LOS SENADORES DE LA UCR CONVIRTIERON EN DEBATE POLITICO LA AUDIENCIA CON LOS CANDIDATOS A LA CASACION ORDINARIA
Con preguntas no ha lugar
Los radicales se ensañaron con María Laura Garrigós de Rébori. En lugar de centrarse en su pensamiento jurídico, le preguntaron una y otra vez acerca de Justicia Legítima, la entidad que preside. También les salieron al cruce a los jueces Luis Niño y Daniel Morín.
Por Irina Hauser
María Laura Garrigós de Rébori.El juez Luis Niño.Imagen: Télam & Ana D’Angelo.
El revuelo que se desató el lunes último en la Comisión de Acuerdos del Senado por el ascenso del jefe del Ejército César Milani opacó un evento sin precedentes que se produjo en la misma sala minutos después, cuando se presentaron a una audiencia pública los candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la nueva Cámara de Casación penal ordinaria y algunas fiscalías. Lo que habitualmente es una convocatoria para conocer el pensamiento jurídico y los valores de los postulantes alcanzó su punto más álgido durante la entrevista a María Laura Garrigós de Rébori, que los radicales transformaron en un debate político sobre el movimiento crítico Justicia Legítima, que ella preside, atravesado por preguntas asombrosas: ¿Por qué Justicia Legítima hizo una manifestación frente a la Corte y no en Comodoro Py? ¿Cree que la doctora (Carmen) Argibay es conservadora? ¿Qué opina de (el juez Norberto) Oyarbide? ¿Se siente enrolada en el proyecto nacional y popular? ¿Qué ideología le ve al fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura? Entre risas, aplausos y provocaciones, el acontecimiento fue rico para conocer a los futuros jueces pero también a los senadores. Al juez Luis Niño, Ernesto Sanz le reprochó una frase (“cuando discuten sobre delito, los políticos hablan en el aire”) pero le confesó que no se acordaba ni de dónde la había sacado. A Daniel Morín el senador Gerardo Morales le dijo que no iba a votar su pliego porque una vez le firmó una resolución en contra. Y así siguió la pelotera por largas horas.
El revuelo que se desató el lunes último en la Comisión de Acuerdos del Senado por el ascenso del jefe del Ejército César Milani opacó un evento sin precedentes que se produjo en la misma sala minutos después, cuando se presentaron a una audiencia pública los candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la nueva Cámara de Casación penal ordinaria y algunas fiscalías. Lo que habitualmente es una convocatoria para conocer el pensamiento jurídico y los valores de los postulantes alcanzó su punto más álgido durante la entrevista a María Laura Garrigós de Rébori, que los radicales transformaron en un debate político sobre el movimiento crítico Justicia Legítima, que ella preside, atravesado por preguntas asombrosas: ¿Por qué Justicia Legítima hizo una manifestación frente a la Corte y no en Comodoro Py? ¿Cree que la doctora (Carmen) Argibay es conservadora? ¿Qué opina de (el juez Norberto) Oyarbide? ¿Se siente enrolada en el proyecto nacional y popular? ¿Qué ideología le ve al fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura? Entre risas, aplausos y provocaciones, el acontecimiento fue rico para conocer a los futuros jueces pero también a los senadores. Al juez Luis Niño, Ernesto Sanz le reprochó una frase (“cuando discuten sobre delito, los políticos hablan en el aire”) pero le confesó que no se acordaba ni de dónde la había sacado. A Daniel Morín el senador Gerardo Morales le dijo que no iba a votar su pliego porque una vez le firmó una resolución en contra. Y así siguió la pelotera por largas horas.
Una de las primeras preguntas que le hicieron a la jueza sonaba razonable: qué “defectos” ve en el Poder Judicial. Ella habló de la “morosidad”, “la morosidad por la forma en que llevamos adelante nuestra tarea”, dijo, con autocrítica. Pero las fuerzas de oposición asocian automáticamente la idea de “demora” judicial con la velocidad de las causas de corrupción, acostumbrados a judicializar la política. De ahí la pregunta de Sanz: “¿Por qué un acto público como el que hicieron (Justicia Legítima) enfrente de la Corte no lo hicieron enfrente de Comodoro Py?”, refiriéndose a los tribunales federales, donde tramitan –entre otros– casos contra funcionarios.
