UNA ENCUESTA DESCRIBE LA REACCION A LOS MOTINES POLICIALES Y LOS SAQUEOS.

UNA ENCUESTA DESCRIBE LA REACCION A LOS MOTINES POLICIALES Y LOS SAQUEOS

Nadie cree en casualidades

El repudio es generalizado, como la convicción de que los agentes dejaron librados a su suerte a los ciudadanos y que los robos fueron organizados para desestabilizar al Gobierno. La mala imagen de las fuerzas provinciales.

Por Raúl Kollmann

Imagen: Télam

Siete de cada diez argentinos consideran que “los policías no sólo dejaron librados al azar a los ciudadanos, sino que promovieron los saqueos”. Este diagnóstico de la gran mayoría tiene otras connotaciones: se considera que los saqueos fueron organizados, que participaron sectores políticos que quieren desestabilizar al Gobierno y hay una evaluación muy negativa de las policías provinciales, lo que contrasta con una buena imagen de la Gendarmería.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron mil personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El sondeo se realizó por teléfono entre los días 15 y 17 de diciembre.

Del trabajo realizado por Bacman queda claro que existe un respaldo a iniciativas como la planteada por el senador Aníbal Fernández, quien presentó un proyecto de ley para penalizar a los policías que abandonan el servicio. El texto, que se tratará en sesiones extraordinarias, penalizará con multas y uno a tres años de prisión a los efectivos que abandonan el servicio, pero las penas trepan incluso hasta los ocho años de prisión cuando se pierdan vidas o se produzcan serios destrozos. Lo que se ve en el sondeo es que el 71,7 por ciento de los consultados están de acuerdo con la siguiente frase: “Los policías no pueden extorsionar y tomar de rehén al resto de la sociedad, abandonando las calles a los delincuentes hasta que se cumplan sus exigencias salariales”. Expertos en seguridad como León Arslanian han dicho que no ven con malos ojos que los policías tengan su sindicato como para tratar con las autoridades sus reclamos, incluso que tienen todo el derecho a plantear sus reclamos salariales, pero que de ninguna manera se pueden permitir las huelgas policiales porque desprotegen a la sociedad.

La palabra extorsión aparece con nitidez en la encuesta. Es que cuando a la gente se le pregunta sobre el carácter de los saqueos, siete de cada diez personas le contestaron al CEOP que había vínculos entre los policías que no prestaban servicio y los que impulsaban los saqueos. Hubo policías detenidos en Tucumán y Entre Ríos, por ejemplo, a quienes se les encontraron elementos robados en sus domicilios. Eso seguro que pesó en la opinión pública.

Pero aun sin esos hallazgos, el ciudadano común tiene claro que hubo una metodología en los hechos. Los policías pararon y al mismo tiempo mediante mensajes de texto y llamadas por celular ponían en marcha a pequeños grupos, que por lo general se movieron en motos, y hacían punta en los saqueos. La sospecha quedó más que instalada en Córdoba, pero se ve que abarca todo el territorio nacional porque los encuestados –en un 69,5 por ciento– sostienen que hubo vínculo entre policías y saqueadores.

En sintonía con todo el diagnóstico anterior, para la gran mayoría queda claro que los hechos ocurridos en este diciembre fueron organizados, no espontáneos. Casi ocho de cada diez personas consideran que los saqueos no surgieron de la nada, por arte de magia, sino que hubo una organización detrás. El primer paso, el de los policías, pero luego se sumaron –según sostienen los encuestados– “sectores políticos que quieren desestabilizar al Gobierno”; “grupos de delincuentes organizados” y en la enumeración casi no aparece la alternativa de que se trató de personas necesitadas.

La cuestión policial aparece continuamente en el centro de la escena. El puntapié inicial de este año se produjo en Córdoba, que venía justamente de la caída de toda la cúpula de la policía provincial por sus vínculos con el narcotráfico. En la provincia mediterránea, para colmo, también se les había cedido a los uniformados el Ministerio de Seguridad, ya que el titular de esa cartera, Alejo Paredes, también era policía, lo mismo que el titular de la fuerza, Ramón Frías. En la encuesta del CEOP, el 60 por ciento de los consultados dicen tener mala imagen de la policía provincial de su respectivo distrito. Es que, al igual que en muchos otros países, está instalada la idea de que las fuerzas policiales están muy vinculadas con el delito.

En este terreno es que pesa la opinión, por ejemplo, del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, que en este diario insistió en la necesidad de reformar las policías y lo planteó como una de las deudas de los 30 años de democracia. En la otra punta hubo un 80 por ciento de los encuestados que dijeron tener una opinión positiva de la Gendarmería, una fuerza que está menos mezclada con el quehacer diario y la gente la percibe todavía alejada de los arreglos que están en el trasfondo de las actividades delictivas.

