AL FINAL NO HUBO ACUERDO Y EL OFICIALISMO CONSIGUIO LOS VOTOS JUNTO A SUS ALIADOS.

AL FINAL NO HUBO ACUERDO Y EL OFICIALISMO CONSIGUIO LOS VOTOS JUNTO A SUS ALIADOS

Dictamen para la responsabilidad civil

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, en Diputados, el oficialismo consiguió el dictamen para la ley de responsabilidad civil del Estado. La semana que viene irá al recinto.

Por Miguel Jorquera

Diana Conti, Héctor Recalde y Luis Cigogna en el plenario de comisiones de ayer en Diputados.Imagen: Télam

En el regreso del cuarto intermedio del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de Diputados, y ya avanzada la noche, no hubo lugar para discursos ni intentos de persuasión para lograr algún acompañamiento opositor. Las negociaciones que el oficialismo había entablado con la UCR terminaron por naufragar en la comisión bicameral por la unificación de los códigos Civil y Comercial. Por eso el kirchnerismo decidió marchar solo junto a sus aliados y alcanzó el dictamen de mayoría para llevar la semana próxima al recinto de la Cámara baja la ley sobre la responsabilidad civil del Estado que –de ser aprobada– pasará a depender del derecho administrativo y no estará incluida en el nuevo Código Civil, que recorrerá su camino legislativo primero por el Senado. La UCR, el FAP, el PRO, el massista Frente Renovador y otros sectores del PJ disidente tendrán sus propios dictámenes de rechazo al proyecto del Gobierno.

La jornada fue extenuante y a las 20.30 la situación estaba definida. La sala donde se reanudó el plenario que se inició antes del mediodía tenía asistencia casi perfecta de los diputados oficialistas y los aliados que integran las comisiones y sus respectivos presidentes, Diana Conti (Asuntos Constitucionales) y Luis Cigogna (Legislación General). El kirchnerismo quería emitir su dictamen de mayoría para llevar el proyecto al recinto el 27 y en una sesión especial para darle media sanción a la ley antes de que culmine el período de sesiones ordinarias. Mientras, el Senado avanzaría por su lado y con los mismos tiempos para darle media sanción a la unificación de los códigos.

Del lado opositor, apenas los legisladores de las distintas bancadas que presentarían sus propios dictámenes de rechazo a la iniciativa oficial: Pedro Tunessi (UCR), Pablo Tonelli (PRO), Graciela Camaño (FR), Omar Duclos (GEN-FAP) y Liliana Parada (UP), aunque ya no estaban Elisa Carrió (CC) y Jorge Yoma (monobloque), que también habían anunciado sus respectivos dictámenes de rechazo.

La diputada Graciela Gianne-ttasio, que ofició de miembro informante del oficialismo, se encargó de leer las pocas modificaciones que se introdujeron al texto original. Dos fueron propuestas por el abogado laboralista Héctor Recalde. En el artículo 9, se suprimió la palabra “culpa” y quedó solo el término “dolo” para referirse a la responsabilidad de funcionarios y agentes públicos. Y el 10 (también reclamado por Parada), donde se establece la responsabilidad contractual del Estado que se regirá por lo dispuesto en las normas específicas y en caso de ausencia de regulación se regirá por la nueva ley. Allí se agregó que la misma no será aplicada al Estado en su carácter de empleador.

Otra recoge las quejas opositoras y eleva de dos a tres años el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual del Estado una vez verificado el daño que se reclama, aunque se mantuvo en dos para los funcionarios. Y en el artículo 2, sobre la eximición de responsabilidades del Estado, se unificó la redacción de sus dos incisos “porque se referían al mismo tema”, como había sugerido el chubutense Mario País.

Giannettasio defendió el proyecto oficial. “La responsabilidad del Estado no se rige por normas privadas” y “la relación Estado-ciudadano tampoco se rige por el código que rige la relación entre pares”, sostuvo la diputada antes de afirmar que “el derecho administrativo es el que se para frente al Estado para evitar abusos”. También salió al cruce de quienes pusieron como ejemplo la tragedia ferroviaria de Once para la supuesta evasión de la responsabilidad estatal. Giannettasio sostuvo que el primer responsable es el concesionario, pero que el proyecto tampoco protege las responsabilidades del Estado ni de los funcionarios que no hayan cumplido con los controles que deberían realizar.

