26-6-2014
Lesa Humanidad
Nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza
"A Romano le encantaba ver familiares porque les daba las peores noticias”
Lesa Humanidad
Nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza
"A Romano le encantaba ver familiares porque les daba las peores noticias”
La abogada Haydeé Fernández del Río – detenida y torturada en 1976- dio detalles de la persecución que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”.
Memoria, verdad y justicia
En la audiencia 26 del Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza por la megacausa que tiene como protagonistas a los ex jueces Otilio Romano y Luis, un nuevo testimonio desenmascaró el funcionamiento de la justicia durante la última dictadura militar. La abogada Haydeé Clorinda Fernández del Río, que defendió a ex presos políticos, explicó la persecución ideológica que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”. En tanto, Guido Esteban Actis declaró sobre su paso por el centro clandestino D2, uno de los más grandes de la provincia. Además, el ex militante de la Juventud Peronista (JP) y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), evidenció que la represión al movimiento obrero se puso en ejecución antes del golpe cívico-militar. La próxima audiencia será el lunes 30 de junio con los testimonios de los testigos Guillermo Martínez Agüero y Oscar Guidone.
Haydeé Fernández del Río contó el itinerario de detención: fue secuestrada el 17 de marzo de 1976 y llevada al D2, donde fue torturada. Dos días después la trasladaron a la Penitenciaría –allí funcionó otro centro clandestino- y el 19 de marzo la llevaron al Juzgado Federal donde le informaron que estaba involucrada en la Causa Rabanal. Después fue enviada a Villa Devoto y el 7 de enero de 1981 recuperó la libertad. En el D2 permaneció vendada: la brutalidad de la tortura le provocó un quiste en el pecho. Fue operada sin anestesia luego en Devoto.
Ante el Tribunal contó que fue parte del grupo de abogados que defendió a presos políticos en los años previos a la dictadura. Patrocinó a militantes de un sector del peronismo y de la izquierda, como Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez -desaparecido en la ESMA- y Rosendo Chávez, todas víctimas de la represión ilegal.
Defensora amenazada
Desde 1975 Fernández ejerció su profesión bajo amenaza de muerte y realizó hábeas corpus a escondidas. En su testimonio recordó que “los expedientes quedaban lastimosamente paralizados, la relación con Romano y la Justicia Federal era muy difícil para nosotros. No en vano hay alrededor de 101 abogados desaparecidos y asesinados”. La abogada dijo que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “Nosotros no la tenemos”. Y agregó: “Luego Romano le dijo a mi padre que yo estaba en la peor causa de Mendoza. A Romano le encantaba ver a los familiares, porque les daba las peores noticias”.
Su declaración no pasó desapercibida. Fernández del Río miró a los imputados y, sin titubear, dijo que los ex jueces y fiscales acusados por delitos de lesa humanidad los marginaban por su militancia política. “No éramos queribles, nos rechazaban los hábeas corpus, decían que no sabían y de allí, de los Juzgados Federales, salían los informes sobre quién iba, quién venía, a quién defendíamos. Esos informes iban a parar a manos de los represores”, dijo.
En este sentido mencionó a los ex jueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que simulaba desconocer lo que acontecía. Y, específicamente, de Carrizo recordó que “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más a José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”. Juan Basilio Sgroi fue un ex preso político detenido en el D2 que se encontraba al límite de la vida y la muerte.
Represores expertos en torturas
Guido Esteban Actis, ex militante de la JP, trabajaba en la Dirección Estadísticas y Censos cuando fue detenido a sus 24 años, en febrero de 1976. Habló de su paso por el D2, donde coincidiera con otras víctimas que prestaron declaración anteriormente, entre ellas Silvia Ontivero y Fernando Rule. “La persona que golpeaba parecía un boxeador. Me ponían contra la pared y me golpeaban incluso en los oídos”, dijo.