La conclusión tácita del sondeo, pero también de los expertos, es que la seguridad no puede quedar en manos policiales, sino que debe haber un gobierno firme y un estricto control por parte de las autoridades políticas. Esta cuestión de fondo ha sido planteada siempre por el gobierno nacional, pero en muchísimos distritos existe la idea de que “dejando hacer” a los uniformados se logra una especie de paz con la delincuencia, se pacta un statu quo que evita desbordes. Los últimos hechos y lo que se percibe en la encuesta es que en la cuestión de seguridad los gobiernos se tienen que meter cada vez más y que no puede haber pactos.

OPINION

Los conflictos y el poder
Por Edgardo Mocca

Imagen: Sandra Cartasso

Acontecimientos de muy diversa naturaleza y causalidad –desde extorsiones policiales llamativamente generalizadas en una importante cantidad de provincias y saqueos en zonas previamente liberadas por esas policías, hasta cortes prolongados del suministro de energía en grandes ciudades– han contribuido, en su insólita simultaneidad, a configurar un clima político visiblemente enrarecido.

Resulta complejo establecer un cuadro del conjunto de la situación. Sin embargo, sin ese cuadro no hay análisis político. Claro que construirlo no equivale a enlazar arbitrariamente los acontecimientos ni, mucho menos, recurrir a ese remedio mágico contra la complejidad de lo político que son las teorías conspirativas. Estas hipótesis, que siempre presuponen algún actor unitario y omnipotente que mueve los hilos de la conspiración universal, han fabricado poderosos anticuerpos en el mundo intelectual y periodístico; tienen una bien ganada mala fama. Ahora bien, sucede a veces que el rechazo del atajo conspirativo va aparejado con la renuncia a un análisis político de conjunto, a un intento por establecer una trama analítica de los acontecimientos.

Está de moda hoy llamar “relato” a esa trama orgánica en la que se inscriben los hechos particulares y de la cual estos hechos toman su sentido social y político. Cada uno de los actores sociales protagónicos de las situaciones particulares tiene su propio relato. El agente policial puede explicar su apoyo a la “protesta” sobre la base de reivindicaciones insatisfechas por el poder político; los diversos sectores perjudicados por el corte de luz demandan razonablemente que las autoridades involucradas asuman su responsabilidad en la solución del problema y en las compensaciones a los daños sufridos. Así, hay también planes de lucha de sectores sindicales que esgrimen reclamos justos y razonables, como lo son también las quejas de múltiples y heterogéneos conglomerados sociales que consideran que sus demandas no son satisfactoriamente atendidas. No se puede, sin embargo, construir una clave interpretativa sobre la base de la simple suma o el amontonamiento de relatos parciales; y no se puede, sencillamente, porque ni la sociedad ni la política pueden reducirse a esa suma de experiencias heterogéneas entre sí. A ese método se le pierde un eslabón decisivo en la interpretación: las relaciones de poder en el plano nacional y la puja de poder que en esas relaciones se desarrolla. Esas relaciones y esas luchas por el poder pueden estar más o menos presentes en la conciencia de los actores sectoriales, pero en ningún momento dejan de influir en los acontecimientos. Para graficar un poco tanta abstracción: cómo, si no desde la perspectiva del poder, puede explicarse el apoyo de Moyano al Gobierno hace dos años y su actual beligerancia extrema; ¿es la orientación del Gobierno en materia distributiva o la posición de Moyano en la lucha de poder lo que se ha modificado drásticamente?

Si la escena política se ha enrarecido no es, entonces, por la mera suma de episodios particulares de innegable impacto social. Lo que le da a la escena el nivel actual de dramatismo es la existencia de un problema principal, el del poder político en el país. Por si hace falta aclararlo más aún: no se habla acá de una intención unánime y deliberadamente desestabilizadora de los protagonistas de cada escena parcial; cada una de ellas tiene razones y tiene causas. De lo que se trata es de la capacidad que tiene la lucha por el poder de capturar las racionalidades particulares y absorberlas en una lógica común, en una lógica, justamente, de poder.

