DESPUES DE LAS AUDIENCIAS SOBRE LA LEY DE MEDIOS
A la espera del fallo La voz del público
La libertad de expresión y la igualdad. Las consecuencias en el plano de la política.
María José Guembe *
Las audiencias en la Corte Suprema abrieron un debate de trascendencia constitucional al conocimiento público. La iniciativa hace a la publicidad de los actos de gobierno, al tiempo que permite a la sociedad formar una opinión sobre lo que se dirime en esa causa cuya definición tendrá impacto en sus derechos y en su posibilidad de optar entre diversos puntos de vista, concepciones de la vida y del mundo.
La Defensoría del Público, creada por la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, participó para acercar la voz de las audiencias a los jueces, una voz hasta entonces ausente en la discusión en el expediente judicial. Los reclamos que se presentaron se refieren a la inclusión de señales en la grilla de programación de Cablevisión, a las prácticas comerciales excluyentes y predatorias por parte de esta empresa y a distintas limitaciones al pluralismo informativo.
Desde la sanción de la ley el público es sujeto de derechos. Las alegaciones del Grupo Clarín, sin embargo, colocaron al público en el lugar de “usuario” y “consumidor” que “ejerce su derecho” cambiando de canal o de dial. Esta concepción deliberadamente omite que la diversidad es condición para poder elegir. Y que para lograr esa diversidad es preciso que exista lugar para nuevas voces.
La Corte escuchó nuevas perspectivas y miradas. Esperamos que pronto ponga fin a este conflicto dando plena operatividad a la ley audiovisual y, por tanto, al pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Los abogados del Grupo Clarín, frente a este horizonte han alertado que concurrirán a la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión y la Corte IDH no son instancias de apelación de tribunales locales sino que intervienen frente a violaciones a normas del Pacto de San José de Costa Rica. La ley cumple los estándares internacionales de derechos humanos, tal como fue remarcado en la audiencia pública, por lo que es esperable que el caso sea rechazado en esa instancia.
* Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público. Esta nota reemplaza un comentario de la autora publicado ayer, en el que se consignaron algunos conceptos erróneos.
Las audiencias en la Corte Suprema abrieron un debate de trascendencia constitucional al conocimiento público. La iniciativa hace a la publicidad de los actos de gobierno, al tiempo que permite a la sociedad formar una opinión sobre lo que se dirime en esa causa cuya definición tendrá impacto en sus derechos y en su posibilidad de optar entre diversos puntos de vista, concepciones de la vida y del mundo.
La Defensoría del Público, creada por la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, participó para acercar la voz de las audiencias a los jueces, una voz hasta entonces ausente en la discusión en el expediente judicial. Los reclamos que se presentaron se refieren a la inclusión de señales en la grilla de programación de Cablevisión, a las prácticas comerciales excluyentes y predatorias por parte de esta empresa y a distintas limitaciones al pluralismo informativo.
Desde la sanción de la ley el público es sujeto de derechos. Las alegaciones del Grupo Clarín, sin embargo, colocaron al público en el lugar de “usuario” y “consumidor” que “ejerce su derecho” cambiando de canal o de dial. Esta concepción deliberadamente omite que la diversidad es condición para poder elegir. Y que para lograr esa diversidad es preciso que exista lugar para nuevas voces.
La Corte escuchó nuevas perspectivas y miradas. Esperamos que pronto ponga fin a este conflicto dando plena operatividad a la ley audiovisual y, por tanto, al pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Los abogados del Grupo Clarín, frente a este horizonte han alertado que concurrirán a la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión y la Corte IDH no son instancias de apelación de tribunales locales sino que intervienen frente a violaciones a normas del Pacto de San José de Costa Rica. La ley cumple los estándares internacionales de derechos humanos, tal como fue remarcado en la audiencia pública, por lo que es esperable que el caso sea rechazado en esa instancia.
* Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público. Esta nota reemplaza un comentario de la autora publicado ayer, en el que se consignaron algunos conceptos erróneos.
