Antesala de un atentado
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por Walter Goobar
argentina@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por Walter Goobar
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Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el juzgado de Alberto Santamarina sabían 104 días antes de la voladura de la mutual judía que había un atentado en marcha, pero prefirieron ignorar una media docena de alertas.
El día que voló la AMIA, el presidente Carlos Saúl Menem pareció acribillado por los remordimientos que no podía compartir, juntó las manos como un devoto y sólo pudo articular una frase inesperada como si una verdad estuviera aniquilándolo: “Les pido perdón”, aseguró arrastrando las palabras al hablar con su típico acento riojano y se sumió en un mutismo sepulcral ante el asombro de la gente. Por única vez, la voz de Menem tuvo la capacidad de engendrar el silencio. Muchos se preguntaron por qué había hecho semejante confesión. ¿Cuál era el origen de su remordimiento?
De las crípticas palabras del riojano y de un cúmulo de evidencias que se detallan en esta investigación, sólo puede arribarse a una conclusión estremecedora: las autoridades ignoraron una media docena de alertas precisas independientes y coincidentes sobre la inminencia del atentado, y no se trató de negligencia o desidia sino de un abominable cálculo político: el gobierno, la Justicia y los servicios de inteligencia creyeron tener infiltrada a la célula terrorista que iba a perpetrar el atentado, la dejaron actuar pensando en abortarlo a último momento y anotarse con ello un doble triunfo: haber conjurado el ataque a la mutual judía y, al mismo tiempo, resolver la voladura de la Embajada de Israel. Pero los terroristas iraníes y carapintadas fueron más astutos y madrugaron a quienes habían diseñado lo que en la jerga de inteligencia se denomina “una operación controlada”. El encubrimiento de esa operación descontrolada es lo que impide aún hoy desentrañar la conexión local, que sigue siendo uno de los secretos mejor guardados.
Lo que nadie sabía en aquel momento es que el atentado era el acto final y terrible de una rocambolesca operación encubierta generada en la mente de Hugo Anzorreguy, el jefe del espionaje menemista.
Menem nunca escondió su convicción de que el atentado contra la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, había sido obra de iraníes y carapintadas. A minutos del bombazo en la calle Arroyo, el presidente adelantó: “Hubo un atentado en la embajada de Israel... Son los mismos del 3 de diciembre...”, dijo Menem. Más tarde, flanqueado por los ministros de su Gabinete en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, declaró que los autores podrían ser “nazis y fundamentalistas, de afuera o de adentro”, y añadió: “Tenemos la seguridad de que se trata de sectores fundamentalistas y no se puede descartar que tengan vinculación con forajidos de adentro”. Cuando los periodistas le preguntaron si se refería al encarcelado jefe carapintada Mohamed Ali Seineldín cuando culpó a “alguien que está en prisión”, Menem repitió en forma tajante: “Volaron la embajada israelí en Buenos Aires [...]. No hago nombres”, sentenció en esa oportunidad, aunque con el correr de los días bajó el tono porque sus asesores le hicieron notar que no tenía pruebas para sostener sus acusaciones.
–”Habría que obtenerlas”, respondió de manera enigmática.
Tiempo después, Menem –con su desenfado habitual– ordenó a su jefe de inteligencia, Hugo Anzorreguy, una misión vital para la seguridad nacional: infiltrar a la célula iraní liderada por Mohsen Rabbani, que usaba como base de operaciones la mezquita At Tahuid del barrio de Floresta. Menem dio esa orden con la misma despreocupada sonrisa de complicidad como si hubiese pedido que le trajeran a la residencia de Olivos a la última cantante de moda.
Inmune a las sorpresas, el imperturbable Señor 5 pensó durante una fracción de segundos que su jefe político bromeaba, pero al instante comprendió que Menem hablaba en serio y que estaba dando comienzo a una intrincada trama que hasta el día de hoy no ha podido ser del todo dilucidada.