Garrigós contestó algo obvio: que la convocatoria era amplia y buscaba cuestionar el fallo de la Corte Suprema que había declarado la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y anulado la elección popular de sus miembros. “Pero cuando hablo de morosidad no me refiero a Comodoro Py –aclaró–. Hablo de los procesos civiles, de los laborales, de seguridad social, por ejemplo”, en alusión al servicio de Justicia que utiliza el común de la gente. “La Justicia es mucho más amplia que el trabajo sobre corrupción de los funcionarios, que es lo que aparece en las hojas de los diarios”, retrucó.
El cargo al que aspira Garrigós –actualmente titular de la Cámara del Crimen– es en un tribunal penal, el de más jerarquía antes de la Corte, pero no tiene competencia federal sino que se ocupará de los delitos comunes. Precisamente se supone que descomprimirá a la actual Cámara de Casación Penal que absorbe todo (desde un robo en un negocio, casos de corrupción, de drogas y de derechos humanos). Aun así, los senadores estaban empacados en que Garrigós de Rébori hablara de la Justicia federal, hasta del juez Oyarbide, a quien dijo que no frecuenta, y si las causas contra funcionarios no le merecían reflexión, a lo que contestó que no más que otras.
“Bueno, ¿y?”
En el señorial Salón Eva Perón del Senado había gente sentada y parada, se oían murmullos cada vez que se acentuaba el mano a mano de la jueza con algún senador. Estuvo casi dos horas contestando y debatiendo, un record en comparación a los 10 o 20 minutos de los otros candidatos.
Como quien tiene una grave obsesión, Sanz inquirió: “¿A usted le parece bien que jueces integrantes del Poder Judicial frente a un fallo del máximo tribunal lo rechacen en una movilización?”. A Garrigós evidentemente le parece de lo más normal expresar opiniones y le explicó una diferencia: “Rechazar un fallo de la Corte no se puede, se cumple y basta. Nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo”. Sanz le discutía. “No es lo mismo, doctor”, se plantó, enérgica, ella. Más tarde, otro radical, Mario Cimadevilla, insistiría sobre el acto en tribunales: ¿No le parece una falta de respeto? “Los jueces hablan a través de sus sentencias en los casos en que tienen que dictar (...) que seamos jueces no nos inhibe como ciudadanos”, fue la respuesta.
Con Sanz, Garrigós polemizó sobre el contenido del fallo supremo y discreparon en interpretaciones. El quería volver a decir que el oficialismo buscaba jaquear la independencia de los jueces.
–¿Me podría explicar qué ideología ve ahí (en el voto mayoritario)? –sorprendió el senador.
–Una ideología conservadora. No se han animado a pensar la conformación del Consejo desde otro lugar. Creo que les ha causado repulsa la idea de pensar en los jueces compartiendo una boleta electoral con los políticos (...) Me parece que una elección popular es sana, útil, la mejor y única forma de acuerdo con nuestra Constitución de conformar un cuerpo electivo, como debería ser el Consejo de la Magistratura .
“¿Usted cree que la doctora Argibay, a quien por lo menos yo tengo dentro del plano del progresismo más puro, ha cambiado su concepción y ahora es una conservadora?”, provocó Sanz después.
–No se lo he preguntado. Pero si usted lee el fallo de la Corte verá que de esa lectura se desprende esto –dijo la jueza.
La pregunta del senador era visiblemente cizañera. En el mundillo judicial todo el mundo sabe que ambas juezas supieron tener una relación estrecha y se distanciaron a partir de la conformación de Justicia Legítima.
Compartían el ámbito de la Asociación de Mujeres Juezas, pero Garrigós explicó que la comisión directiva de esa entidad no aceptó su nueva pertenencia. Otra vez con la obsesión de la marcha de Justicia Legítima, Cimadevilla recordó una denuncia por discriminación que hicieron legisladores opositores por una escena de arte callejero allí desplegada, aunque no integraba las impugnaciones contra la candidata. Decía que se había ridiculizado al juez supremo Carlos Fayt. Pero la jueza dijo que ésa fue una interpretación del diario La Nación y que ella, que vio la performance llamada La sagrada familia judicial, aclaró que el muñeco que se veía en una suerte de silla de ruedas no era un juez sino una parturienta.
