Uruguay no registra muertes por aborto desde que es legal
El subsecretario del Ministerio de Salud Publica, Leonel Briozzo, presentó los datos oficiales de interrupciones voluntarias de embarazos en los primeros seis meses de implementada la ley que regula esta práctica.
19.07.2013
El subsecretario del Ministerio de Salud Publica, Leonel Briozzo, presentó los datos oficiales de interrupciones voluntarias de embarazos en los primeros seis meses de implementada la ley que regula esta práctica.
19.07.2013
El presidente uruguayo fue un defensor de la ley
La política pública del Gobierno tiende a disminuir la práctica de abortos voluntarios a partir de la despenalización, en base a la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar y la anticoncepción, así como servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Desde diciembre de 2012 a mayo de 2013 se realizaron en el país 2.550 abortos voluntarios, lo que representa 426 abortos al mes. Además hubo cero muerte materna y cero complicaciones reportadas debido a las prácticas abortivas.
Según estos datos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) concluye en que 10 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se practica un aborto en Uruguay actualmente. Estas cifras sitúan al país entre los que tienen mejores indicadores, a la par de los Estados de Europa Occidental, que tienen la tasa de aborto legal más baja. En cuanto al registro realizado por los servicios de salud de los abortos, en diciembre de 2012, fecha en la que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 52% de las instituciones reportaron los abortos, mientras que en mayo de 2013 el 98% de las instituciones lo hicieron.
Fuente:Diagonales
19.07.2013
Uruguay
Mujica: "Los gremios tratan de que los repriman para victimizarse"
Uruguay
Mujica: "Los gremios tratan de que los repriman para victimizarse"
El presidente uruguayo cuestionó a los gremios de la educación que mantienen protestas en escuelas de todo el país y sostuvo que algunos sindicalistas se “victimizan” y se “desubican”.
“Qué cosas se pueden hacer cuando existen pequeños grupos que tratan de que los repriman para victimizarse y ven que ese es un camino para llevar agua a sus molinos. Se juntan atrás de cualquier causa social, cualquier reclamo”, aseguró Mujica sobre las manifestaciones de maestros y profesores que paralizan parte de la enseñanza pública uruguaya en reclamo de mayor presupuesto para la educación.
“Hace bastante tiempo que se utilizan las convocatorias que se puedan hacer para celebraciones nacionales donde el que quiere va a conciencia o no va. Es voluntario", dijo Mujica en referencia a las manifestaciones de ayer, durante el acto del 18 de julio, aniversario de la jura de la Constitución del Uruguay.
"Pero los que se sienten convocados, en todo caso no van a escuchar reclamos, que serán justos o no, o a presencial insultos. Van a presenciar una celebración del país y punto”, agregó el mandatario.
De todas formas dijo que “la democracia y la libertad tienen sus patologías” y que “basta recoger algunos tuits de estos días y basta darse cuenta que hay gente con voluntad de victimizarse”, afirmó Mujica este viernes en declaraciones a radio Monte Carlo.
De todos modos, el presidente aclaró que “la inmensa mayoría de los maestros y profesores poco tienen que ver con estos asuntos”.
Además, afirmó que “un gobierno debe tratar de evitar capítulos lamentables, evitar reprimir, evitar aplastar a puñados de compatriotas que se desubican y rompen elementales reglas de convivencia. Al fin, equivocados o no, son también compatriotas; no se les puede tratar como enemigos”.
Los gremios de la educación mantienen medidas de lucha intermitentes en todo el país desde hace tres semanas en reclamo de mayo presupuesto para la educación, que encolumna a sectores docentes y no docentes.
“Hace bastante tiempo que se utilizan las convocatorias que se puedan hacer para celebraciones nacionales donde el que quiere va a conciencia o no va. Es voluntario", dijo Mujica en referencia a las manifestaciones de ayer, durante el acto del 18 de julio, aniversario de la jura de la Constitución del Uruguay.
"Pero los que se sienten convocados, en todo caso no van a escuchar reclamos, que serán justos o no, o a presencial insultos. Van a presenciar una celebración del país y punto”, agregó el mandatario.
De todas formas dijo que “la democracia y la libertad tienen sus patologías” y que “basta recoger algunos tuits de estos días y basta darse cuenta que hay gente con voluntad de victimizarse”, afirmó Mujica este viernes en declaraciones a radio Monte Carlo.
De todos modos, el presidente aclaró que “la inmensa mayoría de los maestros y profesores poco tienen que ver con estos asuntos”.
Además, afirmó que “un gobierno debe tratar de evitar capítulos lamentables, evitar reprimir, evitar aplastar a puñados de compatriotas que se desubican y rompen elementales reglas de convivencia. Al fin, equivocados o no, son también compatriotas; no se les puede tratar como enemigos”.
Los gremios de la educación mantienen medidas de lucha intermitentes en todo el país desde hace tres semanas en reclamo de mayo presupuesto para la educación, que encolumna a sectores docentes y no docentes.
Fuente:Telam
Muy grave: Tras los pasos de PachecoAsociación de la Prensa Uruguaya (APU): critican detención de periodistaCrónica policial
19.07.2013
APU solicitó una reunión “urgente” con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para analizar la detención del periodista Gustavo Guisulfo por parte de efectivos de la Seccional 1º. El periodista fue detenido frente a la Torre Ejecutiva mientras filmaba un operativo policial.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) solicitó una reunión "urgente" con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para analizar la detención del periodista Gustavo Guisulfo por parte de efectivos de la Seccional 1º.
