DIERON SOPORTE LEGAL A LA DICTADURA Y CUBRIERON A LOS REPRESORES
La complicidad judicial
20.02.2014
POR FRANCO MIZRAHI
Con los ex camaristas Romano y Miret a la cabeza de los acusados, comenzó en Mendoza un juicio por delitos de lesa humanidad que pone énfasis en la “pata civil” de la represión. Cómo en democracia entorpecieron la marcha de los juicios por la verdad.
Histórico. Por primera vez, la Justicia mendocina sentó en el banquillo a algunos de sus miembros, por más de 200 causas de lesa humanidad.
El 17 de febrero se inició en Mendoza uno de los juicios más relevantes del país en materia de derechos humanos. No sólo juzga a 38 represores e investiga lo que sucedió con 207 víctimas, sino que revela cómo funcionaron los engranajes del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado. “La trascendencia de este juicio es que se pone en el banquillo de los acusados no solamente a los actores tradicionales del terror estatal sino también a su pata civil más importante: la Justicia Federal de esos años. Es el primer juicio de estas características que se celebra en la Argentina”, destacó a Veintitrés el fiscal federal de Mendoza, Dante Vega, quien representa al Ministerio Público Fiscal en el pleito.
Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), coincidió con el procurador: “Este es el primer juicio en la Argentina donde se juzga el aparato judicial cómplice del terrorismo de Estado. Se ha juzgado casos individuales pero no a todo un aparato, en este caso, de la provincia de Mendoza. La relevancia es enorme. Civiles, militares y policías están sentados en el mismo banquillo”. Para el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, el juicio “marca el grado de complicidad del Poder Judicial con la dictadura”.
Auat hace referencia a los cinco judiciales imputados en la causa: Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Guzzo, quienes cumplieron un rol preponderante durante el terrorismo de Estado (los restantes 33 acusados son reconocidos militares y policías como Dardo Migno Pipaon, teniente del Ejército a cargo del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8, y Ricardo Benjamín Miranda Genaro, ex jefe de la Dirección Informaciones de la Policía de Mendoza, ex-D-2).
Romano fue parte del terror como Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia. Está imputado como partícipe primario en casi un centenar de delitos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura. Por ejemplo, se le adjudican 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas y 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, entre diversos hechos que ocurrieron entre 1975 y 1983. El ex magistrado fue imputado en agosto de 2010, estuvo prófugo en Chile y fue destituido en diciembre de 2011.
Miret, quien se desempeñaba como Defensor Oficial y luego juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, cargo que mantendría hasta recuperada la democracia, está imputado por haber omitido investigar 35 casos de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en la misma época.
Sobre Carrizo, quien a la época de los hechos fue juez federal de primera instancia en la justicia federal, pesa el mismo cargo que contra Miret, pero en 19 ocasiones. Lo mismo sucede con Petra Recabarren, quien entonces era defensor oficial en la justicia federal. El ex funcionario judicial está acusado de 22 omisiones. Guzzo, a quien se lo acusa como partícipe primario en diversos delitos, fue apartado del juicio por razones de salud.
“Hay que recordar que Romano y Miret dominaron la Justicia mendocina hasta el 2010. Tenían mucho poder e influencia”, indicó Salinas. Y apeló a la memoria: “Miret dictaba clases de Filosofía y Ética en la Facultad de Derecho y no se le renovó el contrato de docente a partir de las acusaciones por delitos de lesa humanidad. Entonces pidió la lista de los alumnos que habían solicitado que no se le renovara el contrato”, dijo. El ex magistrado tuvo una actitud similar durante la primera audiencia del juicio, el lunes pasado, cuando en una clara provocación intentó fotografiar a Auat. Fue un movimiento reflejo del ex funcionario judicial que perdió el poder que supo construir desde la última dictadura militar.
Ese poder lo ejercieron con impunidad una vez entrada la democracia, desde la mentada Cámara. Desde allí “obstaculizaban el avance de las causa de lesa, burocratizándolas, retardándolas”, recordó Vega. “Desde el 2003, cuando se anularon las leyes de la impunidad, hasta el 2009, cuando tomamos contacto con la jurisdicción, no hubo un solo juicio. Las causas a cargo de la Cámara estaban en una mora inexplicable”, añadió Auat.
El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sabe de lo que habla porque, en su momento, se encargó de difundirlo por los medios de comunicación. “Eso me significó una denuncia de los camaristas de Mendoza ante la Procuración General de la Nación”, subrayó. “La realidad hoy explica claramente por qué las causas no avanzaban. Los camaristas eran parte de la historia que se estaba investigando”, sentenció Auat.
