LOS REPRESORES TIENEN QUIEN LES ESCRIBA.

Los represores tienen quien les escriba
Tribuna de impunidad
Por Pablo Galand
15.05.2014

Un peligroso editorial de La Nación quiere instalar otra vez la amnistía a los genocidas. El temor a ser juzgados de los civiles involucrados en delitos de lesa humanidad. Los casos Massot, Blaquier y Papel Prensa. 

pruebas. Fotos de la época muestran a Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto junto al dictador Videla.

Bajo el título “La justicia prevaleció sobre la venganza”, La Nación volvió a fijar en una editorial su posición frente a los juicios de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. A partir de la absolución del juez Pedro Hooft como pretexto, el diario de los Mitre deja en claro que sigue siendo “la tribuna de doctrina” de la derecha argentina y de todos aquellos que justifican las violaciones a los derechos humanos ejercidos en la Argentina entre 1976 y 1983. 

Provocativamente, califica como “presos políticos” a los represores que cumplen condena en la cárcel luego de haber sido juzgados con todas las garantías que marca la Constitución nacional. A su vez, caracteriza como “guerra interna” lo que la Justicia determinó que fue terrorismo de Estado.

No es antojadizo el momento en que se lanza este editorial. Cuando falta un año y medio para la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el diario plantea que “un gobernante que busque el bien común debe tender a sanar heridas del pasado, a fomentar la reconciliación nacional y la concordia entre sus gobernados”. Se convierte así en el vocero de los grupos de poder fácticos que buscan condicionar a los futuros gobernantes y reclamar impunidad para los represores que fueron juzgados. Una estrategia muy similar que en el plano económico plantearon tres semanas atrás los empresarios del establishment, reclamando un regreso a las políticas neoliberales. En aquel caso, el documento planteaba que “si los partidos políticos adhieren (a su programa) se darían las condiciones para el crecimiento sostenido y armónico del país”. Una declaración de principios para que los futuros gobernantes tomen como suyo el programa económico de las corporaciones. El mismo mecanismo que aplicaron bajo fuego a partir de marzo del ’76 y con la anuencia de la dirigencia política en los noventa.

Dirigentes del kirchnerismo y de los organismos de derechos humanos salieron a condenar el editorial de La Nación. “A nosotros nunca nos movió un sentimiento de venganza. Que esa palabra la destierren los medios de comunicación, ni el odio ni la revancha. Hemos esperado 37 años y eso demuestra que hemos sabido respetar los tiempos lentos de la Justicia”, sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Cartotto. En el mismo sentido, Tati Almeida, integrante de Madres de Playa de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que “lo que toda la vida hemos exigido y demostrado es justicia legal, jamás justicia por mano propia”. Por su parte, la jefa de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, sostuvo que los genocidas “no son presos políticos, son genocidas”. Recordó que la Argentina “es un país al que el mundo mira y felicita por juzgar crímenes de lesa humanidad, para que no queden impunes”.

Llamativamente –o no tanto– en todo el arco ideológico que conforma la oposición no hubo un repudio tan enfático del artículo periodístico. Ante la consulta de Veintitrés, el diputado Adrián Pérez, del Frente Renovador, sostuvo que “la política de derechos humanos en la Argentina en materia de juicios de lesa humanidad iniciada en el gobierno de Raúl Alfonsín con el juzgamiento a las juntas militares y que fuera reimpulsada en los últimos años habiéndose logrado la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, debe sostenerse en el tiempo como una cuestión de Estado hasta que el último de los represores sea castigado”. Agregó que “el Frente Renovador apoya firmemente los juicios en marcha y exige que los mismos terminen con sentencias ejemplares”.

Sin embargo, en su fuerza no todos opinan de la misma manera. El diputado Alberto Asseff, que no casualmente es mencionado en el editorial de La Nación como uno de los dirigentes políticos que celebró la absolución de Hooft, declaró recientemente con respecto al enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad que “lo que no puede ser es tenderse las responsabilidades hasta el último cabo, porque vamos a terminar con el cadete de la oficina del abogado que intervino”.

Asseff lidera el Centro de Investigación y Estudios para la Nación (CIEN), un conjunto de pensadores a los que les gusta presentarse como “el Carta Abierta del massismo”. Asseff se define como nacionalista y llegó a la Cámara baja a través de los hermanos Rodríguez Saá, al encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2011. Además, es el editor del diario digital Pucará, donde deja en claro sus posiciones xenófobas. En uno de sus editoriales arranca sosteniendo que el país “está lleno de paraguayos y bolivianos que son muy buena gente, dignas personas y ejemplares trabajadores”, a continuación arremete contra los “‘tours’ hospitalarios, es decir, los viajes que se organizan sólo para utilizar los hospitales de Buenos Aires o de Córdoba. En este caso se deberían celebrar convenios para que los países vecinos paguen el costo de la atención como lo hacen las obras sociales”.

En su labor legislativa, presentó un proyecto para modificar la Ley Nacional de Migraciones en lo que tiene que ver con los criterios para la “admisión, otorgamiento de residencias y su extensión”, a la vez que señala que la nueva ley “ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el territorio de la República”. Bajo el pretexto de evitar que ingresen personas con antecedentes penales, Asseff dice que es menester que no ingresen “criminales y terroristas provenientes de países específicamente indicados como sensibles, sobre todo sicarios del narcotráfico”.