Según un comunicado de APU, los efectivos "agredieron al trabajador, luego de que este registrara en video un procedimiento policial que se desarrollaba en plaza Independencia contra un detenido. Guisulfo también denuncia que el video grabado con su celular donde estaba registrado el hecho fue borrado mientras se encontraba detenido e incomunicado en la seccional".
Según el gremio de los periodistas, "el trabajador se identificó como periodista y aclaró que ejercía su función y sin mediar razón fue detenido y trasladado a la Seccional 1°, con el argumento de haber interferido en un procedimiento policial".
Frente a Torre Ejecutiva
El hecho ocurrió el pasado miércoles 17 de julio, mientras ingresaba a la Torre Ejecutiva para cumplir con sus tareas periodísticas. En ese momento vio estaba siendo detenido por dos policías y era trasladado hacía un patrullero desde la plaza Independencia.
Según la denuncia de Guisulfo, "al escuchar los gritos del hombre se acercó a la escena notando que el detenido estaba recibiendo un brutal tratamiento por lo que comenzó a filmar la situación con su celular. El periodista, que se había limitado a registrar imágenes, fue advertido por los policías de que no podía seguir filmando a lo que respondió que cumplía con su trabajo, presentó la acreditación como periodista otorgada por la Presidencia de la República para trabajar en la Torre Ejecutiva así como su cédula de identidad".
"Sin más, el policía le comunicó que estaba detenido y aunque el trabajador le expresó que no había motivos para el arresto, el policía le tomó la mano de manera violenta y lo golpeó contra un vehículo estacionado. Guisulfo fue detenido junto al otro hombre y ambos conducidos a la Seccional 1ª de Policía, donde permaneció por espacio de una hora y media en calidad de detenido e incomunicado. En el momento de su liberación, percibió cuando le fueron devueltas sus pertenencias, comprobó que la grabación del hecho había sido borrada", explica el comunicado de APU.
Montevideo Portal
Nacional - URUGUAYUn acto a las escondidasEl gobierno aisló al público de la plaza Independencia en la celebración por el 18 de Julio19.07.201
Texto: El Observador© Presidencia
Al principio, el presidente Mujica no quería hacer nada por el 183º aniversario de la jura de la Constitución. Luego, entrada la tarde del miércoles, cambió de opinión y ordenó montar una breve ceremonia al pie del monumento al prócer José Artigas. El designado para hablar fue en un momento el ministro Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura). Después Mujica se interesó en hablar, pero finalmente fue el ministro Eleuterio
Fernández Huidobro (Defensa Nacional) el encargado de leer un discurso. Allí, el jerarca expuso sobre la creación de las naciones y la fortaleza de la “nacionalidad”. En un pasaje aludió a la educación. Dijo que al igual que el Ejército, que trabaja por la paz, están quienes luchan por la salud y la educación. Pero a su juicio el más importante es el “ejército de los lunes”, el de los “trabajadores y productores”.
“Ay ministro, ay ministro”
La primera hilera de vallas rodeaba la totalidad de la plaza Independencia. A 500 metros había una segunda, que cortaba el paso sobre la calle Andes. Detrás de las rejas amarillas esperaban alrededor de 200 maestros. Bajo la mirada del grupo de choque de la Policía, algunos docentes sostenían banderas o pancartas. Otros, señalaban con sus manos las cintas negras que, en forma de cruz, tapaban sus bocas. Como temía el gobierno, el sindicato de maestros de Montevideo irrumpió ayer en el acto por la jura de la Constitución para reclamar al Ejecutivo por aumentos salariales. Y se hicieron sentir.
Sobre las 17.15 horas, cuando comenzó el discurso del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, también empezaron los silbidos. “Traidores”, repetían los docentes, en medio de abucheos a las autoridades. Mientras, aplaudían y cantaban: “Se escucha, se escucha, ¡arriba los que luchan!”.
La tensión aumentó de inmediato. Al comenzar la oratoria de Fernández Huidobro los maestros vieron pasar a un grupo de 12 policías de la Guardia Republicana que, al trote, recorrían la calle que circunvala la Plaza Independencia. Y hubo más silbidos. “Tiramos las vallas y pasamos”, propuso uno de los sindicalistas. “Nos están provocando”, gritó una mujer.
Pero de inmediato cambiaron de estrategia. El acceso estaba impedido por la calle Andes. Desde ese lugar, el sitio donde estaban las autoridades, cercano al monumento de José Artigas, se veía diminuto. Para estar más cerca, los docentes resolvieron trasladarse hasta la calle Ciudadela. Según habían dicho algunos “compañeros”, en ese lugar estaba permitido el acceso a la zona interior de la plaza; aunque también fracasaron.
Ubicados detrás de otro vallado, en clave de barra brava convocaron a la huelga general. Los cantos continuaron: “Ay ministro, ay ministro, que contento se te ve, vos cobrás 200 palos, y yo no llego a fin de mes”. Mientras, y detrás de las rejas, una veintena de policías de la Guardia Republicana vigilaban los movimientos de los maestros. “Vino una moto de Inteligencia y nos empezó a sacar fotos”, dijo indignado un docente.
Algunos de los sindicalistas estaban del lado interior del vallado porque habían llegado al lugar antes que la Policía obstruyera el paso. Una docente, por ejemplo, gritaba a viva voz: “yo estoy de este lado”, mientras hacia sonar una campana. Además de los cantos, hubo otro tipo de provocaciones. “¿Y si les revoleo la bandera en la cara?”, preguntó un docente que comenzó a agitar un mástil con una proclama sindical a menos de un metro de los policías. Ninguna autoridad se movió. Desilusionados por no poder pasar el cerco, los maestros se retiraron con la advertencia de que continuarán con sus reclamos.