Por Alejo García *
La disputa
Luego de un intenso recorrido por distintos foros de debate desarrollados por todo el país y contemplándose las opiniones de todas aquellas organizaciones sociales y actores del campo de la comunicación, en el mes de octubre del año 2009 fue sancionada por el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26522).
Cuatro años después de ser votada, la ley sigue sin poder ser implementada en forma plena debido a que el Grupo Clarín cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma.
La disputa en la Justicia de una ley votada por los representantes del pueblo, obedeciendo al mandato popular, instala un nuevo escenario que está relacionado no solo ya con la discusión sobre la democratización de los medios y sobre la posibilidad de que nuevas voces sean escuchadas, sino que también, y sobre todo, instala la idea de la lucha por el poder.
Durante los últimos años en Argentina miles y miles de jóvenes se han volcado a la política entendiendo a ésta como la única herramienta de transformación social y de poder enfrentar a los poderes reales. Este es, sin dudas, uno de los cambios culturales de la época donde la política pasa a formar parte de la mesa de las familias argentinas.
Quienes venimos militando en favor de la democratización de los medios de comunicación observamos que lo que también se está poniendo en juego en la decisión que vaya a tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es sobre el sentido de involucrarse o no en la política y en seguir creyendo en ésta como herramienta de cambio.
El mensaje de los poderes empresariales mediáticos y de quienes los protegen y defienden desde los estrados judiciales es simple, ¿qué sentido tendría involucrarse en la política si los poderes son inamovibles?
También se podrían citar otros ejemplos, como los intentos de democratizar la Justicia, donde desde la misma corporación judicial se presentaron los mayores obstáculos a intentos de reformas que se vinculaban a la participación de los ciudadanos en la elección de algunos miembros del sistema jurídico, entre otras cosas.
El escenario que hoy nos muestra la imposibilidad de implementar en forma plena la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ubica en la disputa por el sentido.
El sentido que está en disputa es sobre el proyecto de país que queremos, y la construcción de ese sentido no debe ser una experiencia individual sino que, como dicen Gettino y Vellegia, “se debe promover la lucha por la formación social de sentido para la emancipación de los individuos y las sociedades”.
Por esto es que es importante dar este debate al interior de las organizaciones sociales, de las universidades, de los sindicatos, de las escuelas, en los distintos territorios donde a cada uno le toque estar, generando espacios de diálogo, de comunicación, de reflexión sobre la disputa de fondo y que tiene que ver con la importancia de la construcción de un poder popular capaz de seguir revolucionando culturalmente este país.
Como diría Ricardo Forster, “hoy hay que dar una batalla, también, contra la barbarie cultural, contra los lenguajes que son lenguajes del vacío, de la rapiña, de la estupidez. Lenguajes que construyen un sentido común que se está devorando, precisamente, la capacidad crítica de los individuos en el interior de nuestras sociedades. Por lo tanto es fundamental ser capaces de recoger tradiciones, de interrumpir el discurso monótono de los medios de comunicación. Pero también es fundamental percibir que lo que estamos disputando nuevamente es el sentido, estamos disputando el sentido”.
* Licenciado en Trabajo Social. Docente e investigador universitario. Coordinador de la Asociación Civil Cine en Movimiento.
La disputa
Luego de un intenso recorrido por distintos foros de debate desarrollados por todo el país y contemplándose las opiniones de todas aquellas organizaciones sociales y actores del campo de la comunicación, en el mes de octubre del año 2009 fue sancionada por el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26522).
Cuatro años después de ser votada, la ley sigue sin poder ser implementada en forma plena debido a que el Grupo Clarín cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma.
La disputa en la Justicia de una ley votada por los representantes del pueblo, obedeciendo al mandato popular, instala un nuevo escenario que está relacionado no solo ya con la discusión sobre la democratización de los medios y sobre la posibilidad de que nuevas voces sean escuchadas, sino que también, y sobre todo, instala la idea de la lucha por el poder.