Posiblemente en dirigentes como Asseff confiará el represor Eduardo “Curro” Ramos para apostar a que en el futuro cesen los juicios por violaciones a los derechos humanos. En el proceso que se lleva adelante en Santa Fe y en el que está acusado de integrar una asociación ilícita responsable de la desaparición de 14 personas, aseguró que “dentro de un año y medio, cuando termine el gobierno (de Cristina Fernández de Kirchner) y Sergio Massa sea presidente, estas cosas (los juicios a los genocidas) van a cambiar”. Ramos ya fue condenado en 2009 en una causa por delitos de lesa humanidad.

Victoria Donda, diputada del Frente Amplio Unen, fue una de las pocas voces que dentro de la oposición condenó enfáticamente el editorial de La Nación. “La verdad es que en un punto me sorprende que sigan sosteniendo este tipo de aberraciones, ni siquiera ven hacia dónde va el mundo”, sostuvo ante Veintitrés. “Desconocen procesos que se vienen dando en todos lados como el Tribunal Penal Internacional que investiga las violaciones ocurridas en la ex Yugoslavia o los juicios que se vienen llevando en España por lo que sucedió durante el franquismo”, añade. Donda entiende que así como fue una lucha del pueblo argentino la que logró sentar en el banquillo a los genocidas, será la propia sociedad la que les pondrá límites a los que intenten detener los juicios en curso. “Creo que la derecha avanza porque ve que el kirchnerismo muestra contradicciones como la designación de (César) Milani al frente del Ejército, a pesar de estar sospechado por delitos de lesa humanidad”.

Lo cierto es que el editorial de La Nación del lunes pasado no fue un caso aislado. El día anterior, el diario aprovechó el 40º aniversario del asesinato del sacerdote Carlos Mugica para reinstalar la hipótesis de que fue la organización Montoneros la que mató al religioso, pese a que la Justicia probó que fue la Triple A la autora del atentado. Para fundamentar su posición, el diario se basó en la aparición del libro Entregado por nosotros, de Juan Manuel Duarte. “Reflota la teoría de que la muerte del cura villero fue el resultado de un acuerdo entre Montoneros y la Triple A”, señala La Nación acerca del contenido del libro. El dato más contundente que según el artículo presenta el libro tiene que ver con que al cumplirse veinte años de la muerte de Mugica, su hermana Marta “echó a patadas a Mario Firmenich de un homenaje en la Villa 31 acusándolo de ‘traidor’”.

Lo real es que el 12 de julio de 2012 el juez Norberto Oyarbide firmó una resolución en la que establece que el ex comisario Rodolfo Almirón “fue el autor inmediato del homicidio de Carlos Francisco Sergio Mugica, en el marco del accionar delictivo de la Triple A”. Almirón murió tres años antes de la resolución judicial y por lo tanto no fue condenado, pero el escrito de Oyarbide señala que el juzgado reunió las pruebas suficientes para “declarar la verdad de lo que aconteció, y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad”. El relato de Carlos Capelli, amigo y colaborador de Mugica, fue uno de los elementos clave para la determinación judicial. Capelli estaba junto al cura en el momento que fue asesinado en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro e incluso también fue baleado por el parapolicial.

Almirón era por esos años custodio de José López Rega y estuvo prófugo durante 31 años en Valencia, España, hasta que fue extraditado en 2006, acusado de los asesinatos de Silvio Frondizi, el diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la bonaerense Julio Troxler y el propio Mugica, todos homicidios atribuidos a la Triple A. Murió en junio de 2009.

La intención de La Nación de propugnar la “reconciliación nacional” para terminar con los gobernantes que promovieron “la confrontación y la división social” va en el mismo camino de la asociación patronal ADEPA que reclamó por la inocencia de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de complicidad en la desaparición de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, sucedida en junio de 1976.

Como lo muestra la historia reciente de nuestro país, el verdadero poder de la Argentina le marca la hoja de ruta al próximo gobierno. Dependerá de la sociedad y de los dirigentes políticos marcar el destino de esta nueva pulseada. 

Contra la absolución de Hooft

Familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad y distintas organizaciones de derechos humanos realizaron un acto en los tribunales de Mar del Plata en repudio a la decisión judicial de absolver al juez Pedro Hooft por complicidad en la desaparición de personas durante la dictadura. La absolución del magistrado fue justamente el disparador del cuestionado editorial de La Nación. Para la Comisión Provincial por la Memoria, lo resuelto por el jury de enjuiciamiento “constituye un claro retroceso en el largo camino que la democracia argentina ha recorrido para alcanzar la memoria, la verdad y la justicia”.

“Confundieron el objetivo del proceso de enjuiciamiento de magistrados. El mismo no es demostrar la comisión de delitos sino el desempeño de los jueces en su función”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria al cuestionar la absolución del juez Pedro Hooft. El magistrado está acusado de incumplir sus funciones durante el megaoperativo represivo conocido como la “Noche de las Corbatas”, ocurrido en julio de 1977. Además está denunciado de cometer delitos de lesa humanidad: visitar los centros clandestinos de detención, tener relación directa con la Sub Zona militar 15, no dar el trámite que correspondía a los recursos de hábeas corpus y haber tenido contacto directo con los centros de detención clandestinos y saber quiénes se encontraban en ellos.

Fuente:Vientitres