Después de largos conciliábulos, ambos hombres decidieron que la decisión no iba a quedar plasmada en un decreto y ni siquiera en un memorándum, pero Menem y Anzorreguy se juramentaron que durante el resto de sus vidas no revelarían, ni de palabra ni por ningún otro medio, el hecho de que cierta operación contraterrorista se proyectó siquiera, y menos aún se ejecutó.
Anzorreguy acometió la misión diligentemente. Quizás demasiado diligentemente.
La cuenta regresiva para el trágico desenlace se puso en marcha.
Sin conocer en aquel momento la decisión de los iraníes, Anzorreguy consultó con sus enlaces de la CIA y el Mossad y desplegó una vasta red de topos para buscar contacto con las redes clandestinas iraníes en la Argentina, en América latina y Europa.
Desde el momento en que empezaron a llegar los primeros informes sobre las actividades terroristas del agregado cultural iraní Mohsen Rabbani, los espías argentinos trabajaron contrarreloj buscando una manera, la que fuese, de entrar en el territorio del clérigo. Pero, ¿cómo?
No era una tarea sencilla. Rabbani y su séquito no disimulaban sus esfuerzos para despistar a los espías que lo seguían, incluso en paseos de varias horas a las 3 de la mañana, a menos de 20 km por hora con su auto para dificultar la tarea de seguimiento, lo que se llama en el lenguaje operativo antiseguimiento.
En la mezquita de la calle San Nicolás 674, todos se conocían y pasaban por el filtro de dos argentinos conversos al islam: Ricardo Sahmsuddin Elía –hijo de un agente de la inteligencia naval– y Abdel karim Paz, que actuaban como si fueran los jefes de una impredecible milicia libanesa en la clandestinidad. Todos estaban bajo vigilancia y lo sabían.
El siguiente fracaso ocurrió cuando trataron de reclutar algún buchón entre los miembros de una red de taxistas persas que se ganaba la vida surcando las calles de Buenos Aires, y a alguno de los 93 iraníes que eran estudiantes crónicos de medicina en la UBA, aunque se sospechaba que muy probablemente eran miembros de los servicios de inteligencia iraníes.
La historia de los fracasos podía haberse prolongado hasta el infinito, hasta que un golpe de suerte permitió el reclutamiento de uno o varios carapintadas que tenían fluidos nexos con los iraníes. Lo que nadie ha logrado desentrañar es si fue una iniciativa de los servicios de inteligencia o si los uniformados decidieron hacer el doble juego traicionando a los persas a cambio de dinero e impunidad. Lo cierto es que la riesgosa e impredecible operación basada en usar a los carapintadas como informantes, recién se hizo efectiva tras seis tensas semanas de luchas intestinas en la casa de la calle 25 de Mayo.
Espiar –dicen los topos– es esperar y ahora había que esperar y rezar un poco. Eso fue lo que hicieron Menem y Anzorreguy, y finalmente la inteligencia argentina logró infiltrar a la Iraní mediante una compleja operación que involucraba a países del Este. O, al menos eso le hicieron creer los iraníes, expertos en el arte del doble juego y las emboscadas.
Mientras los topos argentinos ensayaban su dudoso trabajo de infiltración –o si se prefiere, de provocación–, en las madrigueras europeas de los iraníes que, de paso, servían para justificar abultados viáticos, alguien –probablemente Hugo Anzorreguy– susurró en los oídos del presidente la fatídica idea de una operación controlada, es decir, una operación en la que las fuerzas de seguridad conocen de antemano los planes del grupo que quiere consumar un atentado terrorista. En lugar de detenerlos, los ayudan a organizarlo, los alientan con la intención de atraparlos in fraganti, instantes antes de cometer el delito, detenerlos con las pruebas irrefutables en el escenario.
¿Qué motivos podía esgrimir Menem para encarar una riesgosa operación de ese tipo en un caso de terrorismo?
