MENDOZA: Encuentro Federal sobre Democratizacion de la Justicia. Las opiniones del Fiscal Dante Vega y Ornar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia‏.

Mendoza. Balance del Poder Judicial en un simposio local
Compromiso por la justicia
Por María Eva Guevara
08.08.2013

En homenaje a una generación de valientes abogados, se llevó a cabo el 9º Encuentro Federal sobre Democratización de la Justicia. Participaron integrantes del área, estudiantes y dirigentes de organizaciones sociales.

Corría el mes de mayo de 1996 cuando veía la calle el segundo ejemplar de la Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza con un reportaje exclusivo al Dr. Luis Francisco Miret, presidente de la Cámara Federal además de catedrático en la Universidad Nacional de Cuyo y eximio referente del aparato judicial de la Nación. Acababa de crearse en el país el Consejo de la Magistratura y Miret no tenía más que críticas airadas contra el asunto: “Este órgano le resta autoridad y atribuciones al Poder Judicial y significa romper con el sistema tripartito avalado por la Constitución nacional”, decía. A lo que agregaba: “Los políticos de los distintos partidos están muy de acuerdo en descabezar al Poder descabezando a la Corte Suprema. En este sentido, ya se hizo un avance en la Convención Reformadora Constituyente, al crear un Consejo con tan amplias facultades y una integración politizada”.

Por entonces el magistrado no perdía oportunidad de aparecer en los medios de comunicación de la provincia predicando la “independencia” del Poder Judicial y exhibiendo una solemnidad que sólo unos pocos, sin ninguna clase de micrófono o cámara a disposición aunque siempre presentes en el afuera del moderno edificio, la sabían falsa y mentirosa.

En la entrevista hubo un tímido amague del entrevistador en defensa del control académico y ético de los aspirantes a jueces por parte del Consejo de la Magistratura, pero no había que entusiasmarse. Esos vientos de cambios no traían sino amenazas y así lo hizo saber el mismo periodista alertando sobre una posible reforma de la Constitución provincial, a lo que Miret estalló: “¡Peor aún, ahí sí que van a conseguir politizar aún más el Poder Judicial!”.

Diecisiete años después, estos temores y argumentos aparecen casi calcados al plantearse una nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura, la que viene a proponer el sufragio popular para los representantes que lo integran, así como también a imponer como requisito el no haber desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar. Pero esta vez salen de la boca de políticos opositores, los mismos que rechazan en la actualidad la reforma constitucional provincial.

Y un detalle no menor de la historia: este año se aguarda la confirmación de la fecha de inicio del primer juicio oral que sentará a ex magistrados por su participación en delitos de lesa humanidad. Y allí, sentado en el banquillo de los acusados, estará Luis Miret, ya procesado junto a otros ex magistrados que hicieron posible las torturas y desapariciones en Mendoza, como es el caso también de Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Otilio Roque Romano, el ex camarista que se fugó a Chile pero tiene pedido y muy avanzado su juicio de extradición al comprobarse su participación en más de 100 hechos.

Por otro lado, son esos pocos agrupados en torno a la defensa por los derechos humanos los que hoy pueden plantarse con dignidad y coherencia frente a la historia, de cara a un amplio público compuesto por jóvenes alumnos, profesores, algunos jueces y fiscales, así como dirigentes de organizaciones sociales y políticas, tal como ocurrió el pasado sábado 3 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí, en ese histórico bastión de la corporación judicial, tuvo lugar el 9º Encuentro Federal por la Democratización de la Justicia “La sociedad le habla a la Justicia”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El evento comenzó con las palabras del rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, y un primer balance del fiscal federal Dante Vega, quien resaltó que nunca antes en lo que va de la democracia se había planteado tan claramente la necesidad política de revisar el Poder Judicial y de dejar atrás tantas declamaciones vacías, meros lugares comunes sobre la independencia que debe tener respecto de los otros poderes.

“Es evidente que este asunto ya está incorporado, ahora de lo que se trata es de darle una vuelta de tuerca y pensar realmente de qué manera podemos democratizar a un poder integrado por personas que o bien provienen del autoritarismo, del nepotismo o del sesgo institucional que adoptó el sistema desde 1983 al tomar como un valor central el perfil de juez burocrático-aséptico”, señaló Vega, al tiempo que en su opinión ese perfil de juez neutral ideológicamente responde a razones políticas ya que se les transmite a los cuadros inferiores que es así que podrán conservar mejor su trabajo”.

