MENDOZA: CÓMPLICES AL BANQUILLO.

Mendoza. Cómplices al banquillo
Altas fechorías
Por María Eva Guevara
La presencia de los “jueces de la dictadura” entre los represores que están siendo juzgados en la primera megacausa de Cuyo, hace más comprensible la realidad del genocidio argentino. Por qué este suceso histórico se produce en la provincia de Mendoza.

"Quien quiera saber en qué época vive no tiene más que abrir, hoy en día, el primer periódico que caiga en sus manos”, escribió Hans Magnus Enzensberger en su célebre libro Política y delito. Pues bien, tomando un ejemplar al voleo, leemos: “Un tribunal federal de la provincia argentina de Mendoza inicia hoy un juicio contra unos 40 acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), entre ellos cuatro jueces y un defensor asociados al terrorismo de Estado. Estarán en el banquillo de los acusados los ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, este último con cargo de defensor. Un quinto juez Gabriel Guzzo, aunque fue encartado no será sometido al proceso por enfermedad mental. El inicio en Mendoza del llamado juicio a los jueces no sólo es un dato importante para la provincia, sino que es central en la agenda de los procesos de lesa humanidad de todo el país, donde hasta ahora existe un silo magistrado condenado”.

Ese único condenado es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal de la Secretaría Electoral, quien, según quedó demostrado a mediados del año pasado, ingresaba a los centros clandestinos de detención arrogándose el cargo de secretario y en el marco de los interrogatorios a los que sometía a las víctimas, las presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores con el fin de que ratificasen las declaraciones denominadas confesiones, obtenidas durante el período de detención ilegal para luego fundar una condena. 

Evidentemente algo pasó en Mendoza para que la correlación entre los actos de los militares y la complacencia de los jueces no quedase en una cuestión meramente retórica o declarativa, tal como lo revela el hecho de que en todo el país sólo exista un ex funcionario judicial procesado, sino que se materializara como una subespecie de crímenes de lesa humanidad. La diferencia entre una y otra realidad es abismal y se carga a la cuenta de las emociones producidas en quienes hoy tienen la oportunidad histórica de presenciar un juicio de semejantes características.

Figuras como Luis Miret y Otilio Roque Romano tuvieron, como se dice, la sartén por el mango. Tan real fue su poder que la política de derechos humanos que empezó en el 2003 tuvo que ser replanteada para no morir en el intento. Y es que durante años no hubo forma de hacer prosperar dentro del Poder Judicial, ninguna causa de derechos humanos. Miret y Romano habían levantado un muro porque sabían que si se destapaban centenares de crímenes de lesa humanidad, su complicidad también habría de quedar expuesta. Y habían jugado también con la plausible ilusión de que todas sus fechorías se tornarían conceptos jurídicos confusos e imprecisos, insuficientes para retener a un magistrado con más de cuatro décadas en el poder judicial adentro de una cárcel común.

Mas como la historia reciente informa, la fuga de Otilio Romano a Chile derivó en un ejemplar dictamen de la Procuradora de la Corte Chilena y en un fallo histórico de ese tribunal haciendo lugar a la extradición, generando un precedente que quedará en historia judicial de la región. Y como corolario, desde septiembre del año pasado, una celda del complejo penitenciario San Felipe fue asignada al ex camarista federal. Fue casi como haber bautizado un crimen eludiendo un largo paréntesis de códigos indescifrables y puntos suspensivos.

El pasado los condena. Quien llame a Miret o Romano criminales comunes corre el riesgo de restarle importancia al hecho de que ambos cohonestaron la usurpación del poder. Lo mismo vale para tantos otros culpables a largo y ancho del país. Es decir, no se puede caer en consideraciones aisladas ni en el hábito de colgarle a tal o a cual un traje a la medida, como si de vencedores y vencidos se tratase. Muy por el contrario, el estatus criminal de estas fechorías es de esos que rompen el molde, y es allí donde el auxilio de la historia resulta imprescindible.

Bien lo encuadra el fiscal Dante Vega, dedicado en los últimos años a indagar la mutación producida en la sede judicial entre 1974 y 1976, lapso en que es notable la degradación institucional. Lo primero que señala Vega son los antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Conadep.

En el primer caso, refiere que la Comisión dedicó un espacio particular al poder judicial en estos términos: “Los miles de recursos de habeas corpus interpuestos ante el Poder Judicial en favor de los detenidos desaparecidos no han producido resultados efectivos…los jueces no han instado medidas de excepción que permitieran esclarecer las situaciones de privación de jurisdicción que han debido enfrentar. En ninguno de los casos registrados se han constituido en las sedes de los organismos que ejercitan la dirección y control del aparato de fuerza para constatar in situ la veracidad de los informes que se les brindaban. Tampoco han dispuesto especiales medidas de investigación, a pesar de la conciencia de la magnitud de los casos comprendidos, ni han sometido a proceso a ningún funcionario público que haya podido tener participación en los operativos de desaparecimiento de personas. No es admisible –y en particular no debiera serlo para los jueces– que tantos miles de casos de desaparecidos queden sin esclarecer y sin que ningún funcionario haya debido responder por esa ineficacia de quienes han asumido el ejercicio de la autoridad del Estado y que importa, entre otras obligaciones, la de garantizar la seguridad de la comunidad”.