Durante los últimos años en Argentina miles y miles de jóvenes se han volcado a la política entendiendo a ésta como la única herramienta de transformación social y de poder enfrentar a los poderes reales. Este es, sin dudas, uno de los cambios culturales de la época donde la política pasa a formar parte de la mesa de las familias argentinas.
Quienes venimos militando en favor de la democratización de los medios de comunicación observamos que lo que también se está poniendo en juego en la decisión que vaya a tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es sobre el sentido de involucrarse o no en la política y en seguir creyendo en ésta como herramienta de cambio.
El mensaje de los poderes empresariales mediáticos y de quienes los protegen y defienden desde los estrados judiciales es simple, ¿qué sentido tendría involucrarse en la política si los poderes son inamovibles?
También se podrían citar otros ejemplos, como los intentos de democratizar la Justicia, donde desde la misma corporación judicial se presentaron los mayores obstáculos a intentos de reformas que se vinculaban a la participación de los ciudadanos en la elección de algunos miembros del sistema jurídico, entre otras cosas.
El escenario que hoy nos muestra la imposibilidad de implementar en forma plena la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ubica en la disputa por el sentido.
El sentido que está en disputa es sobre el proyecto de país que queremos, y la construcción de ese sentido no debe ser una experiencia individual sino que, como dicen Gettino y Vellegia, “se debe promover la lucha por la formación social de sentido para la emancipación de los individuos y las sociedades”.
Por esto es que es importante dar este debate al interior de las organizaciones sociales, de las universidades, de los sindicatos, de las escuelas, en los distintos territorios donde a cada uno le toque estar, generando espacios de diálogo, de comunicación, de reflexión sobre la disputa de fondo y que tiene que ver con la importancia de la construcción de un poder popular capaz de seguir revolucionando culturalmente este país.
Como diría Ricardo Forster, “hoy hay que dar una batalla, también, contra la barbarie cultural, contra los lenguajes que son lenguajes del vacío, de la rapiña, de la estupidez. Lenguajes que construyen un sentido común que se está devorando, precisamente, la capacidad crítica de los individuos en el interior de nuestras sociedades. Por lo tanto es fundamental ser capaces de recoger tradiciones, de interrumpir el discurso monótono de los medios de comunicación. Pero también es fundamental percibir que lo que estamos disputando nuevamente es el sentido, estamos disputando el sentido”.
* Licenciado en Trabajo Social. Docente e investigador universitario. Coordinador de la Asociación Civil Cine en Movimiento.
Guido Croxatto * y Julián Axat **
Por qué
Por qué no pensar que la práctica que esta ley genera –el debate mismo que hoy vemos– es el fin y el sentido de la ley. Una ley que fue producto de un debate democrático con presencia de distintos sectores, y que venía –viene– a dejar de lado una vieja ley del Proceso (que mataba al que pensaba distinto, al que osaba “meterse”, “opinar”, a alzar la palabra). Por qué no reconocer que el debate político y jurídico que la ley genera es prueba de lo que la ley pretende: que se escuchen más voces. Que se escuchen otras voces que a menudo no son escuchadas. Que se enfrenten intereses. Y que esa confrontación se haga visible. Se pueda ver. En un primer sentido diremos que la ley visibiliza. Reconoce. Muestra.