El fiscal lamentó que entre los argumentos de los dictámenes de minoría que presentó la oposición en el Congreso nacional se apele nuevamente al uso de declamaciones vacías, carentes de sentido, como “que quieren que el Poder Judicial se vuelva adicto al gobierno o acrecentar la dependencia política al poder de turno” y a fin de explorar el verdadero espíritu que los anima a oponerse a la democratización del Poder Judicial reflotó una expresión de Joaquín V. González, autor que es citado en uno de esos dictámenes de minoría: “Decía este jurista, tan importante entre 1902 y 1921, el mismo que escribiera uno de los manuales de la Constitución Argentina más difundidos, que las ventajas del sistema de elección indirecta que tienen los jueces es para sí, y lo es precisamente por no haber establecido para ellos la forma de sufragio popular ya que las condiciones de carácter, los hábitos austeros y la gravedad de conducta que requiere un severo y curtido magistrado le apartan siempre del contacto del pueblo”.

“Los jueces siempre se han creído de una casta distinta”, dijo María Domínguez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza. María fue la primera en hablar en el primer panel integrado por víctimas del poder judicial y la violencia institucional y lo hizo para recordar que durante la dictadura los jueces ni siquiera leían los habeas corpus que presentaban las madres y familiares de los desaparecidos, así como tampoco las quiso recibir el ex presidente Raúl Alfonsín cuando de todo el país viajaron para pedirle que echara al 80 por ciento de los jueces y fiscales por haber sido cómplices y partícipes de todos esos delitos.

A su turno, Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, historió su aprendizaje en la lucha desde 1997, año en que su hijo fue asesinado por uniformados que contaban con la protección de la Justicia y tuvo que salir, al igual que las Madres de Plaza de Mayo, a enfrentar toda esa impunidad. Miriam, quien recibió una placa para que sea colocada en la comisaría de El Nihuil, el último lugar donde a Sebastián se lo vio con vida, llevó al Encuentro la Plegaria a la Justicia, un obsequio del abogado Alfredo Guevara que dice así: “Señor Juez, padre nuestro, que estás en las oficinas de los tribunales, levanta tus ojos de los expedientes, llena los claros de los desvalidos. Sal con tus oficiales a la calle de los excluidos, los indígenas y campesinos sin tierra. Entra a la chacra, a la fábrica, a la casa del vecino, al kiosco de la esquina, a las cárceles y comisarías. Perdona nuestros delitos producto del hambre, tú que siempre perdonas a los poderosos. Y cuando tengas que decidir, danos el pan nuestro de cada día porque nos lo están robando. Quítales la leche que supieron arrojar en las rutas para que a nadie le falte el pan que fortalece el cuerpo. Devuelve la voz que unos pocos quieren usurpar en nombre de todos y castiga por igual a quienes nos matan, aun cuando sean empresarios, tengan uniforme y trabajen por la impunidad. Recuerda a aquellos abogados que ennoblecieron la profesión cuando mirabas para otro lado. Y permite que en tu reino, hoy tan lejano, podamos participar todos los que habitamos en esta tierra. Porque el alma, su señoría, sólo es de los libres”.

Luego fue el turno de Silvia Ontiveros, de la Asociación de ex Presos Políticos, quien inició la ronda de homenajes a los abogados defensores que estuvieron siempre en la lucha contra la corporación judicial junto a los organismos de derechos humanos. Y fue conmovedora la manera en que Silvia llamó a enfrentar el discurso de mano dura, tan en boga en la provincia. Pese a hablar como madre de un hijo asesinado, o sea desde el dolor de haber sido víctima de un delito común, hizo notar que el victimario era un joven consumido por la droga poco tiempo después de terminar una escuela primaria con excelentes resultados. Con lo cual, se preguntó en qué estamos fallando como sociedad al no advertir estas situaciones antes de que sea tarde, y extendió dicha reflexión al hecho preocupante de que los planes del gobierno apuntan a la construcción de una nueva cárcel para jóvenes en Cacheuta marcando claramente que eso no puede ser la única respuesta al problema.

De la Unión Trabajadores Sin Tierra habló Griselda Suárez, quien estuvo a punto de perder todo el sustento de su familia por culpa de una Justicia acostumbrada a avasallar los derechos del campesino. “Ingresan a la tierra que es todo nuestro sustento para sacarnos a nosotros, y lo hacen justamente aquellos que deberían cuidarnos”, sostuvo.

Terminó ese panel el Dr. Pablo Salinas, exponiendo todas las razones que justifican el reconocimiento al Dr. Alfredo Guevara Blanco, que fuera sancionado por poner en un escrito que teníamos una auténtica Justicia de clases.

