La maestra Gladys Artunduaga fue la última presa que vio con vida a Juana Torres Cabrera
"Le puse a Juana un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño"Jujuy.- La maestra Gladys Artunduaga relató ayer las últimas horas de la detenida-desaparecida Juana Francisca Torres Cabrera en el penal de Villa Gorriti, al declarar como testigo en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Le pedí a la celadora que le permita a Juanita estar unos minutos en mi celda y ella (Torres Cabrera) me dijo: `esta noche me van a boletear`. Le puse un abrigo y un pañuelo, porque hacía frío, y se puso como un niño", contó Gladys, sollozante, al Tribunal Oral Federal de Jujuy.Artunduaga fue la última presa política que vio con vida a Torres Cabrera, horas antes de que fuera sacada del penal de Gorriti junto a María Alicia del Valle Ranzoni y Dominga Alvarez de Scurta, las tres desaparecidas desde el 10 de junio de 1976.
"Lo único que tengo es esta cadenita", le dijo en ese último encuentro Juana Francisca Torres Cabrera y le pidió que se la hiciera llegar a su hija Laura. "Estaba plenamente consciente de que las iban a matar a las tres", contó Gladys. La maestra declaró además que celadoras de la cárcel de Gorriti decían en aquella época que las personas que eran trasladadas al centro clandestino de detención en el paraje de Guerrero, eran ejecutadas.
Gladys Artunduaga estuvo detenida desde mayo de 1975 en la cárcel del Buen Pastor y luego en la de Gorriti, donde vio llegar a las tres desaparecidas, bárbaramente torturadas, tormento que también padecieron en esta última prisión. Dijo que Alicia Ranzoni pudo mostrarle quemaduras en sus manos y decirle que sufría un insoportable dolor de oídos, consecuencia de ese martirio.También contó que Dominga Alvarez de Scurta estaba "muy dolorida" y acostada en la celda, a raíz de sesiones diarias de tortura. Coincidente con las declaraciones de Mercedes Susana Salazar, otra testigo víctima en este juicio, Artunduaga identificó a los carceleros imputados Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz y Néstor Sing como los responsables del pabellón de mujeres.
Caminaban "metiendo mucho miedo y decían a las detenidas que les quedaba poco tiempo, siempre con esas expresiones", acotó y dijo que la relación de los hermanos Ortiz con los represores militares era de "subordinación".
Artunduaga expresó además que su permanencia en el penal hasta noviembre de 1976 fue "de terror y angustia. Nos desesperábamos cuando abrían una celda, teníamos la idea de que nos sacaban para aniquilarnos". "La sensación era que estábamos en manos de asesinos, porque lo manifestaban con palabras y hechos", puntualizó.
Eulogia se negó a recibir al obispo Medina
La testigo aludió también al caso de Eulogia Cordero de Garnica, detenida de Ledesma y con dos hijos desaparecidos, quien le relató que el obispo José Miguel Medina había querido confesarla en la cárcel de Gorriti. "Ella se negó y Medina le dijo entonces: `si tus hijos están en algo, van a tener lo que se merecen`", contó.
En esta audiencia declaró también como testigo Carlos Alberto Villarroel, que era guardiacárcel y a quien otros testigos de la defensa lo sindicaron como la persona que llevaba los registros de ingresos a los pabellones de los detenidos. Según los citados testimonios de la defensa de los acusados, también tenía a su cargo el libro de los vehículos que ingresaban o egresaban.
En su declaración testimonial, Villarroel incurrió en repetidas contradicciones en torno a los mecanismos de funcionamiento interno del penal del barrio de Gorriti.
Por ejemplo, aseguró que desconocía la existencia de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y "presos subversivos", y a la vez dijo que habían recibido la instrucción de "no asomar la nariz" en el pabellón 3, de prisioneros políticos y sociales.
Entre los acusados en este juicio por delitos de lesa humanidad, el represor Antonio Orlando Vargas era oficial del Ejército, a cargo del Servicio Penitenciario jujeño desde el 24 de marzo de 1976, y fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio. Los restantes imputados son los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, algunos de ellos integrantes del Area 323 que coordinó la represión terrorista estatal en Jujuy.
En este segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy se investigan las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
Fuente:RepresoresJujuy
Envío:Agnddhh
Otro relato del horror vivido en el penal de Villa Gorriti
"Nos decían que no existíamos, que estábamos sentenciadas a muerte", relató hoy la docente Gladys Artunduaga ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy durante su testimonio en una nueva audiencia en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy.En este juicio se están ventilando las causas por el secuestro y asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, una docente miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuyo cuerpo apareció en el cementerio de Yala, y la caratulada “Giribaldi, Osvaldo Gregorio y otros”, en la que se investiga la detención y desaparición de, además de Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur. Todos ellos fueron vistos por última vez el 10 de junio de 1976, cuando fueron sacados del penal de Villa Gorriti.
