URUGUAY.

“Todo el proceso de debate de esta ley ha sido muy amplio”
Año 6. Edición número 292. Domingo 22 de Diciembre de 2013
Por Nicolás Rojas Scherer. Periodista
internacional@miradasalsur.com

El faso en Uruguay. En una conferencia de prensa llevada a cabo en Buenos Aires, Julio Calzada Mazzei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, expuso los fundamentos de la ley sobre producción y consumo de marihuana recientemente aprobada en su país.

Lo importante es la filosofía y el carácter de esta política. Lo que hemos buscado por medio de toda esta ley, es la regulación del mercado realmente existente.” Con estas palabras comenzó Mazzei su exposición sobre el controversial proyecto de legalización de la marihuana en Uruguay. Y es que el funcionario y militante del Frente Amplio sabe que es cabeza de serie mundial en materia de políticas progresistas en torno del problema de la droga.

Problema que busca ser abordado desde un enfoque distinto, argumenta el funcionario oriental. Enfoque que se encuadra en los pocos casos en que la estrategia guerrerista de Washington ha sido dejada de lado. En 1969, Nixon inició lo que se viene llamando “la guerra contra las drogas”. Casi cuatro décadas más tarde, la Comisión Global sobre Política de Drogas emitía un lapidario informe en el que declaraba que “la guerra contra las drogas no ha sido, no podrá ser y no será ganada”. Analizando el período que va desde 1998 hasta 2008, los integrantes de la Comisión aseguran que el consumo de opiáceos ha aumentado en un 34,5%, el de cocaína en un 27% y el de cannabis en un 8,5%. Uno de los miembros de la Comisión, el ex presidente de Colombia César Gaviria, declaró a la BBC que “en EE.UU. el consumo de drogas, que es el más alto del mundo, no ha cambiado en los últimos veinte años”. Pues como reconoce la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el consumo se da tanto en países productores como consumidores. Aunque la proporción del consumo sería mucho más alta en estos últimos, ubicados en Europa occidental y Norteamérica fundamentalmente.

Es en medio de este debate que el gobierno de Pepe Mujica ha decidido hacer volar por el mundo al principal exponente de su política de legalización. Apenas llegado de Colombia a Buenos Aires, Mazzei aporta datos y responde preguntas. La primera duda surge en torno de los llamados “clubs cannábicos”, una forma de organización de consumidores con amplia experiencia en ciertos Estados de EE.UU., Holanda y España. “El volumen de la producción, que será regulado por los organismos pertinentes del Estado, estará dado en función de la cantidad de sus miembros. En términos de datos, hemos estimado 40 gramos por persona, lo que nos da un total de 480 gramos al año”, estima Mazzei. Agrega que “los clubes tendrán la facultad de distribuir la marihuana entre sus miembros, además de enmarcarse en proyectos de investigación con las facultades de medicina y ciencias. Podrán aprovechar todos los beneficios que significa ser parte de la sociedad” al estar dentro de la ley.

A diferencia de España, donde se estima que se consumen alrededor de 1.163 millones de euros al año en cannabis y que tres millones de españoles usan la planta al menos una vez al mes, y los clubes de marihuana han proliferado de manera extendida aunque desordenada y desigual. Esto debido a que si bien el consumo no está penalizado, la legalización aún no llega. Sólo en Cataluña, se pueden encontrar dos federaciones de consumidores agrupados en clubes: la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y la Catfac. Según datos proporcionados por ellos mismos, vendrían a representar a entre un 10% y un 20% de todas las asociaciones existentes en dicho territorio. La falta de cifras y la continua hostilidad de policías y narcotraficantes hacen del secretismo una forma de existencia. Es contra esta vulnerabilidad social a la que el usuario está sometido en Cataluña que el Uruguay quiere combatir por medio del amparo de la ley.

