Bonos de la Reforma Agraria
Por Hugo Blanco
Luego de un largo debate, el Tribunal Constitucional aprobó el pago por el Estado de los bonos otorgados a los latifundistas por las tierras, según el decreto de reforma agraria que fue dictado el 24 de junio de 1969.
En dicho decreto se señalaba la posibilidad de que se indemnizara de inmediato a quienes destinaran el pago a la actividad industrial. Así, los latifundistas que habían oprimido a los campesinos pasarían a otros tipos de opresión. Gracias a eso Dionisio Romero es el principal propietario del Banco de Crédito del Perú.
El debate estaba centrado en que Óscar Urviola, presidente del Tribunal, fue funcionario del mencionado Banco de Crédito del Perú durante 21 años. Dicho banco fue el principal comprador de esos bonos a precios irrisorios.
Se informa que la mayor parte de los poseedores de los bonos agrarios son especuladores que representan el 80% y que solo el 20% corresponde a los propietarios originales, entre los que se encuentran hacendados y los herederos.
El ministro de Justicia señala que la cifra podría oscilar entre los 1,000 millones a los 8,000 mil millones de soles, Ahora, por decisión del ex funcionario del Banco de Crédito, éste y los otros especuladores recibirán el dinero que pertenece a todos los peruanos. Naturalmente el gobierno y el parlamento no van a quitar ese dinero de sus grandes sueldos, sino de las miserias que están dedicadas al servicio de los pobres.
En la reforma agraria que hicieron los campesinos de de la provincia de La Convención y del distrito de Lares, Cusco, en los años 1962-63, decidieron no pagar ni un centavo a los latifundistas que les obligaron a trabajar gratis en pago del uso de una pequeña parcela.
En mi calidad de Secretario de Reforma Agraria de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, me tocó firmar la Ley de Reforma Agraria que señalaba eso, pero esa ley fue emitida sólo para reforzar lo que hacía el campesinado sin ley alguna, entendiendo que es el pueblo con su lucha quien realiza las transformaciones y no las leyes.
El gobierno de la junta militar, ante los hechos, tuvo que retroceder y sacar en 1962 una Ley de Reforma Agraria, pero sólo para La Convención y Lares. Esa ley dada 6 años antes de que Velasco tomara el poder, señalaba que había que dejar en manos de los hacendados una parte de la hacienda. Ante el ímpetu de la lucha campesina, dos hacendados suplicaron al Ministerio de Agricultura que hiciera la Reforma Agraria en sus haciendas, lo que éste prontamente efectuó, dejando las mejores tierras para ambos hacendados.
A las otras haciendas fueron los funcionarios diciendo que el Ministerio les enviaba para que dieran tierras a los campesinos. Los compañeros respondían: “Acá no necesitamos la Reforma Agraria del gobierno, acá se cumple la Reforma Agraria del campesinado, que dice que a los hacendados no se les debe dejar ni un centímetro cuadrado. Al contrario, ellos deberían pagarnos por habernos hecho trabajar gratuitamente por un pedazo de tierra que nos daban”
Los campesinos del resto del país reclamaron que a ellos también se les debía dar la tierra y realizaron numerosas tomas de tierra, ellas fueron respondidas a balazos por orden del “insigne demócrata” Fernando Belaúnde Terry. Como no cesaba la pugna, los militares se alarmaron, decidieron tomar el poder para extender al resto del país la ley que sacaron en 1962 para La Convención y Lares. Así lo hicieron y se produjo el golpe de Velasco Alvarado que emitió el decreto arriba mencionado, origen de la actual estafa.
Lo acá expuesto no quiere decirlo la derecha ni la izquierda.
Por mi parte, me declaro consecuente con lo que hizo el campesinado de La Convención y Lares: No debemos premiar ni con un centavo a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, tampoco a los especuladores que les compraron los bonos.
Fuente:Argenpress
EL CONGRESO PERUANO ELIGIO AL ABOGADO SOUSA COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Un fujimorista metido en la Justicia
Las elecciones del abogado del dictador como juez del máximo tribunal y de la funcionaria Pilar Freitas como titular de la Defensoría del Pueblo levantaron una ola de indignación en el país. El presidente Humala se declaró “decepcionado”.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Hace un mes, el ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) vio esfumarse sus esperanzas de conseguir un indulto presidencial, pero esta semana logró colocar a su abogado en la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Constitucional (TC). La elección por el Congreso como miembro del TC del abogado de Fujimori, y como titular de la Defensoría del Pueblo de una cuestionada ex funcionaria pública, ha levantado una ola de indignación en el país. Inmediatamente conocida la elección de ambos, pasado el mediodía del miércoles, a través de las redes sociales se convocó a una marcha de protesta al Congreso para esa misma tarde. Bajo el lema “vergüenza nacional”, en referencia al resultado de la elección parlamentaria, cerca de dos mil manifestantes, la mayoría estudiantes universitarios reunidos por el llamado hecho en las redes sociales y sin una organización previa, se concentraron en la céntrica Plaza San Martín y de ahí marcharon al Congreso, pero la represión policial les impidió llegar. Se han convocado nuevas movilizaciones de protesta para los próximos días.
La indignación ciudadana estalló y se apoderó de las redes sociales apenas terminó la votación en el Congreso unicameral, que por una amplia mayoría de más de dos tercios eligió como magistrado del TC a Rolando Sousa, ex congresista fujimorista y abogado, junto con su socio César Nakasaki, del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y a Pilar Freitas, ex funcionaria del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cuestionada por denuncias de corrupción, como nueva titular de la Defensoría del Pueblo. Estas fueron las dos elecciones más cuestionadas, pero no las únicas que levantaron críticas. El Congreso eligió a seis de los siete miembros del TC cuyo mandato había vencido y a la nueva defensora del pueblo. Esta elección fue producto de un acuerdo político que parecía impensable y que ha juntado a las bancadas parlamentarias de la agrupación oficialista Gana Perú, del fujimorismo, del partido del ex presidente Toledo y de la derechista Alianza por el Gran Cambio. Los tres primeros se repartieron los cargos en el TC y al toledismo le dieron la Defensoría del Pueblo.
En medio de la indignación generalizada por el resultado de la elección en el Congreso, el presidente Humala, se declaró ayer “decepcionado” por la elección en el Congreso y pidió públicamente que los cuestionados Sousa y Freitas “den un paso al costado”. De esta forma, Humala intenta desmarcarse de los duros cuestionamientos por la elección realizada en el Congreso, que tuvo al oficialismo como protagonista central. El problema para el presidente es que ha hecho este pedido público para la salida de los cuestionados Sousa y Freitas apenas un día después de que su bancada votara en el Congreso a favor de ambos.
Además de ser abogado del ex dictador Fujimori, entre los clientes de Rolando Sousa hay una larga lista de funcionarios públicos acusados de corrupción, violadores a los derechos humanos y procesados por lavado de dinero. Su postulación al TC había sido tachada por organismos de derechos humanos. Como congresista de la bancada fujimorista entre 2006 y 2011, Sousa promovió normas a favor de los funcionarios públicos acusados y condenados por corrupción, sacó adelante una ley para archivar los procesos por violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Alan García dictó y que luego, ante el escándalo que eso provocó, debió anular. También propuso, sin éxito, una ley para recortar las facultades del TC que ahora integra. Ha sido acusado de haber utilizado su cargo de congresista para presionar a la policía a favor del clan familiar Sánchez Paredes, clientes suyos investigados por el caso más grande que se conoce en el país por lavado de dinero producto del narcotráfico.
En diálogo con Página/12, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó como “sumamente negativa” la nueva conformación del TC. “Esta elección en el Congreso puede ser un peligroso punto de quiebre para la democracia porque por primera vez se ha dado una alianza entre el fujimorismo y las fuerzas políticas que lo han combatido”, señala el abogado de IDL.
“La defensa de Fujimori ha anunciado que presentará ante el TC un habeas corpus para que se diga que los delitos de violaciones a los derechos humanos por los que fue condenado Fujimori no constituyen crímenes de lesa humanidad, como declaró el tribunal que lo sentenció. Una sentencia del TC en ese sentido sería un punto de apoyo en la estrategia de la defensa de Fujimori que busca deslegitimar la sentencia que lo condenó. Ahora el abogado de Fujimori está en el TC”, advierte Rivera.
“Estoy convencido –agrega Rivera– de que en el TC, Sousa va a desarrollar una agenda política para buscar cambiar la jurisprudencia que tiene el TC en derechos humanos, que está en la línea de la jurisprudencia internacional de declarar imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos. Cambiar eso ha sido parte fundamental de la agenda de Sousa y ahora está en el TC para intentar lograrlo.”
Fuente:Pagina12
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