31 de diciembre de 2013

JUICIOS A GENOCIDAS: PREOCUPACIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL INTERIOR.

31.12.2013
Es por el polémico desplazamiento, en noviembre, de Pablo Vassel, histórico director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura Juicios a genocidas: preocupación de los organismos del interior 
El ente responsable de la elección y remoción de jueces no adujo críticas a la labor del ex funcionario. 
Sólo señaló que dará "agilidad" y "nuevas funciones" al área. La decisión podría complicar el desarrollo de los procesos. 





Por: Demetrio Iramain
Dos meses antes de que comience la feria judicial de enero, cuando la presidenta Cristina Fernández se encontraba de licencia médica, y ante un Consejo de la Magistratura virtualmente parado, sus miembros ocuparon sus sillas para tomar algunas resoluciones, a simple vista meramente administrativas, pero que en un futuro inmediato pueden tener implicancias en el desarrollo de las causas de lesa humanidad.
En su reunión plenaria del pasado 7 de noviembre, el Consejo de la Magistratura decidió separar del cargo de director de Derechos Humanos, y hasta entonces representante ante la Comisión Interpoderes de Seguimiento y Agilización de juicios de lesa humanidad de la Corte Suprema, a su histórico titular, el doctor Pablo Vassel.
En su remplazo, fue aprobada la propuesta formulada por el consejero Daniel Ostropolsky, delegado de los abogados del interior del país, cercano al radicalismo, tan mendocino como el ex juez Atilio Romano, y consecuente defensor público de los ex jueces de su provincia vinculados con la dictadura.  

La resolución oficial que establece la separación del cargo lleva el número 176/13 y se funda en excusas formales. El presidente del cuerpo, el juez Mario Fera, refiere "problemas de seguridad en la realización de las videoconferencias, que es necesario darle mayor agilidad al área, asignarle nuevas funciones y otorgarle mayor di0namismo".

Las videoconferencias son una herramienta vital a la hora de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad cuyo traslado a la sede tribunalicia donde se instruye el proceso resulta imposible de hacer, ya sea por el estado de salud del imputado o por el peligro siempre latente de fuga. Quienes conocen los detalles de los juicios aseguran que era Vassel quien más esfuerzo ponía en la realización de las declaraciones en audio e imagen, sorteando infinidad de obstáculos interpuestos por la presidencia del Consejo.   

Para "resolverlos", ese órgano decidió cortar por lo sano, rediseñar el área y separar a su titular. Esto provocó el inmediato rechazo de decenas de organismos de Derechos Humanos, familiares de litigantes y abogados de las querellas del interior del país.

En la resolución y el proceso que derivó en ella, no se formula ninguna crítica concreta ni observación específica a la labor desarrollada por Vassel. Los únicos fundamentos esgrimidos son de forma, corresponden a un problema histórico y endémico de toda la justicia, y no sólo de los juzgados donde se tramitan causas "de lesa": las deficiencias edilicias, algo que escapa a la responsabilidad del Vassel.

El alejamiento del funcionario motivó que una veintena de organismos enviaran notas de adhesión a Vassel, con copia a las autoridades del Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Julián Álvarez, con el propósito de que se reviera la medida y su titular regresara a su función.

La preocupación se da, especialmente, en el interior del país, debido a que es en los distritos federales más alejados de Buenos Aires, con menor cobertura mediática e imputados menos conocidos, donde se dan los mayores problemas a la hora de juzgar a los genocidas. Es allí cuando la labor del secretario de Derechos Humanos del Consejo cobra relevancia y se torna definitoria.

Al respecto, fuentes consultadas por Tiempo Argentino señalaron con preocupación las sospechosas demoras en las que incurren los tribunales federales del interior del país y la burocracia judicial de la Capital cuando se trata de juzgar los crímenes imprescriptibles cometidos durante la última dictadura.

Si bien el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, expresó que investigar y condenar los delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura son parte de una política de Estado del Poder Judicial, la puja se da al momento de llevarla a cabo. Fondos que tardan en ser asignados, salas de audiencias que nunca se terminan de acondicionar, viáticos que al no pagarse a tiempo retrasan los viajes de los forenses que deben certificar el apto médico de los imputados para afrontar los juicios. Un sinfín de idas y vueltas que logran sin demasiado esfuerzo eso que no pocos segmentos del mundo de Tribunales ansían, pero que jamás será reconocido en voz alta: la demora hasta la eternidad de los juicios.


quejas y apoyos también en el extranjero
D.I.
Al menos dos docenas de cartas de adhesión y en queja ante la separación del cargo de Pablo Vassel fueron remitidas a las autoridades del Consejo de la Magistratura, el Ministerio y la Secretaría de Justicia. En todos los casos, sus firmantes solicitaron que la separación del cargo quedara sin efecto y su anterior titular regresara a su función.

Entre ellas, se destacan las cursadas por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, filial Mendoza; Abuelas de Plaza de Mayo; Abogados por la Justicia Social; Inés Izaguirre, profesora consulta de la UBA e integrante de la APDH y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales; y  Alfredo Guevara, integrante de la mesa nacional de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.  

También hicieron saber su queja las filiales Bahía Blanca de HIJOS, APDH y Abuelas de Plaza de Mayo; la neuquina de la APDH; y la asociación de Familiares de detenidos-desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Lo propio hizo Luis Zapiola, en su carácter de coordinador del NEA de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La desazón cruzó las fronteras nacionales. El Premio Nobel Alternativo de la Paz, el paraguayo Martín Almada, expresó su preocupación ante la sorpresiva separación del cargo de Pablo Vassel, de quien destacó “su talento en las tareas de investigación y de articulación para posibilitar a las víctimas paraguayas y sus familiares la búsqueda de la justicia en los procesos que se llevan a cabo en los tribunales argentinos".

En tanto, desde Porto Alegre, el titular del Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, señaló la inquietud de su agrupamiento por la separación de quien "ha sido un eficaz colaborador y partícipe del Proceso de Verdad y Justicia de nuestro país a través de sus actuaciones que permitieron conectar a los fiscales (…) y demostrar el accionar del Plan Cóndor y la cooperación represiva entre las dictaduras de ambos países". En su carta dirigida a Mario Fera, el brasileño puso de relieve la colaboración de Vassel en "la investigación que se lleva adelante en Argentina y Brasil para investigar las circunstancias de la muerte del Ex Presidente Joao Goulart".
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh

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