Cuando de lo que se trata es de la lucha por el poder, poco importa si en tal o cual conflicto tenemos que situarnos en la defensa de lo que, mirado desde la particularidad, no quisiéramos defender. Miremos si no, a Carlos Pagni en su columna del diario La Nación agitando el abandono por parte del Gobierno de su política de memoria, verdad y justicia, supuestamente consumado con la aprobación parlamentaria del ascenso del general Milani. La preocupación del comentarista no armoniza con su posición durante estos últimos años ni con la insistente e indignada prédica del medio en el que trabaja contra la política del Gobierno en la materia.
La derecha hizo su diagnóstico a la salida de las elecciones legislativas. Dijo que el futuro era, o bien una “transición” ordenada (y obviamente acordada con los poderes fácticos) o el caos. De ahí en más no hace falta teoría conspirativa alguna para explicar las crecientes tensiones políticas: se va a actuar sistemáticamente, más aún de lo que se viene haciendo en los últimos cinco años, para convertir cada conflicto local en una chispa válida para el gran incendio. Claro que cada una de esas chispas –las policías autocontroladas y a la vez desmadradas, la falta de inversión de las empresas concesionarias de los servicios, la subsistencia de fuertes bolsones de pobreza y marginación– son preguntas sobre nuestra situación política y social que no admiten respuestas autocomplacientes. El país está en un punto de su historia que no es el del prólogo al gigantesco derrumbe de fines de 2001 ni es el de la superación plena del orden que produjo aquel colapso y la consolidación definitiva de un rumbo diferente de desarrollo. Más aún: muchas de las políticas concebidas como reparación de los males sociales más agudos y urgentes generaron nuevos problemas y nuevas contradicciones, aunque ese noble origen de los problemas no exima de la obligación de asumirlos y superarlos. Un país que pasó por las circunstancias terribles, y no del todo superadas, de una crisis orgánica que amenazó hasta su viabilidad como comunidad política, no puede no estar atravesado por estos polvorines sociales. En este país se desmanteló la industria, se condenó a millones al desempleo y a la marginación, se entregó el patrimonio nacional casi totalmente, se destruyeron los ferrocarriles, se regaló la aerolínea de bandera. Y, ante todo, especialmente a partir de la última dictadura, se debilitaron extraordinariamente la cultura de la ley, el respeto de lo público y la idea de justicia. El déficit estatal argentino viene de mucho más lejos y no puede explicarse sin referencia a la sistemática usurpación del poder legal por parte de fuerzas armadas comprometidas con las clases dominantes, durante gran parte del siglo pasado. Conocimos el atropello brutal contra todo derecho humano en los tiempos de la última dictadura y la reestructuración neoliberal de nuestra sociedad en los años noventa: Estado terrorista y privatización neoliberal como portadores de la misma sustancia antiestatal y antipolítica. Alrededor del Estado, de su capacidad para regular al mercado, de su efectivo poder de decisión, de su capacidad para proveer orden en un contexto de respeto por los derechos individuales y sociales y con un sentido de justicia social, gira el conflicto político central en Argentina. Más que nunca la consolidación del Estado soberano se juega en el terreno del consenso social y la arena de disputa es la cultura política de los argentinos.

Claramente la idea articuladora de los conflictos que sostiene la derecha no es de índole “positiva”, es decir, no es una plataforma política desde la cual se proponga una nueva forma de convivencia social entre los argentinos. Los conflictos se articulan en su “negatividad”; su fuerza, en las versiones más duras y audaces, es la de converger en un dispositivo que pueda generar una situación de absoluta ingobernabilidad. La gobernabilidad es la calle, según lo acaba de precisar cierto economista que trabaja para el establishment de los buitres. La calle es el punto más sensible de éste y de cualquier otro gobierno: ahí es donde se juega la capacidad de ejercer el orden con el mínimo posible de violencia legal. En la calle están los cuerpos y está siempre latente la violencia. Por eso puede hablarse de estos acontecimientos como inscriptos en una estrategia de lucha por el poder. No porque cada hecho lo sea desde la perspectiva de sus actores, sino porque convenientemente amplificados e inscriptos en una descripción de lo que ocurre, los acontecimientos transforman su sentido, dejan de ser lo que son como conflictos particulares para convertirse en escenas de lucha por el poder. Los hechos no son los hechos: son la inflación, la inseguridad, la corrupción, la ineficacia gubernamental, todos ellos conceptos que no pueden ser discutidos ni problematizados, son presentados por la maquinaria mediática dominante como un dato del más elemental sentido común. Son el “relato” habilitante de la provocación desestabilizadora.

Los cambios en el gabinete y en algunos formatos institucionales (claramente, el lugar de la Jefatura de Gabinete) son también parte de esta lucha, una adecuación de formas y de tiempos por parte del Gobierno que parte de dos hechos fuertes: el retroceso electoral de octubre y la imposibilidad de la re-reelección de la Presidenta. Se nota un doble esfuerzo: el de mejorar la gestión estatal de las políticas públicas que se impulsan y el de jerarquizar la comunicación y el debate público. La preservación de la figura presidencial frente a ciertas circunstancias conflictivas y el intento de ganar la iniciativa en la construcción de la agenda pública diaria se insinúan como logros de estos cambios. La formulación de la idea de la unidad entre los argentinos que queremos vivir en democracia, hecha por Cristina en su mensaje público del último 10 de diciembre, es una idea fuerza muy importante. Supone distinguir claramente entre quienes quieren ganarle al Gobierno la próxima elección y quienes quieren impedir, por los medios que sean necesarios, que este gobierno llegue a la próxima elección. Un debate más abierto y más rico puede contribuir a esa diferenciación y hacer más difícil la alianza de hecho entre sectores que defienden (o dicen defender) proyectos de país inconciliables entre sí. Lejos de suponer un debilitamiento, una mayor apertura en la discusión pública es una de las claves para la continuidad de la experiencia política argentina nacida hace diez años.