En el acto, en lo que terminó siendo una ironía ante la imposibilidad de que ingresaran los docentes, Fernández Huidobro cerró su discurso con un: “Viva la libertad”.
"Si este NO es el pueblo..."
Autoridades solos con sus milicos tras la valla
Mamarracho oficial
El acto oficial que se iba a realizar a las 10 de la mañana, en la Plaza Matriz, SE SUSPENDIÓ.
A última hora se planteó que se hará un acto a las 17 horas en la Plaza Independencia.
Por lo tanto ahí estaremos todos los Maestros y Maestras.
Impresentables
Fernandez Huidobro habló contra el viento
El ministro de Defensa fue el orador en la celebración de la Jura de la Constitución.
Tomado de El Muerto
"El Pueblo donde está?" (atrás de la valla!!)
Maestros tras la valla de seguridad policial
huelga en la educación
Cronograma de los paros zonales en las escuelas de Montevideo
Sepa cuáles son las escuelas que no tendrán clases a partir de hoy.
vie jul 19 2013 - El País uy
Viernes 19:
Zonal 4Escuelas: 63-81-130-175-176-180-183-189-219-249-255-274
Jardines: 228-244-282-300-312
Especial 240
Colonia de Vacaciones Malvín 261
Zonal 5
Escuelas: 38-49-55-97-117-123-140-144-157-165-173-179-181-182-187-196-201-227-238-262-338-339-342-344-359-360
Jardines: 214-228-313-314-345-348
Especial: 241-279
Zonal 6
Escuelas: 59-64-66-119-129-138-139-151-153-186-225-230-263-277-299-308-326-329-332-335-341-343-353-361-367-377-378
Jardines: 220-233-247-325-347-351
Especial: 205
Lunes 22:
Zonal 7Escuela: 7-37-53-56-68-89-93-102-109-113-118-137-156-191-195-330-357-374
Jardines: 215
Especial: 204-231-248
A continuación listado de escuelas afectadas por los paros con el día correspondiente.
Zonal 8
Escuela: 13-19-20-28-44-48-73-76-80-88-100-107-120
Jardines: 223
Especial: 197-210
Zonal 9
Escuela: 10-11-21-33-40-41-45-61-70-84-85-90-164-171
Jardines: 213-301
Especial: 254
Martes 23:
Zonal 10Escuela: 14-23-24-25-26-27-47-79-96-114-115-163
Jardines: 237-294-298-316
Especial: 198-203-280
Zonal 11
Escuela: 36-42-62-91-101-105-125-136-141-142-168-178-184-250-275-319-320-321-323-336-350-354
Jardines: 222-232-257
Especial: 200
Zonal 12
Por otro lado, Ademu resolvió plegarse al paro general parcial que aprobó el Pit-Cnt para el próximo jueves 25.
Miércoles 24:
Zonal 13 Escuela: 50-124-145-154-155-158-185-224-266-289-290 Jardines: 286-315Especial: 208
Zonal 14
Escuela: 9-57-58-103-104-112-116-146-148-150-159-170-174-177-188-264-276-292-307-324-333-337-340-352-355-366-368
Jardines: 245-256-295-328-370
Especial: 212-242
Zonal 15
Escuela: 29-30-54-95-126-143-149-152-169-190-226-271-303-309-318-327-334-356-363-364-369-371-372-373-375 Jardines: 229-246-297-246 Especial: 211-353
Profesores de Secundaria analizan hoy si levantan la medida
Sindicatos levantan una muralla a decisión de extender las clases
Pablo Melgar - El País uy
Los sindicatos intentaron arrimarse hasta la Plaza Independencia. Foto: Ariel Colmegna
De no recuperarse las clases perdidas, este será el peor año del período, con apenas 168 jornadas dictadas.
"Las clases este año terminan sí o sí el viernes 13 de diciembre, lo quiera el Consejo de Primaria o no. Ese día se entregan los carnés y se le dice a los padres que no manden más los niños a la escuela". Esa fue la moción que presentó el maestro jubilado Ruben Puyol en la asamblea del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) del 26 de junio pasado.
La propuesta fue aprobada por una contundente mayoría. El planteo fue realizado luego de la expulsión de cinco afiliados que integran el gobierno, entre ellos el director general de Primaria, Héctor Florit, un defensor de la recuperación de las clases perdidas por paros. "Florit planteó que para recuperar las clases se puede poner maestros a contra turno. Pero no hay maestros. ¿De dónde los vas a sacar, Héctor?", preguntó Puyol en aquella asamblea.
Consultado ayer por El País, Florit estimó que teniendo en cuenta las medidas aplicadas por el sindicato las clases deberían terminar "muy cerca del 20 de diciembre".
Desde el comienzo de este año lectivo Ademu Montevideo aplicó 12 días de paro por lo que los afiliados sufrieron dos días de descuento en el último salario. Se aguarda que en el próximo sueldo reciban otro descuento, en este caso de seis jornales.
En ese contexto el gobierno advierte que las medidas sindicales van en contra de los planes y programas de su gestión.
Desde el año 2005 hasta el 2012 la cantidad de días de clase rondó entre 174 y 178 al año. Si no se recuperaran clases sobre fin de año el total dictadas en 2013 sería de apenas 168.
El objetivo que se planteó el gobierno para 2013 es superar los 180, la misma cantidad de las dictadas en Estados Unidos pero muy lejos de las 220 que se ofrecen en Japón.