Su relato aportó más datos sobre la causa de Miguel Ángel Gil, -asesinado en el D2- y Silvia Peralta -desaparecida, conocida como la “Cordobesa”, cuyo último dato se vincula con el centro de detención clandestino La Perla-. Finalmente, mencionó su paso por la cárcel de Caseros y luego por la U9 de La Plata, ocasión en la cual fue presentado ante el ex magistrado Max Petra Recabarren, designado su abogado defensor. El 23 de noviembre de 1982, Actis recibió la libertad vigilada hasta el 30 de julio de 1983. No pudo recuperar su trabajo y fue impedido de terminar la carrera de Ingeniería Electrónica, a pesar de las reiteradas solicitudes prestadas.
Por último, relató la persecución ideológica y sindical que sufrió antes del golpe militar. En esta causa se están juzgando los casos de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus, y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos asesinados por la aplicación de tortura.
Fuente:Infojus
AUDIENCIA 26 / REPRESIÓN A DELEGADOS SINDICALES Y ABOGADOS
Haydeé Fernández del Río contó el itinerario de detención: fue secuestrada el 17 de marzo de 1976 y llevada al D2, donde fue torturada. Dos días después la trasladaron a la Penitenciaría –allí funcionó otro centro clandestino- y el 19 de marzo la llevaron al Juzgado Federal donde le informaron que estaba involucrada en la Causa Rabanal. Después fue enviada a Villa Devoto y el 7 de enero de 1981 recuperó la libertad. En el D2 permaneció vendada: la brutalidad de la tortura le provocó un quiste en el pecho. Fue operada sin anestesia luego en Devoto.
Ante el Tribunal contó que fue parte del grupo de abogados que defendió a presos políticos en los años previos a la dictadura. Patrocinó a militantes de un sector del peronismo y de la izquierda, como Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez -desaparecido en la ESMA- y Rosendo Chávez, todas víctimas de la represión ilegal.
Defensora amenazada
Desde 1975 Fernández ejerció su profesión bajo amenaza de muerte y realizó hábeas corpus a escondidas. En su testimonio recordó que “los expedientes quedaban lastimosamente paralizados, la relación con Romano y la Justicia Federal era muy difícil para nosotros. No en vano hay alrededor de 101 abogados desaparecidos y asesinados”. La abogada dijo que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “Nosotros no la tenemos”. Y agregó: “Luego Romano le dijo a mi padre que yo estaba en la peor causa de Mendoza. A Romano le encantaba ver a los familiares, porque les daba las peores noticias”.
Su declaración no pasó desapercibida. Fernández del Río miró a los imputados y, sin titubear, dijo que los ex jueces y fiscales acusados por delitos de lesa humanidad los marginaban por su militancia política. “No éramos queribles, nos rechazaban los hábeas corpus, decían que no sabían y de allí, de los Juzgados Federales, salían los informes sobre quién iba, quién venía, a quién defendíamos. Esos informes iban a parar a manos de los represores”, dijo.
En este sentido mencionó a los ex jueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que simulaba desconocer lo que acontecía. Y, específicamente, de Carrizo recordó que “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más a José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”. Juan Basilio Sgroi fue un ex preso político detenido en el D2 que se encontraba al límite de la vida y la muerte.
Represores expertos en torturas
Guido Esteban Actis, ex militante de la JP, trabajaba en la Dirección Estadísticas y Censos cuando fue detenido a sus 24 años, en febrero de 1976. Habló de su paso por el D2, donde coincidiera con otras víctimas que prestaron declaración anteriormente, entre ellas Silvia Ontivero y Fernando Rule. “La persona que golpeaba parecía un boxeador. Me ponían contra la pared y me golpeaban incluso en los oídos”, dijo.
Su relato aportó más datos sobre la causa de Miguel Ángel Gil, -asesinado en el D2- y Silvia Peralta -desaparecida, conocida como la “Cordobesa”, cuyo último dato se vincula con el centro de detención clandestino La Perla-. Finalmente, mencionó su paso por la cárcel de Caseros y luego por la U9 de La Plata, ocasión en la cual fue presentado ante el ex magistrado Max Petra Recabarren, designado su abogado defensor. El 23 de noviembre de 1982, Actis recibió la libertad vigilada hasta el 30 de julio de 1983. No pudo recuperar su trabajo y fue impedido de terminar la carrera de Ingeniería Electrónica, a pesar de las reiteradas solicitudes prestadas.
