11 de agosto de 2013

Invocando la "jurisdicción universal", víctimas de Stroessner abrirán causa en Buenos Aires.

10.08.2013
El pedido fue presentado ante el juez federal Norberto Oyarbide
Invocando la "jurisdicción universal", víctimas de Stroessner abrirán causa en Buenos Aires

Alfredo Stroessner: subió por las armas al poder, y se mantuvo gracias al voto cautivo de cientos de miles de paraguayos 
El mecanismo de Justicia Universal (o Jurisdicción Universal), invocado por ex víctimas de la dictadura paraguaya ante la justicia argentina, es un principio básico del derecho internacional que permite castigar gravísimos crímenes vinculados a la violación de los derechos humanos y cuya acción imprescriptible constituye un peligro para toda la comunidad. Así lo detalló a Télam el abogado argentino Juan Maida, quien junto con su colega español Aitor Martínez Giménez presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) basado en ese principio judicial.

"Es un mecanismo jurisdiccional para combatir las más graves violaciones al derecho internacional humanitario que afectan los intereses de toda la comunidad internacional en su conjunto y por ende todos sus miembros deben perseguirlos para acabar con la impunidad. Estamos hablando de crímenes de guerra, genocidio: delitos de lesa humanidad", agregó.
  
Ilustró Maida al respecto que "la Resolución 3074 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1973 referente a los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, establece la obligación de los Estados de cooperar en castigar dichos crímenes, procediendo para ello a investigar y buscar a sus responsables donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido".
  
"La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984 establece en su artículo 5.3: `La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales`", agregó.
  
El abogado platense también agregó como fundamento para este principio lo establecido por el Estatuto de Roma de la CPI (Corte Penal Internacional), que en su preámbulo dice que "es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales".
  
La Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 de diciembre de 1998 insta por su parte "a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que adopten las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para invocar y ejercer la jurisdicción universal frente a los individuos en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".
  
En la Argentina, antes de esta presentación por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura paraguaya se conoció la investigación judicial que la jueza María Servini de Cubría hizo sobre delitos del franquismo español. En ese caso la magistrada había archivado la causa, pero la Cámara Federal le ordenó retomarla.  

10.08.2013 

Se han contabilizado 20.090 víctimas de esos delitos, a lo largo de 35 años
Los delitos imputados a la dictadura paraguaya incluyen confiscación de u$s 5.000 millones
Martín Almada, abogado y educador del Paraguay 
Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezado por el especialista en derechos humanos y ex preso político Martín Almada, presentó un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) ante el juez federal argentino Norberto Oyarbide, bajo la invocación del principio de Justicia Universal. Así lo informó a Télam el propio Almada, veterano abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Stroessner -con participación de un represor argentino- y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor.

Esa investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5.000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos. La presentación, admitida por el juez y a la cual tuvo acceso Télam, promueve una "querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período comprendido entre el 15 de agosto de
1954 y el 3 de febrero de 1989".
  
El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de "víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos", fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.

Consultado acerca del mecanismo y desarrollo que tendrá la causa, Almada explicó que fue un "gran paso" el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.

"El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor", resumió Almada en referencia al plan criminal acordado en la década del 70 por las dictaduras latinoamericanas.
 
Apuntó que este plan "fue organizado por Estados Unidos", por lo que "nosotros acusamos directamente a (el ex secretario de Estado, Henry) Kissinger".

El Plan Cóndor "fue una bomba atómica que Washington envió a Sudamérica, ya que causó 100.000 víctimas en todo el continente", afirmó, y señaló como otras principales figuras del esquema criminal a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de Bolivia.
  
"En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la iglesia católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo `receta Banzer` se aplicó en todos los países del continente", detalló.

"El Plan Cóndor tuvo dos velocidades -ilustró Almada-. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años 70 había una gran movilización social y política"
  
El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que "todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio".
  
"A diferencia de lo que ocurrió en el resto del continente, en Paraguay las acciones represivas fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad oficiales, digamos, con lo cual hay documentación de la mayoría de esos casos", completó en diálogo con Télam Maida, abogado platense de Amnistía Internacional (AI), aunque en esta oportunidad colabora en forma personal.
  
Al respecto, Almada, cuya esposa Celestina Pérez fue asesinada por la dictadura, concluyó comentando a esta agencia que durante los 70 días que fue torturado en forma ininterrumpida recibió tormentos de parte de varios represores de distinta nacionalidad, incluído "Héctor García Rey, un policía de la provincia de Córdoba".
Fuente:Telam                                

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