“Recuerdo perfectamente ese caso, habían detenido a dos chicos que iban en un auto donde había droga, como uno era de clase alta le endilgaron ‘tenencia para consumo’ y lo dejaron en libertad; como el otro era pobre, lo procesaron por ‘comercio’ y lo encerraron en Boulogne Sur Mer. O sea, un claro ejemplo de justicia de clase, la que sigue existiendo y eso hay que decirlo pese a que no le guste a la corporación judicial”.

Salinas detalló que esto constituye una práctica sistemática, que cuando actúa un policía, de inmediato los fiscales se convierten en sus defensores, y así es como no hay policías condenados por los casos de gatillo fácil, salvo muy pocas excepciones, y se producen enormes injusticias como la que afecta a la mamá de Cristian Reyes, un chico al que le dispararon en la cara y sin embargo el autor de ese disparo fue absuelto por ser un policía. Agregó que a este cuadro de situación se suma el hecho llamativo de que los que producen violencia institucional son los mismos que años atrás, en dictadura, reprimían y hacían el trabajo sucio en el plan criminal del terrorismo de Estado; de ahí el caso de Hugo Trentini, el comisario que asesinó a Sebastián Bordón en democracia que es el mismo que intervino en la desaparición de Francisco Tripiana en dictadura.

El referente del movimiento de derechos humanos pidió en el foro empezar a hablar los temas tal como son, para poder enfrentarlos como la realidad lo exige. Dijo que la Justicia que tenemos tenía hasta hace escasos dos años a un jefe máximo como Otilio Romano, y en esa cúspide estaba Julio Petra y Luis Miret, todos ellos no sólo se habían adueñado de la Facultad de Derecho –ese era su bastión y quizás de algún modo lo sigue siendo, afirmó– sino que además fueron a la zaga de apropiarse del genuino poder de lo que es público y de la comunidad, invocando siempre el nombre de la “institución judicial”. Prueba de ello, dijo, fue la escena de Petra y Romano festejando con champán en un bar de la calle Arístides Villanueva: “Yo al principio creía que fue un error, porque uno era el beneficiado en el apartamiento del juez que lo investigaba y el otro el que acaba de resolver justamente dicho apartamiento, ambos se mostraban juntos, como amigos y celebrando el éxito de la maniobra. Pero después entendía que no fue un error, fue toda una demostración de su capacidad para usurpar toda la Justicia”.

Salinas remarcó que en esa misma maniobra intervinieron también el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez, los mismos que autorizaron hace unos días el traslado de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar en Buenos Aires, lo que facilitó su fuga. “Siempre, indefectiblemente, benefician a los poderosos, a los acomodados, sean policías, militares o el poder económico, como sucedió con las tierras de la Universidad Nacional de Cuyo que se las habían dado al grupo Vila-Manzano, pese a ser el juez un habitante más del mismo barrio propiedad de ese grupo”.

Añadió que aquellos que se enfrentan a todo eso hoy se sienten identificados con el valor de una Presidenta que entiende que no tenemos por qué seguir con esta justicia de privilegiados si podemos tener otra vinculada con la igualdad que significa igual trato ante la ley para todos ciudadanos. Eso a pesar de ser, por ahora, una minoría. “No importa que lo sean, en la soledad está la dignidad de los que resisten”, dijo tras felicitar el voto en disidencia del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en el fallo que calificó de inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que había sido aprobada por el Congreso y recordar otras disidencias no menos simbólicas como la del legislador Lucas Ilardo, de La Cámpora, al momento de aprobarse una ley anticonstitucional y nefasta como lo es la Ley Petri. Y una vez más, Pablo Salinas puso el acento en la necesidad de avanzar en los juicios por jurados, porque “siempre es más preferible ser juzgado por 12 miembros de nuestra sociedad que por tres jueces que viven adentro de un termo”, remató. 

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Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia e integrante de la Asociación por una Justicia Legítima

“Hay que rediseñar el rol del Estado en el ámbito judicial”

La discusión sobre la democratización de la justicia no es una discusión que pueda separarse de la vinculación entre el Estado y la sociedad. Una sociedad dominada por los poderes fácticos, económicos, con una fuerte vinculación con las Fuerzas Armadas, cuya pretensión es un Estado chico, tiene como necesario reflejo un Poder Judicial débil y funcional a esos poderes fácticos. En la historia la vez que tuvimos un Poder Judicial aliado al poder real fue con el terrorismo de Estado, pero no hay que irse tan lejos, también con el auge del neoliberalismo vimos un Poder Judicial colaborando como sistema funcional a un Estado absolutamente ausente.

