ENTREVISTA A MARIA VICTORIA GAMMA, ABOGADA DE LA ASOCIACION ACIJ QUE SIGUIO EL CASO DE LOS SOBORNOS EN EL SENADO

ENTREVISTA A MARIA VICTORIA GAMMA, ABOGADA DE LA ASOCIACION ACIJ QUE SIGUIO EL CASO DE LOS SOBORNOS EN EL SENADO

“Es raro una sentencia absolviendo a todos”

La ACIJ es una asociación civil que siguió el caso de los sobornos desde el inicio. Una de sus abogadas analiza la sentencia y advierte sobre el “mensaje directo” hacia el juez Rafecas, quien estuvo a cargo de la instrucción.
Por Ailín Bullentini

El ex presidente Fernando de la Rúa al salir el lunes de tribunales, luego de escuchar el veredicto que lo absolvió.Imagen: EFE
El fallo que emitió el Tribunal Oral Federal Nº3 sobre el presunto pago de sobornos durante el gobierno de la Alianza a senadores justicialistas para alcanzar la aprobación de la Reforma Laboral es “llamativo”, definieron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La sorpresa provocada no fue precisamente grata. Es que los integrantes de esa organización de la sociedad civil, que realizó un detallado seguimiento de la causa desde sus inicios, no logran comprender cómo la sentencia de los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez resultó lo opuesto a lo concluido por la Justicia en la etapa de instrucción, luego ratificada por la Cámara. “Es, cuanto menos, raro que hoy tengamos una sentencia que absolvió a todos los imputados encontrados culpables por dos instancias judiciales previas. En instrucción, y nosotros creemos que también la hubo en el proceso oral, hubo indicios suficientes para probar lo enjuiciado, para determinar los hechos que se imputaban a ex funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores. Lo llamativo es que el tribunal oral afirma que para ellos ni existió una coima”, consideró María Victoria Gamma, integrante del área de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ. En diálogo con Página/12, la abogada también advierte sobre el pedido del TOF 3 de que se investigue la actuación de Daniel Rafecas, juez de Instrucción de la causa. “Es un mensaje bastante directo a un juez que ya había tenido algunos conflictos en causas del estilo de la de las coimas en el Senado, y crea cierto resquemor a tratar de investigar estos hechos: el que investiga podría convertirse en investigado”, afirma.

Bautizada en los medios como la de “las coimas en el Senado”, no es la primera causa que la ACIJ “sigue” de cerca. “Entendemos que son causas de difícil acceso a la sociedad, por lo que las traducimos a una realidad cotidiana, transformamos ese léxico difícil y cerrado de los procesos judiciales para que puedan comprenderlo todos. Si hay cuestiones que nos producen cierto rechazo, lo decimos; si encontramos irregularidades tratamos de denunciarlas. No tenemos posibilidad de interceder en las causas, jamás nos dejaron ser querellantes más allá de que existen tratados internacionales que establecen que la sociedad civil puede ser parte de estas causas”, comentó Gamma.

Encuentran, no obstante, particularmente importante al caso de los sobornos por la reforma laboral. Primero, porque los procesados estaban acusados de un delito que presuntamente cometieron en ejercicio de sus cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El ex presidente Fernando De la Rúa, los ex titulares de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando De Santibañes, y del ministerio de Trabajo, Alberto Flamarique, los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, y el ex secretario parlamentario del Senado y “arrepentido” Mario Pontaquarto. Segundo, porque el hecho en sí reveló las maniobras políticas que se entretejieron en torno de las negociaciones de una ley pedida por organismos internacionales a cambio de financiamiento. “Fue y es un caso sustancial y fundamental para la sociedad”, sentenció la abogada.