Con ese objetivo Primaria viene aplicando distintas medidas, entre ellas la supresión de las actividades docentes que implican su ausencia de las aulas, según indicó Florit a El País.
También aplicó estrategias para asegurar la presencia de los niños en las escuelas, como la suspensión del pago de asignaciones familiares a los padres que no envían sus hijos a los centros educativos. "La suspensión de las clases por el conflicto va en sentido contrario a la preocupación de extender el tiempo pedagógico", aseguró Florit.
Secundaria.
Hasta el momento no se ha comenzado a negociar con los sindicatos de la enseñanza la recuperación de los días de clase perdidos. "Sobre recuperación de clases no hay ninguna propuesta seria o razonable de parte de las autoridades. Cada día de huelga cae sobre nuestras espaldas porque esto no nos sale gratis. Las autoridades agitan el tema en una actitud demagógica para descalificar a los profesores y mentirle a la gente", afirmó el dirigente del sindicato de profesores de Montevideo (ADES), Luis Martínez.El dirigente señaló que "las clases no se perdieron" ya que el conflicto "forma parte de la formación de los gurises sobre valores y derechos humanos".
El director general de Secundaria, Juan Pedro Tinetto, sostuvo ayer que se "negociará" una "ampliación de los tiempos de clases" para "cumplir los objetivos de los programas educativos" en función de las clases perdidas por la huelga de docentes. En ese sentido, Tinetto dijo que "tenemos que hacer todo lo posible por ampliar los tiempos, hay que hacer alguna acción por algún lado".
"Seguramente se maneje la recuperación de clases en las vacaciones de primavera, para no extenderse tanto en diciembre", afirmó.
Hay que "hacer las replanificaciones adecuadas para cumplir los objetivos del programa educativo y fundamentalmente meditar sobre los daños que estamos haciendo", sostuvo Tinetto que consideró que "son muchos los días perdidos".
Según Tinetto hay que evaluar el daño "que le estamos causando a los estudiantes, los que están más comprometidos con su afiliación al sistema".
La cifra
168
Es la cantidad de días de clase en Primaria que se producirían este año si no se recuperan las jornadas perdidas por paros.
No existe legislación sobre días de clase
En la legislación uruguaya, la cantidad de días de clases la fija el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin embargo, por la vía de los hechos, la decisión la asumen los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU.
Por tanto, la eventual recuperación de clases perdidas por paros termina recayendo en la ANEP pero cada organismo tiene su margen de acción para tomar su propio camino.
En el año 2010 los senadores colorados Ope Pasquet y Pedro Bordaberry presentaron un proyecto para fijar por ley un mínimo de 200 días de clase para los alumnos de Primaria y Secundaria. Nunca llegó a ser analizado por el Senado.
Funcionarios reclaman el pago de las horas extras
Estatuto: públicos reclaman cambios
El País uy
En el documento que entregaron a la Comisión de Hacienda, los públicos piden el pago de horas extras para cuando se exceda la jornada ordinaria de labor.
Los funcionarios quieren que las horas extras sean remuneradas de acuerdo a su importe doble en horas o días inhábiles y triples en feriados no laborales. En cambio en el proyecto aprobado en Diputados, las horas extras solo podrían ser pagadas con días libres.
En la iniciativa original se establecía que la compensación de las horas no podría superar los diez días anuales y solo podrían ser acumuladas adentro del año en que se hayan generado.
La propuesta fue entregada a la senadora Constanza Moreira (Espacio 609) para que se analice la posibilidad de modificar el proyecto aprobado por Diputados, pero, al momento, el oficialismo no dio una respuesta a COFE. En la sesión del próximo martes, el miembro informante por el Frente Amplio será el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista).
Funcionarios de Salud Pública amenazan con ir a la huelgaEl sindicato se reunirá el miércoles con representantes del gobierno. Si no se atienden los reclamos salariales iran a la huelga desde el 1º de agosto.
12.07.2013-Texto: El Observador
© D.BATTISTE
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió este viernes declararse en conflicto en reclamo de que la Rendición de Cuentas contemple mejoras salariales. El dirigente sindical, Pablo Cabrera, dijo a El Observador que en primera instancia se reunirán el miércoles en el Ministerio de Trabajo (MTSS) para presentarle al gobierno una propuesta con “posibles soluciones”. Cabrera explicó que el planteo se basa en que se puedan buscar fondos extra presupuestales. Una de las salidas que se propondrá al gobierno es que se realice un adelanto del dinero del Fonasa a partir de la creación de un fideicomiso.
A partir de los resultados que tenga esa reunión, el sindicato evaluará de qué manera continúa el conflicto. En lo inmediato está previsto una movilización el día que se concurra al MTSS y participar del paro parcial que realizará el Pit–Cnt el próximo 25 de julio. También se maneja la opción de ir huelga y realizar ocupaciones por tiempo ilimitado desde el 1º de agosto, pero eso deberá definirse en un nuevo plenario.
Los funcionarios solicitan un salario mínimo de $25980. El mínimo que cobra el personal no médico de los hospitales y policlínicas públicos es casi la mitad: unos $ 13.000. Además de un aumento salarial, los sindicalistas reclaman más dinero para contratar personal. Entienden que si los recursos humanos de ASSE no se refuerzan este año, no habrá nuevos ingresos hasta 2016 y eso afectará gravemente el servicio en salud pública.
Las cuatro patas del saqueo II
REGASIFICADORA / GENERADORA / MINA / PUERTO.
