Lesa Humanidad-UNA CUESTION DE ESTADO-
Organizado por la Asociación de ExPresos Políticos caba y TELAM
Se inauguró la 1ra Jornada sobre los juicios al terrorismo de
Estado
Contó con un panel titulado "La
mirada de los protagonistas", los
dres. Auat, Falcone y Mántaras evaluaron logros y asignaturas pendientes en la
lucha contra la impunidad
El fiscal general a cargo de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat precisó hoy que todavía
hay 1.083 procesados por delitos de lesa humanidad en el país, pese a lo cual
sostuvo que “no hay un fin, una solución, en esa herida abierta, para que eso
no vuelva a ocurrir”. El funcionario sostuvo que “si se muere el último genocida,
muere físicamente, pero la memoria sobre lo que pasó no puede morir”. Lo
expresó en la Jornada Interdisciplinaria sobre los Juicios al Terrorismo de
Estado realizada por la Asociación de Ex Presos Políticos de la ciudad de
Buenos Aires y por Télam, en la sala Emilio F. Mignone de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, 25 de Mayo 552, Capital Federal.
Auat,
junto al juez federal de Mar del Plata Roberto Falcone y a la abogada Mirta
Mántaras abrió la jornada para analizar la evolución de las causas en las que
ya fueron condenadas 443 personas, en 16 juicios orales de los cuales 73
recibieron sentencia este año, pese a lo cual destacó que “hay un porcentaje
ínfimo de condenas en firme”.
El cónclave fue abierto por Agustín Di Toffino, de la secretaría de Derechos Humanos quien subrayó que “se ha avanzado mucho en esta década ganada porque el Estado dejó que la Justicia actúe”. Recordó al ex presidente Néstor Kirchner porque impulsó “una política activa de Derechos Humanos” y dijo que el lema “Memoria, Verdad y Justicia integra una trama de reivindicaciones políticas que llegan hasta la inclusión social”. Agregó que “los juicios son una herramienta pedagógica, a los que hay que darle visibilidad pese a que hay gente que no colabora, como la corporación mediática”, si bien manifestó que los procesos en marcha eran “inimaginables hace algunos años”.
La abogada Mirta Mántaras, quien intervino en muchos procesos de este tipo, explicó que los militares “gozaban de un bill de indemnidad porque creían que tenían la verdad y contar con el apoyo del poder económico”. Recordó que “el Manual de Acción Psicológica del Ejército tiene más de 100 años y nosotros nunca lo pudimos conocer” y aseveró que sabían que los procedimientos de la última dictadura tenían elementos similares al decreto “Noche y Niebla, redactado en la Alemania nazi tras la ocupación de Francia”. La letrada remarcó que “tras el ataque del Regimiento de Viejobueno, (el general Jorge Rafael) Videla, como comandante del Ejército , emitió un comunicado en el que decía que la guerrilla estaba derrotada” pese a lo cual dieron el golpe de Estado de marzo del 76.
También rememoró que “en 1981, los empresarios manifestaron su apoyo al Proceso, pero dijeron que faltaba el achicamiento del Estado y las privatizaciones de las empresas públicas lo que se podría hacer con los militares o sin los militares” por lo que señaló al ex presidente Carlos Menem como “la cría del Proceso”.
Al respecto el fiscal Auat dijo que “el Juicio a las Juntas fue la moneda de cambio” para sostener el proyecto sectorial por lo que fue evidente que era “un remedio menor” para evitar que volviera a ocurrir lo que pasó el 24 de marzo del 76, día en que “el Estado pasó a la clandestinidad” en el país y “se volvió contra la sociedad”.
Roberto Falcone se refirió “a las dictaduras que en el siglo XX que instrumentalizaron políticamente el Derecho para violar Derechos Humanos” y respondió a “las editoriales de los diarios y las cartas de lectores que afirman que en el país se condena sin pruebas”. Expresó que “el último régimen militar violento inventó una guerra y montó un sistema penal subterráneo con campos de concentración y asesinatos masivos por encima del sistema penal formal”. Este accionar que ahora es juzgado “se extendió por la debilidad del sistema judicial que ni siquiera realizó los controles formales, como ocurrió en la Unidad 9 de La Plata, o con los rechazos a los Hábeas Corpus”.
