25.05.2014
son casi 400 informes del departamento de estado
El ex presidente Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger planearon acciones para que el socialista no llegara al poder y luego derrocarlo.
Más de 350 documentos sobre Chile, escritos por el gobierno de Estados Unidos entre 1969 y 1973, confirman la preocupación de la administración de Richard Nixon por un eventual triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970 y detallan los planes para la promoción del golpe de Estado de 1973. El texto denominado "Una democracia ruidosa, el declive del gobierno de Eduardo Frei, enero-diciembre 1969", es un compendio de 366 informes dados a conocer por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado y difundidos ayer por el diario chileno La Tercera.
Los documentos demuestran los tempranos esfuerzos de la CIA para impedir la llegada de Allende al poder, que se concretó con su triunfo del 4 de septiembre de 1970. Uno de esos papers da cuenta de una reunión de coordinación entre agencias dirigida por el asesor de seguridad Henry Kissinger, "quien pidió (al entonces director de la CIA, Richard Helms) un plan lo más preciso posible que incluya las órdenes que se darán el 5 de septiembre a quiénes y de qué manera".
El informe añade que se "debe presentar al presidente un plan de acción para prevenir una victoria de Allende (en el Congreso)" y precisa que Nixon "puede decidir moverse incluso si nosotros no se lo recomendamos".
También da cuenta de un diálogo desconocido Nixon con Kissinger un año después del triunfo de Allende. Se trata de la transcripción de una conversación telefónica entre ambos luego de que The New York Times publicara una información sobre el proceso de nacionalización del cobre en Chile. "¿Viste esto?", pregunta el mandatario estadounidense.
"Sí, lo vi", responde Kissinger, ante lo cual Nixon endurece el tono: "¿Y tienes preparado algo que decir? (...) Encárgaselo a (Alexander) Haig, el más duro hijo de puta que tienes, que trabaje en algo. Es hora de pegarle a Chile en el culo", agrega Nixon.
Otro documento desclasificado del 10 de marzo de 1972, aunque esta vez de la CIA, da cuenta de las gestiones del general chileno Alfredo Canales para organizar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende.
El informe revela que Canales se reunió el 4 de marzo de ese año con otro alto oficial para explicarle el plan y señala tener respaldo al interior del Ejército. Incluso asegura que Allende va a sobrepasar sus atribuciones en la reforma constitucional que delinea las tres áreas de la economía chilena.
"Y eso entregará a los militares el pretexto necesario para sacarlo del poder", indica el informe, que concluye que Canales afirma tener el 80% de apoyo en las Fuerzas Armadas. Un documento posterior, de septiembre de 1972, agrega que el general chileno tuvo "un acercamiento con EE UU a través de un contacto de la CIA en Santiago".
El compendio de informes, elaborado por dos ex funcionarios del Departamento de Estado, demoró 10 años en realizarse y ordena cronológicamente los documentos sobre el período. Concluirá con un segundo volumen que cubre desde 1973 a 1976.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
Operación Cóndor: el trabajo de la fiscalía genera expectativa en Paraguay
23.05.2014
El fiscal Ouviña realizó un informe sobre las gestiones en el vecino país para la recolección de información sobre los crímenes de la alianza represiva regional. Decenas de reuniones, pedidos de colaboración y la necesidad de suscribir convenios para el acceso a documentos históricos.
Ouviña remitió a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, un informe sobre las tareas desarrolladas en Paraguay entre el 27 de abril y el 2 de mayo pasado, cuando viajó para recabar información de cara a la próxima etapa de recolección de pruebas del debate oral por los crímenes de la entente represiva internacional, que abordará a mediano plazo los casos que relacionaron a las dictaduras argentina y paraguaya. El representante del Ministerio Público también informó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y al resto de las partes del proceso en el que actualmente se juzga a 22 imputados.
El fiscal propuso a las autoridades judiciales paraguayas y a la procuradora Gils Carbó la iniciativa de celebrar acuerdos para un más aceitado intercambio de información y asimismo remarcó la necesidad de "poner al alcance de todos" la información de los archivos de la dictadura paraguaya, gran parte de los cuales se hayan en el denominado "Archivo del Terror".
Ese acervo reúne la documentación elaborada por la policía del dictador Alfredo Stroessner y tiene puntos de contacto con las operaciones ilegales realizadas más allá de las fronteras de aquél país. "Los crímenes de lesa humanidad afectan a todos, conmueven a toda la humanidad, y la información debe estar a disposición de todos", postuló Ouviña, y en ese sentido remarcó que desde 2009 los archivos forman parte de la "Memoria del Mundo" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Ouviña puso de relieve que "el acceso irrestricto a la información, su guarda y conservación en un solo lugar que dé fe de su contenido, facilitaría el examen conjunto de evidencias actualmente diseminadas en múltiples reservorios y un más rápido acercamiento de prueba a las investigaciones en curso, particularmente las que se desarrollan en nuestro país". El fiscal General agregó: "A mi modo de ver, resultaría paradojal que la prueba de hechos que afectaron a toda la humanidad no estuviera a disposición de toda la humanidad".