El proyecto depredador de ARATIRÍ, cuya esencia es la extracción rápida del mineral de hierro que existe en el país y que nos pertenece legal y moralmente, sin dejarnos prácticamente nada, necesita tres grandes infraestructuras: Un puerto de aguas profundas en la zona Este del país, una planta de generación eléctrica a gas natural y una planta que regasifique el gas natural que una empresa financiada con dineros públicos pero gestionada en forma privada (Gas Sayago) compre en los mercados internacionales.
De paso, el gas natural que podría regasificar dicha planta sería base para la instalación de otras industrias intensivas en el uso de energía, eventualmente instaladas al amparo de la total desgravación impositiva y los subsidios de todo tipo que el actual gobierno, con el apoyo irrestricto de los cuatro partidos con representación parlamentaria impulsan. Industrias que depredan el medio ambiente pero por sobre todas las cosas la economía nacional.
La regasificadora de Puntas de Sayago (o cabría decir de Santa Catalina) costará tanto dinero que los jerarcas oficiales se ven obligados a mentir sistemáticamente cuando se refieren al tema. Hablan de 1125 millones de dólares. Pero por otro lado afirman que costará 14 millones de dólares mensuales durante 20 años, o sea 3.360 millones. Un liceo de DIEZ MIL METROS CUADRADOS por mes durante 20 años.
Lo más grave es que ni siquiera teniendo en cuenta el consumo previsto de ARATIRÍ el país necesitará suficiente energía eléctrica de origen térmico para justificarla.
EN EFECTO: de acuerdo a los propios dichos de los jerarcas para 2016, cuando la misma estaría operando, el país contará con generación hidroeléctrica, eólica y a partir de biomasa (esencialmente UPM y Montes del Plata) ampliamente suficientes para cubrir las necesidades nacionales. Eventuales faltantes serán cubiertos con generación térmica en base a la capacidad generadora existente mediante gasoil y fueloil.
Para justificar lo injustificable se habla de exportarle a Argentina. Y sucede que Argentina poco antes o poco después de ese año habrá desarrollado sus gigantescos depósitos de gas de esquistos (shale gas) y será un gran exportador de gas natural.
LA REGASIFICADORA DE PUNTAS DE SAYAGO NO ES MÁS QUE OTRO MODO DE SUBSIDIAR A COSTA DE LOS DINEROS PÚBLICOS UNO O MÁS EMPRENDIMIENTOS DEPREDADORES QUE EL CAPITAL MULTINACIONAL IMPONE A LOS GOBIERNOS DÓCILES A SUS MANDATOS.
De paso, el gas natural que podría regasificar dicha planta sería base para la instalación de otras industrias intensivas en el uso de energía, eventualmente instaladas al amparo de la total desgravación impositiva y los subsidios de todo tipo que el actual gobierno, con el apoyo irrestricto de los cuatro partidos con representación parlamentaria impulsan. Industrias que depredan el medio ambiente pero por sobre todas las cosas la economía nacional.
La regasificadora de Puntas de Sayago (o cabría decir de Santa Catalina) costará tanto dinero que los jerarcas oficiales se ven obligados a mentir sistemáticamente cuando se refieren al tema. Hablan de 1125 millones de dólares. Pero por otro lado afirman que costará 14 millones de dólares mensuales durante 20 años, o sea 3.360 millones. Un liceo de DIEZ MIL METROS CUADRADOS por mes durante 20 años.
Lo más grave es que ni siquiera teniendo en cuenta el consumo previsto de ARATIRÍ el país necesitará suficiente energía eléctrica de origen térmico para justificarla.
EN EFECTO: de acuerdo a los propios dichos de los jerarcas para 2016, cuando la misma estaría operando, el país contará con generación hidroeléctrica, eólica y a partir de biomasa (esencialmente UPM y Montes del Plata) ampliamente suficientes para cubrir las necesidades nacionales. Eventuales faltantes serán cubiertos con generación térmica en base a la capacidad generadora existente mediante gasoil y fueloil.
Para justificar lo injustificable se habla de exportarle a Argentina. Y sucede que Argentina poco antes o poco después de ese año habrá desarrollado sus gigantescos depósitos de gas de esquistos (shale gas) y será un gran exportador de gas natural.
LA REGASIFICADORA DE PUNTAS DE SAYAGO NO ES MÁS QUE OTRO MODO DE SUBSIDIAR A COSTA DE LOS DINEROS PÚBLICOS UNO O MÁS EMPRENDIMIENTOS DEPREDADORES QUE EL CAPITAL MULTINACIONAL IMPONE A LOS GOBIERNOS DÓCILES A SUS MANDATOS.
(Dejamos para el estudio de científicos en materia de riesgos de accidentes, la evaluación de los alcances virtuales de posibles explosiones de buques o camiones transpor-tadores de gas en puntos geográficos densamente poblados, como así también la eventualidad de serios perjuicios sobre el recurso pesquero, la pesca artesanal, las playas y una vasta y rica reserva de vegetación y fauna autóctonas, patrimonio no solamente del oeste de la ciudad, sino de todo el país. Sólo hacemos notar que los avances en la implementación de la regasificadora, se producen sin que haya aún una evaluación de impacto socio-ambiental que le corresponde realizar a la DINAMA).
COLECTIVO DE LUCHA POR LA TIERRA
Noticias Aliadas
Adital
Por José Elosegui
15/07/2013
A 40 años del golpe militar todavía se desconoce paradero de detenidos-desaparecidos en Uruguay. (Foto: Lucía Surroca)
El 27 de junio se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Uruguay cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry (1972-76) disolvió el Parlamento con ayuda de las Fuerzas Armadas y dio inicio a un régimen militar de 12 años durante los cuales se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos.
