Histórico hallazgo de archivos reservados de la dictadura. Los documentos revelan la discusión interna sobre cómo tratar el tema de los desaparecidos
Horacio Aranda Gamboa
Centenares de documentos entre ellos “las actas secretas originales de las juntas militares”, las referidas al secuestro de la familia del empresario David Graiver y el análisis del caso Papel Prensa, así como también las que dan cuenta de cómo la dictadura debía abordar el tema de los desaparecidos ante la opinión publica, los medios de comunicación, los requerimientos de los familiares de las víctimas y de los organismos internacionales de derechos humanos y una carpeta con las listas negras de reconocidos intelectuales, comunicadores sociales y artistas, son parte del voluminoso hallazgo encontrado en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló ayer que el 31 de octubre ultimo recibió una llamada del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Mayor Mario Callejo, quien le anunció sobre el descubrimiento de “documentación sensible relacionada con las actuaciones de las juntas militares que gobernaron el país entre los años 1976 y 1983”.
Luego del anuncio, Rossi dispuso que una serie de funcionarios, realizaran “una primera evaluación de lo hallado”. Tras un exhaustivo trabajo llevado a cabo entre el viernes y el domingo últimos en el Edificio Alas, lograron relevar unas “1.500 unidades de conservación” que se encontraban en dos cajas de seguridad, en dos armarios y una estantería entre las que figuran “seis carpetas originales de las actas de las juntas militares, todas las actas secretas desde marzo de 1976 hasta el 1983”.
“Son 280 actas originales agrupadas en carpetas” cuyos originales están “firmados por cada una de las fuerzas”, agregó Rossi.
Trece de las actas están referidas específicamente al caso Papel Prensa y la familia Graiver y doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1º de diciembre de 1977, lo que deja claro que la junta militar “realizo un seguimiento exhaustivo del tema”, el cual era “de discusión permanente de la junta”. En esa dirección, el acta 19 titulada: “Arresto de familiares e implicados en el caso Graiver” da cuenta de que “se decide que sea nuevamente tratado el problema de Papel Prensa, incluido en el Acta 14 de la junta militar, anexos I y II”, lo que demuestra que el tratamiento “de los arrestos de familiares e implicados en el caso” se analizaba conjuntamente con el “tema de Papel Prensa”.
El funcionario destacó que, más allá del profundo valor histórico, la Justicia deberá ameritar el peso jurídico del material rescatado en el marco de las causas en marcha.
Otras de las actas están referidas a la situación de los derechos humanos y a cómo tratar el tema ante la opinión pública y los medios de comunicación y ante los requerimiento de información por parte de los familiares de las víctimas o de organismos internacionales. En ese sentido, decidieron remplazar términos como “desaparecidos” con la utilización de eufemismos tales como “averiguación de paradero”. Por su parte, el acta número 106 de fecha 8 de agosto de 1979, dispone redactar una ley de “presunción de fallecimiento” tarea que llevarían adelante los secretarios generales de cada fuerza.
Pruebas de la colaboración de los bancos con planes de la dictadura
Entre la profusa documentación encontrada figuran las “listas negras” conteniendo al 31 de enero de 1980 los nombres de 331 “intelectuales, comunicadores y artistas”, divididos en cuatro categorías de acuerdo al “grado teórico de peligrosidad”.
Nombres como los de Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski, Julio Cortázar, Rogelio García Lupo, Horacio Guarany, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa y María Elena Walsh, figuran en la lista de los perseguidos por la dictadura.
También figura entre la documentación un "Plan General de Acción (Tentativo)” que establecía un “proceso constante de actualización del Proyecto Nacional” que llegaba hasta el año 2000 y el cual consistía en una primera “etapa fundacional que llegaba “hasta los años 90 y una segunda parte que era denominada la Nueva República que llegaba hasta el año 2000”.
Además, se encontró una presentación con los “Fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional”, realizado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lo que según Rossi, prueba que la dictadura fue parte “de un golpe cívico-militar”.
Signo de una nueva relación con las Fuerzas Armadas
Durante el anuncio por el hallazgo de los documentos, el ministro de Defensa se encargó especialmente de destacar el hecho de que se logró llegar hasta esa información merced a “la decisión de un Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”.
“Creo que este hecho ayuda a consolidar la construcción de unas Fuerzas Armadas integradas a un proyecto de nación, fuertemente vinculadas a la sociedad civil y prestigiadas ante la sociedad”, sostuvo.