OPINION

¿Controlar la policía o mandar?
Por Martín Granovsky

La ola de revueltas en las policías provinciales puso de moda un verbo: controlar.

La solución vendría de la mano de un mayor control. Control de la policía por parte de los funcionarios políticos. Control de los planes de estudios. Control del comportamiento policial. Control, control, control.

Al mismo tiempo circula una narrativa sobre qué pasó con las fuerzas federales de seguridad desde 2003. Dice el relato que durante más de siete años, los que van desde la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, a la creación del Ministerio de Seguridad y la designación de Nilda Garré, el 15 de diciembre de 2010, las fuerzas se habrían autogobernado. La narración se refiere sobre todo a la Policía Federal.

Como el asunto es institucional y no historiográfico, tanto el verbo “controlar” cuanto el relato pueden llevar a conclusiones equivocadas. Por un lado, sobre el pasado. Por otro, y más importante, sobre el futuro a construir.
En cualquier política pública el control de gestión es imprescindible para verificar el cumplimiento de las metas propuestas. Y en otra acepción de los mismos términos, para el Ejecutivo tener el control en la mano es la única herramienta eficaz para gobernar.

Las fuerzas policiales están compuestas por civiles, no por militares que responden al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En el plano orgánico la Gendarmería ya dejó de ser un apéndice del Ejército. Lo mismo ocurrió con la Prefectura respecto de la Armada. En los 30 años de democracia, cada uno de estos fenómenos estuvo cruzado por tradiciones militaristas que la propia democracia fue rompiendo, muchas veces como resultado de acontecimientos al estilo de las rebeliones militares o del análisis de las violaciones masivas a los derechos humanos. A menudo, en el forcejeo, la Prefectura y la Gendarmería se tentaron con funciones cuasi militares. También la Armada y el Ejército buscaron ejercer papeles vinculados con la represión interna.

El primer número de Página/12 es una buena muestra de esas tensiones. La tapa del 26 de mayo de 1987 llevaba como título “Sí, juro”. La volanta aportaba otra información. “Fidelidad con dudas”, decía. La noticia del 25 de mayo de 1987, a tres años y medio de democracia, es que los militares estaban obligados a jurar por la Constitución. Era noticia. Lo era en un país donde el mismo Ejército buscaba demostrar que, como se remontaba a las milicias que combatieron a los invasores ingleses de 1806 y 1807, es decir a un período anterior a la Revolución del 25 de mayo de 1810 o a la declaración de independencia del 9 de julio de 1816, resultaba anterior al propio Estado. Era noticia un mes después del primer levantamiento carapintada. Y era noticia (por eso las dudas de la volanta) porque la nota de Horacio Verbitsky daba cuenta de que un oficial se negó a jurar por la Constitución argumentando que muchos de los uniformados no conocían en profundidad el texto por el que se jugarían su carrera. O su vida. Parte de los reparos que generó, por ejemplo en el CELS, la foja de servicios del general César Milani tiene relación con ese pasado. Otra parte reactualiza una polémica. Un jefe del Ejército que habla más de “proyecto nacional” que de Constitución, ¿es un paso adelante o un retroceso? El debate es aún más agudo si se tiene en cuenta no sólo la historia argentina del siglo XX, con el Ejército convertido en Partido Militar, sino lo que sucede en los últimos años, con las presiones externas para que el Ejército y las otras dos fuerzas hagan las veces de una superpolicía dedicada a combatir el narcotráfico.

Parece importante evaluar cómo sigue un tema en el que sería razonable pensar que todavía hay mucho que discutir, mucho que pensar. En lo grueso, si el Estado resuelve evaporar la frontera entre lo policial y lo militar el futuro será de un modo. Si mantiene la frontera legal actual y no recurre a ningún atajo, el debate sobre la cuestión de las policías tendrá otro marco.

Pero aun en el segundo de los casos, el de la frontera nítida, queda pendiente afinar más la discusión sobre el control. ¿No será más fácil exponer soluciones si en lugar de “controlar” el verbo fuera “mandar”?
¿Qué significa mandar para un gobernador o un presidente? Equivale a bajar al terreno práctico, el de las órdenes cotidianas. O el de las grandes órdenes: combatir el delito organizado, aumentar la prevención, hacer un uso responsable, profesional y proporcionado de la fuerza, evitar las muertes en general y no caer de ninguna manera en la muerte como recurso disuasivo.