Por otro lado, y como es sabido, toda política social necesita de un tiempo para realizar mediciones confiables y poder saber el estado de la cuestión. En ese sentido, Mazzei argumenta que “nosotros tenemos tres mecanismos de evaluación, como toda política social: 1) evaluación del producto, 2) del proceso y 3) del impacto. Esta última es la más interesante de conocer, en tanto nos entrega un diagnóstico de la política, pero no se podrá hacer antes de un año. Y para evaluar los diferentes momentos de la evaluación habrá que esperar entre uno y cinco años. Lo que si estamos constituyendo es uno de los cinco ejes de trabajo realizados juntamente con la Universidad de la República, con las organizaciones de la sociedad civil y con el resto de los componentes del Estado que estamos abocados al desarrollo de esta política, el cual es un proceso de evaluación y monitoreo formado por académicos y científicos de alta graduación para que nos hagan un ‘feedback’ respecto de qué podemos medir. Y obviamente una de las cosas que más nos interesa medir es el de la reducción de la violencia. Pero también que los usuarios que tienen problemas con la marihuana les sea más amigable acercarse al sistema sanitario. Todo esto lo podremos hacer en el marco de un proceso que no es acotable a los cuatro meses o al año de implementación”.

A pesar de todo, lo que prima en el proyecto uruguayo es el pragmatismo. Como argumenta Mazzei, “nosotros partimos de la base dada por el presidente Mujica, quien ha sido muy claro en esto: si vamos mal, cambiaremos. Si esta herramienta no nos da los resultados que esperamos, tendremos que modificarla. Lo que sí estamos seguros es de que no vamos a esperar cincuenta años para hacerlo”. Sin embargo, deja en claro que “no somos un modelo para nadie”. Pero al mismo tiempo acepta que “éste es un tema que se debe debatir, lo que no puede haber es que haya temas que sean prohibidos del debate o que en ellos haya excluidos y que no puedan hablar”. En cuanto a la Argentina, deja en claro que “ése es un debate que tienen que dar ustedes. A nosotros sólo nos queda decir lo que hemos intentado, al mismo tiempo que reclamamos el derecho a llevar a cabo políticas soberanas. En ese sentido creemos que el camino que estamos realizando es el mejor para nuestra realidad. Cada país tiene el derecho de resolverlo respecto a su propia realidad”.

En cuanto a las críticas vertidas por el presidente de la JIFE, Raymond Yans, Mazzei declaró que “el exabrupto que el señor Yans tuvo conviene analizarlo. Este es un exabrupto de una persona que se descontrola ante lo que es realmente una política. Por otra parte, no es una posición unánime dentro de la misma JIFE, en que hay otros miembros que han mencionado que no comparten ni la forma ni el tono en que este funcionario se expresó. Los organismos políticos de la ONU son la Comisión de Estupefacientes, que se podrá expedir en su momento, y otros organismos. En cambio, la JIFE se debería contener de hacer menciones de carácter político”. Pero, además, “el señor Yans se refiere a Uruguay de una manera abismalmente diferente a la que se refiere a los EE.UU., que tiene dos Estados que están en una situación mucho más avanzada que la nuestra. Simplemente, la dualidad de criterios y el tono en el cual él se refirió, da cuenta de un eurocentrismo demasiado exacerbado. ¿Qué diría entonces de Holanda, que hace treinta y siete años que está incumpliendo las convenciones? Me gustaría que les respondiera en el mismo tono que a nosotros”.

Finalmente, se refirió a la fortaleza política de la ley: “El doctor Tavaré Vázquez ha sido muy claro al apoyar esta regulación y ello me parece que es muy significativo. Pero diría más: la ley ha sido aprobada exclusivamente por los votos del Frente Amplio. Sin embargo, en la Cámara de Diputados diversos artículos de la ley tuvieron apoyo de la oposición. Y en el Senado los artículos relacionados al autocultivo y otros tuvieron el apoyo de al menos tres o cuatro senadores de la oposición.” Añadió que “el proceso de debate de toda esta ley ha sido muy amplio. Muchos diputados opositores votaron en contra por disciplina partidaria. Ellos dijeron ‘hay que cambiar la política de drogas’, o ‘este es un buen proyecto pero no lo podemos votar porque no tenemos quórum interno en nuestros partidos’, y otros dijeron ‘hay que cambiar la política de drogas aunque este proyecto no nos convence por lo que no lo votamos’, pero en el marco del debate político me parece que esto es lo más sano. Y lo que expresa es que hay una visión que todavía no está en el conjunto de la sociedad pero que sí se encuentra en el sistema político: la mayoría de los políticos piensan que hay que cambiar la política de drogas y eso es lo más significativo.”.
Fuente:MiradasalSur