Hasta entonces, el grueso del abanico opositor se había manifestado en contra de la anulación de los artículos 164, 165 y 166, que la comisión redactora de juristas había incluido en la unificación de los códigos como legislación sobre la responsabilidad civil del Estado.

Para Carrió, el proyecto es “inconstitucional” porque “viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que posee jerarquía constitucional”. El macrista Tonelli aseguró que el propósito del oficialismo es “menguar y atenuar la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, reducir la posibilidad de demandarlo por parte de quien sufre un daño”. Más desafiante, su aliada Patricia Bullrich afirmó que la propuesta oficial obedece a una “concepción autoritaria del Estado que se siente por encima de los derechos de los ciudadanos”.

EL MINISTRO Y EL SECRETARIO DE JUSTICIA EXPUSIERON ANTE LA COMISION BICAMERAL

La defensa de la reforma del Código

Julio Alak y Julián Alvarez expusieron en el Congreso sobre el sentido de la reforma y sostuvieron la necesidad de separar la responsabilidad civil del Estado. Los jueces de la Corte enviaron una nota explicando por qué no concurrirían.

Por Sebastian Abrevaya

El presidente de la Cámara, Julián Domínguez; el secretario Julián Alvarez y el ministro Julio Alak.Imagen: Télam

Con la visita del ministro y el secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Alvarez, el kirchnerismo cerró ayer su defensa del dictamen de reforma de los códigos Civil y Comercial, que tuvo como principal conflicto la regulación de la responsabilidad civil del Estado. Los legisladores de la oposición adelantaron en la reunión de la comisión bicameral que votarán en contra del nuevo Código si no se incorpora ese tema y que entonces su aprobación correrá por cuenta exclusiva del oficialismo. El titular de la bicameral, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, en cambio, les reclamó que propongan las incorporaciones en el debate de la ley especial que paralelamente se está analizando en Diputados (ver página 11). Sin acuerdo por el momento, la comisión pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 11, cuando el oficialismo intentará firmar dictamen para tratarlo en el recinto del Senado el 27 de noviembre.

Antes de darles la palabra a los invitados, Fuentes leyó una nota firmada por los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, en la cual se excusaron de asistir al Congreso ya que su posición había quedado reflejada en el texto elevado al Ejecutivo. Además, destacaron el trabajo “extraordinario” de la comisión al llevar las audiencias públicas a todo el país.

En la misma línea, Alak arrancó su exposición remarcando que el nuevo Código ya lleva dos años de debate y que su modificación se fundamenta en tres ejes centrales: ponerlo en sintonía con la reforma constitucional del ’94 y la incorporación de los tratados internacionales; recoger los “profundos cambios sociales y culturales”, y, por último, la necesidad de facilitar el acceso a la ley por parte de la población.

“Las relaciones jurídicas entre particulares son las que genera el derecho privado, y las relaciones entre un particular y el Estado conforman el derecho público. Por lo tanto, no es muy difícil deducir que la responsabilidad del Estado corresponde al derecho administrativo”, señaló Alak, que dedicó buena parte de su exposición a defender la exclusión de ese tema de la redacción original. Alak señaló que existe un amplio consenso entre los académicos del derecho administrativo sobre el tema, incluso de aquellos que no están vinculados con el peronismo, como el ex procurador del Tesoro de la Alianza Ernesto Mercer. Alak también citó legislación comparada de países como México y Ecuador y señaló que el propio Vélez Sarsfield había excluido del Código esta materia.

El ministro argumentó, además, que se afectaría la autonomía de las provincias, que deberían aplicar una norma de carácter federal barriendo con su legislación propia. “¿Con qué fundamento jurídico vamos a plantear la responsabilidad civil del Estado cuando las provincias son preexistentes a la Nación?”, preguntó Alak. En referencia a la ley especial que se está tratando en Diputados, el ministro especificó que refleja la jurisprudencia establecida por los fallos de la Corte Suprema. “El proyecto es moderado en cuanto a la defensa del Estado porque reconoce plenamente la responsabilidad. Y ahora (al ciudadano) no solamente lo va a asistir la jurisprudencia de la Corte, sino que va a tener dos garantías porque va a estar la ley”, insistió Alak.