En cuanto a la Conadep, Vega recuerda que también dedicó un capítulo particular al Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, en términos aún más contundentes: “La Comisión se preguntaba cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos y, especialmente, cómo se explicaba que los jueces no hubiesen ubicado a ningún secuestrado pese a contar con datos fehacientes proporcionados por los sobrevivientes de los distintos centros de cautiverio. Y a renglón seguido concluía en estos términos: el Poder Judicial, señalado por la Ley Suprema de la Nación como amparo de los habitantes contra los desbordes autoritarios “cohonestó la usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones jurídicas adquirieran visos de legalidad. Salvo excepciones, homologó la aplicación discrecional de las facultades de arresto que dimanan del estado de sitio, admitiendo la validez de informes secretos provenientes de los organismos de seguridad para justificar la detención de ciudadanos por tiempo indefinido. E, igualmente, le imprimió un trámite meramente formal al recurso de hábeas corpus, tornándolo totalmente ineficaz en orden a desalentar la política de desaparición forzada de personas. El Poder Judicial, que debía erigirse en freno del absolutismo imperante, devino en los hechos en un simulacro de la función jurisdiccional para cobertura de su imagen externa. Frontalmente limitada la libre expresión de las ideas por la prensa, a través del control de los medios de difusión masiva y la imposición de la autocensura por el terrorismo estatal descargado sobre los periodistas disidentes. Seriamente afectada la asistencia jurídica por la prisión, extrañamiento o muerte de los abogados defensores; la reticencia, y aun la misma complacencia de gran parte de la judicatura, completó el cuadro de desamparo de los derechos humanos”.

Cohonestar, esa palabra. ¿Es posible medir con una misma vara toda una serie de actos que van desde el disculpar, encubrir, excusar, simular, disimular, disfrazar, atenuar, paliar? Para responder a este interrogante habrá que esperar la sentencia de este histórico juicio que comenzó el pasado 17 de febrero en el Salón de la Corte Suprema de Mendoza. En principio la calificación en el caso de Otilio Romano es la de partícipe primario en casi un centenar de delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad en la última dictadura. Está acusado por 34 casos de desaparición forzada de personas, 26 privaciones ilegítimas de libertad, 36 torturas, un allanamiento ilegal y un caso de denegación de justicia, todos ellos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras se desempeñaba como fiscal federal.

Los cargos contra Luis Miret tienen que ver con omitir investigar 35 casos de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en la misma época, al principio se desempeñaba como defensor oficial, luego fue juez de la Cámara Federal llegando a presidirla muchos años después de recuperada la democracia. Sobre Carrizo, que fue juez federal desde el 19 de diciembre de 1975 hasta el 6 de junio de 1976, pesa el mismo cargo pero en 19 ocasiones. En cuanto a Petra Recabarren, quien por entonces era defensor oficial, está acusado de 22 omisiones. Y finalmente Guzzo, que fue apartado del juicio por razones de salud, está acusado de partícipe primario en varios delitos.

Pero referíamos la historia, esa contingencia en la que tomaron parte muchos otros actores en Mendoza que no se resignaron a ser meros espectadores frente al doloroso espectáculo de los camaristas escalando posiciones en la “gran familia del poder judicial” y eludiendo su propia responsabilidad. Recuperada la democracia, hubo una década del ’80, fueron las Madres de Plaza de Mayo quienes señalaron la complicidad de los jueces, exigieron su desplazamiento, e hicieron todo tipo de gestiones, a lo que se sumó el abogado de las Madres en Mendoza, Alfredo Guevara –fallecido en 2005–, desafiando a fuerza de convicción un escollo tras otro. Apelando a las palabras de Horacio Verbitsky, en ocasión de su intervención en Alfredo Guevara, un viaje a la justicia, breve documental aún no estrenado en Mendoza, “gente que aún en los momentos más difíciles, cuando parecía que no había ninguna posibilidad, que se cerraban todos los caminos, insistieron y buscaron, fueron acumulando información, documentando cada paso que daban, que fueron empujando los límites de lo que en cada momento era posible y permitido”.

En 1984 Guevara pidió el desarchivo de un hábeas corpus en favor de Luis Rodolfo Moriña, estudiante de medicina que fuera detenido ilegalmente un 22 de noviembre de 1975, y desde esa plataforma litigó por años como representante de la familia Moriña sin dejar ninguna instancia sin agotar. Ese hábeas corpus era una prueba en sí misma de la correlación entre los actos de los funcionarios militares y policiales con la omisión de los jueces, con monstruosas consecuencias. Mientras otros detenidos por el teniente coronel Landa Morón fueron entregados a las autoridades civiles de la Penitenciaría de Mendoza, Moriña fue torturado en campo Los Andes, convertida su detención ilegal en clandestina y nunca se supo cuál fue su destino.

Quienes debían dar una explicación eran Landa Morón y el general Maradona, quienes ostensiblemente quisieron borrar las pruebas del delito primero informando a la familia que su hijo se encontraba preso en Córdoba y después, emitiendo el Poder Ejecutivo Nacional, ya en manos de la junta militar, una orden de captura como si estuviese en libertad. En ese entonces, el juzgamiento de Miret y Romano parecía imposible, no obstante el expediente tuvo una entidad que nadie podía ignorar, llegaba a manos de camaristas que no se apartaban siendo que se reconocían íntimos amigos de ambos; Guevara llegó hasta la Corte con ese caso, y cuando ya la situación era que se estaban ventilando por lo menos dos incumplimientos de deberes de funcionario público, es decir, faltas graves de conducta de altísimos funcionarios judiciales, Miret y Romano lo querellaron.

Denunciado ante el Colegio de Abogados por “indisciplina”, amonestado en varias resoluciones y a punto de verse conminado junto a su defendido a pagar las costas del juicio, Guevara escribió: “Este escrito se formula mientras fuerzas policiales revisan el estudio por la presunta existencia de una bomba denunciada anónimamente. No es la primera vez ni será la última que defendemos los intereses de nuestros clientes sólo para tranquilidad de nuestra conciencia, como dijera una vez Lisandro de la Torre”.

Miret y Romano eran la Justicia pretoriana de los señores que disponían de la vida y la muerte. Pretores esenciales para que ese “señor de horca y cuchillo”, –al decir Guevara, en relación a Luciano Benjamín Menéndez– pudiese ejecutar el plan de hacer desaparecer, sólo en Mendoza, a unas 200 personas.

El testimonio del ex juez Carrizo. Resulta de gran interés difundir la declaración testimonial de Rolando Evaristo Carrizo producida en febrero de 2010. Carrizo fue quien se desempeñó en la llamada causa Rabanal en 1976, causa que lo llevó a tener un cruce no sólo con las autoridades militares sino con un joven oficial llamado Carlos Rico Tejeiro. En la causa Rabanal fueron varios los secuestrados, entre ellos, los militantes Fernando Rule y Silvia Ontivero, y por una extraña razón el Diario Mendoza publicó a toda página las fotos de los detenidos. Si bien no se puede descartar que se haya tratado de un descuido del policía que tenía en su poder ese material, aquella publicación les salvó a varios la vida. Todos los señalados en la crónica fueron entregados a la autoridad civil y traslados a la Penitenciaria. Dichas fotos revelan que fueron torturados, están las marcas y las secuelas de ese trato degradante en el pequeño formato de la foto-carnet. Hasta el momento el episodio no había sido narrado desde el punto de vista del Poder Judicial, al menos hasta el momento en que es interrogado el juez Carrizo.

Según Carrizo, en el expediente había otras fotografías tomadas el mismo día de la detención y habiendo pasado varios días el deterioro físico de los imputados era evidente. Afirmó que habían adelgazado y que uno de ellos apenas balbuceaba y decía “chúcar” ya que no le salía la palabra “azúcar”; dice que mandó al secretario a comprar caramelos, chocolates y azúcar ya que necesitaban energía y que dirigió una nota al jefe del penal ordenando una revisión médica. De acuerdo a su versión, uno de los detenidos le manifestó que no quería hacer denuncia de apremios ilegales porque se consideraba “prisionero de guerra”, y que otro le preguntó si “estaban blanqueados”.

Más adelante en su declaración, Carrizo dirá que en el traslado de los detenidos –en esas condiciones y sin ningún abogado defensor– tuvo intervención un capitán abogado y un conscripto con prórroga recién recibido de abogado de apellido Kletz, y por supuesto, Julio César Santuccione, quien dispuso dónde se tomaría declaración a los detenidos. También dice haber advertido de la existencia de tres causas con fallas graves de inteligencia ya que a tres supuestas bandas subversivas se los acusaba de lo mismo: la muerte de un policía. A lo que luego agregará: “Yo en mi caso particular no aceptaba que la policía estuviera bajo el comando operacional del Ejército y no me dirigía directamente a la autoridad del Ejército sino a la autoridad de detención, que era el jefe de la policía local, aunque ellos me comunicaran que las medidas que yo solicitaba tenían que resolverla en el Ejército. Yo contestaba que la resolvieran en la forma que consideraran necesario de acuerdo a las instrucciones que tuvieran, pero que me contestara la autoridad de detención como también la autoridad requerida, porque también se mandaban pedidos de informes sobre hábeas corpus, que por el trámite interno de ellos se los remitían al Ejército, los cuales no los contestaban, pero que debido a ello yo insistía ante la policía local bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque era la autoridad que tenía que contestarlo en forma positiva o negativa pero que debía contestarse”. 

