EL GOBIERNO DESCUBRIO Y CONGELO FIDEICOMISOS A NOMBRE DEL REPRESOR JORGE OLIVERA, QUIEN SE FUGO LA SEMANA PASADA
“Un aparato de financiamiento permanente”
Con otro militar y abogado procesado, Olivera había formado un fideicomiso donde volcaban los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado. “Nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la Justicia si no tiene sostén logístico”, dijo Alak.
Las nuevas medidas fueron anunciadas por el titular de la UIF, José Sbatella, y los ministros Agustín Rossi y Julio Alak.Imagen: Bernardino Avila
El Gobierno dispuso ayer el congelamiento de fideicomisos pertenecientes al mayor retirado y abogado Jorge Antonio Olivera, el represor condenado que se fugó hace ocho días del Hospital Militar Central Cosme Argerich. En sociedad con el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, otro militar y abogado procesado por delitos de lesa humanidad, Olivera había formado un fideicomiso al que ambos cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado. El dato lo aportó el Ministerio de Defensa y se anunció en una conferencia de prensa que el ministro Agustín Rossi compartió con su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. Mientras continúa la búsqueda de los prófugos, trascendió que no hay rastros de la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, quien gestionó ante la Justicia de San Juan la autorización para el traslado que derivó en la fuga, y que trabajaba en el área de Salud Mental del hospital de Avenida Luis María Campos. Los organismos de derechos humanos de San Juan se movilizaron ayer para exigir la captura de Olivera y de Gustavo De Marchi, el segundo condenado fugado, y reiteraron su reclamo para que se investigue la posible complicidad del Poder Judicial de la provincia.
El Gobierno dispuso ayer el congelamiento de fideicomisos pertenecientes al mayor retirado y abogado Jorge Antonio Olivera, el represor condenado que se fugó hace ocho días del Hospital Militar Central Cosme Argerich. En sociedad con el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, otro militar y abogado procesado por delitos de lesa humanidad, Olivera había formado un fideicomiso al que ambos cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado. El dato lo aportó el Ministerio de Defensa y se anunció en una conferencia de prensa que el ministro Agustín Rossi compartió con su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. Mientras continúa la búsqueda de los prófugos, trascendió que no hay rastros de la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, quien gestionó ante la Justicia de San Juan la autorización para el traslado que derivó en la fuga, y que trabajaba en el área de Salud Mental del hospital de Avenida Luis María Campos. Los organismos de derechos humanos de San Juan se movilizaron ayer para exigir la captura de Olivera y de Gustavo De Marchi, el segundo condenado fugado, y reiteraron su reclamo para que se investigue la posible complicidad del Poder Judicial de la provincia.
Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio a prisión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente, se escaparon del Hospital Militar el jueves pasado, luego de que el juez Leopoldo Rago Gallo y su par Miguel Gálvez, que lo subrogó durante la feria, autorizaran un traslado de más de mil kilómetros con el argumento de brindarles un tratamiento médico dermatológico en un caso y psiquiátrico en el otro. El Poder Ejecutivo dispuso de inmediato, entre otras medidas, una recompensa de dos millones de pesos por cada uno a quien aporte información para recapturarlos.
Ayer, en conferencia de prensa, Rossi, Alak y Sbatella anunciaron el congelamiento del CUIT y las cuentas administrativas de los dos prófugos y el bloqueo del fideicomiso conformado por Olivera y Appiani, que está procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en Entre Ríos. “Olivera y Appiani, en su carácter de abogados, defendían a represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad y patrocinaban acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas”, explicó Rossi. “Desde el ministerio descubrimos que constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales”, dijo, y agregó que “esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes”.
Sbatella explicó que “corresponde a la UIF aplicar el artículo 306 del Código Penal: a todo terrorista de Estado prófugo le cabe el congelamiento de fondos, lo que implica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos fiduciarios, además de las viviendas y vehículos”. “En este momento se está haciendo la investigación en el lugar de los hechos donde estaban los fondos, y se está recabando toda la información bancaria y movimientos para determinar de dónde venía el dinero, hacia dónde iba y eventualmente si están sosteniendo la vida de otros prófugos”, señaló.
Alak, a su turno, advirtió que la nueva información “da cuenta de la posibilidad real y concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son más de sesenta”. “Nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la Justicia si no tiene un sostén logístico detrás”, advirtió.