Esta ley supone un cambio en varios sentidos. Pero sobre todo obliga a repensar las categorías (muchas veces anquilosadas, repetidas) con que se maneja el derecho. La libertad de prensa del siglo XIX –a cuyos lineamientos se remiten de modo superficial pero insistente los que se oponen a esta ley de medios– no es ni supone los desafíos que sí supone la comunicación en la cultura en el siglo XXI. (Entonces los argumentos que en el siglo XIX sonaban renovadores, democráticos, hoy suponen todo lo contrario: concentración, statu quo.) Y esto por una razón muy sencilla: porque ha habido y hay una revolución tecnológica y una revolución en las comunicaciones (en el grado y el modo de la comunicación, en la forma y los tiempos de comunicarnos, de decir las cosas, de reproducirlas) que impactan de modo directo en la configuración de la democracia. Los medios no son solo agentes libres de expresarse, muchas veces estructuran el debate y de ese modo configuran una sociedad, una cultura. Estos son los dos costados del debate, que a veces quedan confundidos. Mezclados. Es la práctica de lo que denominamos a veces con un poco de imprecisión esfera pública. Esta nueva situación de hecho no puede estar sustraída al debate. No hay esfera pública en la era de las comunicaciones sin democratización real de la palabra. No hay democracia. Se trata de ampliar el acceso. El mundo ha cambiado. La revolución en las comunicaciones es solo equiparable a la emancipación sexual o a la revolución de la juventud del siglo XX. No entender este cambio –esta revolución, este cambio complejo– supone manejar las comunicaciones del siglo XXI con las categorías del siglo XIX. Es decir, atrasar. No entender los cambios que vive la sociedad. Y que vive la política (Sartori habla de la e-democracia, en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida).
Las comunicaciones reconocen diversos problemas. Owen Fiss, en su libro La ironía de la libertad de expresión, reconoce algunos de ellos. Y por eso cuestiona la falsedad del seudoliberalismo. Que termina mitigando la libertad de los más desfavorecidos a expresarse. Es decir, a ser libres. A formar parte de esa esfera pública. Fiss pone tres ejemplos donde el discurso estándar de la libertad de expresión (con demasiado cinismo asimilada a libertad de mercado, a “competencia”. De hecho, muchos opositores a esta ley hablan de las voces como si su derecho fuera cuestión de “rating”, y no, precisamente, como quiere esta ley, de un derecho, un derecho a expresarse, a tener voz, se tenga o no se tenga “rating”; los desaparecidos no tenían “rating” en la dictadura). Esos ejemplos son el discurso del odio, la pornografía (que el feminismo no separaba nítidamente del primero), y la concentración de medios en manos de empresarios poderosos (Berlusconi es un ejemplo) que utilizan sus propios medios para hacer escuchar una sola voz: la suya.
Cuando esa voz tapa a todas las demás (por ejemplo, porque es la única que tiene llegada, es la que “domina el mercado”) entonces defender esa posición dominante no es equiparable a defender la libertad de expresión, sino al contrario, porque se defiende a costa de negar la libertad de los otros. Negar sus derechos. Su palabra. Fiss entiende que la pornografía limita la libertad de expresión de la mujer, porque da una imagen sometida. Entonces, opone la libertad de expresión de la mujer a la libertad de la expresión del hombre (que defiende la pornografía que silencia a la mujer y le niega su libertad, como su libertad –la libertad del hombre– a expresarse). Muchas veces no son una sola. Son dos libertades distintas. Y a veces chocan entre sí. La democracia precisamente es la que debe repensar y reconocer estos choques para empezar a pensar de modo más igualitario la democracia y la libertad. En síntesis, de lo que se trata es de pasar de una posición falsamente liberal a lo que Fiss llama liberalismo igualitario (liberalismo en serio), donde todas las voces sean escuchadas. Con libertad. Fiss entiende que es el Estado precisamente el agente de esa igualdad, que el mercado, por sí solo, naturalmente, no genera. Tampoco busca. Es el Estado el que debe permitir que otras voces asomen. En ese sentido, Fiss supera el sentido tradicional (del liberalismo del siglo XIX) para el cual el Estado era un “enemigo” (el principal enemigo) de la libertad de expresión. En este nuevo contexto, en el siglo XXI, a la hora de defender la libertad, en un contexto de mercado dominante y revolución tecnológica, el Estado puede ser un aliado de esa igualdad. Un aliado y no un enemigo de la palabra. De la pluralidad. Pero esto supone, claro, un Derecho (una Justicia, una sociedad) que empiece a usar, como sostiene Fiss, las categorías del siglo XXI. Y no las del siglo XIX. La situación de Argentina, por otro lado, no es excepcional. La concentración de medios es una regla en América latina, por ejemplo Televisa en México o la red O Globo en Brasil, cuya posición deriva también de la dictadura en ese país.