Como en Justicia Legítima se ha puesto en cuestión el corporativismo judicial, le preguntaron a Garrigós si recordaba que fueron los consejeros jueces los que desestimaron una acusación en su contra en el Consejo de la Magistratura. “¿Y?”, preguntó ella. “Dicen que una golondrina no hace verano”, la chuceó Cimadevilla, como acusándola de acomodar su criterio según lo que necesita.
En un momento, el presidente de la Comisión, Marcelo Guinle, le pidió a Sanz: “Deje de mirarme como diciéndome ‘hágala callar’, me parece cuanto menos un reproche poco prudente”.
A otra cosa
Cuando ya era demasiado evidente que casi lo único que le preguntaban a Garrigós era sobre Justicia Legítima, los radicales se justificaron diciendo que era porque es la presidenta de la entidad. El kirchnerista Miguel Pichetto hizo notar que nunca se les hubiera ocurrido interrogar a alguien por su pertenencia a la tradicional Asociación de Magistrados. Era ostensible, además, que a la mayoría del resto de los candidatos a la nueva Casación les planteaban temas más técnicos. A Garrigós hasta la interpelaron sobre si está enrolada en el proyecto nacional y popular. Todos los candidatos que llegaron hasta esta instancia, lo hicieron después de concursar y quedar en una lista de la cual los eligió el Poder Ejecutivo.
¿Considera bien regulado el medioambiente en el ámbito penal? le preguntaron a Eugenio Sarrabayrouse. A Carlos Mahiques le pidieron su reflexión sobre la pena de muerte. A Horacio Días le consultaron si conocía un proyecto del oficialismo de reforma procesal que propone dar más poder a los fiscales. ¿Qué lleva como saldo de su paso por la Justicia de Menores? tuvo que explicar Pablo Jantus. A Gustavo Bruzzone le tocó hablar sobre su intervención en el caso AMIA. Mario Magariños, sobre “límites de la ley penal en función del principio constitucional de acto”. La entrevista de Niño empezó por el “garantismo”. “Si los jueces somos verdaderos defensores de la Constitución y de las leyes, debemos ser garantistas”, expuso. De pronto, Sanz le preguntó si esta frase era de él: “Cuando discuten sobre delito, los políticos hablan en el aire”. Niño no lo tenía claro y preguntó de dónde la sacaron. “La tengo descontextualizada”, confesó y toda la sala estalló en risas. Luego alguien le sopló que era en un reportaje con Página/12.
En el caso de Luis García, las preguntas intentaron poner de relieve que en una ocasión resolvió excarcelar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. La observación dejaba entrever que esto desentonaba con la política de derechos humanos del oficialismo, que lo propuso. Sanz le hablaba de su voto “en disidencia”. García lo corrigió con aire docente y le dijo que era el voto principal, y le explicó su criterio sobre la prisión preventiva. El senador quedó demudado.
Cuando le llegó el turno a Daniel Morín, el senador Gerardo Morales le anunció que no apoyaría su ascenso porque discrepaba con su resolución en una denuncia por agresión que habían hecho él y el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, contra Milagros Sala y parte de su organización. “El comentario es lamentable y está fuera de lugar en este ámbito”, se enojó Morín, a quien Morales nunca había impugnado. Como subrogante en un tribunal de Jujuy, explico Morín, había declarado la incompetencia de la Justicia federal.
Entre las cuestiones que podrían pasarse en limpio, por ejemplo, se puede pensar que las audiencias son muy útiles para conocer el pensamiento de los candidatos propuestos por el Gobierno, según las preguntas que les hagan, pero también para apreciar en muchos casos el nivel de improvisación de los senadores que hablan hasta de leyes que ellos debatieron con un gran desconocimiento. A la vez se advierte la estrechez de la mirada de algunos respecto de lo que puede esperar la ciudadanía de la Justicia, que evidentemente no pasa sólo porque se aceleren las causas de corrupción sino por otros temas de interés cotidiano. A lo que se suma una gran resistencia a reconocer la posibilidad de cambios en el sistema de Justicia.