Fueron 206 los uruguayos detenidos desaparecidos en el país, así como en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay en la época de terror, como parte de la coordinación represiva de las dictaduras militares de la región, conocida como Plan Cóndor.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calcula que unas 60 personas permanecen en calidad de desaparecidas en Uruguay, incluyendo a las que fueron trasladadas desde Argentina.
Hasta ahora son siete los restos de uruguayos asesinados encontrados, el último fue Alberto Cecilio Mechoso Méndez, el 23 de mayo del 2012. Antes que a él se halló a Ricardo Blanco, en marzo del 2012, Julio Castro, en octubre del 2011, Mónica Benarroyo, en el 2008, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa en el 2005, y Roberto Gomensoro Josman en el 2002.
La llegada al gobierno del izquerdista Frente Amplio en el 2005 dio paso a avances importantísimos en la recuperación de la verdad y se judicializaron policías y militares responsables de asesinatos y otras atrocidades en la dictadura que duró hasta 1985.
"Se avanzó sustancialmente en encontrar la verdad y hay que seguir trabajando para de forma definitiva terminar con la impunidad en nuestro país”, dijo a Noticias Aliadas el dirigente Washington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT, siglas del Plenario Intersindical de Trabajadores y de la Convención Nacional de Trabajadores. "Es una tarea que sigue pendiente, que estamos tratando de profundizar.
Las organizaciones que en materia de derechos humanos trabajan en nuestro país han logrado generar una base de datos muy importante, de denuncias que están establecidas en diversos juzgados y localidades del país, y ese registro de datos lo manejamos y lo vamos a impulsar entre todos”.
Sociedad civil reclama la verdad
El dirigente recordó que los primeros tres gobiernos democráticos luego de la dictadura —encabezados por los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-95), de los derechistas Partido Colorado y Partido Nacional respectivamente— negaban que el régimen militar haya dejado un legado de personas desaparecidas, otras que fueron torturadas, secuestradas y mujeres que fueron violadas. Por eso valoró especialmente la lucha de la sociedad civil para ir alcanzando retazos de verdad.
Y no dejó de rescatar el "papel glorioso de la clase obrera uruguaya” en aquel junio de 1973 que se lanzó a una huelga general convocada por la CNT.
"Nosotros habíamos resuelto ya esa huelga general un año y medio antes, porque se sabía que venía el golpe, y pudo concretarse la medida de lucha porque de alguna manera el conjunto del pueblo uruguayo y el entramado social cumplieron un papel importantísimo, tanto es así que no se conoce en el mundo una experiencia de estas características y de alguna manera marcamos a muerte a la dictadura”, añadió Beltrán.
En octubre del 2011 fue aprobada por el Parlamento la Ley 18.831 de la Pretensión Punitiva del Estado, presentada por el gobernante Frente Amplio, con lo cual quedó sin efecto la Ley de Caducidad que no permitía condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura uruguaya. A pesar de ello, policías y militares que ocuparon cargos de importancia fueron encarcelados porque se logró judicialmente que sus casos no quedaran amparados por la llamada "ley de impunidad”, a raíz de vacíos legales que dejó esa normativa y de una nueva interpretación más "abierta” del Poder Ejecutivo con el gobierno del Frente Amplio.
Son los casos, entre otros, del propio Bordaberry, quien fue sometido a juicio entre el 2006 y el 2010 junto con el excanciller Juan Carlos Blanco y condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Bordaberry permaneció bajo prisión domiciliaria por motivos de salud hasta el momento de su muerte en el 2011.
En un acto realizado el 4 de junio del 2012 en el Palacio Legislativo, el Estado reconoció su responsabilidad institucional y actuación ilegítima en el periodo que va de 1968 —cuando se adoptaron las llamadas "medidas prontas de seguridad”, que permitían suspender garantías constitucionales ante conmoción interior— a 1985. El objetivo de la ceremonia fue dar cumplimiento a la Ley 18.596 de Reparación Integral aprobada en el 2009, durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que prevé la promoción de acciones simbólicas de reparación por parte del Estado.
Marcha atrás
Sin embargo, la SCJ ha tomado algunas decisiones en los últimos meses que empantanan el camino de la lucha contra la impunidad. En febrero pasado declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que categorizaba los delitos que se cometieron durante la dictadura como de lesa humanidad. Sin embargo, decidió de forma unánime no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad para el artículo 1º de la ley, que establece que "se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, dijo a la prensa nacional que la Corte ha establecido que esos artículos son "inaplicables y [los delitos] no son declarados de lesa humanidad”. Luego explicó que "cada juez interpretará en cada caso cómo influye la declaración de inconstitucionalidad”. De hecho "se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes” para procesar a militares, policías y civiles por esos delitos.
El PIT-CNT calificó la decisión de la SCJ como "un retroceso muy importante”. Según Beltrán, esto demostraría que hay "algunas presiones que se han ejercido por parte del poder político y otros poderes importantes que todavía conviven en nuestro país”, vinculados a los partidos tradicionales y sectores económicos asociados a ellos, e invocó a las organizaciones sociales a estar "muy vigilantes”.
"De cualquier manera hay fiscales y jueces que han hecho público que van a seguir recorriendo un camino en el que los delitos de lesa humanidad no prescriban en el tiempo”, reivindicó el representante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.
"Las nuevas generaciones deberán investigar para conocer en forma plena la verdad y así actuar en consecuencia”, sostuvo Beltrán en el diálogo con Noticias Aliadas. "Eso es lo más importante que debe hacer una sociedad que sale de una etapa tan triste, construir hacia el futuro una realidad distinta basada en el conocimiento pleno de la verdad y con compromisos para que nunca más haya dictadura en nuestro país”.