No es casual que los monopolios hayan sido no sólo cómplices, sino parte misma del pasado al que no querían volver. Ese pasado en el que precisamente los desaparecidos no aparecían en las tapas de los diarios. Porque las únicas que informaban a la sociedad eran las viejas locas de Plaza de Mayo. La categoría misma del desaparecido (el hecho de que miles de personas hayan desaparecido sin que nada saliera en los mismos diarios que hoy se oponen a la ley de medios) es una prueba más –tal vez la más cruda– de por qué la democratización/igualdad de palabra es esencial para la democracia. No se puede analizar un derecho con los criterios del mercado. Por la simple razón de que si fuera por el mercado, los derechos no existirían. Seguiríamos con la esclavitud. Diciendo que es “eficiente”. Hoy estamos ante un desafío semejante. Acabar con la esclavitud de la palabra. Con la palabra esclava. Que tiene miedo de ser libre. Que tiene miedo a crecer.
* UBA-Conicet.
** Defensor juvenil
Por qué
Por qué no pensar que la práctica que esta ley genera –el debate mismo que hoy vemos– es el fin y el sentido de la ley. Una ley que fue producto de un debate democrático con presencia de distintos sectores, y que venía –viene– a dejar de lado una vieja ley del Proceso (que mataba al que pensaba distinto, al que osaba “meterse”, “opinar”, a alzar la palabra). Por qué no reconocer que el debate político y jurídico que la ley genera es prueba de lo que la ley pretende: que se escuchen más voces. Que se escuchen otras voces que a menudo no son escuchadas. Que se enfrenten intereses. Y que esa confrontación se haga visible. Se pueda ver. En un primer sentido diremos que la ley visibiliza. Reconoce. Muestra.
Esta ley supone un cambio en varios sentidos. Pero sobre todo obliga a repensar las categorías (muchas veces anquilosadas, repetidas) con que se maneja el derecho. La libertad de prensa del siglo XIX –a cuyos lineamientos se remiten de modo superficial pero insistente los que se oponen a esta ley de medios– no es ni supone los desafíos que sí supone la comunicación en la cultura en el siglo XXI. (Entonces los argumentos que en el siglo XIX sonaban renovadores, democráticos, hoy suponen todo lo contrario: concentración, statu quo.) Y esto por una razón muy sencilla: porque ha habido y hay una revolución tecnológica y una revolución en las comunicaciones (en el grado y el modo de la comunicación, en la forma y los tiempos de comunicarnos, de decir las cosas, de reproducirlas) que impactan de modo directo en la configuración de la democracia. Los medios no son solo agentes libres de expresarse, muchas veces estructuran el debate y de ese modo configuran una sociedad, una cultura. Estos son los dos costados del debate, que a veces quedan confundidos. Mezclados. Es la práctica de lo que denominamos a veces con un poco de imprecisión esfera pública. Esta nueva situación de hecho no puede estar sustraída al debate. No hay esfera pública en la era de las comunicaciones sin democratización real de la palabra. No hay democracia. Se trata de ampliar el acceso. El mundo ha cambiado. La revolución en las comunicaciones es solo equiparable a la emancipación sexual o a la revolución de la juventud del siglo XX. No entender este cambio –esta revolución, este cambio complejo– supone manejar las comunicaciones del siglo XXI con las categorías del siglo XIX. Es decir, atrasar. No entender los cambios que vive la sociedad. Y que vive la política (Sartori habla de la e-democracia, en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida).