El primer atentado contra la embajada de Israel no había sido resuelto y la Corte Suprema pretendía cerrar la causa por falta de pruebas. Con una operación controlada, los autores del primer atentado habrían caído con las manos en la masa, se les podría imputar la realización del primer atentado y la conspiración para realizar un segundo atentado.
El mundo hubiese asistido con admiración a esta acción, el presidente Menem, seguramente flanqueado por el Señor cinco Hugo Anzorreguy, hubiera anunciado por cadena nacional la exitosa captura de una banda mixta que se aprestaba a producir una masacre contra el edificio de la mutual judía.
Resuelto el atentado del ’92, conjurado un nuevo atentado, el prestigio para la administración Menem hubiera sido enorme.
A un sector de agentes de la SIDE todo el asunto le olió mal, pero se impuso el sentido táctico y tampoco querían perdérselo. En la lógica del espionaje, un enemigo concreto, con nombre y apellido siempre brinda la oportunidad de justificar más presupuesto, hacer buenos negocios y acumular poder en el tenebroso submundo de la inteligencia y el contraterrorismo. Es más, si el enemigo no existe, lo mejor es inventarlo tal como hizo el FBI con un centenar de complots que montó para luego desarticular. Y cometieron más de un fiasco. Nunca lo admiten hasta que alguien los fuerza a hacerlo.
El tenebroso juego que practican los servicios de inteligencia parte de la premisa que los espías no son policías. No detienen a sus objetivos. Los desarrollan y dirigen hacia objetivos mayores. Cuando identifican una red, la vigilan, la escuchan y se infiltran para tratar de controlarla. Las detenciones son un valor negativo. Destruyen una valiosa adquisición que obliga a empezar de cero. Si un sospechoso no forma parte de una red conocida, los espías se encargan de introducirlo en alguna. Si es necesario, le inventan una red, sólo para él.
Existen evidencias contundentes para asegurar que Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina tenían, al menos desde abril, conocimiento pleno de que en julio habría de producirse el ataque.
Según Claudio Lifschitz, un ex agente de inteligencia de la Policía Federal que entre 1995 y 1997 ocupó el tercer cargo de importancia en el juzgado a cargo de Juan José Galeano, y que frecuentemente es mencionado por la presidenta Cristina Kirchner, el agente encubierto era uno sólo: Nasser Rashmani, un ciudadano iraní llegado a Argentina en la infancia con su familia. Rashmani era, según Lifschitz, lo que se llama un “agente inorgánico”, un informante entrenado que cobraba salario de la SIDE, pero no figuraba en sus planillas.
Rashmani integraba un lote de sirios, iraníes y argentinos monitoreados por la SIDE desde el 4 de abril de 1994, 104 días antes del atentado. Eran seguidos y tenían sus teléfonos intervenidos, según consta en un expediente secreto que se mantenía oculto en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Alberto Santamarina.
Ese expediente –que lleva el número 1.223 y fue bautizado “células dormidas”– brindó la cobertura legal para seguir, infiltrar, proteger y mantener un control remoto sobre las acciones de la célula terrorista. Pero, los perpetradores se les escaparon dos días antes del atentado, el sábado 16 de julio de 1994, cuando perdieron el rastro del coche-bomba que había ingresado el viernes al estacionamiento Jet Parking.
Cuando estalló la AMIA, el expediente se convirtió en una prueba comprometedora: era la constancia de la intervención. Enton-ces, se abrió uno nuevo y todas las actuaciones fueron replicadas, como si recién ocurriesen. El viejo expediente fue ocultado, explicó Lifschitz, quien colaboró codo a codo con la Presidenta Kirchner en la Comisión de Seguimiento de los atentados.