A eso añade: “El Ejército consideraba que no debía contestarse, al final se llegó a un acuerdo que la policía lo iba a contestar según instrucciones emanadas del Ejército, pero que de todas maneras se contestaría. Creo que en esta provincia fue la única que comenzaron a contestarse los hábeas corpus porque creo que en otras provincias el Ejército no quería que se contestara los oficios de hábeas corpus, tampoco eran muchos los requerimientos en ese sentido”.

Y en cuanto al ex ministro de Seguridad Carlos Rico Tejeiro –imputado por delitos de lesa humanidad– Carrizo recordó: “Lo conocí con ese nombre con posterioridad a este procedimiento. Pero ese día de las indagatorias estuvo presente con una especie de animosidad contra los detenidos, porque argumentaba que había asesinado a un colega. Era de reciente graduación, era muy joven y tuvo un cambio de palabras con el secretario Guiñazú porque antes de la indagatoria había intentado colocar dentro del salón uno o dos carteles que decían ‘asesino de policías’ y el secretario no lo dejó. Eso me lo comentó el secretario y yo le dije que estaba bien hecho. Después a este señor Rico lo ubico ejerciendo el suscripto la abogacía en la Unidad Regional Cuarta de Maipú y era el que efectuaba las tareas de enlace entre la autoridad policial y los militares en el año 1978 y principios de 1979”. 

Claves. Luis Miret fue presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la Región de Cuyo, además de profesor de la cátedra de Filosofía Jurídica en la Universidad Nacional de Cuyo desde comienzos de la democracia. En el 2010 su contrato no fue renovado por disposición unánime del Consejo Superior de dicha casa de estudios, hecho que simboliza el fin de una era. Como cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.

Otilio Roque Romano también fue camarista y llegó a vicepresidente; un hombre capaz de lograr un fuerte alineamiento de la corporación judicial, máxime si de lo que se trata es de evitar el develamiento de su oscuro desempeño en la represión de la dictadura militar. Estos dos hombres fuertes de la Justicia lo han sido por el respaldo de importantes medios de comunicación. El diario Los Andes fue la red de contención de Luis Miret desde el día que juró junto a la plana mayor del gobierno de facto de 1976. Por su parte, Diario Uno propaló versiones a la opinión pública interesadas en favor de Romano.

El 10 de octubre de 2010, Los Andes (propiedad de Clarín) publicó una carta de Otilio Romano. Fue un gesto solidario del diario para con aquel camarista que había respaldado la medida cautelar de Olga Pura de Arrabal en el sentido de impedir la implementación de la Ley de Medios. La carta se tituló “La utilización política de los derechos humanos”. En ella se amplificó la idea de que hay una embestida del kirchnerismo contra la Justicia. Esa misma idea fue fogoneada por Diario Uno. Primero publicaron una nota sin firma al solo efecto de identificar qué jueces mendocinos asistieron en calidad de público a una charla que dio en Mendoza el periodista Horacio Verbitsky, con la clara intencionalidad de ensuciarlos. Sucedió esto con Juan Antonio González Macías, justo en momentos en que los defensores de los represores lo recusaron, con argumentos poco serios y nada fundados. También hubo artículos sin firma para denostar al fiscal Omar Palermo. No es casualidad. Tanto González Macías como Omar Palermo son magistrados respetados por su seriedad en el tratamiento de las causas de derechos humanos.

En la megacausa que empezó el 17 de febrero serán juzgados, además de los ex magistrados, otros 34 acusados represores entre los que hay ex integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y ex policías. El proceso abarcará más de una docena de causas pequeñas y se reconstruirá lo sucedido a 207 personas entre las que hubo asesinados, desaparecidos y torturados sobrevivientes. En las causas se verá lo sucedido en los distintos centros clandestinos y la responsabilidad de todas las fuerzas represivas que intervinieron. Igualmente, otra de las aristas del proceso serán las acusaciones por delitos de violencia sexual.

En el arranque del juicio oral, Romano llamó la atención con un gesto provocador de levantar sus manos esposadas, mientras que Miret logró ingresar a la sala con una cámara de fotos y cuando se estaba procediendo a la identificación de los imputados, la sacó de su bolsillo y lo enfocó al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. La última provocación de su parte provino cuando se le preguntó por su ocupación. Contestó: "abogado desocupado".

Fuente:Veintitres

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