Por último, relató la persecución ideológica y sindical que sufrió antes del golpe militar. En esta causa se están juzgando los casos de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus, y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos asesinados por la aplicación de tortura.
Fuente:Infojus
23-06-14| Guido Actis, claro y preciso, declaró sobre su paso por el D2 y las penitenciarías, con final feliz. La abogada Haydeé Fernández desenmascaró el funcionamiento de la justicia y puso de relieve la persecución a los abogados que defendían presos políticos.
Guido Esteban Actis describió, con impecable exactitud y gran lucidez, los hechos que rodearon su detención, desde el intento de secuestro que sufriera el 13 de febrero de 1976, frente a su domicilio, en el que fue baleado en las manos, hasta su libertad definitiva en 1983.
El testigo fue detenido el 20 de febrero de 1976, una semana después de su fallido secuestro, cuando se presentó acompañado por dos policías, a la sede del D2. Entró a cara descubierta y fue derivado al sector identificado como “Área Restringida”. Una vez adentro dijo haber visto a la cordobesa Silvia Peralta “con un vestido rojo”; después le colocaron la venda y recibió una golpiza de grandes dimensiones. A partir de ese momento su relato sobre el D2 fue similar a los aportados por las y los detenidos en el operativo de febrero del ’76.
Actis resaltó la agonía sufrida por Miguel Ángel Gil y la torre humana, que según opinó, le causó la muerte. Más aún, escuchó, “parece que se nos fue uno” de boca de los guardias, enseguida los gritos de Marcos Ibáñez y finalmente, un silencio absoluto. Actis manifestó que Miguel Ángel Gil murió allí, en el D2.
Respecto de los ataques sexuales en esa dependencia policial, hizo memoria de la vejación contra una compañera de la que reservó su nombre pero admitió que las violaciones contra las mujeres estaban generalizadas y eran sistemáticas. En un tramo de su declaración evocó a Silvia Peralta que, según supo, fue vendida por la policía de Mendoza a los padres de la detenida. Cuando la familia se trasladaba hacia Córdoba, el vehículo fue interceptado, balearon a su esposo y ante sus padres fue nuevamente secuestrada. Silvia, fue vista por última vez en el Centro Clandestino La Perla, donde se perdió su rastro.
Larga permanencia en el Penal
Actis llegó a la penitenciaría el 27 de febrero del ’76 junto a los y las detenidas del mismo operativo, pero a diferencia del resto de sus compañeros, permaneció más de dos años en la cárcel local.
Describió con gran precisión la disposición de los pabellones, el aislamiento y los garrotazos recibidos en los calabozos de castigo y proporcionó el nombre de numerosos penitenciarios. Entre ellos identificó a Bianchi, Bonafede y Barrios, como quienes estaban de guardia el día de la golpiza de julio del ’76. Agregó los nombres de Quenán, Linares, Sachetti, Galignana y otros, desde alcaides hasta celadores. Asimismo, confirmó el relato de la mencionada golpiza liderada por el Ejército y aseguró que la comandaba Ledesma, quien se ensañó, particularmente, con él.
Como un paréntesis a las penurias, Actis recordó que en 1978 fue trasladado al Hospital Militar para ser operado de una rodilla. Allí se cruzó con dos detenidas, Rosa Gómez y Alicia Peña, hecho que dio inicio a otra historia. Después de dos años y ocho meses en el penal provincial fue trasladado a las cárceles de Caseros y La Plata. Obtuvo libertad vigilada en noviembre de 1982 y libertad definitiva en el ‘83.
De su paso por el penal mendocino destacó que estuvo 365 días sin visitas. También recordó la despedida del desaparecido Santiago Illa, quien dejó las celdas creyendo que salía en libertad. Por otro lado, reconoció los buenos oficios del sacerdote Latuff, quien favorecía la comunicación entre los detenidos y sus familias.
