(Foto Pachy Reynoso/MDZ)
En un acto "que reivindica la memoria", el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos entregó 64 órdenes de pago por pensiones vitalicias a ex presos políticos de la última dictadura militar. El monto de cada una es de $ 2.894.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, indicó: “Es una política reparatoria a aquellas personas que fueron perseguidas y detenidas durante la dictadura militar por participar en espacios gremiales, estudiantiles o partidos políticos.
“Calculamos que en lo que resta del año vamos a llegar a unas 400 en total a medida que se cumplan todos los requisitos que estipula la ley. Lo que hacemos con esto es rescatar profundizar un Estado democrático que garantice los derechos de todas las personas” añadió Elizalde.
Asimismo, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, explicó: “El decreto que hace posible la reglamentación de la ley no es sólo un hecho político sino que es una decisión política que reivindica la palabra que han tenido ustedes en el proceso de memoria verdad y justicia que lleva adelante este gobierno”.
Además, Ubaldini, agregó: “No los llamamos beneficiarios sino sujetos de derecho que ven reconocidos sus derechos antes postergado. No es sólo un porte económico, sino que representa la lucha, los proyectos de vida que fueron truncados, por ello es importante la palabra para superar el silencio y restablecer los derechos de quienes fueron silenciados”.
Por su parte, Daniel Tagarelli ex preso político, sostuvo que “cuando se comenzó con esto, la idea fue reparar derechos a los que estuvimos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo de la dictadura militar y a los que tuvimos causas federales por actividad política, estudiantil y gremial. Es una reparación que va acompañada por resoluciones internacionales de las Naciones Unidas”.
El 24 de marzo de 2012, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez dio a conocer el decreto Nº 514. Éste regula la ley 8395, que instituye una pensión vitalicia para hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 fueron privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Desde entonces han sido entregadas 168 órdenes de pago.
La firma de este decreto fue un hecho político con un alto contenido simbólico y significativo para la vida institucional de nuestra provincia, ya que es un mecanismo de reparación para las víctimas, hombres y mujeres, del terrorismo de Estado, después de casi treinta años de democracia.
La entrega estuvo presidida por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde; la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini; el diputado Alejandro Viadana; el ex preso político Enrique Gómez y el director de Protección de Derechos, Rubén Cuello.
Fuente:MDZ
Al respecto, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, indicó: “Es una política reparatoria a aquellas personas que fueron perseguidas y detenidas durante la dictadura militar por participar en espacios gremiales, estudiantiles o partidos políticos.
“Calculamos que en lo que resta del año vamos a llegar a unas 400 en total a medida que se cumplan todos los requisitos que estipula la ley. Lo que hacemos con esto es rescatar profundizar un Estado democrático que garantice los derechos de todas las personas” añadió Elizalde.
Asimismo, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, explicó: “El decreto que hace posible la reglamentación de la ley no es sólo un hecho político sino que es una decisión política que reivindica la palabra que han tenido ustedes en el proceso de memoria verdad y justicia que lleva adelante este gobierno”.
Además, Ubaldini, agregó: “No los llamamos beneficiarios sino sujetos de derecho que ven reconocidos sus derechos antes postergado. No es sólo un porte económico, sino que representa la lucha, los proyectos de vida que fueron truncados, por ello es importante la palabra para superar el silencio y restablecer los derechos de quienes fueron silenciados”.
Por su parte, Daniel Tagarelli ex preso político, sostuvo que “cuando se comenzó con esto, la idea fue reparar derechos a los que estuvimos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo de la dictadura militar y a los que tuvimos causas federales por actividad política, estudiantil y gremial. Es una reparación que va acompañada por resoluciones internacionales de las Naciones Unidas”.
El 24 de marzo de 2012, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez dio a conocer el decreto Nº 514. Éste regula la ley 8395, que instituye una pensión vitalicia para hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 fueron privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Desde entonces han sido entregadas 168 órdenes de pago.
La firma de este decreto fue un hecho político con un alto contenido simbólico y significativo para la vida institucional de nuestra provincia, ya que es un mecanismo de reparación para las víctimas, hombres y mujeres, del terrorismo de Estado, después de casi treinta años de democracia.
La entrega estuvo presidida por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde; la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini; el diputado Alejandro Viadana; el ex preso político Enrique Gómez y el director de Protección de Derechos, Rubén Cuello.
Fuente:MDZ
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