La narrativa que a veces circula dentro del propio gobierno o del kirchnerismo olvida algunos hechos históricos que son de conocimiento público. Están al alcance de cualquiera en los diarios puestos en Internet.
Néstor Kirchner también comenzó con un gobierno débil en materia de seguridad. Demoró un año en ejercer el mando y no sólo el control. Lo terminó haciendo por una combinación de factores.

Uno, su propia convicción, reforzada luego de que fuera asesinado el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda Martín “El Oso” Cisneros, en La Boca el 25 de julio de 2004. De regreso tras una gira por China, Kirchner comentaba en las escalas: “La muerte del Oso no me la perdono.
Nos habían dicho que la policía y los narcos lo querían matar”.

Otro elemento fue la represión policial violenta en la Legislatura porteña contra los opositores a un nuevo Código de Contravenciones, el 16 de julio de 2004.

El tercero, el desafío de la cúpula policial a través del comisario René Jesús Derecho, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones. Kirchner lo desplazó del mismo modo que a su antecesor, Jorge “Fino” Palacio.

El cuarto factor fue la negativa del jefe de policía Eduardo Prados, a cumplir la orden de que los efectivos fueran sin armas a cualquier acto originado en un conflicto social. Prados consideró la orden como “humillante”. También pensaba lo mismo el entonces secretario de Seguridad y promotor de Palacio a la jefatura, el ex fiscal Norberto Quantin.

Kirchner completó entonces la remoción de la cúpula y designó al frente a Néstor Valleca de jefe y Jorge Oriolo de subjefe. Su mensaje implícito era que no cumplir las órdenes no era una simple cuestión reglamentaria, sino que llevaba al desplazamiento, y eso a cualquier nivel de la Federal. En un discurso a tono con la instrucción presidencial, Valleca asumió en agosto con estas expresiones: “Estamos preparados y dispuestos a cumplir nuestra misión, aun en las circunstancias más adversas, asegurando el orden y ejerciendo cada intervención con firmeza, prudencia y serenidad”. Dijo que, por motivos de complejidad social, “uno de los peligros más despreciables y arteros que se plantean a la labor policial es la provocación”. Y cerró de este modo: “Vamos a priorizar la prevención con la instrumentación de medidas que esta jefatura, junto con las autoridades políticas, dispondrá en lo inmediato desarrollando procedimientos más seguros y eficaces tanto para la ciudadanía como para nuestro personal. La fuerza de nuestra institución no está en las armas, sino en la unidad de sus integrantes junto a la sociedad y en el cumplimiento irrestricto de las leyes”.

“Yo no quiero un Klodczyk”, repetía por ese entonces Kirchner a sus amigos. Se refería a Pedro Anastasio Klodczyk, el jefe de la Bonaerense, la Maldita Policía de Eduardo Duhalde. “No lo quiero porque me niego a tener un jefe de policía que sea socio mío y no lo quiero porque en esos casos uno sabe lo que pasa: el que empieza como socio te termina mandando a vos, que fuiste elegido por el pueblo.”

LA ABOGADA DE DERECHOS HUMANOS MARITE SANCHEZ ANALIZA LAS CAUSAS DE LA HUELGA

El mensaje que mandaron los policías

“Sin nosotros es el caos” es el resumen de la situación en Córdoba. El estilo de gobierno de De la Sota y el chiste del helicóptero.

Por Marta Platía

Sánchez piensa que los policías amotinados organizaron los saqueos.Imagen: Télam

Marité Sánchez es abogada de derechos humanos, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad en los campos de concentración de la provincia durante la dictadura. Su análisis de lo ocurrido en Córdoba a partir del acuartelamiento policial y los saqueos del 3 y 4 de diciembre muestra su mirada “continental” de los levantamientos policiales: “En realidad lo preocupante es que ya han ocurrido en varios países latinoamericanos. Creo que esto es lo que los hace más peligrosos. Estuve en julio en Brasil mientras hubo un levantamiento de la policía; y con anterioridad ya había sucedido en Ecuador. Creo que no hemos analizado en profundidad por qué se dan estos acuartelamientos, y me parece un dato sumamente importante porque en épocas anteriores nosotros veíamos que daban un golpe de Estado aquí, otro allá, hasta que vivimos el golpe del ‘76 que instauró el terrorismo de Estado en nuestro país. Pero previamente ya los había habido en otros países de la zona... Pienso que tendríamos que analizar la relación que existe con la política exterior de los Estados Unidos, y que hay de común y de distinto en estos diversos levantamientos de la policía. Por otro lado, los levantamientos que se produjeron aquí tienen características distintas según la provincia”.