“No teníamos derechos… No confiaba en la justicia”
A pesar de la excelente memoria demostrada por el testigo, presentó registros difusos de su vinculación con la justicia de aquellos días ya que descreía de su función.
Aseguró que en su primer contacto se abstuvo de declarar porque el escribiente era un policía, según le advirtieron. Tiempo después supo que el juez actuante en aquel momento era Rolando Carrizo.
En 1979, Actis fue absuelto por el juez Guzzo. Sin embargo, la Cámara revocó la decisión. El testigo no recordó que en esa ocasión el fiscal que solicitó se revocara su absolución, invocando la declaración hecha por él firmada en el D2, fue Otilio Romano. En cambio, rememoró con claridad, que en septiembre de 1979, el juez Garguir y su defensor, Guillermo Petra, lo visitaron en la cárcel de La Plata. El juez, con todo desparpajo, le dijo: “los militares no quieren que usted salga sin condena”- esta expresión la sostuvo frente a Guillermo Petra, su defensor designado-, y anticipó que le aplicaría cuatro años. Actis insistió en que no confiaba en los magistrados y opinó: “encubrieron todo”.
Para finalizar, recordó que durante su detención mantenía relación por cartas, con aquella detenida que se cruzó en el Hospital, Alicia Peña. En julio de 1982 se casaron en el penal y hasta hoy siguen siendo compañeros de vida… con un “¡salud!”, cerró su declaración.
En rescate de la democracia sindical
Guido Actis, representante de la Dirección de Estadísticas y Censos, fue la última detención de delegados de ATE que también pertenecía a la Juventud Trabajadora Peronista -JTP-, secuestrado en el Operativo de febrero del ’76. El intento de organización del sindicalismo combativo, con gran representación de base, fue blanco de la represión a lo largo del país. En Mendoza, sólo en esta causa, se cobró la vida de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos muertos en la tortura.

La persecución a los abogados
Haydeé Clorinda Fernández del Río integró el grupo de los pocos abogados que se animaron a defender a presos políticos en los años previos a la dictadura. Militantes de un sector del peronismo y de la izquierda fueron patrocinados por ella, así como Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez (desaparecido en la ESMA) y Rosendo Chávez, quienes terminaron siendo víctimas de la represión ilegal.
Haydeé, quien declaró este lunes como testigo, fue secuestrada el 17 de marzo de 1976 y llevada al D2 donde fue torturada. Dos días después la pasaron a la penitenciaría y el 19 de marzo la llevaron al Juzgado Federal donde le informaron que estaba involucrada en la Causa Rabanal. A fines de octubre de ese año la trasladaron a Villa Devoto y el 7 de enero de 1981 recuperó la libertad.
En su valioso testimonio, con una claridad notable la abogada contó que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “Nosotros no la tenemos”.
También mencionó a los exjueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que simulaba desconocer lo que acontecía. Y, específicamente, de Carrizo recordó que “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más a José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”.
“No éramos queribles, nos rechazaban los Habeas Corpus, decían que no sabían y de allí, de los Juzgados Federales, salían los informes sobre quién iba, quién venía, a quién defendíamos”, información de la que se sirvieron los represores para atacar a los abogados.
En el final del testimonio, el defensor de Romano, Ariel Civit, pasó un verdadero papelón cuando inquirió a Haydeé sobre por qué su hermano abogado y el doctor Buyé, que la defendieron en un primer momento, no estuvieron después. La respuesta fue: “¿Pero usted ignora lo que se vivía entonces? ¿No sabe que los abogados eran perseguidos (hay 101 desaparecidos) y que tenían que esconderse?”. Y ante otra pregunta de Civit sobre su defendido, la doctora Fernández, con firmeza señaló: “¿Cómo Romano no iba a saber lo que pasaba si era fiscal de la Causa Rabanal…? Esa causa produjo desapariciones, muertes, violaciones y torturas. ¿Y qué hizo Romano?”
La próxima audiencia será el lunes 30 de junio con los testimonios de Guillermo Martínez Agüero y Oscar Guidone. Luego habrá audiencia el miércoles 2 de julio.