La causa original se inició el 4 de abril de 1994 –es decir, tres meses antes del atentado–, cuando un ciudadano de nacionalidad iraní con importantes vinculaciones dentro de la representación diplomática de Irán en Buenos Aires, intentó salir en un vuelo de la compañía aérea Canadian Airlines con destino al Canadá, utilizando un pasaporte robado a nombre de Scott Gregory Hall. El hombre se había teñido de rubio para lograr alguna similitud con la foto del pasaporte estadounidense provisto por un grupo de funcionarios de Migraciones que se dedicaban a blanquear iraníes en la Argentina desde la época del atentado contra la Embajada de Israel.
Cuando subió a la sala de pre-embarque lo estaba esperando un funcionario de Migraciones que lo ayudó a evitar los controles de rigor para salir del país y lo dejó muy amablemente en la sala de espera de la aerolínea.
Su salida estaba arreglada y no debía esperar ningún sobresalto. Sin embargo, minutos después, personal de Canadian Airlines que habían visto la maniobra de los controles por parte del funcionario de Aduana, decidieron encarar al evasivo pasajero. Bastaron sólo dos preguntas para darse cuenta que el hombre ni siquiera hablaba inglés, cosa rara en alguien que presentaba un pasaporte estadounidense.
El verdadero nombre del impostor que quedó detenido era Khalil Ghatea y, según informes de la inteligencia canadiense, era un miembro activo de los servicios de inteligencia iraníes. También en un informe de la SIDE fechado el 7 de abril de 1994, se advierte que Khalil Gatea podría ser un “elemento fundamentalista”. Según Claudio Lifschitz, la SIDE consideraba –al menos– como sospechoso al evasivo Khalil Ghatea, tres meses y medio antes del atentado, y nadie hizo nada con esa información. Lo grave del asunto es que había una “pista iraní” antes del atentado a la mutual y que el juez Santamarina tenía esa misma información que aparecería meses después del ataque terrorista.
El 12 de mayo, el juez Santamarina dispuso la intervención del aparato telefónico correspondiente al domicilio de Khalil Ghatea, el que, según se descubrió, se encontraba viviendo junto a un funcionario de la Embajada de Irán, llamado Ali Halvaei.
El 11 de julio –es decir, siete días antes del atentado–, Khalil Ghatea es autorizado por Santamarina a viajar a Irán, con el insólito recaudo de que prometa volver antes de los treinta días de su salida.
El 25 de julio –tan sólo 7 días después de la voladura de la mutual judía–, Ghatea decide salir del país con su pasaporte original pero se lo impide un inspector de Migraciones en razón de las medidas sobre la salida de ciudadanos de Oriente Medio que ordenó el juez Galeano tras el atentado. Sin embargo, después de hablar con el juez Juan José Galeano se le permitió al principal sospechoso marcharse, aunque había estado viviendo en el departamento 5º B de Tapiales 1420, de Vicente López, que fue allanado ese mismo día por la Policía Federal junto con la Fuerza Aérea. Por este motivo, el departamento ya estaba vigilado cuando se produjo la voladura de la AMIA. Pese a que durante la época del atentado se alojaron varios sospechosos y durante la semana del atentado Rabbani llamó dos veces por teléfono a ese departamento, la vivienda fue nuevamente allanada recién cuatro años después.
Según la crónica de Alejandra Florit en el diario La Nación, los vecinos recuerdan que durante los tres meses siguientes al atentado estuvieron parados en la puerta diversos vehículos. Hicieron la denuncia a la policía y les respondieron que eran ellos: la policía.
“No daba la impresión de que esos autos estuvieran vigilando a los iraníes sino, más bien, que los custodiaban, ya que, en varias oportunidades, vimos que seguían sin disimulo a los iraníes”, explicó un vecino a Florit.
El 1º de septiembre –es decir, un mes y medio después del atentado–, Santamarina abre una nueva causa y vuelve a ordenar la intervención de los abonados que ya venían siendo escuchados por la SIDE, es decir, los de Khalil Gatea, Alí Halvaei, René Navarre, Horacio Moreno y los correspondientes a Nasser Rashmani, Eduardo Ricardo Lezcano (o mustafá) y Carlos Hernán Palazzo (alias nancho). Dicho de otra manera, se armó una causa post-atentado para justificar lo injustificable: que antes del atentado se había manejado información suficiente como para evitar la muerte de 85 personas.