En uno de los momentos más desopilantes, los propios senadores reflexionaban sobre la rareza de la audiencia. “Qué amplios que somos”, se jactaba Guinle. Algunos felicitaban a Garrigós por anticipado. “Yo no tendría ningún problema en adherir a Justicia Legítima”, llegó a decir el radical Morales.
–¿Usted es abogado o juez? –le preguntó Guinle.
–No, soy contador.
–A lo mejor ahí está el problema –acotó Garrigós de Rébori, con la sonrisa iluminada. Y todo el mundo festejó. Los pliegos de todos tienen dictamen favorable de la comisión y serían aprobados esta semana.
TAMBIEN HUBO CRUCES CON LOS CANDIDATOS A FISCALES
Otra audiencia movida
Por Irina Hauser
En las audiencias públicas de los candidatos a ocupar cargos de fiscales también hubo bastante jaleo. Uno de los puntos centrales de controversia fue que hubo impugnaciones contra los postulantes que hasta ahora, siendo secretarios, cumplieron funciones como fiscales subrogantes o ad hoc. Patricia Quirno Costa, propuesta para el cargo de fiscal ante los tribunales orales de Menores de Capital Federal, está entre los ad hoc cuestionados por el senador Mario Cimadevilla. Igual que otros colegas ella fue hasta denunciada penalmente. Cuando se sentó en la entrevista la mujer, enfática, aclaró ante la comisión que ese tipo de función “coadyuvante” existe hace años y que en su caso fue designada para eso por el anterior procurador, Esteban Righi, en el año 2011, y que además lo hizo sin percibir un peso más. “Es injustificado, gratuito, parcial, porque no es que dicen vos trabajaste gratis dos años y te estoy imputando –que igual sería injusto–, me dicen: te estoy imputando por estos 15 días porque los firmó (Alejandra) Gils Carbó, no por los años que te designó Righi. Tampoco le imputan (judicialmente) al procurador sustituto, González Warcalde, que en seis meses haya nombrado a 600 personas”, a quien también atribuyó nombramientos ad hoc.
Cimadevilla, haciéndose el distraído, le dijo que no conocía esas designaciones “irregulares”, que insinuó que denunciará. Le preguntó qué parte de la ley habla de “fiscalías ad hoc”, y ella con paciencia le explicó que no existen las fiscalías ad hoc, sino que se trata de una “función”, en la que ella no firmó ninguna decisión que corresponda a los fiscales. Quirno Costa le dijo que era evidente que lo único que les interesaba era atacar a Gils Carbó, “a quien no conozco”, dijo.
Algo similar se discutió cuando llegó, al día siguiente a la audiencia, Carlos Gonella, el actual titular de la Procelac (la procuraduría antilavado creada por Gils Carbó), quien aspira a una fiscalía en Formosa. A Gonella le cuestionan haber ejercido como fiscal subrogante pero los radicales lo esperaban cual perros hambrientos porque lo impugnaron con el argumento de que promovió una investigación excluyendo en forma intencional al empresario Lázaro Báez, focalizándola en los financistas Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. En una larga exposición de corrido, Gonella, con acento cordobés, explicó en qué consiste el sistema de subrogancias, que consideró legal, y que dijo que le permitió actuar como fiscal general subrogante en cinco juicios de lesa humanidad que, por falta de fiscales, encontraban dificultad para desarrollarse. Señaló otros casos trascendentes en los que actuó, como el de la explosión de la Fábrica de Río Tercero en 1995. Aclaró que nadie creó un cargo para él y que las procuradurías, como la que tiene ahora a cargo, no requieren una ley para ser creadas. “Se crearon más de diez en los últimos diez años”, añadió. Luego explicó “tramo por tramo, hora por hora” su actuación en el caso Báez, dijo que las denuncias originales eran genéricas y sembró la sospecha de que para intentar mostrar su mala actuación se introdujo un documento inexistente que incluía una supuesta imputación a Báez y el ministro Julio De Vido.