Fuente:JuiciosMendoza
Guido Esteban Actis describió, con impecable exactitud y gran lucidez, los hechos que rodearon su detención, desde el intento de secuestro que sufriera el 13 de febrero de 1976, frente a su domicilio, en el que fue baleado en las manos, hasta su libertad definitiva en 1983.
El testigo fue detenido el 20 de febrero de 1976, una semana después de su fallido secuestro, cuando se presentó acompañado por dos policías, a la sede del D2. Entró a cara descubierta y fue derivado al sector identificado como “Área Restringida”. Una vez adentro dijo haber visto a la cordobesa Silvia Peralta “con un vestido rojo”; después le colocaron la venda y recibió una golpiza de grandes dimensiones. A partir de ese momento su relato sobre el D2 fue similar a los aportados por las y los detenidos en el operativo de febrero del ’76.
Actis resaltó la agonía sufrida por Miguel Ángel Gil y la torre humana, que según opinó, le causó la muerte. Más aún, escuchó, “parece que se nos fue uno” de boca de los guardias, enseguida los gritos de Marcos Ibáñez y finalmente, un silencio absoluto. Actis manifestó que Miguel Ángel Gil murió allí, en el D2.
Respecto de los ataques sexuales en esa dependencia policial, hizo memoria de la vejación contra una compañera de la que reservó su nombre pero admitió que las violaciones contra las mujeres estaban generalizadas y eran sistemáticas. En un tramo de su declaración evocó a Silvia Peralta que, según supo, fue vendida por la policía de Mendoza a los padres de la detenida. Cuando la familia se trasladaba hacia Córdoba, el vehículo fue interceptado, balearon a su esposo y ante sus padres fue nuevamente secuestrada. Silvia, fue vista por última vez en el Centro Clandestino La Perla, donde se perdió su rastro.
Larga permanencia en el Penal
Actis llegó a la penitenciaría el 27 de febrero del ’76 junto a los y las detenidas del mismo operativo, pero a diferencia del resto de sus compañeros, permaneció más de dos años en la cárcel local.
Describió con gran precisión la disposición de los pabellones, el aislamiento y los garrotazos recibidos en los calabozos de castigo y proporcionó el nombre de numerosos penitenciarios. Entre ellos identificó a Bianchi, Bonafede y Barrios, como quienes estaban de guardia el día de la golpiza de julio del ’76. Agregó los nombres de Quenán, Linares, Sachetti, Galignana y otros, desde alcaides hasta celadores. Asimismo, confirmó el relato de la mencionada golpiza liderada por el Ejército y aseguró que la comandaba Ledesma, quien se ensañó, particularmente, con él.
Como un paréntesis a las penurias, Actis recordó que en 1978 fue trasladado al Hospital Militar para ser operado de una rodilla. Allí se cruzó con dos detenidas, Rosa Gómez y Alicia Peña, hecho que dio inicio a otra historia. Después de dos años y ocho meses en el penal provincial fue trasladado a las cárceles de Caseros y La Plata. Obtuvo libertad vigilada en noviembre de 1982 y libertad definitiva en el ‘83.
De su paso por el penal mendocino destacó que estuvo 365 días sin visitas. También recordó la despedida del desaparecido Santiago Illa, quien dejó las celdas creyendo que salía en libertad. Por otro lado, reconoció los buenos oficios del sacerdote Latuff, quien favorecía la comunicación entre los detenidos y sus familias.
“No teníamos derechos… No confiaba en la justicia”
A pesar de la excelente memoria demostrada por el testigo, presentó registros difusos de su vinculación con la justicia de aquellos días ya que descreía de su función.
Aseguró que en su primer contacto se abstuvo de declarar porque el escribiente era un policía, según le advirtieron. Tiempo después supo que el juez actuante en aquel momento era Rolando Carrizo.