Las comunicaciones reconocen diversos problemas. Owen Fiss, en su libro La ironía de la libertad de expresión, reconoce algunos de ellos. Y por eso cuestiona la falsedad del seudoliberalismo. Que termina mitigando la libertad de los más desfavorecidos a expresarse. Es decir, a ser libres. A formar parte de esa esfera pública. Fiss pone tres ejemplos donde el discurso estándar de la libertad de expresión (con demasiado cinismo asimilada a libertad de mercado, a “competencia”. De hecho, muchos opositores a esta ley hablan de las voces como si su derecho fuera cuestión de “rating”, y no, precisamente, como quiere esta ley, de un derecho, un derecho a expresarse, a tener voz, se tenga o no se tenga “rating”; los desaparecidos no tenían “rating” en la dictadura). Esos ejemplos son el discurso del odio, la pornografía (que el feminismo no separaba nítidamente del primero), y la concentración de medios en manos de empresarios poderosos (Berlusconi es un ejemplo) que utilizan sus propios medios para hacer escuchar una sola voz: la suya.
Cuando esa voz tapa a todas las demás (por ejemplo, porque es la única que tiene llegada, es la que “domina el mercado”) entonces defender esa posición dominante no es equiparable a defender la libertad de expresión, sino al contrario, porque se defiende a costa de negar la libertad de los otros. Negar sus derechos. Su palabra. Fiss entiende que la pornografía limita la libertad de expresión de la mujer, porque da una imagen sometida. Entonces, opone la libertad de expresión de la mujer a la libertad de la expresión del hombre (que defiende la pornografía que silencia a la mujer y le niega su libertad, como su libertad –la libertad del hombre– a expresarse). Muchas veces no son una sola. Son dos libertades distintas. Y a veces chocan entre sí. La democracia precisamente es la que debe repensar y reconocer estos choques para empezar a pensar de modo más igualitario la democracia y la libertad. En síntesis, de lo que se trata es de pasar de una posición falsamente liberal a lo que Fiss llama liberalismo igualitario (liberalismo en serio), donde todas las voces sean escuchadas. Con libertad. Fiss entiende que es el Estado precisamente el agente de esa igualdad, que el mercado, por sí solo, naturalmente, no genera. Tampoco busca. Es el Estado el que debe permitir que otras voces asomen. En ese sentido, Fiss supera el sentido tradicional (del liberalismo del siglo XIX) para el cual el Estado era un “enemigo” (el principal enemigo) de la libertad de expresión. En este nuevo contexto, en el siglo XXI, a la hora de defender la libertad, en un contexto de mercado dominante y revolución tecnológica, el Estado puede ser un aliado de esa igualdad. Un aliado y no un enemigo de la palabra. De la pluralidad. Pero esto supone, claro, un Derecho (una Justicia, una sociedad) que empiece a usar, como sostiene Fiss, las categorías del siglo XXI. Y no las del siglo XIX. La situación de Argentina, por otro lado, no es excepcional. La concentración de medios es una regla en América latina, por ejemplo Televisa en México o la red O Globo en Brasil, cuya posición deriva también de la dictadura en ese país.
No es casual que los monopolios hayan sido no sólo cómplices, sino parte misma del pasado al que no querían volver. Ese pasado en el que precisamente los desaparecidos no aparecían en las tapas de los diarios. Porque las únicas que informaban a la sociedad eran las viejas locas de Plaza de Mayo. La categoría misma del desaparecido (el hecho de que miles de personas hayan desaparecido sin que nada saliera en los mismos diarios que hoy se oponen a la ley de medios) es una prueba más –tal vez la más cruda– de por qué la democratización/igualdad de palabra es esencial para la democracia. No se puede analizar un derecho con los criterios del mercado. Por la simple razón de que si fuera por el mercado, los derechos no existirían. Seguiríamos con la esclavitud. Diciendo que es “eficiente”. Hoy estamos ante un desafío semejante. Acabar con la esclavitud de la palabra. Con la palabra esclava. Que tiene miedo de ser libre. Que tiene miedo a crecer.
* UBA-Conicet.
** Defensor juvenil
PEÑAFORT HABLO SOBRE LA LEY DE MEDIOS Y LA AUDIENCIA EN LA CORTE
“Clarín defiende su rentabilidad”
La abogada dijo que el balance de la audiencia es “muy positivo” porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”.