A la misma hora de la conferencia de prensa, más de 300 personas se manifestaban en San Juan para pedir la recaptura de los prófugos y exigir la investigación de todos los partícipes y cómplices de la fuga. La marcha partió de la plaza central y concluyó frente a la sede del juzgado federal de Rago Gallo, donde se realizó un acto bajo la consigna “No a la impunidad”. Víctor Carabajal, hermano de un desaparecido sanjuanino, pidió al Gobierno “que la fuga de los genocidas no sea minimizada” y reclamó luchar “contra la mano del poder de los grandes intereses que se pusieron en marcha con complicidad de la Justicia”.
Un prófugo bien activo
Olivera y Appiani, además de defender a otros represores por sus crímenes durante el terrorismo de Estado, patrocinaban a militares retirados en reclamos judiciales de haberes contra el Estado. Los honorarios profesionales que recibían fueron cedidos en 2009 al fideicomiso financiero “SJ2”. Según la investigación interna del Ministerio de Defensa, ambos abogados se habían constituido formalmente como fiduciantes de “SJ2” el 26 de agosto de 2008, curiosamente durante la primera etapa de Olivera como prófugo de la Justicia. Su detención se había ordenado a fines de 2007 y se concretó el 3 de noviembre de 2008, cuando la Policía Federal lo ubicó en Vicente López. Como fiduciario de “SJ2” actuaba el denominado Banco de Servicios y Transacciones SA y como colocador Pemesa SA. Según el balance realizado al 31 de diciembre de 2010, cuando los dos represores ya estaban detenidos, el total de acreencias a favor del fideicomiso “SJ2”, por las causas con honorarios ya regulados o subordinados al resultado del proceso (pacto de cuota litis), ascendía a 9.457.803 pesos.
Con una serie de operaciones financieras y reclamos judiciales se habría intentado luego desdibujar la vinculación entre los abogados militares y el cobro de honorarios a través de un fideicomiso. En la causa judicial “Chretien Mario Luis c/Ministerio de Defensa”, por ejemplo, aparece reclamando el pago de honorarios un nuevo fiduciario denominado “Fiduciaria DPA SRL”. Desde la cartera que conduce Rossi explicaron que no cuentan con documentación que les permita conocer quiénes son los socios que integran la entidad, aunque se sabe que el actual representante judicial de ese nuevo fiduciario es el estudio Nicholson y Asociados. Fiduciaria DPA SRL se constituyó como sucesor de “SJ2” el 29 de diciembre de 2011. En el documento que lo acredita, figura CVI GVF Argentina SRL como tenedora mayoritaria de los certificados de participación en el fideicomiso.
Con la información aportada por Defensa, la Unidad de Información Financiera, que ya había ordenado el congelamiento administrativo de bienes y dinero a nombre de los condenados, procedió a inhabilitar el CUIT de todas las firmas mencionadas. La UIF se basó para congelar los fondos en el artículo 306 del Código Penal, por tratarse de “financiamiento para terrorismo”, en este caso terrorismo de Estado, según explicó Sbatella. El objetivo, señaló, es “paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos”.
Hay 62 represores prófugos
El Gobierno informó que son 62 los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la Justicia. Según mencionó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en el marco de la conferencia de prensa en la que informaron el congelamiento de las cuentas bancarias y fideicomisos de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, “hay prófugos que hace mucho tiempo están en esa situación y acusados de delitos de violaciones a los derechos humanos”. Si sólo se analiza San Juan, Olivera y De Marchi se suman a otros tres acusados por violaciones a los derechos humanos que por encontrarse prófugos no formaron parte del juicio que culminó a principio del mes pasado: Carlos Malatto, Eduardo Vic y Jorge Páez. El miércoles, en tanto, comenzó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Formosa, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Posadas, Misiones, sin el principal acusado, Angel Ervino Spada, quien fue jefe de Inteligencia del Ejército en el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 y permanece prófugo.
Fuente:Pagina12
02.08.2013
Se trata de un fideicomiso por casi 9.500.000 de pesos, vinculado a Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad
Detectan cuentas millonarias que financiarían a represores fugados
El gobierno ordenó el congelamiento de estos y otros fondos que podrían ser el sustento económico para la vida en la clandestinidad de los prófugos. El hecho se suma a la denuncia ya presentada en el juzgado de Bonadio.
Por: Franco Mizrahi
Olivera ejerció como abogado hasta el día de su detención –entre sus defendidos se destacan el genocida Guillermo Suárez Mason y el coronel nazi Erich Priebke–. Fue condenado a prisión perpetua el 4 de julio pasado, en el que fue el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en San Juan.