El titular de Defensa subrayó además, que unos minutos antes de dar el anuncio firmó dos resoluciones, una por la que se fija en seis meses el tiempo para clasificar la información, y la otra en la que se le ordena a los jefes militares que “intensifiquen requisas en lugares no habituales” con la finalidad de dar con nuevos documentos que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos durante la última militar.
Fuente:BAEArgentina
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló ayer que el 31 de octubre ultimo recibió una llamada del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Mayor Mario Callejo, quien le anunció sobre el descubrimiento de “documentación sensible relacionada con las actuaciones de las juntas militares que gobernaron el país entre los años 1976 y 1983”.
Luego del anuncio, Rossi dispuso que una serie de funcionarios, realizaran “una primera evaluación de lo hallado”. Tras un exhaustivo trabajo llevado a cabo entre el viernes y el domingo últimos en el Edificio Alas, lograron relevar unas “1.500 unidades de conservación” que se encontraban en dos cajas de seguridad, en dos armarios y una estantería entre las que figuran “seis carpetas originales de las actas de las juntas militares, todas las actas secretas desde marzo de 1976 hasta el 1983”.
“Son 280 actas originales agrupadas en carpetas” cuyos originales están “firmados por cada una de las fuerzas”, agregó Rossi.
Trece de las actas están referidas específicamente al caso Papel Prensa y la familia Graiver y doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1º de diciembre de 1977, lo que deja claro que la junta militar “realizo un seguimiento exhaustivo del tema”, el cual era “de discusión permanente de la junta”. En esa dirección, el acta 19 titulada: “Arresto de familiares e implicados en el caso Graiver” da cuenta de que “se decide que sea nuevamente tratado el problema de Papel Prensa, incluido en el Acta 14 de la junta militar, anexos I y II”, lo que demuestra que el tratamiento “de los arrestos de familiares e implicados en el caso” se analizaba conjuntamente con el “tema de Papel Prensa”.
El funcionario destacó que, más allá del profundo valor histórico, la Justicia deberá ameritar el peso jurídico del material rescatado en el marco de las causas en marcha.
Otras de las actas están referidas a la situación de los derechos humanos y a cómo tratar el tema ante la opinión pública y los medios de comunicación y ante los requerimiento de información por parte de los familiares de las víctimas o de organismos internacionales. En ese sentido, decidieron remplazar términos como “desaparecidos” con la utilización de eufemismos tales como “averiguación de paradero”. Por su parte, el acta número 106 de fecha 8 de agosto de 1979, dispone redactar una ley de “presunción de fallecimiento” tarea que llevarían adelante los secretarios generales de cada fuerza.
Pruebas de la colaboración de los bancos con planes de la dictadura
Entre la profusa documentación encontrada figuran las “listas negras” conteniendo al 31 de enero de 1980 los nombres de 331 “intelectuales, comunicadores y artistas”, divididos en cuatro categorías de acuerdo al “grado teórico de peligrosidad”.
Nombres como los de Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski, Julio Cortázar, Rogelio García Lupo, Horacio Guarany, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa y María Elena Walsh, figuran en la lista de los perseguidos por la dictadura.
También figura entre la documentación un "Plan General de Acción (Tentativo)” que establecía un “proceso constante de actualización del Proyecto Nacional” que llegaba hasta el año 2000 y el cual consistía en una primera “etapa fundacional que llegaba “hasta los años 90 y una segunda parte que era denominada la Nueva República que llegaba hasta el año 2000”.
Además, se encontró una presentación con los “Fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional”, realizado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lo que según Rossi, prueba que la dictadura fue parte “de un golpe cívico-militar”.
Signo de una nueva relación con las Fuerzas Armadas
Durante el anuncio por el hallazgo de los documentos, el ministro de Defensa se encargó especialmente de destacar el hecho de que se logró llegar hasta esa información merced a “la decisión de un Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”.
“Creo que este hecho ayuda a consolidar la construcción de unas Fuerzas Armadas integradas a un proyecto de nación, fuertemente vinculadas a la sociedad civil y prestigiadas ante la sociedad”, sostuvo.
El titular de Defensa subrayó además, que unos minutos antes de dar el anuncio firmó dos resoluciones, una por la que se fija en seis meses el tiempo para clasificar la información, y la otra en la que se le ordena a los jefes militares que “intensifiquen requisas en lugares no habituales” con la finalidad de dar con nuevos documentos que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos durante la última militar.
Fuente:BAEArgentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario