El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) fue uno de los organismos estatales más golpeados por la dictadura militar. Los relevamientos hablan de 10 científicos asesinados y 10 desaparecidos. Y la quinta parte de su personal despedido: antes del golpe de 1976, el organismo tenía unos 5000 trabajadores y unos 800 fueron cesanteados durante la dictadura. Una querella judicial espera la resolución del juez federal Daniel Rafecas. El Inta y el Conicet buscan reparar la memoria histórica.
Marta Sierra, científica del Inta detenida desaparecida.
El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela –quien estuvo ausente por circunstancias de su gestión– envió un mensaje a los presidentes de ambos organismos y demás asistentes. “Los hacedores de la peor dictadura que vivió la Argentina entre 1976 y 1983 socavaron el pensamiento crítico, la investigación y los proyectos de la ciencia y la técnica, la agenda de transformación de la nación por la que trabajaban nuestros compañeros”, aseguró.
Si se consideran las cesantías previas al golpe militar y las que sucedieron después, el número total de personas afectadas en el Inta asciende a 794, casi una quinta parte de la planta de entonces. Además, se conocen ocho profesionales entre desaparecidos y asesinados, cerca de 800 cesanteados y una larga lista de investigaciones del instituto que fueron archivadas o destruidas como parte de la política de represión ejercida durante el último gobierno de facto en la Argentina.
Luego de destacar que este convenio acompaña la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional desde 2003, el ministro –que, cuando estuvo al frente del Inta inició este proceso, con la firma de una carta intención– agregó: “Con la convicción de que será un aporte invalorable en la reparación de la memoria histórica, los acompaño en este nuevo camino por la búsqueda de la verdad y la justicia para seguir consolidando una patria más grande, justa, más solidaria y más inclusiva para todos”.
Durante el acto, que tuvo lugar en la sede del Inta en San Telmo (Chile 460, Caba), Anglesio sostuvo que esta investigación en la que se compromete la institución “es un trabajo que nos devuelve el conocimiento de muchas cosas que se han perdido”. En esa línea, consideró que la dictadura no sólo afectó la desaparición de los trabajadores: “La realidad es que también atacaron fuertemente la política que se desarrollaba, el daño que nos hicieron como sociedad, nos sacaron las líneas de investigación y articulación, nos sacaron el eje de lo que teníamos”.
Por su parte, Salvarezza dijo que “esta investigación va a ser un instrumento que nos va a permitir no sólo mirar hacia atrás sino mirar hacia delante”. Y agregó: “Estamos en un momento muy especial, en donde todos los organismos de Ciencia y Técnica estamos alineados, sabemos que el conocimiento que generamos tiene que ser transferido a la sociedad, y que éste nos permita no sólo tomar decisiones para el futuro sino también planear estrategias para enfrentar los desafíos que tiene nuestro país”.
El convenio formaliza un proyecto de investigación de Cecilia Gárgano, historiadora del Conicet y del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, de la Universidad Nacional de San Martín, quien reconstruyó tanto la historia del terrorismo de Estado dentro del Inta como los cambios en las agendas científicas que produjo la dictadura cívico-militar en el organismo. Además compromete a las instituciones a cooperar con la organización y el mantenimiento de los archivos y documentación del Inta y con la consolidación del gobierno nacional en la lucha por la memoria y contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos.
En este sentido, Salvareza explicó: “el convenio pone en relieve la articulación entre los organismos de Ciencia y Técnica y las universidades, convoca a Inta, Conicet y la Universidad de San Martín a trabajar juntos en esta investigación, en un acto que para nuestra Institución tiene un significado especial”.
Por su parte, Gárgano dijo que “esta investigación no se acotó por casualidad al Inta, hay tres razones para hacerlo: por la presencia territorial que tiene el organismo, por la relevancia en términos económicos y político históricos del agro en el país y por la magnitud de la intervención militar que se inició en 1973”.
Según la investigadora, “el Inta brindó nuevas herramientas para poder identificar cómo se construyó un mapa de datos sobre los trabajadores del organismo en los años previos a la dictadura y cómo fue instrumentado durante la intervención militar”. Pero además, “brindó datos para detectar un significativo incremento de la apropiación privada del conocimiento público orientado al agro en áreas estratégicas”, destacó.
“La historia no es algo ornamental sino una herramienta de trasformación social y nos permite apostar a generar cambios para recuperar nuestro pasado, pensar críticamente el presente y poder transformar nuestro futuro”, concluyó.
El dato
La comisión busca completar la lista de detenidos y desaparecidos del Inta, con un trabajo de recopilación y análisis de datos, para conocer cómo funcionó la represión dentro del organismo y cómo se modificaron las líneas de investigación, de acuerdo con las políticas agropecuarias entonces vigentes.
Además, las autoridades del Inta acompañaron espontáneamente con un amicus curiae la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, para ponerse a disposición de la investigación judicial, reforzando así su intención de trabajar en la lucha por la memoria y contra la impunidad.
Fuente:AIMO
No hay comentarios:
Publicar un comentario