26.12.2013anuario política
Un hallazgo que abre la puerta para investigar a los mentores civiles del Golpe
Un hallazgo que abre la puerta para investigar a los mentores civiles del Golpe
El hallazgo de las actas secretas de la Junta Militar, que usurpó el poder entre 1976-1983, constituyó por su relevancia histórica y jurídica uno de los hechos más alentadores que 2013 aportó a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, abriendo las puertas a futuras investigaciones sobre los mentores civiles del golpe cívico-militar.
La decisión, destacada por el titular de Defensa como signo de una nueva etapa del país, en la que las Fuerzas Armadas manifiestan voluntad de involucrarse con la vida institucional, alienta la posibilidad de que otros materiales puedan hallarse en otras dependencias militares.
La documentación original lleva las firmas de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y, por su validez probatoria, el Ministerio de Defensa las puso a disposición de la justicia para aquellas causas en la que son investigados crímenes de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos, querellantes, familiares de víctimas de la dictadura cívico militar y sobrevivientes celebraron la noticia con la esperanza de que después de 37 años de escribirse la página más negra de la historia argentina, el hallazgo contribuya para que todos los responsables -civiles, militares y eclesiásticos- reciban justicia antes de morir impunes.
Una primera desclasificación abre la puerta a futuras investigaciones judiciales porque deja en evidencia la participación de poderosos sectores económicos y financieros que en sociedad con las fuerzas armadas fueron los ideólogos del modelo de desindustrialización, con fuerte endeudamiento y sometimiento a los organismos financieros internacionales.
Papel Prensa es quizás el caso más emblemático que demuestra ese vínculo, y surge como prueba contundente de que para aplicar ese modelo económico, era imprescindible contar con el silencio de la prensa, otorgándole el monopolio de la producción de papel.
En quince actas se efectúa un seguimiento exhaustivo sobre la transferencia de las acciones del grupo Graiver a los directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, imputados en la causa judicial que el juez federal Julián Ercolini investiga y que serán determinantes para investigar la relación entre la detención ilegal que sufrieron los miembros de la familia Graiver, bajo la comisión de delitos de lesa humanidad, con la venta de Papel Prensa.
Otro caso que muestra la complicidad entre las juntas militares y sectores económicos y financieros se revela con el documento fundacional de los integrantes por entonces de la Asociación de Bancos de Argentina (ADEBA) orientando sobre el modelo político y económico a llevar adelante por el gobierno militar, presentado como "una contribución de la banca nacional".
Las carpetas confirman también datos que no tenían prueba documental acerca del apoderamiento de cientos de empresas bajo torturas en centros clandestinos de detención con la creación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que amparó con el disfraz de legalidad los delitos económicos de la dictadura.
Los genocidas negaron sistemáticamente la existencia de los 30 mil desaparecidos pero las actas revelan discusiones sobre "qué decir a la opinión pública" y aunque no existen listas con nombres, se hallaron los documentos que fueron gestándose desde 1979 ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentando dar explicaciones sobre los desaparecidos.
Consideran "excesos durante los interrogatorios" a las sesiones de torturas, califican la acción de los torturadores de "reacciones emocionales", y disponen que "los desaparecidos se consideran muertos aún sin precisarse causa y ubicación de su sepultura", tal como señala el documento final dado a conocer en abril de 1983 para lograr la impunidad, después de haber sido consultado con la jerarquía católica, como los documentos muestran con la firma del cardenal de Córdoba, Raúl Primatesta.
Los referentes de la cultura también fueron víctimas de la represión, lo mismo que estudiantes, militantes populares, trabajadores, gremialistas, periodistas, educadores y sacerdotes, y aunque era "vox populi" la existencia de listas negras con los nombres de los artistas prohibidos, el hallazgo de las actas donde se catalogaban a las personas con categorías según su "peligrosidad" fue contundente.
Las actas secretas serán materia de análisis por parte de jueces que llevan adelante causas por crímenes de lesa humanidad y permitirá el inicio de nuevas investigaciones, pero también serán exhibidas públicamente para que la sociedad en conjunto pueda apreciar su verdadera dimensión histórica.
Fuente:Telam
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