RENUNCIO EL JUEZ RAUL MADUEÑO, INTEGRANTE DE LA CAMARA DE CASACION
Una baja para los de la vieja guardia
Era miembro de la Cámara desde su creación, en 1992. Fue quien “invitó” al presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, como “subrogante permanente” de ese tribunal, por lo que fue denunciado.
Por Irina Hauser
El juez Raúl Madueño no explicó en su carta los motivos de su renuncia.Imagen: Télam
Raúl Madueño, uno de los jueces que integran la Cámara de Casación Penal desde su creación, hace veinte años, presentó ayer su renuncia ante el Poder Ejecutivo en un breve texto que pide que se haga efectiva a partir del 1º de septiembre, pero no especifica las razones de su decisión. Madueño es uno de los camaristas denunciados penalmente por la designación irregular, como subrogante de carácter permanente en Casación, de Luis Cabral, el titular de la Asociación de Magistrados, una entidad que él mismo presidió varias veces.
Raúl Madueño, uno de los jueces que integran la Cámara de Casación Penal desde su creación, hace veinte años, presentó ayer su renuncia ante el Poder Ejecutivo en un breve texto que pide que se haga efectiva a partir del 1º de septiembre, pero no especifica las razones de su decisión. Madueño es uno de los camaristas denunciados penalmente por la designación irregular, como subrogante de carácter permanente en Casación, de Luis Cabral, el titular de la Asociación de Magistrados, una entidad que él mismo presidió varias veces.
Cuando llegó a la Cámara de Casación, creada por el gobierno de Carlos Menem en 1992 como máxima instancia penal y revisora de las sentencias de los juicios orales, Madueño ya tenía un camino recorrido en tribunales que había iniciado a mediados de los años cincuenta como empleado “pinche” que hacía mandados, hasta que en diciembre de 1973 fue nombrado juez de instrucción. Venía de una familia catamarqueña, con tradición judicial. El día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar cerró el Palacio de Tribunales e impidió la entrada a todo el mundo menos a cuatro jueces que la Cámara del Crimen designó para que quedaran de turno: uno de ellos fue Madueño. Poco tiempo después, era ascendido a camarista en el mismo decreto que dejaba cesantes a varios jueces como Gustavo Costa, Pedro David (actual integrante de Casación) y Jorge Anzorreguy, entre otros.
El hermano de Madueño, Guillermo Madueño, fue quien tuvo problemas penales por su actuación durante el terrorismo de Estado. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en noviembre de 2009 después de rastrearlo por más de siete meses con un pedido de captura por encubrir delitos de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca entre 1975 y 1978. Estuvo escondido, prófugo, en un departamento en Capital Federal, hasta que se detectó que usaba una línea de teléfono para comunicarse con sus familiares y con Ana Delia Vargas González, una mujer paraguaya que servía el café en el Tribunal Oral Federal 5, que integró hasta 2004. El general Acdel Vilas lo comprometió al declarar que Madueño visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría con la subversión”. Después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político en 2004, renunció. Murió en 2010, cuando estaba detenido.
Raúl Madueño, el casador, ya pasó la edad de jubilarse, pero impulsó con éxito un amparo para permanecer en el cargo invocando la doctrina con que en 1999 la Corte Suprema avaló la permanencia de Carlos Fayt, declarando inconstitucional la cláusula que exige un nuevo acuerdo del Senado después de los 75 años. Siempre tuvo puesta la camiseta de la Asociación de Magistrados, de la que fue presidente (en los noventa por la Lista Blanca, de las más conservadoras) y a la que hasta hace poco insistía en atraer a los jueces que no están enrolados.
Fue él quien en 2011 “invitó” al actual titular de la entidad, Cabral, para ocupar un lugar como subrogante en Casación, con el argumento de que era una situación de emergencia porque había casi la mitad de vacantes.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, Jorge Auat, y también el CELS denunciaron ante el tribunal que no se había aplicado el procedimiento previsto por la ley de subrogancias, que establece que los suplentes se eligen entre jueces del mismo tribunal o bien se sortean entre todas las cámaras y tribunales del país. En este caso no se hizo ningún sorteo, fue un nombramiento a dedo. Pero la mayoría de la Cámara de Casación no sólo lo avaló sino que este año, en una nueva resolución, decidió que era una subrogancia de carácter permanente, una categoría inexistente y contradictoria con el concepto de una suplencia. Esa disposición fue firmada por todos, excepto Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, además de Gustavo Hornos, que se ausentó.