Desde el Edificio Libertador, donde tiene su sede el Ministerio de Defensa, Rossi aseguró que el genocida prófugo actuaba como abogado junto con el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, detenido por delitos de lesa humanidad, "generando acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de distinto personal de las Fuerzas Armadas". También defendían a represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Según explicó Rossi, "constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en ejercicio de esas acciones judiciales".
El funcionario detalló que "se trata del fideicomiso financiero SJ2 que extrañamente cuando Olivera y Appiani estaban presos cambió de nombre y de titulares, conformando una situación a que nosotros nos pareció claramente anómala".
El fideicomiso mencionado tenía liquidados honorarios o pactos de cuota litis (es decir, cuando un abogado recibe por paga una parte del pleito) por una suma millonaria: 9.457.803 de pesos, al 31 de diciembre de 2010, última actualización que tiene Defensa. "Esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes", expresó Rossi.
Según averiguó Tiempo Argentino, el 26 de agosto de 2008, Olivera y Appiani –quien está detenido en Paraná, Entre Ríos–, se constituyeron en fiduciantes del fideicomiso señalado. Como fiduciario actuó el Banco de Servicios y Transacciones SA y como coordinador, la firma Pemesa SA. Ese mismo día se gestó el fideicomiso de garantía. La ingeniería financiera sufre su primera modificación el 6 de mayo de 2011, cuando el Banco de Servicios y Transacciones renuncia a su carácter de fiduciario. El 29 de diciembre del mismo año, Fiduciaria DPA SRL se convierte en su sucesor. Esta nueva fiduciaria es la que aparece, por ejemplo, reclamando el pago de honorarios en la causa "Chretien Mario Luis c/Ministerio de Defensa", cuando los dos represores ya estaban detenidos. Con el cambio de titularidad, CVI GVF Argentina SRL se convierte en la tenedora mayoritaria de los certificados de participación en el fideicomiso.
Si bien no constan los socios de Fiduciaria DPA SRL, sí figura su representante judicial: el estudio Nicholson y Asociados, al que Sbattella sindicó como "el encargado de cobrar lo que de alguna manera se va devengando en la Capital Federal".
Ante este escenario, el titular de la cartera de Defensa informó que la AFIP "inhabilitó los CUIT" del fideicomiso financiero SJ1, el fideicomiso financiero SJ2; las firmas Fiduciaria DPA SRL, Pemesa SA, Prepaga Legal SRL, además del de los dos prófugos, el 31 de julio, seis días después de la fuga de los represores. Las suspensiones se comunicaron al Banco Central y a diversas instituciones bancarias.
Para Alak, el fideicomiso da cuenta de "la posibilidad real, concreta" de una "estructura de financiamiento" para sostener "la situación de prófugo de casi 60 condenados por delitos de lesa humanidad". Para el ministro, "una persona prófuga no puede subsistir más de dos días de acuerdo a los estándares internacionales sin apoyo económico o financiamiento de terceros". Luego, afirmó que instruyó al titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, para que amplíe la denuncia "que se presentó oportunamente después de la fuga" a los fines "de que se investigue si este fideicomiso está financiando a los prófugos y si además se ha lavado dinero, que es posible, o cualquier otra modalidad de estafa contra la administración pública".
La presentación se realizó ante el Juzgado Federal Nº 11 de la Capital Federal, a cargo de Claudio Bonadio. Alak explicó que la denuncia consta "de tres tramos: si se ajusta a derecho la decisión judicial (del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan) de ordenar el traslado a la Capital Federal de estos imputados" para un tratamiento dermatológico; "la responsabilidad de los efectivos del SPF; y la responsabilidad de las personas que estaban en el hospital Militar" al momento de la fuga. Hay un dato que no pasa desapercibido a los investigadores: la mujer de Olivera, Marta Noemí Ravasi, trabaja como psicóloga en el nosocomio castrense. Al cierre de esta edición se desconocía su paradero.
Previamente, Sbattella había explicado que la unidad que dirige aplicó "el artículo 306 del Código Penal que empezó a funcionar con el delito de financiación del terrorismo". Estaba haciendo alusión a la novedosa aplicación –avalada por la justicia– de la controvertida Ley Antiterrorista.
El titular de la UIF explicó que mediante esta metodología se "intenta paralizar los movimientos económicos y el sostén de vida de eventuales terroristas", tal como se consideró a los genocidas por ser "una figura del terrorismo de Estado", agregó.
"La intención con esto es inmovilizar los fondos económicos e investigar si además" los fondos del fideicomiso "provienen también de situaciones generadas en el propio proceso del terrorismo de Estado como ha sucedido en el caso de los detenidos en la (causa) ESMA", a quienes se acusa "de haberse apropiado de fondos de las personas detenidas desaparecidas".
Así las cosas, la unidad ordenó el congelamiento administrativo de los bienes y dinero De Marchi y Olivera un día después de su fuga, y se sumaron "a otros 60 genocidas prófugos que están siendo tratados de la misma manera", aseguró Sbattella.
unos 60 represores están prófugos
Si bien hay 51 represores prófugos inscriptos en el Fondo de Recompensas (Ley 26.375) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –con Jorge Olivera y Gustavo De Marchi ese número asciende a 53– la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado reconoce 72 acusados o condenados por delitos de lesa humanidad que viven en la clandestinidad. Según informaron desde aquella institución fiscal, se trata de un porcentaje cercano al 10% del total de imputados.
No obstante, durante la conferencia de ayer, tanto el ministro Julio Alak como el titular de la UIF, José Sbattella, ubicaron la cifra de prófugos cercana a los 60. Para respaldar sus dichos, desde la UIF aseguraron que desde agosto de 2012 a la fecha la justicia detuvo a diez represores: Alberto Julio Candioti; Raúl Carballo; Eduardo Daniel Cardozo; Héctor Gianola; Nicolás Sebastián Roberto; Fernando Alberto Otero; Francisco Scilabra; Juan José Vragnisan; Juan Miguel Wolk y Raúl Campilongo.
Fuente:TiempoArgentino
Fuga
Cómo la maquinaria represora hizo fugar a dos de los suyos
En el Penal de Chimbas ya se ufanaban ante los internos ordinarios de tener listo los pasaportes. Se terminaron fugando de un hospital militar porteño en medio de un completo hermetismo, donde llegaron haciendo uso de los beneficios legales que les da la democracia. Por Gustavo Martínez Puga
sábado, 27 de julio de 2013
Si en la fuga del jueves último se hubiesen registrado heridos, balacera y explosiones, habría sido un poco más digerible. Pero así, de un momento a otro, del interior del Hospital Militar Central ubicado en Palermo, Capital Federal, en un completo hermetismo, duele más. Es que los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi se escaparon de una manera indigerible para evitar cumplir con la condena a reclusión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, que les impuso la justicia federal en San Juan, donde se los encontró culpable de cometer delitos de lesa humanidad cuando vestían uniformes del ejército y gobernaban la provincia por la fuerza, gracias al último golpe militar de 1976.
Además, Olivera y De Marchi volvieron a entrar en la historia negra argentina: se transformaron en los primeros represores del país que se fugaron cuando ya estaban condenados.
En el Penal de Chimbas habían montado un operativo especial el 4 de julio, cuando fueron condenados por el Tribunal Oral Federal en el edificio del Rectorado de la UNSJ: es que entre los internos estaba la versión de que se iban a escapar.
Ya en febrero hubo revuelta de internos en el Penal de Chimbas y los guardias lo atribuyeron a un agite de los ex militares. Ahora creen que estaban midiendo cómo reaccionaban los guardias ante la presión y ver si así se podían fugar cuando fueran trasladados al juzgado, donde la seguridad en el traslado iba a estar reducida.
Entre los internos era vox populi que tenían los pasaportes listos para la evasión. Se los hacían saber con total impunidad a los presos ordinarios, a quienes también siempre les llamó la atención que entre los represores detenidos se seguían manteniendo las jerarquías, según lo notaron en el trato entre ellos, donde Olivera seguía siendo tratado como el máximo jefe, como cuando manejaba el RIM 22 como oficial de Inteligencia.
Para las máximas autoridades de la Justicia Federal de San Juan, del Penal de Chimbas, del ministerio público federal, como también para las víctimas de la dictadura -desde el gobernador José Luis Gioja hasta la jueza de Ejecución Penal Margarita Camus-, la fuga de estos dos represores se produjo gracias a que la maquinaria represora volvió a funcionar.
Esto es: hubo un plan para salir de San Juan, llegar al Penal de Marcos C. Paz y de ahí al hospital militar, donde deben haber contado con apoyo para poder evadirse con una frialdad escalofriante. Por dónde se fueron, quiénes les ayudaron a salir del hospital, qué estaban haciendo los guardiacárceles, cómo se movilizaron una vez que se escaparon… son algunas de las preguntas que aún no encuentran una respuesta.
