BALZA DECLARO AYER POR VIDEOCONFERENCIA DESDE COSTA RICA
La amenaza de Guerrieri
"No es tonto, si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, que juzga a represores del II Cuerpo de Ejército, le pidió precisiones sobre el llamado telefónico que le hizo el condenado a prisión perpetua.
Por Sonia Tessa
Pascual Guerrieri fue compañero de promoción en 1955 del general Balza.Imagen: Alberto Gentilcore
El general retirado Martín Balza declaró ayer por videoconferencia desde Costa Rica, durante casi dos horas, en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Contó que recibió una amenaza del militar que da nombre a la causa, Pascual Oscar Guerrieri, que fue compañero suyo de promoción en 1955. "Guerrieri no es tonto, nunca fue tonto. Si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, Lilia Carnero, le pidió precisiones. La comunicación telefónica --recibida por el menor de los hijos varones de Balza-- fue en cercanía de las fiestas de fin de año, no pudo recordar si en 2006 o en 2007. Supieron que se trataba de él porque quedó registrado el número telefónico, y por los datos que brindó. Guerrieri ya cumplía prisión preventiva --hoy tiene condena a prisión perpetua-- pero recibió autorización judicial para pasar esas fiestas en su casa. "Si pensaba coaccionarme, Guerrieri es inteligente, no lo iba a lograr. Fue una tontería", afirmó Balza.
El jefe del Ejército desde 1991 a 1999 se refirió a su documento institucional conocido como "autocrítica", difundido el 25 de abril de 1995 en el programa Tiempo Nuevo. Y reiteró --como lo hizo entonces y en los libros que publicó después-- que "ningún militar está obligado a cumplir una orden que implique la comisión de un delito. Nadie puede decir que lo obligaron a matar, violar o robar". El actual embajador argentino en Costa Rica consideró: "No es que cualquier orden pueda cumplirse". Volvió a su concepto de "desobediencia debida" y recordó que "gracias a la desobediencia de Belgrano hoy la frontera norte del país no está en la provincia de Corrientes sino en Jujuy y Salta".
Además, Balza subrayó que la represión ilegal "no fue una guerra", por decisión de las autoridades de las fuerzas armadas, que eligieron desconocer el estatus beligerante a las fuerzas insurgentes para no someterse a la Convención de Ginebra, suscripta por Argentina en 1949.
En su larga exposición, Balza admitió que desconoce lo ocurrido en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que se juzgan en el Tribunal Oral Federal número 1, pero definió que el terrorismo de Estado se hizo con una "feudalización de las fuerzas armadas", al tiempo que señaló la inusitada preponderancia del área de Inteligencia, que definió como una "elite criminal". "Básicamente montada por Inteligencia, que fue alimentada por años con las doctrinas francesa y de Seguridad Nacional", agregó.
Ante una pregunta de Carnero, Balza consideró que "todos los golpes de nuestro país han sido cívicos militares, con la participación de una sociedad civil con pocas convicciones democráticas", y recordó el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955.
En la audiencia de ayer declararon también Oscar Pedro Pidustwa y Jaskel Shapiro, por la desaparición de Fernando Tito Messiez, el 22 de agosto de 1977, en la puerta de la imprenta La Manija, frente a la Facultad de Humanidades.
Sólo Carlos Sfulcini y Juan Amelong, dos de los doce represores que están siendo juzgados, participaron de la audiencia de ayer. Sfulcini pidió ampliar su indagatoria ya que Jaime Dri, el jueves, lo había mencionado como "Carlitos o Pancuca". El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército desmintió que usara ese alias. En realidad, la mala definición de la imagen pudo jugarle una mala pasada al único sobreviviente de la Quinta de Funes. Sfulcini rememoró que Dri lo había descripto como un hombre más joven que él, sin instrucción, que "sólo pensaba en la Turca, la mujer con la que iba a casarse". "Para esa época, llevaba cinco años de recibido de abogado, tenía más de 30 años y estaba casado desde mayo de 1974 con mi actual esposa, Mabel Gimeno, que no es turca ni tiene cara de turca", dijo el represor. Sfulcini formó parte del grupo de tareas, pero su apodo no era Carlitos. Según testimonios de otros sobrevivientes e investigaciones de organismos de derechos humanos, ese alias pertenece a Carlos Isach.
Otro que perderá beneficio
La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por el represor Ariel López para mantener la prisión domiciliaria, arguyendo que debe cuidar a su hijo discapacitado, de 40 años. Ya en julio la Cámara había revocado el beneficio, al considerar que "del informe efectuado por el Gabinete Interdisciplinario surge que el grupo familiar no conviviente está conformado por tres hijos más, todos ellos adultos, económicamente independientes y dos de ellos residentes en Rosario, donde López se encuentra detenido".
Ayer, al comienzo de la audiencia, el fiscal Gonzalo Stara pidió que el Tribunal Oral Federal -el mismo que concedió el beneficio al represor- hiciera efectiva la detención. El presidente Roberto López Arango dijo que no tomarían ninguna decisión hasta que les llegue el expediente. Incluso, denegó el uso de la palabra al representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Alvaro Baella, cuando intentó argumentar en el mismo sentido que la fiscalía.
Fuente:Rosario12
Seguirá tras las rejas
Rechazan pedido de un represor
04/10/2013
En La Calamita. A la derecha Ariel López, junto al Puma Ariel Porra .
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensora oficial de un represor de la última dictadura que actualmente está siendo juzgado en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario, que buscaba mantener la presión domiciliaria del imputado.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal decidió por voto unánime no hacer lugar al recurso extraordinario deducido por la defensa de Ariel López, para que su defendido obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria.
La misma Cámara había revocado semanas atrás el beneficio, que había sido otorgado al acusado por delitos de lesa humanidad por los jueces del TOF1 de Rosario Roberto López Arango y Lilia Carnero, con el voto negativo de Esther Hernández, precisó el abogado Álvaro Baella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos.
Porra es uno de los 12 imputados –entre militares y PCI retirados– en el juicio oral por la causa Guerrieri II que se inició en Rosario el 9 de agosto pasado.
En el proceso oral se ventilan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra 27 víctimas, entre ellos 14 casos de homicidio, detalló Baella.
Se trata de la investigación judicial del circuito represivo comandado por integrantes del ex Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, bajo cuyo mando operativo estuvieron cinco centros clandestinos de detenciones de la zona sur de la provincia de Santa Fe.
Fuente:RedaccionRosario
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