PERSPECTIVAS
UNICEF cuestiona aumento de penas en el Código Infraccional Juvenil a estudio
El representante de UNICEF-Uruguay confirmó que existen observaciones de importancia a realizar en el proyecto de Código de Responsabilidad Infraccional Juvenil, que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento para su aprobación.
Martes 16 de julio de 2013-La República uy
El cuerpo internacional entiende que el número de internados cuando mínimo se duplicaría y que las condiciones que enfrentan para la internación en absoluto conducen a la recuperación de estos jóvenes. Para el delegado Crotti, el proyecto responde solamente a “la presión de la opinión pública”, donde se ha “logrado instalar la idea de que los mayores problemas de seguridad de este país son provocados por menores de edad, algo que según las cifras no es así”.
Desde UNICEF se plantea la necesidad que el proyecto refiera a “penas alternativas”, limitando las privación de libertad para los delitos graves que van contra la integridad física de la persona como el homicidio, el secuestro o la rapiña. El texto a remitirse al Parlamento no refiere tampoco a temas como: semilibertad, libertad asistida, libertad vigilada y trabajo comunitario, así como tampoco a mejoras en la “defensoría pública” de los adolescentes, adonde recurre la mayoría de los jóvenes enfrentados con la Ley.
Nacional - SEGURIDAD
Unicef criticó el proyecto de ley sobre régimen infraccional juvenil
Señala que repite el modelo de endurecimiento de penas, lo que hace aumentar de manera "exponencial" la población carcelaria
15.07.2013
Texto: El Observador
El gobierno recibió a fines de julio un proyecto de ley sobre responsabilidad infraccional juvenil, redactado por una comisión especial designada en enero.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calcula que unas 60 personas permanecen en calidad de desaparecidas en Uruguay, incluyendo a las que fueron trasladadas desde Argentina.
Hasta ahora son siete los restos de uruguayos asesinados encontrados, el último fue Alberto Cecilio Mechoso Méndez, el 23 de mayo del 2012. Antes que a él se halló a Ricardo Blanco, en marzo del 2012, Julio Castro, en octubre del 2011, Mónica Benarroyo, en el 2008, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa en el 2005, y Roberto Gomensoro Josman en el 2002.
La llegada al gobierno del izquerdista Frente Amplio en el 2005 dio paso a avances importantísimos en la recuperación de la verdad y se judicializaron policías y militares responsables de asesinatos y otras atrocidades en la dictadura que duró hasta 1985.
"Se avanzó sustancialmente en encontrar la verdad y hay que seguir trabajando para de forma definitiva terminar con la impunidad en nuestro país”, dijo a Noticias Aliadas el dirigente Washington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT, siglas del Plenario Intersindical de Trabajadores y de la Convención Nacional de Trabajadores. "Es una tarea que sigue pendiente, que estamos tratando de profundizar.
Las organizaciones que en materia de derechos humanos trabajan en nuestro país han logrado generar una base de datos muy importante, de denuncias que están establecidas en diversos juzgados y localidades del país, y ese registro de datos lo manejamos y lo vamos a impulsar entre todos”.
Sociedad civil reclama la verdad
El dirigente recordó que los primeros tres gobiernos democráticos luego de la dictadura —encabezados por los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-95), de los derechistas Partido Colorado y Partido Nacional respectivamente— negaban que el régimen militar haya dejado un legado de personas desaparecidas, otras que fueron torturadas, secuestradas y mujeres que fueron violadas. Por eso valoró especialmente la lucha de la sociedad civil para ir alcanzando retazos de verdad.
Y no dejó de rescatar el "papel glorioso de la clase obrera uruguaya” en aquel junio de 1973 que se lanzó a una huelga general convocada por la CNT.
"Nosotros habíamos resuelto ya esa huelga general un año y medio antes, porque se sabía que venía el golpe, y pudo concretarse la medida de lucha porque de alguna manera el conjunto del pueblo uruguayo y el entramado social cumplieron un papel importantísimo, tanto es así que no se conoce en el mundo una experiencia de estas características y de alguna manera marcamos a muerte a la dictadura”, añadió Beltrán.
En octubre del 2011 fue aprobada por el Parlamento la Ley 18.831 de la Pretensión Punitiva del Estado, presentada por el gobernante Frente Amplio, con lo cual quedó sin efecto la Ley de Caducidad que no permitía condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura uruguaya. A pesar de ello, policías y militares que ocuparon cargos de importancia fueron encarcelados porque se logró judicialmente que sus casos no quedaran amparados por la llamada "ley de impunidad”, a raíz de vacíos legales que dejó esa normativa y de una nueva interpretación más "abierta” del Poder Ejecutivo con el gobierno del Frente Amplio.
Son los casos, entre otros, del propio Bordaberry, quien fue sometido a juicio entre el 2006 y el 2010 junto con el excanciller Juan Carlos Blanco y condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Bordaberry permaneció bajo prisión domiciliaria por motivos de salud hasta el momento de su muerte en el 2011.
En un acto realizado el 4 de junio del 2012 en el Palacio Legislativo, el Estado reconoció su responsabilidad institucional y actuación ilegítima en el periodo que va de 1968 —cuando se adoptaron las llamadas "medidas prontas de seguridad”, que permitían suspender garantías constitucionales ante conmoción interior— a 1985. El objetivo de la ceremonia fue dar cumplimiento a la Ley 18.596 de Reparación Integral aprobada en el 2009, durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que prevé la promoción de acciones simbólicas de reparación por parte del Estado.