El letrado Salinas remarcó: “Tenían planchadas todas las apelaciones, por eso no podíamos llegar a juicio”. No era para menos. En la última década, la Cámara –con intervención en las jurisdicciones de San Luis, San Juan y Mendoza– estuvo compuesta por seis integrantes, tres de ellos procesados en la actualidad en juicios de lesa humanidad.
Además de los casos de Romano y Miret, quienes tras la dictadura supieron reacomodarse y alcanzaron el máximo cargo judicial en tierras cuyanas, sobresale Carlos Pereyra González, actualmente procesado en una causa de lesa humanidad que se investiga en San Luis. Está acusado por su mal desempeño como secretario de un juzgado federal de aquella provincia, entre 1977 y 1978. Al igual que Romano, estuvo prófugo de la Justicia.
Los restantes tres camaristas mendocinos que integraron la controvertida Cámara y obstaculizaron las causas de lesa humanidad eran Petra Recabarren, primo hermano de Julio Petra, ex presidente de la Cámara Federal cuyana, quien renunció acusado de favorecer a represores y ayudar a su compañero Romano; Antonio Endeiza, quien presentó su renuncia en el 2010, y Alfredo López Cuitiño, quien también se alejó de la magistratura acusado de abuso sexual y laboral.
Además de entorpecer el avance de los Juicios por la Verdad, entre sus memorables decisiones se destaca el haberle otorgado las excarcelaciones –a través de la falta de mérito– a cuatro represores que hoy siguen prófugos. Se trata de los ex miembros del Ejército Carlos Luis Malatto, Jorge Horacio Páez y Eduardo Daniel Vic, involucrados en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en San Juan. Los tres represores pertenecían al destacamento RIM 22 de aquella provincia, donde funcionó un centro clandestino de detención. Habían sido detenidos en agosto del 2010 pero fueron beneficiados por una resolución de la Cámara mendocina. Aquella resolución llevó la firma de Petra, Cuitiño y Pereyra González. Malatto y el ex teniente Jorge Olivera –también prófugo– estaban entre los responsables más importantes del terrorismo de Estado local.
El cuarto beneficiado por la Cámara fue el ex integrante de la Policía Federal Marcelo León, procesado por privación abusiva de libertad, agravada en dos hechos; tormentos agravados en una ocasión, y homicidio calificado en otras dos circunstancias.
Todos están incluidos en el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que ofrece una recompensa de 100 mil pesos a aquella persona que brinde datos útiles sobre su paradero.
Difícilmente los ex funcionarios judiciales imputados en el juicio de Mendoza acerquen esos datos aunque intuyan dónde pueden estar escondidos los represores.
Testimonios relevantes
Tras varios intentos que se vieron frustrados en el último año por la intervención del gobierno español, la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría comenzó el 17 de febrero último a tomar declaraciones testimoniales de residentes en España, a través del sistema de videoconferencias, en el marco de la causa penal que investiga los crímenes cometidos por el franquismo entre 1936 y 1977.
“Entre los declarantes hay casos de sacerdotes torturados por el régimen, familiares de víctimas de trabajo esclavo en la dictadura, casos de bebés sustraídos a sus madres y víctimas que perdieron a uno o más familiares, durante la Guerra Civil o la dictadura”, explicó a Veintitrés el abogado querellante Máximo Castex. “Las videoconferencias son muy importantes porque posibilitan una nueva vía para que las víctimas declaren ante la jueza”, destacó el letrado. Los testimonios son sumamente relevantes para la pesquisa que se realiza a través del principio de jurisdicción universal.
Hasta el momento la única forma que tenían las víctimas para declarar era trasladándose hasta la Argentina o radicando una denuncia ante los consulados de la Argentina de cualquier país. “Con este sistema se hará mucho más fácil acercar a la Justicia argentina los testimonios de decenas de víctimas, máxime en los casos de personas de edad avanzada o con problemas de salud”, indicó Castex. Las declaraciones se realizaron en el consulado argentino de Madrid y se extendieron por cuatro días.
Entre las víctimas que ya han declarado por esta vía se encuentran Cecilio Gordillo Giraldo; María de las Mercedes Bueno Morales; Jesús Rodríguez Barrio; José Luis Martínez Ocio, Felipe Gallardo Gómez, Victoriano Díaz Cardiel González y Raúl Herrero Solano, entre otros.
Fuente:Veintitres
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