Gladys Artunduaga dijo en su testimonio que fue la última persona que vio con vida a Juana Francisca Torres Cabrera, una militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue en la noche del 10 de junio, cuando ella, junto a María Alicia del Valle Ranzoni y Dominga Álvarez de Scurta, fueron sacadas de la cárcel de Villa Gorriti y entregadas al comisario de la policía de Jujuy, Ernesto Jaig. A Torres Cabrera y Ranzoni nunca más se las volvió a ver. El cadáver de Álvarez de Scurta fue hallado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido enterrada como NN.
Artunduaga relató que Juana se pudo quedar unos minutos en la celda con ella y le dijo “esta noche estamos sentenciadas a morir”. Le pidió además que se asegurara que su hija estuviera con su madre y creciera en libertad. Después contó que la abrigó con un tapado y un pañuelo, porque hacía mucho frío, "y ella se puso como una niña".
La declaración de la mujer ante el Tribunal estuvo teñida por el llanto. Artunduaga lloraba y tomaba la mano de su hija, quien también se quebró varias veces durante el conmovedor relato de su madre. “Las chicas, Juanita, Alicia y Dominga, estaban conscientes que iban a morir”, evocó.
Artunduaga no pudo dar precisiones, pero señaló que los presos que eran sacados del penal por las fuerzas represivas, que los llevaban a Guerrero. "De ahí no salían con vida, las mataban”, afirmó. En ese lugar funcionó uno de los once centros clandestinos de detención en la provincia.
Más adelante señaló que las celadoras que las cuidaban, cada vez que pasaban por las celdas que habían ocupado Torres Cabrera, Ranzoni y Scurta, “se persignaban porque creían que deambulaban sus espíritus”.
Durante su detención en el penal de Gorriti, Gladys Artunduaga vio llegar a las tres desaparecidas dolorosamente torturadas, castigos que perduraron hasta los últimos días que estuvieron en la cárcel. Ella misma las vio: enfatizó que cada vez que las reiraban de sus celdas, las tres volvían “muy golpeadas y torturadas; los dolores que tenían en sus cuerpos eran muy fuertes”.
Contó que los represores que las torturaban físicamente también lo hacían mentalmente, ya que afirmaban que se delataban entre ellas, mientras las quemaban y picaneaban.
Artunduaga denunció que los exmiembros del servicio penitenciario Carlos Alberto Ortiz y su hermano Ricardo Orlando, dos de los acusados en este proceso, ya pertenecían al ejército y eran los responsables del pabellón de mujeres.
La mujer fue detenida el 22 de mayo 1975, cuando un operativo policial la sacó de la escuela Gabriela Mistral de la localidad de La Mendieta en momentos en que daba clase a sus alumnos de segundo grado del turno tarde, mientras los chicos de siete años “eran apuntados por ametralladoras”.
La trasladaron a la comisaría del pueblo y luego al hogar del Buen Pastor, donde permaneció hasta noviembre de ese año, cuando fue alojada en la cárcel local. En octubre de 1976 fue derivada al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, de donde fue liberada en 1982.
Relató que su estadía en el penal jujeño fue de "días y noches de terror y angustia, y era peor cuando abrían una celda, porque teníamos la idea de que nos sacaban para matarnos".
Recordó a Eulogia Cordero de Garnica, otra militante del PRT que tiene a sus dos hijos desaparecidos, quien llegó a la prisión muy torturada y le confesó: “A mí me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer, ser violada delante de sus hijos”.
En esta jornada declararon otros cuatro testigos: Carlos Alberto Villarroel, Zacarías Portillo, Luis Remigio Castillo y Arnulfo Carrasco, todos exintegrantes del servicio penitenciario local. El primero de ellos se confesó amigo y compadre del acusado Carlos Ortiz y padrino de su hija mayor. Incurrió en varias contradicciones respecto del funcionamiento de la cárcel, hasta que fue advertido por la presidenta del Tribunal, Fátima Ruiz López, de que el falso testimonio está penado por la ley.
Por su parte, Portillo admitió que el penal estaba controlado por el Ejército y la Gendarmería nacional, que cuando los presos políticos eran sacados de la cárcel eran llevados al regimiento militar y que recibían órdenes de ambas fuerzas represivas.
En tanto Castillo admitió que ambos organismos de seguridad les habían prohibido acercarse a los pabellones 1 y 4, donde estaban alojados los hombres y mujeres, respectivamente, a los que llamaban "subversivos”. Por último, Carrasco señaló a los también imputados Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate como integrantes de un grupo de tareas militar.
Los procesados están acusados de los delitos de secuestros, torturas y crímenes y son Antonio Orlando Vargas, oficial del Ejército, a cargo del servicio Penitenciario desde el 24 de marzo de 1976, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio, y los agentes penitenciarios Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, algunos de ellos integrantes del Área 323.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy está integrado por los jueces Fátima Ruiz López, Daniel Morín, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz. En la audiencia de mañana, a partir de las 9.30 horas, brindará testimonio otro testigo víctima, Juan Felipe Noguera, y otros exguardiacárceles.
Fuente:ElSubmarino
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