La situación llevó finalmente a una denuncia penal, que formuló el diputado Carlos Kunkel (Frente para la Victoria) por el presunto nombramiento ilegal. Está a cargo de la jueza María Servini de Cubría y la instruye el fiscal Eduardo Taiano. Está caratulada como “Madueño y otros”, basándose en que fue él quien convocó a Cabral, también denunciado, y que hasta entonces se desempeñaba como juez de un tribunal oral porteño. Taiano pidió las primeras medidas de la investigación antes de que empezara la feria judicial.
Hace unos días, Madueño anticipó a funcionarios del Gobierno que renunciaría y ayer concretó la presentación según confirmó el Ministerio de Justicia. Si, como todo parece indicar, el Ejecutivo le acepta su paso al costado, serán cuatro (de trece cargos) las vacantes en Casación.
Fuente:Pagina12El hermano de Madueño, Guillermo Madueño, fue quien tuvo problemas penales por su actuación durante el terrorismo de Estado. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en noviembre de 2009 después de rastrearlo por más de siete meses con un pedido de captura por encubrir delitos de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca entre 1975 y 1978. Estuvo escondido, prófugo, en un departamento en Capital Federal, hasta que se detectó que usaba una línea de teléfono para comunicarse con sus familiares y con Ana Delia Vargas González, una mujer paraguaya que servía el café en el Tribunal Oral Federal 5, que integró hasta 2004. El general Acdel Vilas lo comprometió al declarar que Madueño visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría con la subversión”. Después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político en 2004, renunció. Murió en 2010, cuando estaba detenido.
Raúl Madueño, el casador, ya pasó la edad de jubilarse, pero impulsó con éxito un amparo para permanecer en el cargo invocando la doctrina con que en 1999 la Corte Suprema avaló la permanencia de Carlos Fayt, declarando inconstitucional la cláusula que exige un nuevo acuerdo del Senado después de los 75 años. Siempre tuvo puesta la camiseta de la Asociación de Magistrados, de la que fue presidente (en los noventa por la Lista Blanca, de las más conservadoras) y a la que hasta hace poco insistía en atraer a los jueces que no están enrolados.
Fue él quien en 2011 “invitó” al actual titular de la entidad, Cabral, para ocupar un lugar como subrogante en Casación, con el argumento de que era una situación de emergencia porque había casi la mitad de vacantes.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, Jorge Auat, y también el CELS denunciaron ante el tribunal que no se había aplicado el procedimiento previsto por la ley de subrogancias, que establece que los suplentes se eligen entre jueces del mismo tribunal o bien se sortean entre todas las cámaras y tribunales del país. En este caso no se hizo ningún sorteo, fue un nombramiento a dedo. Pero la mayoría de la Cámara de Casación no sólo lo avaló sino que este año, en una nueva resolución, decidió que era una subrogancia de carácter permanente, una categoría inexistente y contradictoria con el concepto de una suplencia. Esa disposición fue firmada por todos, excepto Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, además de Gustavo Hornos, que se ausentó.
La situación llevó finalmente a una denuncia penal, que formuló el diputado Carlos Kunkel (Frente para la Victoria) por el presunto nombramiento ilegal. Está a cargo de la jueza María Servini de Cubría y la instruye el fiscal Eduardo Taiano. Está caratulada como “Madueño y otros”, basándose en que fue él quien convocó a Cabral, también denunciado, y que hasta entonces se desempeñaba como juez de un tribunal oral porteño. Taiano pidió las primeras medidas de la investigación antes de que empezara la feria judicial.
Hace unos días, Madueño anticipó a funcionarios del Gobierno que renunciaría y ayer concretó la presentación según confirmó el Ministerio de Justicia. Si, como todo parece indicar, el Ejecutivo le acepta su paso al costado, serán cuatro (de trece cargos) las vacantes en Casación.
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