Por Sebastian Abrevaya
Peñafort afirmó que “Clarín no defiende la libertad de expresión”.Imagen: Bernardino Avila
La abogada Graciana Peñafort fue una de las figuras centrales de la exposición realizada por el Estado nacional en la audiencia convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como ex directora de Asuntos Legales de la Afsca durante la gestión de Gabriel Mario-tto, fue una de las redactoras de la ley y conoce como pocos el contenido y las cuestiones técnicas del mercado de la comunicación en argentina. En diálogo con Página/12, consideró “muy positivo” el balance de la audiencia porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”. “La argumentación de Clarín, llevada al extremo, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión”, advierte.
La abogada Graciana Peñafort fue una de las figuras centrales de la exposición realizada por el Estado nacional en la audiencia convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como ex directora de Asuntos Legales de la Afsca durante la gestión de Gabriel Mario-tto, fue una de las redactoras de la ley y conoce como pocos el contenido y las cuestiones técnicas del mercado de la comunicación en argentina. En diálogo con Página/12, consideró “muy positivo” el balance de la audiencia porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”. “La argumentación de Clarín, llevada al extremo, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión”, advierte.
–¿Cuál es su balance de la audiencia de la Corte?
–El balance fue muy positivo para visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar. Es más fácil sostener que esta ley es mala cuando mientras hay debates en todo el país y simplemente decís que algunos canales “van a desaparecer”. Ahora tuvieron que decir públicamente que no defienden la libertad de expresión sino la rentabilidad. Del otro lado demostramos razones de concentración de mercado, pactos de derechos humanos y doctrina de libertad de expresión. Entonces la frase esloganera pierde su efecto. Además, quedó en evidencia que es el Estado, en este caso la Corte, el que garantiza la diversidad de contenido en los tiempos modernos frente a las decisiones empresarias que puedan invisibilizarlos. Porque permitió elegir si querías ver la versión parcial de la audiencia de TN o ver la transmisión entera. Eso es lo que busca la ley.
–¿Qué le parecieron las preguntas realizadas por la Corte?
–La Corte demostró que los jueces habían hecho una lectura del expediente y que lo conocían en profundidad. En el caso del Estado había muchas preguntas de contenido técnico. Hay que rebatir a un grupo monopólico que dice: “Me afectás a mí, afectás la libertad de expresión”. Es una premisa que dicha en el contexto de los medios suena agresiva, entonces hay que dejar muy en claro la respuesta. A ellos le preguntaron cómo afecta la libertad de expresión esta ley y no lo pudieron demostrar, pueden demostrar que afecta su rentabilidad.
–Hubo unas repreguntas de Ricardo Lorenzetti respecto del ejercicio y la revocación de las licencias...
–Eso se refiere a una materia de derecho administrativo sobre cuál es el nivel de propiedad, entendida la propiedad como todo aquello que no es la vida o la libertad. Es un paradigma bastante liberal. Es un concepto tan amplio de propiedad, que se contrapone con lo que es un privilegio en materia administrativa, un recurso del Estado cuyo gerenciamiento o administración se le da a un particular. Y se denomina privilegio por la escasez y porque el particular tiene que pasar por un trámite especial para acceder a él. Como es una actividad de interés público, son recursos del Estado administrados o gerenciados por un particular. Eso da que sus condiciones de vigencia estén sujetas a leyes especiales, cuya premisa es, básicamente que se deben explotar, desarrollar, nacer y extinguir, solo en función de las reglas del derecho y en función del interés público.
–¿Eso no choca con el argumento de Clarín respecto de que sólo se debe regular por los tribunales de defensa de la competencia?
–Por eso dijimos que esos tribunales sólo regulan mercados y valores de mercado. En cambio, la libertad de expresión es un valor simbólico. Los tribunales de defensa de la competencia regulan una vez que se ha vulnerado. Pero cuando se regula en materia de libertad de expresión tiene que ser anterior porque una vez que es vulnerada no hay manera de subsanarlo. En base a la información uno toma decisiones en su vida, participa como ciudadano. La ley cumple acabadamente eso.