–¿Cómo evalúan el desarrollo del juicio?
–En un nivel general de análisis, vimos que el juicio se alargó demasiado, como si se estuviera apostando a que la causa cayera en el olvido de la ciudadanía, lo cual genera daños. Es un caso sumamente trascendente en la vida democrática de la Argentina. Que caiga en el olvido provoca, por un lado, que los acusados no cuenten con una condena social. Por otro, puede llegar a exonerar a los jueces que llevaron el juicio oral y que los absolvieron. En cuanto al fallo, la cuestión es más compleja. Estuvimos atentos a la causa desde casi sus primeros pasos. La instrucción de Rafecas la seguimos completa y durante toda ella no tuvimos mayores críticas a la causa, que avanzaba bien teniendo en cuenta los plazos que atañen a estos casos. En esa etapa hubo mucha prueba elaborada que fue en su mayoría confirmada por la Cámara de Apelaciones, a la que llegó luego de que varios procesados cuestionaran su situación. Es, cuanto menos, raro que hoy tengamos una sentencia, aún no definitiva, que absolvió a todos los imputados encontrados culpables por dos instancias judiciales previas. En instrucción, y nosotros creemos que también la hubo en el proceso oral, hubo indicios suficientes para probar lo enjuiciado, para determinar que los hechos que se imputaban a ex funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces tuvieron un sustento fáctico. Lo llamativo es que el tribunal oral afirma que para ellos no existió una coima. Incluso, en el resumen de los fundamentos que darán a conocer a fines de marzo próximo terminan pidiendo que el Consejo de la Magistratura investigue al juez de Instrucción. Eso, creemos, es un mensaje bastante directo a un juez que ya había tenido algunos conflictos en causas del estilo de la de las coimas en el Senado, y crea cierto resquemor a tratar de investigar estos hechos: el que investiga podría convertirse en investigado.

–¿Eran esperables las absoluciones? ¿Cree que es posible que ese desenlace se desprenda del desarrollo del juicio oral? –Es difícil vislumbrar el puente entre A y B. Muy difícil sobre todo desde ACIJ, que no tenemos acceso real al expediente. Nosotros solo podemos hacer un barrido, una especie de reconocimiento de las fojas, pero no actuar. Llama la atención que haya un salto tan grande desde la Instrucción al proceso oral. Si ya había una confirmación de ciertos hechos por la Cámara de Apelaciones, cuesta entender que un nuevo tribunal escucha a más de 300 testigos y entiende que ninguno de ellos, ni la prueba aportada, puede corroborarlos.

–Además de las críticas a Rafecas, a quien directamente piden investigar, el resumen de los fundamentos le apunta a la fiscalía de instrucción (a cargo del fiscal Federico Delgado), a la fiscal del juicio Sabrina Namer y a la querella. ¿Qué opinan de esto?
–En ese resumen cuesta mucho localizar objetividad e imparcialidad, porque lo único que refleja es una crítica fuerte e insistente a las instancias acusadoras, entendiendo que no se probó ninguno de los dichos de (el ex secretario del Senado durante el gobierno de De la Rúa y arrepentido que difundió la historia tres años después, Mario) Pontaquarto. Es más, de alguna manera castiga al Estado ordenando a la querellante Oficina Anticorrupción el pago de los costos del juicio, una suerte de castigo por mal utilizar los recursos del Estado en una causa como ésta. Por otro lado, deslizan que la fiscalía acusó sin asidero. El rol de la fiscalía no implica la acusación siempre, sino la búsqueda de la verdad. Si entiende que no se sucedieron los hechos, no debería proseguir en el sentido que prosiguió en la instrucción ni en el juicio oral. Lo llamativo es que, a pesar de esto, todos los acusados, de repente, terminaron absueltos.

–Allí, los jueces dejan en claro que no es que no encontraron pruebas para certificar los hechos, sino que la prueba les indica que las coimas nunca sucedieron. ¿Como pueden existir lecturas tan diferentes de un mismo elemento?
–Principalmente, el tribunal oral desmerece completamente la manera investigativa de Rafecas, por entender que no es certera ni sumamente precisa. Uno de los elementos fundamentales de la instrucción, sino la piedra angular, es el trabajo que el juez realizó de localización de los acusados a partir de las llamadas telefónicas que realizaron en determinados momentos importantes de la historia de Pontaquarto. Así, por ejemplo, entendió probado que los participantes de la famosa reunión en la Casa Rosada, de la que habría participado De la Rúa, (el senador radical José) Genoud (se suicidó en 2008), el propio Pontaquarto y demás, para ultimar los detalles del pago de sobornos, a partir de que las llamadas telefónicas realizadas por ellos los ubicaban físicamente en la zona geográfica de la Casa de Gobierno aquel día a la hora señalada. Bueno, el tribunal rechazó esta prueba. Luego, se desquita con Pontaquarto y hace un detalle pormenorizado de las contradicciones en las que incurrió al contar la historia. Para los jueces del tribunal, esas contradicciones no pueden ser producto del olvido, a pesar de que transcurrieron 13 años del hecho. En ese sentido, nosotros abogamos por que los plazos de la Justicia se acorten, que exista una reforma del Código Procesal Penal que permita agilizar estas causas para que se resuelvan pronto. La sociedad necesita arribar a una conclusión, entender lo que fue el proceso y saber la verdad. Pero la agilidad también se traduce en más garantía para los acusados.

–Las críticas apuntan a lo producido durante la instrucción. ¿No se sumó prueba nueva?
–No, es cierto. El tribunal no pidió mayores pruebas ni acciones adicionales a lo solicitado por las acusaciones o las defensas. En este tipo de casos, no se suele dejar rastros, con lo cual la búsqueda de prueba directa es un objetivo casi imposible de concretar. En el mundo, me atrevería a decir, estos casos se trabajan con indicios por la propia maniobra conflictiva que los envuelve. En el caso de los sobornos pagados para la aprobación de la ley de reforma laboral, el curso del dinero nunca pudo ser encontrado. Por eso Rafecas rastreó los teléfonos de los participantes de la operación. Fue una idea creativa que el tribunal oral descartó.

MARIO PONTAQUARTO AFIRMO QUE EL FALLO FUE “VERGONZOSO”

Las críticas del arrepentido

El ex secretario parlamentario del Senado insistió en que hubo pago de coimas y dijo sentir “una profunda tristeza e impotencia”. Habló de “un compromiso de la corporación judicial con un sector de la política” para que no se condene un delito de corrupción.

Mario Pontaquarto dijo tener la esperanza de que el fallo sea revocado.Imagen: Pablo Piovano
El ex secretario parlamentario del Senado de la Nación, Mario Pontaquarto, reiteró ayer que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 No, que absolvió a todos los acusados por el presunto pago de coimas para aprobar una reforma laboral en 2000, fue “vergonzoso” y consideró que, tras esta sentencia, “nunca más nadie presentará una denuncia por corrupción” en el país. Aunque los jueces afirmaron que las coimas “no existieron”, Pontaquarto insistió en que sí las hubo.

“Siento una profunda tristeza e impotencia. Estoy convencido de que después de este fallo, nunca más nadie en la puta vida va a presentar una denuncia por corrupción”, dijo el arrepentido. El ex funcionario parlamentario analizó que “el mensaje es que no se denuncien más hechos de corrupción” y expresó su esperanza en que “la apelación que haga la Oficina Anticorrupción y la fiscalía permita que la Cámara de Casación revoque un fallo vergonzoso para la Justicia y el país”. A su criterio, el fallo no responde “a ningún tecnicismo legal, sino a un compromiso de la corporación judicial con un sector de la política. No se puede dar el mensaje que se condene un delito de corrupción, porque si pasa una vez, seguirá pasando siempre”.
Al ser consultado sobre su actitud, dijo que volvería a denunciar el hecho y explicó que, luego de hacerlo, se sintió “mejor persona por haber confesado y haberme sacado toda esa basura de adentro. Yo tengo la tranquilidad de que hice todo lo que tenía que hacer, ahora que se haga cargo la Justicia”. Y sobre la falta de pruebas concretas de los pagos a cambio del voto favorable para la aprobación de la ley de reforma laboral que impulsaba el gobierno de Fernando de la Rúa en 2000 dijo: “No hay una foto de la plata pero yo conté la historia tal como fue. No hubo contradicciones. Hace 10 años que cuento lo mismo, al periodismo y a la Justicia. Pero todos los testimonios fueron derrumbados por el tribunal”. Pontaquarto también desmintió las afirmaciones de De la Rúa, quien durante el juicio había denunciado “un complot político en su contra”.

Al mismo tiempo que expresó su esperanza de que en la instancia de apelación ante la Cámara Nacional de Casación sea revocada esta sentencia, con la cual resultó absuelto, Pontaquarto cuestionó a los integrantes del TOF 3 al recordar que “es el mismo que absolvió a los acusados del caso AMIA, en septiembre de 2004”. De hecho, la Oficina Anticorrupción y la fiscalía recurrirán el fallo. En una suerte de compulsa numérica, el ex funcionario mencionó que tanto el juez Daniel Rafecas, como su colega Rodolfo Canicoba Corral, creyeron en la culpabilidad de los imputados y elevaron la causa a juicio, del mismo modo que lo creyeron los fiscales de instrucción y la fiscalía de juicio. “Los únicos que no creyeron son los del tribunal”, dijo Pontaquarto.

Tras el fallo absolutorio, y en medio de la conmoción que había causado, hubo una escena que tensó aún más el ambiente. El ex senador del Partido Justicialista Augusto Alasino se cruzó con Pontaquarto y le tiró un sopapo, agresión que no fue respondida. Al respecto, el arrepentido dijo que el ex legislador “es lo que fue toda su vida: un hombre cobarde”.

El ex secretario parlamentario cuya confesión dio origen al expediente judicial abierto en 2003 reiteró: “Yo debería haber tenido una condena porque declaré y me autoincriminé en la causa de corrupción. Yo fui un corrupto”. Pontaquarto había relatado que en 2000 trasladó 5 millones de pesos para senadores peronistas que debían garantizar la aprobación de la ley de flexibilización laboral.

EL EX PRESIDENTE HABLO DE LA CAUSA Y DE SU CAIDA

De la Rúa siguió repartiendo

Paso a paso, el ex presidente Fernando de la Rúa empieza a cosechar los frutos de la sentencia que lo absolvió, el lunes pasado, de los cargos de cohecho por los que se lo acusó en el marco de la causa que investigaba el pago de sobornos a ex senadores justicialistas para la aprobación de la reforma laboral. Luego de la sentencia, De la Rúa se dedicó a hablar en extenso de la decisión que considera que lo “reivindica” e insistió en que la denuncia de coimas en el Senado del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto fue una “maniobra política”. “Hubo un complot en mi contra para reivindicar a (su ex vicepresidente Carlos) ‘Chacho’ Alvarez, que había renunciado”, agudizó la acusación.

“Me reivindica la verdad que surge de la sentencia, me alegra que haya salido la verdad. Estoy feliz de haber recuperado la libertad, porque no es necesario estar preso para no ser libre. Vuelvo a ser libre para decir lo que pienso”, dijo el ex presidente de la Alianza, quien les respondió a quienes cuestionan la sentencia absolutoria de la Justicia y remarcó que “no se puede hablar de impunidad después de doce años de juicio”.
En cuanto a Pontaquarto, aseguró que espera que “ahora pueda decir ‘me equivoqué’ y pida disculpas”. Fiel a su estilo, respecto del “arrepentido” añadió que no tenía “opinión ni juicio” sobre él, aunque lo acusó de ser el autor de “una fábula que mantuvo de principio a fin” y el “instrumento de una maniobra política”.

No obstante, no lo ubicó a él sólo en aquella supuesta “maniobra” a la que también definió de “complot, una operación política que hicieron creer que era cierto, fue una parodia”. Insistió en que también formaron parte de ella el ex jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, así como el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra. Según dijo, el objetivo de la maniobra fue “reivindicar a Carlos ‘Chacho’ Alvarez, que estaba condenado por la sociedad por la ligereza de su renuncia a la vicepresidencia”.