Pero los investigadores del fuero federal sí tienen claro una cosa: nada de eso se podría haber hecho sin la ayuda civil o militar externa. Más allá de la responsabilidad de los guardias, las cuales están siendo investigados por el juez con jurisdicción en el lugar de la evasión, debieron contar con alguien que les hiciera inteligencia, que los apoyara con la logística, que los asistiera una vez fugados. Y en todo esto los investigadores judiciales locales del fuero federal dejan de lado la cuestión económica, ya que Olivera y De Marchi tienen un muy buen pasar económico.
Además, en la justicia federal local precisaron que nunca se debió subestimar a los dos represores condenados, teniendo en cuenta que en muchos cuadros de las fuerzas armadas “se los sigue considerando como uno de los suyos”.
Por ahora, quienes están en el centro de esta histórica fuga son los guardias del Servicio Penitenciario Federal Móvil, la entidad que depende del Ministerio de Justicia de la Nación que se hace cargo de los traslados de este tipo de criminales.
Desde la forma en que anoticiaron de la fuga de los dos represores al Juzgado Federal N°2 de San Juan, ya despertaron la bronca: mediante un fax de una carilla recibido a las 20.13 horas del día jueves 25 de julio, a sólo tres semanas de que Olivera y De Marchi fueron condenados, informaron a las autoridades judiciales sanjuaninas que los represores se habían evadido del interior del hospital militar porteño. No hay un detalle más: ni hora, ni la forma ni nada.
A las 21 horas, Leopoldo Rago Gallo ya había liberado un pedido de captura nacional e internacional, y había informado hasta la Interpol.
Olivera y De Marchi habían llegado al Servicio Penitenciario de Marcos C. Paz haciendo uso del beneficio que les otorga la ley 24.660. Habían justificado el traslado desde Chimbas a ese penal militar argumentando “acercamiento familiar”, tal como lo prevé la legislación.
En el caso de De Marchi, lo hizo argumentando que había fallecido una hermana repentinamente y que tenía allí a su familia. En el caso de Olivera, quien pidió volver a la Unidad 34 de Campo de Mayo –donde estuvo preso hasta que lo trajeron para el juicio- argumentó tenía en Buenos Aires a su esposa y que a su madre de 87 años, quien vive en Misiones, le resultaba más cómodo poder visitarlo en el penal bonaerense.
Así consta en el expediente, donde está el oficio por el que fueron autorizados por el Juzgado Federal N°2 de San Juan, quien dijo “no tener oposición” que se produjera el traslado durante la feria judicial de invierno, tal como había ocurrido en otras oportunidades, siempre que el Tribunal Oral Federal no se opusiera.
Olivera y De Machi dependen del Juzgado Federal N°2 porque tienen causas abiertas por otras denuncias de delitos de lesa humanidad. Incluso, por ese motivo, en ese juzgado le rechazaron el pedido que ambos represores habían hecho de un “traslado definitivo” a los penales militares de Buenos Aires. Y autorizaron a que fueran trasladados sólo durante la feria judicial, por lo que debían retornar esta semana.
Además del Juzgado Federal N°2, ambos represores también dependen del Tribunal Oral Federal que los condenó, porque esa pena aún no está firme.
Además, en el punto 11 de la sentencia del Tribunal Oral dice que los dos represores tenían que cumplir condena en el lugar más cercano a donde tengan su residencia, esto es, Buenos Aires. Por lo tanto, “nosotros estábamos ejecutando lo que el Tribunal Oral Federal ya había dispuesto”, informaron en el juzgado federal.
Como un motivo secundario al “acercamiento familiar”, Olivera y De Marchi habían argumentado en su pedido de traslado poder ser atendidos en el Hospital Militar Central. El Juzgado Federal N°2 volvió a decir que, como dice la ley, no había ninguna objeción, siempre que el Servicio Penitenciario Federal garantizara el traslado y que el Tribunal Oral Federal no tuviera objeción, según consta en los oficios con los incidentes de los traslados.
Olivera y De Marchi mostraron en sus pedidos tener los turnos médicos, los dos juntos, el día jueves 25 de julio, a las 10 horas. Olivera pidió turno para ser vistos por varios médicos, desde un dermatólogo hasta por un siquiatra. Y De Marchi tenía turnos desde con traumatólogos hasta con un sicólogo.
Pero todo era mentira. Ese turno para las 10 de la mañana en el Hospital Militar Central ubicado en Palermo fue la puerta para la fuga. Recién a las 20 horas informaron en San Juan que se habían evadido. Hoy nadie sabe dónde están. Y pesa sobre ellos una recompensa de 2.000.000 por cada uno.