–¿Y qué diferencia al de Córdoba de los demás?
–En el caso concreto de Córdoba habría que distinguir dos cuestiones: una que tiene que ver con los sueldos y los planteos salariales; que era un problema que se venía arrastrando y que el gobernador no resolvió. Se fue de viaje, dejó esta cuestión abierta y evidentemente no dejó ninguna instrucción. Nadie del gobierno salió a hablar cuando el hecho se dio. Solamente habló el gobernador cuando volvió...

–¿Exceso de personalismo?
–De centralismo, diría yo. Y también si se quiere, es un tipo de visión del poder que me parece que jugó fuertemente en el caso concreto de Córdoba. Y, por el otro lado, junto con el acuartelamiento, se produjeron los saqueos. Y esos saqueos tenían también características comunes, eran personas que iban de a dos, en motos; lo que saqueaban eran artículos como bebidas, televisores, ningún artículo de primera necesidad, nada para comer... Como una necesidad que la gente aprovechara en forma espontánea. Esto me hace suponer que no fue espontáneo, sino todo lo contrario, que había una organización detrás de ese acuartelamiento, y que habría que distinguir y hacer una investigación profunda de si era toda la policía que se acuarteló, o fue algún grupo que tenía conexión con los saqueadores, ya que se produjeron a partir de determinada hora y con las mismas características.

–Y en casi un millar de sitios de la ciudad casi simultáneamente...
–Exacto. Eso mostró con toda claridad que había una planificación, y que la planificación de alguna forma pretendía mostrar que sin la policía nuestra provincia, nuestra ciudad, se convertía en un caos.

–Algo así como, los privamos de nuestra presencia y miren lo que pasa.
–El mensaje es “sin nosotros la inseguridad es absoluta”. Pero yo creo que a partir de esos hechos hay que pensar la cuestión al revés. Lo primero es que generalmente ante el miedo que se instala por inseguridad en la sociedad, la respuesta inmediata que generalmente ha dado el gobierno de Córdoba es que se necesitan más policías. Que se necesitan helicópteros que estén dando vuelta por la ciudad con todo el gasto que eso implica.

–La presencia de ese helicóptero se ha convertido casi un chiste cordobés: sobrevuela los barrios de noche con un reflector y nadie entiende qué pueden detectar desde allí arriba.
–Absolutamente, porque mantener un helicóptero dando vueltas es un gasto grande y tampoco implica ningún nivel de seguridad. Aun en ese concepto acotado de seguridad, que no es el mío. Pero lo cierto es que no da ninguna respuesta. Ni tampoco más policía. Una gran cantidad de policía que se vuelve incontrolable. No nos podemos olvidar que tienen las armas, y por lo tanto la inseguridad y el peligro pueden ser aún mayores.

–Conforman todo un ejército armado.
–Uno que, en cualquier momento y de hecho ya lo demostró, se puede volver en contra. Un bumerang. Y todo esto en una provincia en la que ya se dio un golpe de Estado policial, como fue el Navarrazo de 1974. Tenemos ya un antecedente histórico y de lo que esto significó como primer paso hacia mayores niveles de represión. Desde el ‘74 al ‘76, que ocurrió el golpe, los que vivíamos en Córdoba sabemos lo que esto significó. Entonces esta cuestión de una policía que no se supedita al poder político y que por otro lado el gobernador no controla evidentemente desde ningún aspecto, es peligrosa. El gobernador ni siquiera ha atendido algunas demandas laborales que, de haber sido contempladas en su momento, podrían haber dado una salida razonable. Entregó todo lo que pedían los acuartelados y en su primer discurso pretendió poner la responsabilidad en el gobierno nacional, cuando todos sabemos que esto se trató de una cuestión de irresponsabilidad del propio mandatario.

–¿Cómo cree que podría solucionarse este tema?
–Pienso que el tema de la policía debe ser evaluado en cada una de las provincias de acuerdo con sus características locales. La meta es una policía que se pueda tener, controlar y que se supedite al poder político.

–¿Sí o sí se va a una sindicalización?
–Creo que aquí en Córdoba sí se ha avanzado bastante en ese sentido. No sé en otros lugares. Tampoco sé si se va a dar. Creo que en este momento sería peligroso tratándose de un servicio público que debe estar supeditado al poder político y está armado.

–En algunos países se aplicó su descentralización.
–No soy especialista en el tema, pero sí creo que ante todo debe hacerse un estudio y una investigación profunda sobre lo que ha ocurrido. De todo lo ocurrido. Y de cómo se relaciona el acuartelamiento con hechos anteriores que llevaron a la renuncia del jefe de la policía.

