En marzo habría sentencia en la causa Área Paraná
Fue la respuesta del representante de la Justicia a organismos de DD.HH. La decisión está sujeta a que no haya planteos dilatorios. Durante una convocatoria se entregaron más de 2.000 firmas.
Organismos de Derechos Humanos confirmaron que en marzo se podría dictar sentencia en la causa Área Paraná, al cumplirse 10 años de la reapertura de la causa. Esa fue la respuesta que dio el secretario del Juzgado federal de Paraná, Juan Rosas Paz, ante la presencia de tres representantes que entregaron un petitorio con más de 2.000 firmas , para hacerle llegar al juez Leandro Ríos. La medida estaría sujeta a que no existan planteos dilatorios, pudo saber UNO.
“No dieron la sentencia como correspondía, ha pasado demasiado tiempo, nos merecemos una sentencia a estos tipos que nos han estrangulado la vida durante 40 años, son seis los desaparecidos en el Área Paraná”, recordó María Luz Piérola, integrante de Afader. “Me parece que es hora de que se cumpla la condena que corresponde y se haga la sentencia para dar vuelta la página”, agregó. Indicó además que “hay maniobras dilatorias desde siempre a las que se les dan lugar. Ya basta de darle lugar a los artilugios, queremos justicia”, remarcó.
Campaña
La campaña de recolección de firmas, se inició desde “Hijos Regional Paraná”, con el objetivo de “exigir inmediato juicio y castigo a los genocidas imputados por graves crímenes de lesa humanidad en la causa Área Paraná, la que a una década de su desarchivo todavía sigue sin sentencia”. El secretario de Derechos Humanos del Juzgado federal, Juan Antonio Rosas Paz, recibió a una comisión de querellantes.
“Durante este tiempo, algunos de los más terribles represores de la dictadura murieron impunes y otros se beneficiaron con arrestos domiciliarios o bien convirtiéndose en inimputables debido a enfermedades propias de la vejez. A la vez, madres y padres de nuestros desaparecidos y algunos de los sobrevivientes dejaron este mundo sin conocer el veredicto de la Justicia sobre estos crímenes que indignan a toda la humanidad”, sostuvieron desde Hijos en un comunicado de prensa.
La causa
Actualmente la causa se encuentra en la etapa intermedia, esto es se clausuró la etapa de sumario (instrucción) y se comenzó a recorrer esta etapa intermedia de plenario (29/04/2011).
Cabe destacar que “los imputados cumplen prisión preventiva hace ya más de tres años, por lo que estos han intentado articular diversos planteos en orden a recuperar su libertad y abordar la etapa final de plenario y la sentencia de esa forma, lo que si bien ha sido denegado por la Justicia, aún tramitan diversos recursos intentados por los imputados para lograr esa libertad, la que de serles concedida implicaría una seria amenaza a las víctimas y querellantes; como una posibilidad de fuga, lo que entibiaría aún más la causa y su posibilidad de justicia”, explicaron.
Actualmente ocho represores están procesados por desapariciones, secuestros, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en Paraná y Diamante en perjuicio de 52 víctimas durante la última dictadura cívico-militar.
En la causa Área Paraná se investigan las desapariciones de Pedro Miguel Sobko, Claudio Marcelo Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos José María Fernández, Juan Alberto Beto Osuna y Jorge Emilio Papetti. Por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, la causa Área Paraná tramita por escrito y a puertas cerradas.
Todos los imputados
Los imputados son: José Appelhans (con prisión domiciliaria), Rosa Bidinost (con prisión domiciliaria), Hugo Moyano (con prisión domiciliaria), Alberto Rivas (con prisión domiciliaria), Carlos Zapata (con prisión domiciliaria), Jorge Appiani (en la UP1), Cosme Demonte (en la Unidad Penal 1), Oscar Obaid (en libertad). Otros dos fueron beneficiados con la suspensión del proceso por razones de salud: Ramón Díaz Bessone y Luis Armocida. Otros 11 imputados fallecieron: Ramón Balcaza, Abel Catuzzi, Carlos Cerrillos, Alfredo Duré, José Fernández, Constantino González, Julio Paredes, Carlos Zapata, Daniel Rodríguez, Juan Carlos Trimarco, Leopoldo Galtieri.