Marcha atrás
Sin embargo, la SCJ ha tomado algunas decisiones en los últimos meses que empantanan el camino de la lucha contra la impunidad. En febrero pasado declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que categorizaba los delitos que se cometieron durante la dictadura como de lesa humanidad. Sin embargo, decidió de forma unánime no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad para el artículo 1º de la ley, que establece que "se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, dijo a la prensa nacional que la Corte ha establecido que esos artículos son "inaplicables y [los delitos] no son declarados de lesa humanidad”. Luego explicó que "cada juez interpretará en cada caso cómo influye la declaración de inconstitucionalidad”. De hecho "se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes” para procesar a militares, policías y civiles por esos delitos.
El PIT-CNT calificó la decisión de la SCJ como "un retroceso muy importante”. Según Beltrán, esto demostraría que hay "algunas presiones que se han ejercido por parte del poder político y otros poderes importantes que todavía conviven en nuestro país”, vinculados a los partidos tradicionales y sectores económicos asociados a ellos, e invocó a las organizaciones sociales a estar "muy vigilantes”.
"De cualquier manera hay fiscales y jueces que han hecho público que van a seguir recorriendo un camino en el que los delitos de lesa humanidad no prescriban en el tiempo”, reivindicó el representante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.
"Las nuevas generaciones deberán investigar para conocer en forma plena la verdad y así actuar en consecuencia”, sostuvo Beltrán en el diálogo con Noticias Aliadas. "Eso es lo más importante que debe hacer una sociedad que sale de una etapa tan triste, construir hacia el futuro una realidad distinta basada en el conocimiento pleno de la verdad y con compromisos para que nunca más haya dictadura en nuestro país”.
PERSPECTIVAS
UNICEF cuestiona aumento de penas en el Código Infraccional Juvenil a estudio
El representante de UNICEF-Uruguay confirmó que existen observaciones de importancia a realizar en el proyecto de Código de Responsabilidad Infraccional Juvenil, que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento para su aprobación.
Martes 16 de julio de 2013-La República uy
Foto: uniradio.edu.uy
Según el técnico Egidio Crotti, que representa a UNICEF en nuestro país, las instituciones que deben albergar y devolver a la sociedad a los jóvenes que sean internados, “no están preparadas” para enfrentar el aumento de la población que se producirá a partir de la extensión de las penas.El cuerpo internacional entiende que el número de internados cuando mínimo se duplicaría y que las condiciones que enfrentan para la internación en absoluto conducen a la recuperación de estos jóvenes. Para el delegado Crotti, el proyecto responde solamente a “la presión de la opinión pública”, donde se ha “logrado instalar la idea de que los mayores problemas de seguridad de este país son provocados por menores de edad, algo que según las cifras no es así”.
Se transgreden principios de la Convención de los Derechos del Niño
En un comunicado emitido el lunes por UNICEF se explica que la extensión de hasta 10 años a las penas máximas para los adolescentes “transgrede los principios de excepcionalidad de mínima duración de la privación de la libertad y no regresividad” que están incluídos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para la organización “se debe restringir la privación de libertad a los delitos más graves: aquellos que afectan la vida, la integridad física o la libertad de las personas”. Puntualiza que una “excesiva dureza de las penas” en los demás, impide la resocialización de los adolescentes.Desde UNICEF se plantea la necesidad que el proyecto refiera a “penas alternativas”, limitando las privación de libertad para los delitos graves que van contra la integridad física de la persona como el homicidio, el secuestro o la rapiña. El texto a remitirse al Parlamento no refiere tampoco a temas como: semilibertad, libertad asistida, libertad vigilada y trabajo comunitario, así como tampoco a mejoras en la “defensoría pública” de los adolescentes, adonde recurre la mayoría de los jóvenes enfrentados con la Ley.
Nacional - SEGURIDAD
Unicef criticó el proyecto de ley sobre régimen infraccional juvenil
Señala que repite el modelo de endurecimiento de penas, lo que hace aumentar de manera "exponencial" la población carcelaria
15.07.2013
Texto: El Observador
El objetivo es tener una legislación que atienda, en forma exclusiva, el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, en el marco de las definiciones y principios consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, avaló algunos puntos del texto criticó otros.
Entre los cuestionados está el aumento de la pena máxima a 10 años, cuando el máximo vigente es cinco. Eso, para el organismo, "transgrede los principios que estructuran los sistemas de justicia penal juvenil según la Convención sobre los Derechos del Niño".
En este sentido, agrega que esa "excesiva dureza de las penas conspira", a su vez, atenta "contra el principio de resocialización" que se le debe dar a los adolescentes. También señalan que las condiciones en las cuales pasan presos "debería ser normativamente prioritaria".
Al mismo tiempo, avala que el proyecto disponga de recursos para la instalación de un tribunal de apelaciones y para más juzgados de adolescentes, pero en lo que no se hace referencia es en la asignación de recursos para la defensoría del adolescente que cometió la infracción.
En general, señala que se repite "el modelo aplicado a la política criminal de adultos", en el sentido que aumenta las penas, lo que hace que crezca de manera "exponencial" la población carcelaria. Tal es así que Uruguay está primero en Sudamérica en número de presos cada 100.000 habitantes, agrega.
Puntos positivos
Unicef destaca como positivo del proyecto que "mantiene y reafirma" que una persona menor de 18 años no pueda ser juzgada como un adulto. También resalta como bueno que por razones de vulnerabilidad social, económica o familiar, "no se puedan endurecer las sanciones".
Envío:Amarelle
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