Ante el inminente fallo que podría declarar la inconstitucionalidad de su designación
Varias ONG piden opinar ante la Corte sobre la legitimidad de fiscales ad hoc
El CELS, el INECIP y el CIPCE le solicitaron al tribunal que habilite en la causa el amicus curiae. Advierten que la posible invalidez avasalla las facultades de la procuradora general para decidir la política del Ministerio Público Fiscal.
Por: Gabriel A. Morini
En el escrito señalaron que "la impugnación de un dictamen emitido por una Procuradora Fiscal Subrogante ante la Corte Suprema de la Nación –Alejandra Cordone Roselló– en base a la supuesta invalidez de su designación pone en cuestión el alcance de las facultades de la Procuradora General de la Nación para decidir la política de actuación del Ministerio Público Fiscal y su modo de organizar los recursos, así como las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y deberes constitucionales del organismo a su cargo".
Tiempo adelantó el sábado que la Corte se aprestaba a fallar en su próxima reunión de acuerdo, que se llevará a cabo hoy, sobre el actual sistema de designación de fiscales subrogantes para cubrir fiscalías vacantes. Los nombramientos realizados por Alejandra Gils Carbó y sus predecesores, serían objetados, en base a la aplicación de un antecedente de 2007, que a través del "caso Rosza", determinó la inconstitucionalidad del régimen de designaciones de jueces realizado por el Consejo de la Magistratura. En aquel caso, la fórmula que se aplicó permitió validar todos los actos jurídicos pasados tomados por quienes estaban en esa situación y estableció el plazo de un año para regularizar sus cargos, algo que derivó incluso en el dictado de una ley nacional para cubrir vacantes.
El impacto inmediato que podría generar el fallo que preocupa a la Procuración está en los nombramientos en las unidades fiscales especializadas como las de Violaciones a los Derechos Humanos, de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, de Narcocriminalidad, de Trata de Personas, y contra la Violencia Institucional. Además de los representantes del Ministerio Público abocados a causas por delitos de lesa humanidad y ante tribunales orales. El "efecto diferido" de la inconstitucionalidad que evalúa la Corte haría que no prosperen pedidos de nulidad que formularan los imputados, pero dejaría desprotegido su accionar hasta que se normalice su situación en base a los nuevos parámetros que pueden ser fijados.
El CELS, el CIPCE y el INECIP señalaron en su presentación que, de prosperar la impugnación realizada al nombramiento de Cordone Roselló, se avasallarían "las facultades del jefe máximo de los fiscales para establecer los mecanismos que considera más eficaces para dar respuesta a las demandas concretas de la función fiscal en los distintos trámites judiciales, ya sea por razones de emergencia, vacancias o necesidades institucionales". En los hechos, también podría acarrear consecuencias en el plano de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el país se comprometió a que en los juicios por la verdad existan equipos de fiscales ad hoc para garantizar el correcto avance de los procesos.
Las tres organizaciones sostuvieron que este tipo de decisiones "han sido claves para que el Ministerio Público Fiscal cumpla con sus responsabilidades constitucionales y de política criminal, fundamentales para el impulso de causas por delitos de amplia repercusión social". Si el pedido de las ONG avanza en la consideración de la Corte, forzará a que se posponga el veredicto, que según fuentes judiciales ya está escrito, lo que permitirá que las organizaciones participen como "amigos del Tribunal", apuntalando la defensa que hizo la procuradora cuando le tocó dictaminar sobre el caso, el pasado 10 de junio. De otra forma, será una señal directa de guerra, en la ya tensa relación que mantienen Gils Carbó y la Corte.
Fuente:TiempoArgentino
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