Fuente:DiarioUnoER
Entregaron firmas y exigieron sentencia para Área Paraná
Fecha: 20/12/2013
- Organismos de derechos humanos entregaron ayer en el Juzgado Federal las más de 2000 firmas que recolectaron en el marco de una campaña para exigir celeridad en la tramitación de la denominada megacausa Área Paraná, donde se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar
Bajo un sol infernal, militantes se concentraron frente a los tribunales federales de Paraná, en el día en que se cumplieron 10 años de la reapertura de la causa. Un grupo de querellantes se reunió con el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal, Juan Rosas Paz, a quien le entregaron las firmas recolectadas para que se las hiciera llegar al juez Leandro Ríos. Mientras tanto, mientras afuera realizaban una intervención artística para exigir que se dicte sentencia contra los ocho represores imputados.
La causa se inició tras el retorno de la democracia, primero en los tribunales militares, hasta que Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso ante la falta de resultados de esas investigaciones. Pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. El 19 de diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Álvarez pidió su desarchivo y, el 11 de mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente. Diez años después, la causa Área Paraná no tiene sentencia.
El proceso se desarrolla por el antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal, de 1888, que prevé actuaciones escritas. En julio de 2011, los fiscales Silva y Candioti formularon la acusación contra 10 ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles que actuaron durante la última dictadura, por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 52 víctimas, cinco de las cuales están desaparecidas. Pero desde entonces la causa se trabó por la sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas y en este tiempo, dos represores fueron separados por cuestiones de salud.
El 24 de octubre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó a Ríos como juez de sentencia y por estos días los defensores de los imputados están presentando sus descargos a las acusaciones de los fiscales y querellantes.
Reclamo. Los organismos emitieron un documento en el que destacaron que “durante este tiempo, algunos de los más terribles represores de la dictadura murieron impunes y otros se beneficiaron con arrestos domiciliarios o bien convirtiéndose en inimputables debido a enfermedades propias de la vejez. A la vez, madres y padres de nuestros desaparecidos y algunos de los sobrevivientes dejaron este mundo sin conocer el veredicto de la justicia sobre estos crímenes que indignan a toda la humanidad”, manifestaron.
En otro tramo del documento, señalaron que “los imputados cumplen prisión preventiva hace ya más de tres años, por lo que estos han intentado articular diversos planteos en orden a recuperar su libertad y abordar la etapa final de plenario y la sentencia de esa forma, los que si bien ha sido denegado por la Justicia, aún tramitan diversos recursos intentados por los imputados para lograr esa libertad, la que de serles concedida implicaría una seria amenaza a las víctimas y querellantes; como una posibilidad de fuga, lo que entibiaría aún más la causa y su posibilidad de justicia”, explicaron.
Frente a los tribunales, María Luz Piérola, coordinadora del Registro Único de la Verdad, señaló a la agencia APF que “no dieron la sentencia como correspondía, ha pasado demasiado tiempo y las víctimas nos merecemos una sentencia contra estos tipos que nos han estrangulado la vida durante 40 años”.
La integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader) y querellante en la causa agregó que “es hora de que se dicte la sentencia que corresponda y cumplan la condena, para dar vuelta la página”.
Quedan ocho
Los represores están acusados por delitos que en forma genérica se configuran como secuestros, torturas, apremios ilegales y homicidios. Los imputados son: los ex militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía Carlos Horacio Zapata; el ex agente de la Policía Federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Después de 2011 se decretó la suspensión del proceso por cuestiones de salud a Ramón Genaro Díaz Bessone y Luis Francisco Armocida. Desde la reapertura de la causa han fallecido 11 represores: los ex militares Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Trimarco, Abel Teodoro Catuzzi, Carlos Patricio Zapata; los ex policías federales Constantino Francisco González, Carlos María Cerrillos, José Faustino Fernández, Osvaldo Luis Conde; y los ex policías entrerrianos Daniel Manuel Rodríguez, Alfredo Ismael Duré y Ramón Oscar Balcaza.
Fuente:LaVoz
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