Fuente:TiempodeSanJuan
Envío:Agnddhh
01.08.2013
Además, se suspendieron los CUIL y los CUIT de los dos evadidos
Congelan fideicomisos del mayor retirado, prófugo de la Justicia, Jorge Antonio Olivera
El titular de la UIF y el ministro de Defensa, durante la conferencia de prensa.
El Poder Ejecutivo dispuso el congelamiento de fideicomisos pertenecientes al mayor del Ejército (RE) Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad, quien hoy cumple una semana prófugo de la Justicia, tras escaparse del Hospital Militar Central junto al teniente retirado Gustavo De Marchi, otro represor condenado hace 25 días en San Juan. Así lo anunciaron hoy en una conferencia de prensa en el Edificio Libertador, los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quienes informaron que también se suspendieron los CUIL y CUIT de Olivera y De Marchi y que se ampliará la denuncia para determinar responsabilidades en la fuga.
Además, se suspendieron los CUIL y los CUIT de los dos evadidos
Congelan fideicomisos del mayor retirado, prófugo de la Justicia, Jorge Antonio Olivera
El Poder Ejecutivo dispuso el congelamiento de fideicomisos pertenecientes al mayor del Ejército (RE) Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad, quien hoy cumple una semana prófugo de la Justicia, tras escaparse del Hospital Militar Central junto al teniente retirado Gustavo De Marchi, otro represor condenado hace 25 días en San Juan. Así lo anunciaron hoy en una conferencia de prensa en el Edificio Libertador, los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quienes informaron que también se suspendieron los CUIL y CUIT de Olivera y De Marchi y que se ampliará la denuncia para determinar responsabilidades en la fuga.
Estas medidas se suman a otras que el Poder Ejecutivo ha dispuesto desde el jueves, cuando Olivera se fugó del Hospital Militar Central junto al otro represor condenado Gustavo De Marchi, que también permanece prófugo, tendientes a impedir que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
Olivera y De Marchi, condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon el jueves pasado del Hospital Militar Cosme Argerich, del barrio de Palermo, adonde habían sido trasladados, previa autorización del Juzgado Federal 2 de la provincia cuyana, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico dermatológico en un caso, y psiquiátrico en el otro.
Según relató el ministro Rossi al inicio de la conferencia, se tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada en el Ministerio de Defensa a partir de que Olivera representó como abogado a varios militares por demandas salariales.
Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos. Rossi explicó que en el marco de la revisión de uno de esos juicios fue que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo de esos fondos.
"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó Rossi en referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna. Pero este fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa.
Dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al prófugo Olivera, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar estos fondos basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de "financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella. Ayer, la UIF ya había dispuesto el "congelamiento administrativo" de los bienes de ambos prófugos.
El objetivo es, según señaló Sbatella, "paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos".
Incluso, a pedido del Poder Ejecutivo la Afip suspendió los cuil y cuit de ambos prófugos. Por su parte, Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la denuncia ante la Justicia para que se investigue el contexto de la fuga.
"Se hará hoy una nueva presentación ampliatoria ante la Justicia, para determinar las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos", precisó el ministro.
Fuente:Telam
Olivera y De Marchi, condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon el jueves pasado del Hospital Militar Cosme Argerich, del barrio de Palermo, adonde habían sido trasladados, previa autorización del Juzgado Federal 2 de la provincia cuyana, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico dermatológico en un caso, y psiquiátrico en el otro.
Según relató el ministro Rossi al inicio de la conferencia, se tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada en el Ministerio de Defensa a partir de que Olivera representó como abogado a varios militares por demandas salariales.
Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos. Rossi explicó que en el marco de la revisión de uno de esos juicios fue que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo de esos fondos.
"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó Rossi en referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna. Pero este fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa.
Dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al prófugo Olivera, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar estos fondos basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de "financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella. Ayer, la UIF ya había dispuesto el "congelamiento administrativo" de los bienes de ambos prófugos.
El objetivo es, según señaló Sbatella, "paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos".
Incluso, a pedido del Poder Ejecutivo la Afip suspendió los cuil y cuit de ambos prófugos. Por su parte, Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la denuncia ante la Justicia para que se investigue el contexto de la fuga.
"Se hará hoy una nueva presentación ampliatoria ante la Justicia, para determinar las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos", precisó el ministro.
Fuente:Telam
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