–Uno de los argumentos centrales de Clarín fue que la ley afecta la sustentabilidad y por ende la libertad de expresión...
–Ese argumento es imposible de sostener. Es falso que la sustentabilidad está asociada a una economía de escala. De ser cierto, lo único que garantizaría la libertad de expresión sería una única empresa nacional que concentre toda la escala. La argumentación de Clarín, llevada al extremo final, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión, ni activos ni pasivos. Entonces los medios comunitarios, chicos o locales no son sujetos de la libertad de expresión. Eso anula la diversidad de fuentes de información.
–¿Le faltó algo a la presentación del Estado?
–Mi sensación es que el Estado demostró profesionales muy sólidos y pudo contestar acertivamente las preguntas. Te puede gustar o no esta ley ideológicamente. Lo que no podés discutir es que tiene razones de hecho y de derecho para existir y ser aplicada.
–El abogado de Clarín dijo que si pierden podrían recurrir a tribunales internacionales. ¿Qué pasaría en ese caso?
–En principio, no se suspende la aplicación de la ley. Es parte de su derecho y de la democracia, es bueno. Pero además, hay textos completos de la ley que son informes, apartados, artículos, que están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La ley está escrita en la letra del SIDH, y lo que no, lo hicimos en el debate público.
–¿Y si la Corte declarara inconstitucional algunos artículos?
–Aquellos que sostienen la posibilidad de un “fallo salomónico” son los que le dan la salida elegante a la Corte para apoyar la posición de Clarín. Eso implica mantener los privilegios y la posición dominante pero embanderándose en la libertad de expresión. Pero no es así. O hay posición concentrada o no la hay. Y si la hay, hay que tomar decisiones correctivas.
–Otro de los argumentos contra la ley es que no contempla la convergencia tecnológica, que es vieja...
–La ley está llena de cláusulas que permiten actualizarla. No nació vieja. Si hubiesen ingresado las telefónicas hubiera que haber pensado bien la convergencia pero esos artículos desaparecieron porque fue un pedido político de la oposición, no del Gobierno. Clarín está muy de acuerdo con eso porque está defendiendo el monopolio del mercado convergente. Su principal competidor, que es DirectTV, como se trata de satélite, no entra en ese mercado.
–Clarín dice que se lo quiere desguazar para acallar voces críticas...
–No comparto para nada eso. Se les pidió a todos los grupos que presentaran el plan de adecuación y lo presentaron. Se ha avanzado y algunos grupos ya se han adecuado. ¿Cómo puede decir que no es equitativa la aplicación de la ley el grupo que ni siquiera ha presentado la adecuación? Pero además, no es que se acaba la posibilidad de control judicial sobre la aplicación. Una cosa es que no compartas lo que dicen y otra cosa es que quieran callarlos. Lo que pasa es que los grupos concentrados de la Argentina estaban acostumbrados a dictar ellos la agenda y que nadie se la discutiera.
Artaza, del lado de la ley
El senador radical Eugenio “Nito” Artaza, candidato a gobernador de Corrientes, defendió ayer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dijo que “Clarín tiene un discurso destituyente”. “Yo soy partidario de la ley de medios, ha democratizado los medios, independientemente de las mejoras que se le puedan hacer”, sostuvo Artaza.En declaraciones radiales, el legislador opinó que el radicalismo debe optar entre “estar del lado de las corporaciones o estar del lado de la gente” en el marco de la pelea por la aplicación plena de la LdSCA, pero que “muchos correligionarios, para salir en los medios, responden a los intereses de muchos medios”, denunció. “Yo soy opositor, pero lo hago de frente, con representación en el Congreso. Hay personas que le hablan al Poder Ejecutivo de una forma que no me parece procedente (...) y eso a mí me preocupa, porque responden a sectores concentrados”, argumentó.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario