CGT denuncia que EADS AIRBUS “celebra” su aumento de beneficios con 5.800 despidos directos en Europa
Martes, 17 de Diciembre de 2013
por AraInfo | Achencia de Noticias d´Aragón
El gigante de la industria aeronáutica europea, EADS AIRBUS, con participación pública de numerosos estados de la UE, pretende realizar una “reconversión” en la que incluirá 5.800 despidos directos en Europa. El impacto de estas medidas en el Estado español alcanzará los 600 despidos directos, y más 4.500 indirectos en empresas subcontratadas auxiliares.
Desde el sindicato CGT explican que “la nueva directiva puesta en marcha, bajo una cuestionable redenominación del grupo EADS, ahora AIRBUS GROUP, supone una restructuración industrial, con una fuerte reconversión laboral y el cierre de plantas. Todo ello favorecido en el Estado español por un 4º Convenio Colectivo que abre todas las puertas y posibilita las medidas propuestas: flexibilidad en la plantilla directa y destrucción de contratos temporales, medidas que ya se están aplicando”.
Así, CGT anuncia una oposición frontal a cualquier medida de destrucción de empleo en una empresa que en los últimos años, ha aumentado la cartera de pedidos y sus beneficios exponencialmente. La última información económica suministrada por la propia empresa EADS resalta un aumento de beneficios del 36% en el tercer trimestre de 2013, dedicándose un reparto del 30-40% de este margen al pago de dividendos a los accionistas. “El anuncio de la restructuración ha supuesto una subida de la acción en bolsa que beneficia a los especuladores del mercado pero no a los trabajadores y sus familias. Se anuncian despidos y las acciones suben”, denuncia CGT.
CGT se opone asimismo, “a la reducción de costes y servicios de la industria aeronáutica, apostando por un futuro basado en la máxima calidad y seguridad de sus productos, garantía para todos los usuarios y operadores”. Por ello, CGT plantea que “no se pueden negociar ni aceptar despidos, cierres de plantas y perder competencias en una empresa con resultados económicos tan positivos”.
Cabe destacar que la Federación Estatal del Metal de la CGT -FESIM- apoya las medidas que desde la Sección Sindical Estatal de CGT en el grupo EADS sean adoptadas en coordinación con los sindicatos europeos afines y las secciones sindicales de CGT en las empresas subcontratadas. Así, CGT-FESIM llama a todos los trabajadores y trabajadoras a “enfrentarse sin ambages a este ataque frontal contra nuestros derechos y nuestro futuro”.
Cuarta edición de "Los comités de defensa de la CNT"
Lunes, 16 de Diciembre de 2013
A la primera edición por Aldarull, en 2011, le siguieron otras dos, que se agotaron rápidamente en librerías, no llegando a satisfacerse la demanda de ejemplares. Esta cuarta edición añade un nuevo capítulo y un glosario, reproducido en las ediciones italiana, francesa e inglesa.
CUARTA EDICIÓN:
LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA CNT EN BARCELONA (1933-38).
SOBRE EL EMBRIÓN DE UN EJÉRCITO ANARQUISTA Y LA CUESTIÓN DEL PODER
A la primera edición por Aldarull, en 2011, le siguieron otras dos, que se agotaron rápidamente en librerías, no llegando a satisfacerse la demanda de ejemplares solicitados.
Ahora, en diciembre de 2013, aparece la Cuarta edición, corregida y aumentada en más de cien páginas. Se añade un nuevo capítulo sobre el funcionamiento asambleario de los comités de abastos de las barriadas, un nuevo anexo con el nombre de los integrantes de los 13 comités de defensa de la ciudad de Barcelona y un glosario, en el que se detallan biografías, organizaciones y conceptos utilizados en el libro que, pensado inicialmente para el lector extranjero de las ediciones en lengua italiana, francesa e inglesa, se ha decido incluirlo también en esta cuarta edición en castellano.
La referencia bibliográfica del libro es ésta:
GUILLAMÓN, Agustín: Los comités de defensa de la CNT (1933-1938). Aldarull, Barcelona. Cuarta edición, 2013, 351 pp. (PVP 10 euros).
Otras obras del Autor:
Barricadas en Barcelona. Espartaco, Barcelona, 2011. (PVP 12 euros).
La revolución de los comités. Aldarull, Barcelona, 2012. (PVP 14 euros)
El terror estalinista en Barcelona (1938). Aldarull. Barcelona, 2013. (PVP 9 euros).
Los Amigos de Durruti. Historia y antología de textos. Aldarull, BCN, 2013. (9 euros).
El libro está disponible en estas librerías:
Barcelona: La Rosa de Foc, La Ciutat Invisible, El Lokal, Aldarul.
Madrid: La Malalesta, que tiene esta web: http://www.lamalatesta.net/advanced_search_result.php?osCsid=io2l41rfvo2stft5l842ov9m42&keywords=Guillam%F3n&search_in_description=1&osCsid=io2l41rfvo2stft5l842ov9m42&x=10&y=4
Y también puede pedirse escribiendo un e-mail a fotocopies@riseup.net
Ciudadan@s
Los funcionarios también lloranRaúl Solís / 19 dic 2013
Ana Garcia Fermosell, funcionaria, posa a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. // LAURA LEÓN
En la casa de Ana García, administrativa de la Administración Central del Estado, casada y con dos hijos, entran mensualmente sus 1.400 euros y los 420 que cobra su marido y que se terminarán en enero. Ana lo divide en montoncitos para hacer frente al “ahogo” de los 650 euros mensuales de la hipoteca, 200 euros en luz, agua y teléfono, 200 euros más para contribuir al pago del alquiler de sus suegros, perceptores de pagas no contributivas, 80 euros en las clases de inglés de una de sus hijas y, si viene algún pago imprevisto, la incertidumbre se hace presente y el mundo se le viene encima.Su marido quedó en paro justo al mes de aprobarse la última reforma laboral. Trabajaba como cocinero en una empresa rentable que sigue funcionando. Sin embargo, el empresario alegó que preveía menos ingresos y sobraban el marido de Ana y otros compañeros. Las hijas de Ana, dos adolescentes, saben que no se pueden apuntar a las actividades extraescolares ni a los viajes de fin de curso porque, después de hacer frente a todos los gastos, en casa sólo quedan 690 euros de libre disposición para comer e “ir tirando”.
“Yo no soy una privilegiada por ser funcionaria”, se defiende, “nos están echando encima a la opinión pública y soy tan víctima de la crisis como el que más”, afirma Ana, en un arrebato de indignación contra la estigmatización que sufren los trabajadores públicos. A Ana se le llena la cara de lágrimas sólo de pensar qué pasará en enero, cuando su marido dejará de cobrar la prestación de 420 euros y tenga que sobrevivir con 270 euros después de pagar hipoteca, luz, agua, telefonía, la academia de inglés donde va su hija y los 200 euros con los que contribuye al alquiler de la “casita” donde viven sus suegros.
Lola Ortiz es auxiliar sanitaria, su nómina supera tímidamente los 1.000 euros si trabaja días festivos. “Menos mal, si no, cobraría 900 euros“, dice aliviada esta mujer de 45 años, separada, con un hijo de 17 años a su cargo y empleada pública en una residencia de ancianos de la Junta de Andalucía en Montequinto (Sevilla). Antes de la crisis, Lola cobraba 1.300 euros, iba al cine, de vacaciones, llegaba a final de mes y “tenía proyecto de vida”. Ahora, el día 20 ya está al final de mes con 20 euros en el monedero y se atormenta pensando “si habrá dinero para ingresarnos la próxima nómina”.
Con sus 1.000 euros recortados, Lola paga la letra del coche que la lleva a diario a trabajar, la academia de inglés de su pequeño y da de comer a su hijo y a su único hermano, de 42 años, pintor que hace tres años que no trabaja y que, desde hace año y medio, forma parte de la lista de 600.000 andaluces sin ningún tipo de ingresos, según la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El proyecto de vida actual de Lola es dar “paseítos” por todos los supermercados. “Allí compro el café, que es más barato; aquí compro la leche, que es más barata; en el otro lado compro el detergente, que es más barato; y en la esquina del barrio compro el pan, que es más barato”. Paseítos para estirar los 1.000 euros que la han dejado sin proyecto de vida.
Nadie imaginaría que Patricia, profesora de Música en un instituto público, no ha pagado este mes la hipoteca. “He tenido que elegir entre comer o pagar”, cuenta esta mujer de Estepa (Sevilla). Tiene dos hijos, de 9 y 11 años, está casada y su marido está en paro.
Con su sueldo de 1.800 euros, hace frente a una hipoteca de 800 euros, a los 350 euros de gasolina que necesita para el viaje de ida y vuelta de los 55 kilómetros que separan Estepa del instituto de Marchena donde trabaja, otros 200 euros para pagar las facturas de agua, luz y telefonía y los 170 euros del crédito del coche sin el cual no podría trasladarse a su centro de trabajo.
A principio de cada mes, a Patricia le sobran 280 euros. Sus hijos, ella y su marido, víctima de un ERE del Ayuntamiento de Estepa, acuden diariamente a almorzar a casa de sus padres. Los niños meriendan por la tarde con sus abuelos paternos. “Y por la noche llego a casa, miro la nevera vacía, suspiro y digo: no tenemos ni yogures”, relata esta joven de 39 años que, antes de que su marido fuera despedido, organizó su vida creyendo que los 3.000 euros que entraban en casa serían para siempre.
Humberto Muñoz, dirigente de CCOO, calcula que los trabajadores públicos han perdido, desde 2010, un 30% de su poder adquisitivo, consecuencia de la subida en 10 puntos del IPC, del incremento del IVA y el IRPF, la aplicación de los recortes y congelación salariales en el sector público y la eliminación o reducción importante de las pagas extraordinarias. Muñoz afirma que los trabajadores autonómicos, como en el caso de Patricia y Lola, son los que más han visto mermados sus ingresos porque acumulan los recortes de los gobiernos español y andaluz.
Miguel Altuna, profesor de Sociología Política de la Universidad de Sevilla, alerta de que el empobrecimiento de la clase media, convertida en clase social baja, “está rompiendo el contrato social” y prepara el terreno político para el mensaje antidemocrático “a ver si viene alguien y arregla esto”. Por su parte, desde CCOO Andalucía hacen hincapié en que la mayoría de los trabajadores públicos tienen salarios que rondan los 1.000 euros y que “rebajar sus condiciones laborales repercute directamente en la calidad del servicio público que prestan”.
Lola, auxiliar que trabaja con ancianos que son grandes dependientes, se pregunta: “¿Qué será de nosotros como sociedad si abandonamos a las personas mayores?”. Ella, mientras tanto, entre paseíto y paseíto en busca de lo más barato, sigue levantando, movilizando y acostando a los residentes de su centro de trabajo que ni saben ni deben saber que los meses de Lola solamente tienen 20 días.
EFE PAMPLONA-28/12/2013
Una plataforma popular ha convocado para el próximo 13 de abril una consulta entre los vecinos de la localidad navarra de Etxarri Aranatz sobre la independencia de Euskal Herria, cuya pregunta se concretará en una asamblea el 4 de enero.
Así lo han dado hoy a conocer en conferencia de prensa representantes de la plataforma, que bajo el nombre de A13 pretenden con esta iniciativa "conocer la opinión de los etxarriarras de un modo natural". "Creemos que el pueblo de Etxarri Aranatz tiene la madurez democrática suficiente para proponerle un ejercicio donde se tendrán en cuenta todas las opiniones, partiendo del respeto a todas ellas y sin ningún tipo de posicionamiento previo por nuestra parte", han asegurado.
Otras miradas
Los Presupuestos Generales del Estado tiran nuestros derechos a la basura
19 dic 2013
Mercedes Ruiz-Giménez
Los Presupuestos Generales del Estado tiran nuestros derechos a la basura
19 dic 2013
Mercedes Ruiz-Giménez
El Consejo de Europa ha dado la voz de alerta: los recortes que está llevando a cabo el Gobierno degradan los derechos humanos y provocan un preocupante incremento de pobreza y desigualdades. Desde la ciudadanía observamos esta situación con preocupación y llegamos a suspender al Gobierno en su deber de garantizar los derechos de las personas más excluidas: apenas le otorgamos una nota de 3,2.
Tanto el Consejo de Europa como la ciudadanía lo tienen claro: los recortes en las políticas sociales son una violación de derechos humanos.
Quien parece no tenerlo tan claro es el Gobierno que insiste en denominar a los Presupuestos Generales del Estado para 2014 como los “presupuestos de la recuperación”, mientras se pliega a las exigencias del cumplimiento del déficit y reduce el gasto en todos los ministerios un 4,7%. Aunque el Gobierno prevé que en 2014 el PIB crecerá un 0,7%, está recuperación no impactará directamente en un fortalecimiento de las políticas públicas sociales y en la consecuente mejora de la vida de las personas. Más bien todo lo contrario.
Quienes sí están disfrutando de ese crecimiento son las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas.
Estos Presupuestos tiran nuestros derechos a la basura y así lo hemos representado hoy frente al Congreso.
El progresivo debilitamiento de la salud, la educación, la dependencia, la igualdad o la cooperación al desarrollo ponen en serio riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos, asfixian la capacidad de las personas de vivir con dignidad y consolidan un Gobierno que no asume sus responsabilidades ante la ciudadanía.
Campeones mundiales en recortes en cooperación al desarrollo
La política pública más afectada por los recortes ha sido la Ayuda Oficial al Desarrollo, con un descenso acumulado desde 2011 del 70%. Se alcanzan, de este modo, niveles de los años 90. España ostenta el lamentable reconocimiento estar a la cabeza de los países de la OCDE en reducción de fondos de Ayuda al Desarrollo.
Mientras Rajoy alardea en la ONU de su compromiso con la cooperación y la lucha contra la pobreza, las decisiones políticas de su Gobierno indican todo lo contrario. Los números no mienten y demuestran que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 rematan una cooperación ya prácticamente desmantelada.
Los fondos son tan escasos que prácticamente se limitan a aquellos destinados a las contribuciones obligatorias a la UE. Entonces, ¿cómo hablar de una política de cooperación con relevancia global si no se le otorgan los recursos necesarios para ejecutarla?
Alegan que no hay dinero, que hay que cumplir con el déficit y que, por tanto, no hay muchas opciones. Discrepamos. Dinero hay, lo que no hay es voluntad política de recaudarlo. Es urgente que se establezcan sistemas fiscales más justos y progresivos que garanticen que empresas y grandes fortunas contribuyen de manera justa. Si se aplicara una tasa a las transacciones financieras podrían recaudarse 5.000 millones de euros al año –una propuesta, por cierto, que apoyaron todos los grupos de las oposición pero que el Gobierno rechazó incluir en los Presupuestos. Si se persiguiera con contundencia la evasión fiscal, podrían recaudarse hasta 23.000 millones de euros. Y así podríamos seguir con otras propuestas. ¿De verdad no hay dinero?
El cumplimiento del déficit no puede seguir siendo utilizado como excusa para recortar aún más los derechos de la ciudadanía y acabar con las políticas públicas sociales abocando a millones de personas a situaciones de pobreza, desigualdad e inseguridad humana.
Si realmente España quiere ser un actor internacional creíble, respetable, ético y comprometido ha de dar un giro de timón inmediato. El mundo profundamente interconectado en el que vivimos y sus enormes retos exigen actuaciones responsables que no tiren los derechos a la basura, ni aquí ni en ningún lugar del planeta.
La voluntad expresada en palabras debería demostrarse en las cuentas del Estado y en políticas que garanticen la defensa y protección universal de los derechos humanos. Las palabras sin sus correspondientes actos se las lleva el viento.
En la actualidad, el compromiso con la cooperación al desarrollo ha de ir mucho más allá de los fondos destinados en la conocida como Ayuda Oficial al Desarrollo. Los retos del momento que vivimos exigen políticas que confluyan en la lucha contra la pobreza y contribuyan a un desarrollo sostenible y sostenido, en cualquier lugar. No podemos construir por un lado y derribar por otro.
Seguir degradando las políticas sociales atenta contra los derechos humanos, mina la confianza ciudadana en un Gobierno que elude sus responsabilidades y debilita el pretendido rol de actor global responsable del que alardea el Gobierno. Y eso no lo dicen sólo las ONG, también lo dice la ciudadanía e incluso el Consejo de Europa.
Envío:Amarelle
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