El colectivo "Justicia Ya" solicitó al tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro de detención La Cacha que los guardias que custodian a los represores estén desarmados.
La parte querellante de "Justicia Ya" presentó un escrito ante el tribunal que preside el juez Carlos Rozansky, reclamando que "los guardias que permanezcan en la sala durante el debate, lo hagan sin armas de fuego u objetos que pudieran ser arrebatados por los reos y utilizados contra el público, las querellas o el propio tribunal".
En un comunicado, el colectivo explicó, que "observamos que el personal penitenciario se encuentra, audiencia tras audiencia, con sus armas desprotegidas, visibles, de cara al público, mirando sus movimientos, y no así a los represores que se encuentran a sus espaldas".
"Entendemos que al tratarse de imputados por una causa de lesa humanidad, con la gravedad que conllevan los delitos a investigarse, el Servicio Penitenciario Federal no debería cumplir la función de protección a los reos por parte del público, como así entendemos está planteada la guardia", aseguró.
Además, solicitó "que todos los imputados presencien el debate, entendiendo que para dilucidar el alcance del comportamiento criminoso de los mismos es necesario comprender el carácter necesariamente conjunto de todos los que actuaron en La Cacha".
El Tribunal Oral Federal Número 1 de la capital provincial investiga los delitos contra 135 víctimas -entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto- cometidos por 21 acusados en el ex centro de detención La Cacha.
Este centro clandestino de detención estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, quien también juzgó y condenó a Miguel Etchecolatz y al capellán Christian Von Wernich a reclusión perpetua por genocidio.
La parte querellante de "Justicia Ya" presentó un escrito ante el tribunal que preside el juez Carlos Rozansky, reclamando que "los guardias que permanezcan en la sala durante el debate, lo hagan sin armas de fuego u objetos que pudieran ser arrebatados por los reos y utilizados contra el público, las querellas o el propio tribunal".
En un comunicado, el colectivo explicó, que "observamos que el personal penitenciario se encuentra, audiencia tras audiencia, con sus armas desprotegidas, visibles, de cara al público, mirando sus movimientos, y no así a los represores que se encuentran a sus espaldas".
"Entendemos que al tratarse de imputados por una causa de lesa humanidad, con la gravedad que conllevan los delitos a investigarse, el Servicio Penitenciario Federal no debería cumplir la función de protección a los reos por parte del público, como así entendemos está planteada la guardia", aseguró.
Además, solicitó "que todos los imputados presencien el debate, entendiendo que para dilucidar el alcance del comportamiento criminoso de los mismos es necesario comprender el carácter necesariamente conjunto de todos los que actuaron en La Cacha".
El Tribunal Oral Federal Número 1 de la capital provincial investiga los delitos contra 135 víctimas -entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto- cometidos por 21 acusados en el ex centro de detención La Cacha.
Este centro clandestino de detención estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, quien también juzgó y condenó a Miguel Etchecolatz y al capellán Christian Von Wernich a reclusión perpetua por genocidio.
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