–¿Se refiere al llamado narcoescándalo?
–Sí, y estoy convencida de que hay que revisar todo eso para que no se trate sólo de una salida de circunstancia y que se tomen las verdaderas riendas de la cuestión.

–¿Y cuál es su opinión sobre el quiebre que se ha producido en el tejido social?
–Creo que en gran parte de la ciudadanía hizo crecer un sentimiento de impotencia, de una gran incomprensión. Esto asusta porque nos hace ver una sociedad disgregada, poco solidaria; y también se transforma en un espejo. Nos muestra a nosotros mismos: con instituciones que no pueden dar respuesta inmediata a esas situaciones. Nuestra sociedad no respondió. Y esto es grave. Y cuando digo sociedad, hablo de todos los sectores. Resolver esto es ahora prioritario para seguir.

POLICIAS DETENIDOS EN TUCUMAN POR “SEDICION”

Ocho con preventiva

La Justicia provincial acusa como organizadores a cinco suboficiales en actividad y a tres, expulsados el año pasado por otra huelga. Investigan sus comunicaciones y los mensajes en Facebook.

Por Rosalía Cazorla

En Tucumán hubo fuertes saqueos y seis muertos a principios de mes.Imagen: DyN

Desde San Miguel de Tucumán

La Justicia provincial acusa a un grupo de policías locales de haberse alzado en armas contra el gobierno y dejado en estado de indefensión a la ciudadanía. Hay filmaciones de las negociaciones, cruces telefónicos, actas de reparticiones policiales y elementos secuestrados durante las detenciones que ya son los elementos con los que cuentan los fiscales Washington Navarro Davila y Adriana Gianoni para requerir la prisión preventiva. De los ocho policías detenidos, cinco estaban en actividad y tres habían sido cesanteados en 2012 por participar de un alzamiento similar, pero menos virulento que el de este diciembre.

Los cesanteados de 2012 fueron el entonces comisario Miguel Angel Toledo y los suboficiales Angel Chaile y Diego Herrera. Los tres participaron del reclamo salarial en marzo de ese año, un conflicto al cabo del cual se les hizo sumario administrativo y terminaron separados de la fuerza. Ellos sostienen que la decisión fue arbitraria porque los cabecillas del conflicto no fueron sancionados. Entre el 9 y el 11 de este diciembre, fueron Toledo, Chaile y Herrera quienes llevaron a cabo las negociaciones por mejoras salariales, sosteniendo un conflicto que, ante la falta de policías en las calles, derivó en el saqueo de cerca de 250 comercios y la muerte de seis personas.

Los otros detenidos que participaron de las negociaciones con el gobierno son los suboficiales Sergio Hogas, de Patrulla Urbana, Federico Castro y Alejandro Mamani, de la comisaría 5ª, Flavia Bedmar, de la comisaría de San Andrés, y Fanny Avila, del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia. Los policías están en la unidad de máxima seguridad del Penal de Villa Urquiza. Chaile fue el último en ser detenido, tras una semana prófugo. Se negó a declarar en primera instancia, pero su abogado no descarta pedir una ampliación de su indagatoria para mañana. “Mi cliente tuvo una participación pasiva, él está cesanteado y por lo tanto es un civil más. Fue un canal de diálogo y un vocero de los pedidos de sus otros compañeros”, explicó el abogado José María Molina.

El defensor de Castro y Hogas, Pablo Rivera, consideró que no hay elementos para acusarlos del delito de sedición porque los detenidos no se conocen entre sí. “Mucho tiene que ver el poder político que por omisión o incapacidad permitió que se llegue a esta instancia”, sostuvo el abogado.
Los investigadores tomaron en cuenta las actividades que los detenidos y sus familiares realizaron en las redes sociales, principalmente Facebook, durante el conflicto. Secuestraron celulares y computadoras de los policías y sus allegados más próximos que están siendo peritados. Los resultados de los cruzamientos de llamadas y datos estarían recién a comienzos de enero. También tomaron como antecedentes las filmaciones de reuniones de negociación salarial entre gobierno y huelguistas. Y las actas de diferentes comisarías que recibieron las denuncias de saqueos, pero que dejaban constancia de no poder asistir porque el personal estaba de huelga.

Los fiscales, según fuentes judiciales, no tienen aún elementos que relacionen en forma directa a estos detenidos con los saqueos. Pero consideran que hay pruebas suficientes para sostener que este alzamiento en contra del gobierno dejó las calles liberadas para que se cometan delitos de todo tipo y que los huelguistas tenían plena conciencia de lo que podía ocurrir con esta decisión. No descartan que de la investigación por los saqueos, que tramita la fiscal Adriana Reinoso Cuello, surja la conexión con los policías autoacuartelados.