Hoy vemos en cambio un rol del Estado en recuperación, es la sociedad la que lo recupera porque quiere un Estado que atienda las necesidades reales y se plante ante los poderes fácticos. Posiblemente toda esta polvareda que se ha levantado con la reforma del Consejo de la Magistratura sea la nostalgia de aquellos sectores que no quieren ese Estado ni una autonomía e independencia que no sólo sea frente al poder político sino también frente al mismo poder interno del Poder Judicial que muchas veces es el que más se resiste a los cambios.

¿Qué podemos hace? En principio, crear reflejos de transparencia, accesibilidad, todo lo cual está plasmado en la Reforma Judicial. Pero no sólo eso, se puede hacer mucho más. En Mendoza partimos de un auténtico fracaso como lo es por ejemplo la aplicación territorial del Código Procesal Penal, cualquier político que haya estado 15 años para aplicar una ley y esta encima se aplica con mucha deficiencia, tendría muchos problemas para continuar en funciones o sostenerse políticamente o ir a reelecciones, y sin embargo, esa es la situación del Poder Judicial. Entiendo que sí, hay que aplicarlo, pero también hay que darse una política de criminalidad en materia económica ya que es una asignatura pendiente. Prácticamente el Código Penal se aplica a los sectores más débiles, sólo nos sentamos a juzgar los delitos cometidos por los más vulnerables y no tenemos ni un solo preso por delitos económicos.

También carecemos de una política en materia de violencia de género, de abuso sexual, y violencia institucional, siendo este último problema un asunto que nada más reseñar los casos de Sebastián Bordón y muchos otros que ocurrieron antes, como la desaparición de Guardatti, Garrido y Baigorria, justifican de pleno la democratización de la policía, de los servicios de penitenciaria, lo cual no sólo es un asunto del poder político, también lo es del Poder Judicial.

Resulta fundamental desarrollar un plan estratégico de política criminal, hay que refuncionalizar. Los mendocinos tenemos los casos más difíciles que se resuelven o investigan en una unidad de casos complejos de cuyos integrantes no tenemos mayor noticia sobre cómo fueron designados, debido a qué razón. Además, esta falta de política criminal es una política criminal en definitiva funcional al manodurismo y la demagogia que refleja la impotencia política para resolver los conflictos. 

Otra materia pendiente es la reforma del Consejo de la Magistratura. Tenemos que poder replantearnos el perfil de juez que queremos; sabemos que sí tiene que satisfacer necesidades reales, que sí debe responder a un Estado que se plante frente a los problemas, lo cual debe estar en las comisiones evaluadoras. Además, esta duplicación de la representación en el Consejo de la Magistratura y en dichas comisiones evaluadoras también es un sistema que favorece el nepotismo judicial y eso también hay que transformarlo.

En relación al acceso a la Justicia, estamos trabajando desde la Dirección de Derechos Humanos en un plan de acceso a la Justicia a nivel provincial. Por último, necesitamos una larga discusión sobre los pueblos originarios y el tipo de conflictos al que están expuestos. Resulta que cuando no poseen la tierra son “usurpadores” y cuando sí la poseen se les requiere un título original que jamás tuvieron porque son herederos de una propiedad ancestral de esas tierras. También resulta que se permiten transferencias en el Registro de Propiedad raíz con un simple papel, sin la posesión real, y se les da por notificado de un conflicto por medio de un edicto a un campesino que vive en un lugar donde no llega el diario y a veces ni siquiera llega la luz eléctrica. Como sistema judicial esas son las cosas que nos debemos replantear a la luz de enfrentar con respuestas distintas los problemas que son distintos.

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Declaración de abogados y abogadas por la Justicia Social 

Frente al debate sobre la Democratización de la Justicia, surgieron posiciones políticas contrarias a toda reforma, sin argumentos razonables ni propuestas alternativas que reconcilien la administración de justicia con la ciudadanía, revirtiendo así el desprestigio al que la ha llevado muchos años de aislamiento.

La discusión y la crítica sobre la Justicia es una tarea que incumbe a toda la sociedad y no sólo a quienes históricamente se han arrogado el monopolio sobre ella, amoldándola a sus intereses y evitando cualquier reforma posible.

Es necesario entonces que se puedan escuchar otras voces, participar y profundizar el debate sobre la administración de justicia y sus operadores, destacando el carácter democrático del rol del abogado/a en la comunidad.