Una semana de trabajo intenso
Con una apretada agenda que no dio descanso ni aún el jueves 1º de mayo, Ouviña y las jefas de despacho de la Fiscalía, Anabella Levy y Melisa Slatman, mantuvieron decenas de reuniones con funcionarios locales, miembros de organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas. Para la misión, contaron con la predisposición y el servicio del encargado de negocios de la Embajada Argentina, Luis Niscóvolos, y del secretario de la sede diplomática, Emmanuel Guerra.
"Informamos a testigos acerca del significado de la instancia procesal, de las características de los juicios orales y públicos conforme el Código Procesal de la Nación –en particular, el desarrollo de las audiencias de debate–; y contestamos todas las dudas que nos plantearon con relación a éstas y otras cuestiones vinculadas con los procesos judiciales, excepto las relativas a la información contenida específicamente en las causas objeto de este debate", explicó Ouviña.
La agenda también incluyó reuniones con el abogado y educador Martín Almada, reconocido mundialmente por haber hallado los denominados "Archivos del Terror", quien continúa la búsqueda de información en otros países, y con el senador Luis Alberto Wagner.
Con él, los funcionarios argentinos visitaron la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Asuntos Técnicos y la Comisaría Tercera de la policía paraguaya, lugares en donde permaneció en cautiverio en la década del '70 y en donde conoció a algunas de las víctimas del juicio que se celebra en Argentina.
Los exhortos
Una de las principales preocupaciones del fiscal fue consultar en persona en el Museo de la Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, por un exhorto diplomático que se había librado desde la justicia argentina en el marco de las investigaciones de la Operación Cóndor. Allí, pudo comprobar que el pedido había llegado incompleto y aprovechó la oportunidad para entregar en mano copia del oficio librado por el tribunal argentino.
La rogatoria solicitaba la remisión en copia digital del archivo completo de la policía paraguaya. Ouviña explicó al director del Museo, el juez José Agustín Fernández, y a la coordinadora, Rosa Palau, por qué se necesita "la remisión completa" de toda la información del acervo.
"Nos mostraron documentos originales, fotos y archivos de audio. Vimos que había mucha información de la que no teníamos conocimiento y que resultaba inabarcable para ser examinada en ese momento", precisó el fiscal. Ouviña hizo notar también que el servicio de búsqueda por Internet que se puede realizar desde el sitio web del Museo no permite el acceso a toda la información del archivo.
"El juez Fernández se mostró interesado en aportar toda la documentación que integra el archivo a fin de darle difusión así como también manifestó interés en firmar un convenio de cooperación entre el archivo que dirige, y el Ministerio Público Fiscal o la Corte Suprema argentina", agregó.
Ouviña solicitó a su regreso al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 que convoque a Fernández como testigo en el juicio. Los jueces comunicaron hoy la aceptación del pedido y el juez paraguayo será llamado a declarar.
Por otro lado, los funcionarios del Ministerio Público argentino se reunieron con el fiscal de asuntos internacionales de la Fiscalía General del Estado de Paraguay, Juan Emilio Oviedo Cabañas, responsable de la tramitación de rogatorias internacionales, y la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, María Teresa Aguirre. El tema de la reunión fue la falta de contestación de otro exhorto dirigido a la justicia de aquél país. "Tomaron nota de mis inquietudes y ofrecieron colaboración. Se mostraron entusiastas, asimismo, sobre la posibilidad de suscribir convenios formales de asistencia con la Procuración General de la Nación", remarcó Ouviña.
Otros archivos
También, se realizaron reuniones en la sede de la actual Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, ex Comisión de la Verdad y Justicia, que investigó oportunamente los crímenes de la dictadura de Stroessner. Allí, los cónclaves fueron con su directora, Yudith Rolón, y varios integrantes de la dependencia.
Ese organismo tiene, entre otras, la función de impulsar las recomendaciones formuladas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, y organizar y preservar los archivos y bases de datos producidas durante la investigación de la Comisión.
El diálogo en esa sede le permitió al fiscal Ouviña conocer la existencia de otros archivos del Estado paraguayo, como los de la Cancillería, de diferentes consulados y el propio Ejército local, que podrían contener información relevante para la investigación en curso en la Argentina. "Por ese motivo se conversó sobre la posibilidad de consultar toda la documentación para eventualmente ofrecerla como nueva prueba", indicó el fiscal, quien además adelantó que hubo acuerdo en la necesidad de proponer un convenio de colaboración internacional para compartir esa información.
El juicio
La Fiscalía espera que antes de finalizar el primer semestre de este año el debate oral y público se encamine a tratar los casos del binomio "Paraguay-Argentina", para el que se espera la declaración de unos cien testigos, de los cuales la mitad reside en el país vecino.
El juicio por la Operación Cóndor comenzó el 5 de marzo del año pasado. En el proceso se juzgan secuestros en el marco de una asociación ilícita internacional.
En lo que va del juicio, el Tribunal ya abordó la relación de la represión ilegal entre Uruguay y Argentina y se encuentra promediando la recepción de pruebas sobre el vínculo entre la dictadura de nuestro país y la chilena. Antes de tratar en el debate las relaciones de las dictaduras uruguaya y trasandina, Ouviña también viajó a esos dos países para realizar similares gestiones a las concretadas este mes en Paraguay.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:Agnddhh
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