En su exposición, Julián Alvarez se concentró en otros aspectos del Código y reivindicó el consenso respecto de la gran mayoría de los artículos y de las modificaciones como la de eliminar la frase “en el seno materno”, cuando se refiere al comienzo de la vida y la concepción. También remarcó el acuerdo en cuestiones como el contrato de leasing y de la incorporación propuesta por la UCR y el peronismo disidente del derecho de los adoptados a acceder a los expedientes judiciales correspondientes.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de un sistema liviano de determinación de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios”, arremetió el senador radical Gerardo Morales. El jujeño aseguró que desde la UCR no quieren “garantizar impunidad ni inmunidad a Julio De Vido”. El diputado Juan Pedro Tunessi propuso la incorporación de cuatro artículos “generales” sobre la responsabilidad del Estado, que fueron rechazados. Según el diputado macrista Pablo Tonelli, “hay muchas diferencias entre la jurisprudencia de la Corte y el proyecto de ley”. “No reconoce el daño futuro, la culpa concurrente; el proyecto es restrictivo respecto de la responsabilidad civil del Estado”, sostuvo Tonelli.

Alak recogió el guante y le recordó a Tonelli que cuando fue procurador de la Ciudad defendió la autonomía porteña. Y en tono político, remarcó que los grandes estudios jurídicos y las grandes empresas “se fregaban las manos aplicando las normas del derecho privado al Estado para esquilmarlo”. “Eso va a generar juicios multimillonarios contra el Estado. Los dueños de grandes empresas por una actividad lícita del Estado como puede ser una ley quieren reclamarle al Estado no sólo el daño emergente, sino también el lucro cesante por 20 o 30 años”, detalló el ministro.

Con la discusión empantanada en ese punto, los bloques opositores se disponían ayer a votar en contra del Código mientras fuentes del oficialismo confiaron anoche en que hoy pasarían el dictamen a la firma y que avanzarán con su sanción en la sesión prevista para el 27 de noviembre.

Apostillas

- Maoísta. En un debate ceñido a lo técnico y lleno de términos académicos y judiciales, tampoco faltó lugar para las chicanas. Elisa Carrió diferenció su visión “liberal democrática” sobre la responsabilidad civil del Estado del “modelo marxista, stalinista o maoísta”. “Cada vez que digo maoísta me acuerdo de (Carlos) Zannini”, soltó Lilita en referencia al apodo (Chino) y a la pasada militancia política del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. “No hable de gente que no está presente”, le replicó Carlos Kunkel. “Hoy te concedo cualquier cosa Carlos, porque estoy contenta”, contestó Carrió recorriendo sonriente los pasillos de la sala con un llamativo y primaveral vestido floreado con vivos dorados.

- Ascensor I. El diputado oficialista José María Díaz Bancalari esperaba el ascensor en la planta baja del anexo de la Cámara baja para llegar al plenario de comisiones que se reanudaría tras el cuarto intermedio. La puerta se abrió con el macrista Federico Pinedo adentro y anunció el sentido del ascensor: “Para abajo”. Díaz Bancalari no aguantó la tentación y respondió: “Siempre en el mismo sentido”, le dijo antes de que se cierre la puerta.

- Ascensor II. Díaz Bancalari llegó finalmente al segundo piso junto a Carlos Kunkel y se toparon en la puerta del ascensor con la aliada macrista Patricia Bullrich que se retiraba del Palacio Legislativo. “¿Hay lugar?”, preguntó. “Sí, le dejamos todo el lugar para usted”, respondieron los diputados oficialistas. “Ahora, que se fue (Guillermo) Moreno hay mucho más lugar”, replicó irónica Bullrich sobre la renuncia del secretario de Comercio. Luego, en un comunicado, Bullrich atribuyó la renuncia de Moreno “al triunfo de la persistencia” suya.
Fuente:Pagina12