En tiempos en que hay que resaltar lo obvio, afirmamos que el efectivo acceso a la justicia es un derecho fundamental del pueblo, no un privilegio de los más poderosos, ni de ilustrados abogados/as, ni de la magistratura.

Quienes ejercemos la abogacía, mejor que nadie debemos interpretar y defender lo que la sociedad reclama y necesita: un Poder Judicial más transparente, democrático y garante de los derechos fundamentales de la población, particularmente de quienes están en situación de vulnerabilidad, históricamente olvidados y marginados y así llegan a los tribunales en busca de justicia.

El objetivo del debate es por una Justicia que reconozca en cada caso la existencia de igualdad o desigualdad real entre las partes y las condiciones sociales de vida con que llegan las personas a la jurisdicción, último bastión del efectivo ejercicio de los derechos para todos y todas en la República.

Los operadores del Poder Judicial deben ser así necesariamente independientes de todo poder, lo que incluye también la independencia del poder económico-financiero, de los medios de comunicación concentrados y de toda influencia corporativa, incluso la de sus propias organizaciones.

Porque el acceso a la justicia es un derecho fundamental y no un servicio y como tal debe estar al alcance de toda la población, reivindicamos la necesidad de una profunda reforma del Poder Judicial, también en Mendoza. 

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Angélica Escayola, miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza

“Queremos una justicia reparadora”

Rodolfo Ortega Peña sostenía que los abogados somos una pata más de la Justicia, efectivamente lo somos y hoy nos toca preguntarnos cómo debemos actuar ante las primeras leyes que ponen en debate la corporación judicial.

Está a la vista que ahí está el baluarte último del sistema y que es ahí donde tenemos que operar asumiendo que tenemos una ideología, que no estamos al servicio de una cuestión técnica de meros saberes jurídicos sino que tenemos una posición frente al mundo, que queremos una justicia social y reparadora. Algunos referentes de la oposición como el senador Ernesto Sanz rechazaron el pliego de la Dra. María Laura Garrigós de Rébori entre otros nombres diciendo que “tenían ideología y que incluso eran fanáticos ideológicos”, algo que nunca dijeron sobre los terroristas de Estado. ¿Qué es esto de que hay gente que tiene ideología y gente que no? ¿Acaso aquellos jueces que decían ser neutrales para cuidar su trabajo no estaban en realidad de acuerdo con disciplinar a la sociedad con las dictaduras militares? ¿Eso es “no tener ideología”?

A poco de salir el paquete de medidas de Reforma de la Justicia, particularmente el que aludía a la elección popular de los representantes en el Consejo de la Magistratura, nuestro Colegio de Abogados, el de la primera circunscripción judicial, decidió sin consultar, presentar un recurso de amparo invocando la inconstitucionalidad de los cambios propuestos. Resalto que hizo uso de su mayoría, pero tratándose de llevar a la Justicia la inconstitucionalidad de una ley del Congreso nacional deberían exhibir algún aprecio por la representatividad, cosa que no hicieron y continuaron en ese gesto en el mismo escrito que presentaron.

Allí puede leerse en sólo cuatro líneas el argumento de que no hace falta debate alguno sobre el fondo del asunto porque es evidente la inconstitucionalidad del cambio de la votación por la población de los consejeros de la Magistratura, y todo el resto del escrito para justificar la legitimación activa o sea para justificar por qué interviene en representación de todos los abogados de la matrícula. En ese punto debo decir que no hacen más que defender un privilegio porque están invocando una representación que no tienen ya que no se les ha concedido la representación de los abogados de la matrícula federal y sin embargo la invocan. Este gesto político tiene una correlación ideológica con la defensa de esta corporación judicial. 

Los abogados tenemos que estar unidos y organizados para defender la Justicia que queremos. Hay un viejo dicho entre los abogados que dice “la ley dice que el juez dice lo que la ley dice”. La frase viene a hacernos recordar que hay derechos que se ganan y derechos que se pierden. En esta última década, quién puede dudarlo, hemos ganado una cantidad de derechos, pero es nuestra obligación, colectiva, operar para que no se pierdan. Ya nos tocó aprender de toda lucha, a los nos tocó asumir la defensa efectiva de los derechos humanos. Aprendimos que nuestra primera posición ideológica es poner nuestra profesión al servicio de los que luchan y lo que ganamos no fue menor, fue nada menos que una renovación de la composición de las cámaras del Poder Judicial federal. Pero hay otras luchas y ahí es donde tenemos que estar.

Fuente:Veintitres

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