“No hay condenas sobre esos magistrados –dijo Falcone y parafraseando a Claus Kaster agregó- el puñal estaba bajo la toga de los magistrados ya que ni tomaban en cuenta las autopsias que se realizaban en el subsuelo del edificio donde estaban”. “Esa doble moral jurídica –aseguró- era similar a la de la Alemania nazi y así se llegó a la denominación Delincuente Subversivo (DS) y la formación del pabellón de la muerte en la Unidad 9 de la Cárcel de Olmos de La Plata”. “No solo tortura el que aplica la electricidad. Los que estaban atrás fueron los que planificaron y pusieron en manos de los ejecutores, sus herramientas”, dijo el miembro del tribunal oral Federal de Mar del Plata.
“Muchos de los ahora procesados eran funcionarios públicos y de los servicios de Inteligencia que no mataban, pero al elevar el informe señalaban a personas y por lo tanto eran responsables”, indicó. El magistrado remarcó que “el terrorismo de Estado es una obra colectiva. Los funcionarios públicos son responsables penales y cuanto más arriba estaban en la cúspide eran más responsables”.
Falcone recordó el caso del detenido Alberto Pinto, quien siendo epiléptico fue detenido y torturado. Después, fue dejado en una celda de castigo donde se le manifestó una peritonitis que lo llevó a la muerte. “Todos fueron condenados a perpetua y los médicos que lo dejaron en la celda de castigo, por ser médicos y oficiales públicos fueron condenados por homicidio en ocasión de omisión, por la omisión de socorro que debían dar, tal como un padre debe cuidar a su hijo según la patria potestad”, concluyó.
El cónclave fue abierto por Agustín Di Toffino, de la secretaría de Derechos Humanos quien subrayó que “se ha avanzado mucho en esta década ganada porque el Estado dejó que la Justicia actúe”. Recordó al ex presidente Néstor Kirchner porque impulsó “una política activa de Derechos Humanos” y dijo que el lema “Memoria, Verdad y Justicia integra una trama de reivindicaciones políticas que llegan hasta la inclusión social”. Agregó que “los juicios son una herramienta pedagógica, a los que hay que darle visibilidad pese a que hay gente que no colabora, como la corporación mediática”, si bien manifestó que los procesos en marcha eran “inimaginables hace algunos años”.
La abogada Mirta Mántaras, quien intervino en muchos procesos de este tipo, explicó que los militares “gozaban de un bill de indemnidad porque creían que tenían la verdad y contar con el apoyo del poder económico”. Recordó que “el Manual de Acción Psicológica del Ejército tiene más de 100 años y nosotros nunca lo pudimos conocer” y aseveró que sabían que los procedimientos de la última dictadura tenían elementos similares al decreto “Noche y Niebla, redactado en la Alemania nazi tras la ocupación de Francia”. La letrada remarcó que “tras el ataque del Regimiento de Viejobueno, (el general Jorge Rafael) Videla, como comandante del Ejército , emitió un comunicado en el que decía que la guerrilla estaba derrotada” pese a lo cual dieron el golpe de Estado de marzo del 76.
También rememoró que “en 1981, los empresarios manifestaron su apoyo al Proceso, pero dijeron que faltaba el achicamiento del Estado y las privatizaciones de las empresas públicas lo que se podría hacer con los militares o sin los militares” por lo que señaló al ex presidente Carlos Menem como “la cría del Proceso”.
Al respecto el fiscal Auat dijo que “el Juicio a las Juntas fue la moneda de cambio” para sostener el proyecto sectorial por lo que fue evidente que era “un remedio menor” para evitar que volviera a ocurrir lo que pasó el 24 de marzo del 76, día en que “el Estado pasó a la clandestinidad” en el país y “se volvió contra la sociedad”.
Roberto Falcone se refirió “a las dictaduras que en el siglo XX que instrumentalizaron políticamente el Derecho para violar Derechos Humanos” y respondió a “las editoriales de los diarios y las cartas de lectores que afirman que en el país se condena sin pruebas”. Expresó que “el último régimen militar violento inventó una guerra y montó un sistema penal subterráneo con campos de concentración y asesinatos masivos por encima del sistema penal formal”. Este accionar que ahora es juzgado “se extendió por la debilidad del sistema judicial que ni siquiera realizó los controles formales, como ocurrió en la Unidad 9 de La Plata, o con los rechazos a los Hábeas Corpus”.
“No hay condenas sobre esos magistrados –dijo Falcone y parafraseando a Claus Kaster agregó- el puñal estaba bajo la toga de los magistrados ya que ni tomaban en cuenta las autopsias que se realizaban en el subsuelo del edificio donde estaban”. “Esa doble moral jurídica –aseguró- era similar a la de la Alemania nazi y así se llegó a la denominación Delincuente Subversivo (DS) y la formación del pabellón de la muerte en la Unidad 9 de la Cárcel de Olmos de La Plata”. “No solo tortura el que aplica la electricidad. Los que estaban atrás fueron los que planificaron y pusieron en manos de los ejecutores, sus herramientas”, dijo el miembro del tribunal oral Federal de Mar del Plata.
