin acceso son 8.6 millones, significan 48 de cada 100 trabajadoras del país.
A medida que crece el número de hijas e hijos aumenta la carencia, de tal forma que las mujeres con seis y más hijos presentan la situación más crítica con un 92.5 por ciento sin acceso; ellas son las que más necesitan de estos servicios.
Atendiendo a su situación conyugal, el índice más alto de carencia corresponde a “alguna vez unidas” con 68 por ciento; son las jefas de hogar y los hogares monoparentales, también las más desprotegidas.
El volumen más alto de población femenina sin acceso está en “actualmente unidas”, con una cifra de 6.1 millones de mujeres, y con un índice de carencia de 65.9 puntos para ellas y sus familias.
Estos hallazgos confirman la estrecha relación entre salud versus desigualdad de género, mercado laboral y polarización socioeconómica.
Pobreza y acceso a instituciones de salud
La estrecha relación entre nivel de ingreso y acceso a la salud revela claramente que la desigualdad económica va acompañada de la desigualdad social. Son las trabajadoras más pobres, las de menores ingresos las que presentan los índices más altos de falta de acceso a la salud.
Para el nivel de un salario mínimo, la gran mayoría de las trabajadoras (97.2 por ciento) no tienen acceso a tales servicios, cifra superior a la que registra la población masculina (ver gráfica).
En contraparte, las que perciben más de cinco salarios mínimos tienen una tasa de carencia de 23.8, pero únicamente son 7 de cada 100 trabajadoras.
De hecho, 11.4 millones de mujeres trabajadoras –58 de cada 100– están en el nivel de 1 a 3 salarios mínimos, un ingreso muy bajo, con el agravante de que el 72 por ciento están sin acceso a salud; su empleo ya no les da esa posibilidad. Es la baja calidad del empleo.
Desigualdad regional
La proporción más alta de población trabajadora femenina sin acceso a salud está en cinco entidades: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Tlaxcala; todas con altos índices de pobreza y marginalidad, así como con una importante presencia de población indígena; son entidades de bajo desarrollo.
Son los estados con mayor rezago epidemiológico y en salud. Datos del “Informe México sobre las determinantes sociales de la salud”, de la UNAM refieren:
“Sobresale el caso de Chiapas cuya tasa de mortalidad materna, en 2008, fue de 96.8, mientras que en Nuevo León fue de 30.1.
Igualmente, la tasa de mortalidad infantil en Guerrero, estimada para 2011, es el doble de la tasa de Nuevo León, cuyos valores son 19.3 y 9.7, respectivamente.
“Asimismo, la esperanza de vida en los estados más pobres del país es alrededor de 1.5 años menor que la de las entidades federativas más desarrolladas”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su publicación “Health at a glance 2009”, comparativamente México tiene un desempeño en salud inferior no sólo en contraste con los países más desarrollados, sino también respecto a las cifras que presentan la República Checa, Corea, Polonia o Turquía.
La mortalidad por cáncer cérvico uterino en México en 2005 alcanzó una tasa de 11.4 por cada 100 mil mujeres; en Polonia de 6.9; en la República Checa de 4.7; en Corea de 4.3, y en la OCDE de 3.
La evidencia es muy robusta; en el país los resultados en salud son deficientes y además existe una importante desigualdad en salud que también se expresa en género y condiciones económicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en 2008 los resultados del trabajo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), este organismo hace tres recomendaciones fundamentes que son a la vez tres tipos de acción:
1. Mejorar las condiciones de vida, es decir, las circunstancias en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece.
2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, esto es, los factores estructurales de los que dependen las condiciones de vida a nivel mundial, nacional y local.
3. Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones, ampliar la base de conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de determinantes sociales de la salud, y sensibilizar a la opinión pública a ese respecto.
De nuevo citando al documento de la UNAM: “La idea de que la desigualdad en salud proviene de las desigualdades de ingreso, educación, empleo y zona de residencia, da lugar a la concepción de una política de salud genuinamente de Estado, transversal, que trasciende –aunque por supuesto implica– la atención de la salud y el acceso a la misma, y que se plantea como meta una sociedad más justa.
“Si la pobreza y la desigualdad se mantienen o si perdura la baja calidad del empleo, la salud del grueso de las y los mexicanos seguirá siendo frágil”.
JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013
Asesinan a otro periodista mexicano
CIAP-FELAP
“Buenas noches” fue lo último que twitteó el periodista Alberto López Bello, de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del miércoles con varios impactos de bala junto a un riachuelo en las afueras de Oaxaca, en el sur de México. El reportero cubría las noticias policiales para el periódico local El Imparcial y participaba en un programa de radio. Apareció muerto junto a un amigo policía, del área de inteligencia de la corporación local, funcionarios conocidos como ‘orejas’.
López tuvo en mayo un encontronazo con la policía que llamó la atención de las organizaciones que se ocupan de defender la seguridad de los periodistas. El reportero fue detenido por policías federales mientras informaba sobre la aparición de una narcomanta (letrero con propaganda), supuestamente colocada por el crimen organizado en un pueblito. Los agentes sospecharon de los periodistas por haber llegado rápido al lugar, pero un juez los dejó en libertad y determinó que la detención había sido ilegal.
“Tenía que volver a declarar a la Procuraduría -fiscalía- esta semana sobre este caso”, relató Sofía Valdivia, compañera de profesión en la estación Radiorama Oaxaca y, como su novia, una de las últimas personas que lo vio con vida. Se despidió de Alberto pocas horas antes.
El periódico El Imparcial publicó una nota que relaciona directamente su muerte con el ejercicio de la profesión. “Demuestra la vulnerabilidad a la que están expuestos los comunicadores en su labor diaria para informar veraz y oportunamente a la ciudadanía”, dice el comunicado. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, pidió calificar el crimen como de “alto impacto” para que la fiscalía nacional se ocupe de las investigaciones.
Los esfuerzos del Gobierno por acabar con el asesinato de periodistas no está dando frutos. Desde que en junio de 2012 se aprobara la ley para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas han sido asesinados cuatro reporteros y otros tres han desaparecido. “Hay una simulación del mecanismo de protección del que tanto alardea el gobierno federal. En realidad no están haciendo nada”, opina Darío Ramírez, presidente de la ONG Artículo 19, que denuncia abusos e intimidaciones contra la libertad de prensa en México. Meses atrás, Ramírez denunció que López Bello estaba amenazado y que las autoridades deberían protegerle. El resultado es demasiado evidente.
En el último año, 9 medios de comunicación, como El Siglo de Torreón, fueron atacados con explosivos o armas de fuego. Artículo 19 documentó 258 agresiones contra periodistas, el 40% de ellas perpetradas por funcionarios públicos. “Las cifras siguen al mismo nivel o incluso son más altas que en años anteriores. La ley no ha servido para nada, por ahora. La indefensión de la prensa sigue siendo la misma”, indicó Ramírez.
Sofía Valdivia recordó que el periodista asesinado se desplazaba en moto porque esquivaba el tráfico de la ciudad y pensaba que era más fácil huir que en coche. Cuando cenaban en algún restaurante se sentaba frente a la puerta. En twitter usaba apellidos cambiados, mientras a diario cubría información delicada en una zona donde los carteles de la droga operan de manera menos cruenta que en otras partes del país, pero donde sí continúan existiendo caciques locales que ejercen su poder como en el medioevo. “Checaba (comprobaba) siempre si lo seguían”, recordó Sofía.
Apasionado por el periodismo de investigación y los intríngulis que rodean a los poderosos, López Bello vivía con su padre en un hotel que éste administra. Sofía Valdivía fue al paraje donde encontraron su cadáver y solo pudo reconocerlo por la ropa que llevaba puesta. Tenia la cara desfigurada. “Era un excelente periodista de policía” debería decir su epitafio, escribió El Imparcial.
Fuente:Argenpress
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