educación
Calidad sin inclusión no es calidad, es selección
La evaluación debe ser parte de un proceso que tienda a mejorar de manera integral la calidad educativa.
Por: Mara Brawer
El rol de la evaluación y su contribución a la mejora de la "calidad de la educación" es uno de los ejes más relevantes del debate de política educativa en la agenda actual. Es indudable que no tiene sentido impugnar per se la evaluación, lo que no hacen ni siquiera los sindicatos docentes más progresistas, tales como la CNTE de México o la CTERA de Argentina. Más bien resulta crucial discutir qué tipo de evaluación es consistente con el proyecto de política educativa que queremos impulsar: un proyecto que apuesta a la inclusión.
El tema no es novedoso. El auge de la evaluación reconoce su origen en los años '80, cuando aires neoconservadores soplaban fuerte de la mano de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en los EE UU y la educación sufría las consecuencias de un modelo de Estado que debía reducirse y limitar su intervención. Cultores fervientes del "libre juego entre la oferta y la demanda", el Estado aparecía como un obstáculo que interfería a la iniciativa privada. La acción estatal debía limitarse a evaluar resultados (y no a intervenir en procesos) que sirvieran a su vez para redistribuir recursos. En lugar de financiar la oferta, sosteniendo sistemas de educación pública "onerosos e ineficientes", el esquema ideal era financiar la demanda, transfiriendo dinero a familias y escuelas privadas. En este marco, la evaluación respondía a un objetivo estratégico: contar con un mecanismo capaz de operar la asignación de recursos. Desde la perspectiva neoliberal que siempre pone bajo sospecha al Estado, resultaba necesario recurrir a agencias externas, independientes de la gestión de los sistemas educativos. "Independencia" que paradójicamente significó la apertura a los intereses de mercado ya que se habilitaba a los organismos privados a subvencionar su funcionamiento. Espíritu que hoy mantiene su vigencia en el proyecto de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa presentado por el Ejecutivo porteño.
Poco afectos a los principios de igualdad y de inclusión, estos modelos se proponían evaluar a las escuelas o a los docentes a partir de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sin ponderar su situación socioeconómica. En el mundo entero las evaluaciones muestran una gran correlación entre los logros cognitivos y el origen social de los estudiantes. El resultado es entonces previsible: obtendrán mejores puntuaciones aquellas escuelas o docentes que atiendan a los sectores económicamente favorecidos.
Así cerraba el círculo de la exclusión: más financiamiento para los "mejores" –leáse los que más tienen– repartidos con la aparente "racionalidad" de la medición "objetiva" de aprendizajes. Valga como ejemplo la experiencia de los países que han implementado estas políticas: según los resultados presentados en Chile en el 2012, el 62% de los docentes mejor evaluados y que en consecuencia recibirán como suplemento salarial la Asignación de Excelencia Pedagógica pertenece a escuelas del ámbito privado, sólo el 36% a establecimientos de gestión estatal.
Aquellos años de exacerbación de la lógica del mercado y debilitamiento del Estado nos dejaron como "legado" el aumento de la brecha entre quienes más y menos tienen, como así también porcentajes alarmantes de población excluidos del acceso a todo derecho. La educación no quedó por fuera de este proceso. El desmantelamiento sistemático de la infraestructura pública trajo aparejado un profundo proceso de precarización y desprotección social padecido por la mayor parte de la sociedad. La peor parte se la llevaron los sectores más desprotegidos, pero también perdieron los sectores medios que abandonaron las escuelas públicas, en búsqueda de una supuesta calidad que esperan encontrar en la oferta privada.
Como es fácil advertir, la experiencia transitada desmiente la "proclama" de las políticas educativas que ponen a la evaluación como eje protagónico de sus iniciativas e insisten en su efecto benefactor sobre la calidad del sistema.
Lejos de estos postulados, desde un proyecto de país que apuesta a la inclusión, creemos que la evaluación debe ser parte de un proceso que tienda a mejorar de manera integral la calidad de la educación, y para que ello ocurra es necesario que el Estado se comprometa activamente en la generación de un proyecto de política educativa con justicia e inclusión social, que redoble los esfuerzos justamente allí donde más se necesita.
También es necesario preguntarnos qué evaluar. Si tenemos en cuenta la correlación existente entre los logros cognitivos y el origen social de los estudiantes, es de prever resultados más bajos cuando los sectores económicamente desfavorecidos acceden a la escuela. Lo que constituye una paradoja: aquello que sin lugar a dudas consideramos un logro desde un proyecto inclusivo, se plasma en peores resultados en las evaluaciones cuando estas se realizan bajo los parámetros del enfoque neoliberal. Esto ha llevado a que los países que luchan por superar la injusticia social –que es también educativa–, entre ellos la Argentina, se planteen la necesidad de revisar y contextualizar las variables que tradicionalmente son consideradas, con el fin de ponderar la influencia de la situación económica social en los resultados. En esta dirección se orientan las medidas recientemente anunciadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Reconocer las desigualdades previas no quiere decir evaluar con un parámetro diferente (lo que sería legitimar la injusticia), sino hacer operativo un principio político, que es tomar la exclusión como problema porque plantear la calidad con independencia de la inclusión no es promover la calidad sino la selección.
La educación no es una mercancía que podremos consumir en mayor o menor grado según nuestro poder adquisitivo en el mercado. Es un bien público y es un derecho social. Y la única manera de concretar este derecho es que el Estado sea un actor protagónico, capaz de diseñar y llevar a cabo políticas públicas que garanticen el acceso a toda la población a una educación de calidad. No se trata de debatir si evaluar o no evaluar, sino de debatir el sentido de la evaluación en el diseño de estas políticas públicas y de generar condiciones para que efectivamente esta constituya una herramienta de mayor inclusión y justicia educativa y social.
Fuente:TiempoArgentino
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