“Muchos de los ahora procesados eran funcionarios públicos y de los servicios de Inteligencia que no mataban, pero al elevar el informe señalaban a personas y por lo tanto eran responsables”, indicó. El magistrado remarcó que “el terrorismo de Estado es una obra colectiva. Los funcionarios públicos son responsables penales y cuanto más arriba estaban en la cúspide eran más responsables”.
Falcone recordó el caso del detenido Alberto Pinto, quien siendo epiléptico fue detenido y torturado. Después, fue dejado en una celda de castigo donde se le manifestó una peritonitis que lo llevó a la muerte. “Todos fueron condenados a perpetua y los médicos que lo dejaron en la celda de castigo, por ser médicos y oficiales públicos fueron condenados por homicidio en ocasión de omisión, por la omisión de socorro que debían dar, tal como un padre debe cuidar a su hijo según la patria potestad”, concluyó.
En una
segunda mesa se ubicaron ex presos políticos de mar del Plata, Buenos Aires y
Corrientes quienes expresaron sus experiencias en centros de detención. Entre
otras reclamaron la aprobación de la ley de pensión que ha sido aprobadas por
diputados y las tres comisiones en el senado, temen que de no ser tratada pierda vigencia parlamentaria.
Por la
tarde, estuvo el debate "Los
juicios: ¿compromiso o des-compromiso?" con un panel compuesto por los
periodistas Fernando Aguinaga (Noticias Argentinas), Elena Corvalán (radio
Nacional de Salta), Julia Parodi (diario del Juicio-Córdoba); Juan José Salinas
(Télam) y Lucho Soria (agencia de noticias DDHH).
"Es
importante que estos debates sean realmente federales y que incluyan a todo el
país", dijo, por su parte, María Adela Antokoletz, hermana de Daniel
(secuestrado en la ESMA) y colaboradora de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora.
Ver
agencia TELAM
Cerró
la Jornada Interdisciplinaria sobre Juicios de Lesa Humanidad
Organizada
por AExPPcaba agencia de noticias TELAM.
La jornada interdisciplinaria sobre los juicios al
Terrorismo de Estado a partir de la anulación de las leyes de impunidad, contó
con la presencia del subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni.
"Hoy están naturalizados los
juicios, pero no hay que naturalizarlos porque sabemos lo que cuesta llevarlos
adelante", dijo Pisoni en el
cierre del evento, tras rescatar la "importancia" de las
exposiciones, organizadas también por la Asociación de ex Presos Políticos de
la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario destacó que "hoy
están en el banquillo los grandes grupos económicos, civiles y las cúpulas de
la Iglesia" por causas de delitos de lesa humanidad, por lo cual afirmó
que "hay que festejar este momento".
"También hay que resaltar a los
sobrevivientes, porque sin ellos no habría causas. Son la piedra fundamental de
este proceso histórico", afirmó Pisoni.
Por su parte, uno de los
organizadores y parte de la sección Memoria, Verdad y Justicia de Télam, Oscar Taffetani, sostuvo que "hay
historias que merecen ser contadas" y destacó el hecho de que "la
defensa de los derechos humanos ya sea una cuestión de Estado".
A la mañana, en la apertura, el
secretario ejecutivo del Consejo Federal de la Secretaría de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, destacó la importancia de "construir
escenarios desde una mirada militante y
con la posibilidad de dialogar con funcionarios que trabajan por los derechos
humanos".
"Argentina ha avanzado muchísimo
en la construcción de una politica de derechos humanos dejando atrás una página
de impunidad con la llegada de Néstor
Kirchner y hoy con Cristina
Fernández de Kirchner, quienes removieron los obstáculos que impedían que
la justicia actuara", señaló el funcionario.
Según Di Toffino, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia
implementadas desde 2003 "van de la
mano de una política de ampliación de derechos y de un Estado que avanza en
derechos sociales", y llamó a "dar mayor visibilidad a los juicios
para que sean una herramienta pedagógica para la ciudadanía".
"Sabemos que estamos en un
proceso donde hay gente que no colabora, como la corporación mediática que
constantemente invisibiliza en su agenda los juicios y ese es el desafío:
redoblar esfuerzos para dar mayor visibilidad a los juicios".
Envío:AexPPCdba
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