De la Rúa desarrolló aún más su versión de los hechos al atribuir su renuncia temprana a la Presidencia de la Nación a una lucha con el justicialismo. “Yo derroté a (el ex presidente Eduardo) Duhalde y Duhalde me derrocó a mí. Cuando asumí me topé con una bomba encendida y los dirigentes del PJ no me la hicieron más fácil. Teníamos una terrible deuda externa de arrastre y recesión mundial. El FMI quería tirarnos a la cuneta. Finalmente lo logró con la alianza del peronismo de Buenos Aires y la UCR, sabiendo de la conspiración de Duhalde, no la impidió”, repartió culpas el ex presidente.
Fuente:Pagina12

24.12.2013
objeciones a la "legalidad" del proceso judicial 
Un fallo con duras críticas al juez Daniel Rafecas y los fiscales 
El Tribunal cuestionó la actuación del magistrado y de Federico Delgado y Eduardo Freiler. También apuntó a la Oficina Anticorrupción.
N.OE

El Tribunal cuestionó en durísimos términos al juez Daniel Rafecas, al fiscal Federico Delgado, al hoy camarista Eduardo Freiler y a la Oficina Anticorrupción por la forma en que impulsaron el expediente. “Al igual que el juez a cargo de la instrucción, los acusadores acudieron a su imaginación y supusieron diálogos entre imputados, o entre éstos y testigos, para justificar sus afirmaciones”, dispara el fallo.
Ayer por la mañana, el fiscal Delgado envió a sus amigos un mail premonitorio: “Gracias por todos estos años de aguante durante el largo y tedioso trámite de los 'sobornos'. Una vez más, triunfó el poder y su alimento: la impunidad. Esto no es nuevo. Lo más grave, como decía Hobbes, es que el crimen más grande es el que se perpetra a conciencia”. El Tribunal leyó otra cosa: “La prueba producida en el debate y las constancias del proceso permitieron comprobar una sustancial violación a las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, al quedar demostrada la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular de Daniel Rafecas, con la anuencia de los fiscales Delgado y Freiler, quienes estaban encargados de controlar la legalidad del proceso".

En la misma línea argumental, el Tribunal juzgó que se "limitó arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa de los imputados impidiendo su intervención en el interrogatorio de testigos, denegando la prueba sustancial de descargo y omitiendo su convocatoria para participar en procedimientos irreproducibles...".

También advirtió que "se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos, se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria, se manipuló la prueba para arribar a conclusiones preestablecidas, llegando, incluso, a la fantasiosa reconstrucción de hechos a partir de diálogos imaginados sin sustento en la prueba”.

A Delgado, el tribunal le reprochó que "sustituyó el examen riguroso de la prueba reunida en el proceso, por una profusión de citas literarias y sociológicas y un particular análisis político".  Peor le fue al juez de instrucción: el Tribunal dispuso "extraer copia de la presente y remitirla al Consejo de la Magistratura a los fines previstos (el eventual juicio político), respecto de Daniel Eduardo Rafecas".

Sobre Pontaquarto, el Tribunal ordenó investigar qué lo motivó a mentir sobre los sobornos, y trazó tangencialmente una hipótesis: "Según surgió del debate, se entrevistó en la Casa Rosada con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reunión a la que habría concurrido acompañado por quien luego sería su abogado, Hugo Wortman Jofré. Previo a ello, conducido por Daniel Bravo (hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, ex dirigente de River, cuestionado por el 'apriete' que sufrió el referí Sergio Pezzota la tarde en que el equipo de Nuñez descendió a la B Nacional) se entrevistó en el Palacio Municipal con el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. A juicio del Tribunal, debido a las imprecisiones y vaguedades en que incurrieron los nombrados al declarar, no quedó nada claro el motivo ni la necesidad de esas reuniones, de manera previa a la confesión. Por el contrario, la existencia de un precio, la presencia en el episodio de autoridades políticas, como así también un curioso y concomitante sumario administrativo labrado en la Secretaría de Inteligencia, constituyen episodios que, como denunciaron las defensas, pudieron dar lugar a la preconstitución de prueba, con el objeto de manipular la dirección de la investigación. Por lo tanto, tal circunstancia debe ser investigada."

El Tribunal oral promovió una investigación sobre "las circunstancias que rodearon la presentación de Pontaquarto como supuesto arrepentido, como así también los presuntos ilícitos que podrían haberse cometido". Entre ellos, figura "la posible comisión del delito de falso testimonio en que habría incurrido Aníbal Ibarra". Finalmente, al abogado Wortman Jofré, lo mandó al tribunal de ética del Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
Fuente:TiempoArgentino