La protesta

Al final del domingo 8 de diciembre, policías del 911 iniciaron una protesta en las puertas de la subjefatura, en la zona oeste de la capital tucumana, para exigir un sueldo de bolsillo de 12 mil pesos. Participaban familiares de personal en actividad, retirados y cesanteados. Con el cambio de guardia del lunes 9 se sumaron efectivos de otras reparticiones al tiempo que se hizo evidente la división entre los manifestantes. Un grupo liderado por Víctor Nacusse sostenía que había predisposición del gobierno para otorgar un aumento, pero era necesario mantener las guardias mínimas.

Otro, encabezado por Diego Herrera, exigía una respuesta más rápida con medidas de protesta más extremas. Por esas horas, el gobierno de Jose Alperovich ofreció como sueldo de bolsillo 8500 pesos para un policía que recién ingresaba a la fuerza. La propuesta fue aceptada por el grupo más dialoguista, mientras los más combativos se mantenían firmes en la petición original. Por esas mismas horas, grupos de saqueadores comenzaban a ganar la calle. Recién en la tarde del martes 10 se llegó al acuerdo: los rebeldes aceptaron 8700 pesos y un básico de 4900 pesos. Fue entonces cuando trascendió que el principal punto de conflicto había sido la reincorporación de los cesanteados Herrera, Toledo y Chaile. El gobierno se comprometía a no tomar medidas con los policías que habían participado del autoacuartelamiento.

Aún así, el Ministerio Público Fiscal inició de oficio una investigación con dos carriles distintos pero conexos. Por un lado, investigar el levantamiento policial y por otro lado la pesquisa por los saqueos. Por esta última causa hay hasta ahora setenta detenidos y más de cien allanamientos, en los que se ha recuperado cerca de 1900 elementos robados. La fiscal analiza la posibilidad de cambiar la calificación a robo en banda, pero espera recolectar más pruebas para definir este punto.

EN SANTA FE BAJARON A LA MITAD LOS ASESINATOS

Lo que hizo Gendarmería

En Rosario y Santa Fe hay un promedio de un homicidio por día. Pero en cuatro días de amotinamiento de la fuerza local se cometieron apenas dos. La guerra de las bandas narcos y la infiltración en la policía santafesina.

Por Raúl Kollmann

Gendarmería tuvo un efecto instantáneo al tomar las calles de Santa Fe.

Los homicidios bajaron a la mitad en los cuatro días en los que la Gendarmería patrulló la provincia de Santa Fe, en especial Rosario y sus alrededores. La Chicago argentina es hoy centro de la pelea entre bandas de narcos que ya produjo 235 muertos este año. El trasfondo es, indudablemente, la complicidad de efectivos y cuadros de la policía santafesina, al punto de que tras una investigación realizada por la Policía de Seguridad de Aeroportuaria (PSA) y publicada por Página/12 fue detenido el jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli. Toda la plana del Ministerio de Seguridad provincial tuvo que presentar la renuncia porque quedó claro que había un autogobierno policial en ese terreno. La evidencia más nítida era que Tognoli venía de ser jefe de Drogas Peligrosas y lo que trepaba era la presencia de narcos, quioscos donde tenían a adolescentes vendiendo y una guerra sin cuartel. Pero Tognoli fue ascendido a jefe de la fuerza.

La presencia de Gendarmería entre el 7 y 11 de diciembre alteró el statu quo. Parece cantado que los narcos sintieron la aparición de un cuerpo con el que no tenían las cosas arregladas. Por supuesto que eso no bajó los homicidios a cero, pero si se seguía con el promedio anterior se habrían cometido cuatro asesinatos en esos días, pero hubo sólo dos, el de Julio Ramón Gigena, en una discusión entre vecinos, y el de Miguel Gómez, tras un enfrentamiento entre bandas que dejó veinte cápsulas servidas de alto calibre, 9 milímetros y 11.25. Los datos de otros delitos también mostraron una baja notoria.

Tognoli fue imputado por sus vínculos con narcos a partir de escuchas telefónicas en las que se mencionaba que para arreglar la venta de estupefacientes había que cerrar directamente con él un monto mensual. Además, sus hombres aparecieron protegiendo a un narco y luego se supo que incluso algunos efectivos daban custodia a quioscos asombrosos en los que encerraban a adolescentes para que vendieran drogas.

Tras las revelaciones de este diario, el gobierno socialista de Santa Fe reemplazó a todos los mandos de la fuerza policial y a los ministros y secretarios de Seguridad. Las movidas no aplacaron las guerras entre bandas que, además, abarcan a integrantes de las dos hinchadas de la ciudad, la de Newell’s y la de Rosario Central. Pero el dato de la baja en los delitos y homicidios durante los cuatro días que patrulló la Gendarmería demuestra que el problema sigue siendo la policía provincial y la necesidad de una férrea conducción política del área de seguridad.
Fuente:Pagina12