En 1979, Actis fue absuelto por el juez Guzzo. Sin embargo, la Cámara revocó la decisión. El testigo no recordó que en esa ocasión el fiscal que solicitó se revocara su absolución, invocando la declaración hecha por él firmada en el D2, fue Otilio Romano. En cambio, rememoró con claridad, que en septiembre de 1979, el juez Garguir y su defensor, Guillermo Petra, lo visitaron en la cárcel de La Plata. El juez, con todo desparpajo, le dijo: “los militares no quieren que usted salga sin condena”- esta expresión la sostuvo frente a Guillermo Petra, su defensor designado-, y anticipó que le aplicaría cuatro años. Actis insistió en que no confiaba en los magistrados y opinó: “encubrieron todo”.
Para finalizar, recordó que durante su detención mantenía relación por cartas, con aquella detenida que se cruzó en el Hospital, Alicia Peña. En julio de 1982 se casaron en el penal y hasta hoy siguen siendo compañeros de vida… con un “¡salud!”, cerró su declaración.
En rescate de la democracia sindical
Guido Actis, representante de la Dirección de Estadísticas y Censos, fue la última detención de delegados de ATE que también pertenecía a la Juventud Trabajadora Peronista -JTP-, secuestrado en el Operativo de febrero del ’76. El intento de organización del sindicalismo combativo, con gran representación de base, fue blanco de la represión a lo largo del país. En Mendoza, sólo en esta causa, se cobró la vida de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos muertos en la tortura.
Miguel Angel Gil, primero a la izquierda. (Gentileza de Oscar Gil)
La persecución a los abogados
Haydeé Clorinda Fernández del Río integró el grupo de los pocos abogados que se animaron a defender a presos políticos en los años previos a la dictadura. Militantes de un sector del peronismo y de la izquierda fueron patrocinados por ella, así como Alfredo Guevara, Fuad Toum, Conrado Gómez (desaparecido en la ESMA) y Rosendo Chávez, quienes terminaron siendo víctimas de la represión ilegal.
Haydeé, quien declaró este lunes como testigo, fue secuestrada el 17 de marzo de 1976 y llevada al D2 donde fue torturada. Dos días después la pasaron a la penitenciaría y el 19 de marzo la llevaron al Juzgado Federal donde le informaron que estaba involucrada en la Causa Rabanal. A fines de octubre de ese año la trasladaron a Villa Devoto y el 7 de enero de 1981 recuperó la libertad.
En su valioso testimonio, con una claridad notable la abogada contó que una hermana suya, un día después de la detención, habló con Otilio Romano, entonces fiscal, quien le dijo: “Nosotros no la tenemos”.
También mencionó a los exjueces Rolando Carrizo y Luis Miret como parte del aparato judicial que simulaba desconocer lo que acontecía. Y, específicamente, de Carrizo recordó que “evidentemente, sabía lo que sucedía porque cuando le pedimos que no torturaran más a José Basilio Sgroi porque se moría, lo dejaron de torturar”.
“No éramos queribles, nos rechazaban los Habeas Corpus, decían que no sabían y de allí, de los Juzgados Federales, salían los informes sobre quién iba, quién venía, a quién defendíamos”, información de la que se sirvieron los represores para atacar a los abogados.
En el final del testimonio, el defensor de Romano, Ariel Civit, pasó un verdadero papelón cuando inquirió a Haydeé sobre por qué su hermano abogado y el doctor Buyé, que la defendieron en un primer momento, no estuvieron después. La respuesta fue: “¿Pero usted ignora lo que se vivía entonces? ¿No sabe que los abogados eran perseguidos (hay 101 desaparecidos) y que tenían que esconderse?”. Y ante otra pregunta de Civit sobre su defendido, la doctora Fernández, con firmeza señaló: “¿Cómo Romano no iba a saber lo que pasaba si era fiscal de la Causa Rabanal…? Esa causa produjo desapariciones, muertes, violaciones y torturas. ¿Y qué hizo Romano?”
La próxima audiencia será el lunes 30 de junio con los testimonios de Guillermo Martínez Agüero y Oscar Guidone. Luego habrá audiencia el miércoles 2 de julio.
Fuente:JuiciosMendoza

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