Aún suponiendo que todos estos hechos, expedientes y testimonios fueran falsos, existe media docena de alertas que fueron ostensiblemente ignoradas y que demuestran que el Estado argentino sabía que iba a ocurrir el atentado.
El 18 de mayo de 1994, el ex agente de Inteligencia Mario Aguilar Rizzi, que en esos días purgaba prisión en una cárcel de Buenos Aires, envió dos cartas certificadas por las autoridades del penal: a un juez federal y al ex Ministro del Interior Carlos Corach. Denunciaba tener conocimiento de que en las próximas semanas iba a producirse un atentado, ¿de gran magnitud?, contra una institución judía, y daba los nombres de algunos de los posibles terroristas. Anticipaba que el blanco más probable era la AMIA.
El 4 de julio de 1994, el brasileño Wilson Dos Santos estaba en Milán. Fue personalmente a los consulados argentino e israelí en esa ciudad, luego declaró ante la embajada argentina en Italia, ante el consulado argentino en San Pablo y ante agentes de inteligencia brasileños y periodistas de la revista Istoé, para denunciar que “en los próximos días” iba a ocurrir un atentado contra una entidad judía de Buenos Aires. En la legación argentina fue atendido por la Cónsul Susana Fasano, quien informó al funcionario de inteligencia de la Embajada en Roma.
El 18 de julio, día del atentado, Dos Santos llamó desde Milán a la Policía Federal Argentina para dar los nombres de los supuestos terroristas.
Dos Santos era un personaje más que extraño: afirmaba ser jardinero, pero viajó a Zurich, Londres, La Habana, Caracas, Saint Martin y otras ciudades. Además, se le detectaron media docena de pasaportes distintos y dos tarjetas de crédito Visa Gold emitidas por el Citibank. Todo indicaba que trabajaba como agente de inteligencia para algún servicio brasileño.
Nadie escuchó a este experto en la gramática de la intriga que poseía información privilegiada. Dos Santos, un hombre enredado con una prostituta iraní, también formuló su denuncia en la embajada israelí, de lo que se desprende que el Mossad y la CIA estaban al tanto de los planes argentinos, lo cual no representa un dato menor.
Un documento aparecido durante el gobierno de Néstor Kirchner muestra que la SIDE fue alertada acerca del inminente atentado a la AMIA mucho antes de la aparición en escena del brasileño Wilson Roberto Dos Santos en Italia, cuando advirtió a Marcelo Colombo Murúa y a Alejandro Sugus Sánchez, un agente con línea directa con el presidente Menem ¡48 días antes!
En efecto, se trata de un cable que el embajador argentino en el Líbano, Angel Fajardo, habría enviado el 31 de mayo de 1994 al enlace de la SIDE en la Cancillería, Carlos Molina Quiroga. En dicho despacho Fajardo habría informado que el máximo ayatolá de los chiítas libaneses, muy cercano a Hezbollah, había dicho públicamente que los combatientes musulmanes ya habían demostrado “que sus manos pueden llegar a la Argentina” (en referencia al atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires del 17 de marzo de 1992) y prometido que volverían a hacerlo.
Otras fuentes locales aseguran que los servicios de inteligencia brasileños le enviaron a la SIDE, antes del atentado contra la AMIA, dos advertencias por escrito de que se estaba por producir un ataque en Buenos Aires.
Ambas notas fueron cursadas a través de la oficina de la SIDE en Brasil, más precisamente en Foz de Iguazú, un tiempo antes del ataque contra la mutual judía.
Después de consumada la masacre, un batallón de nazis, carapintadas y genocidas que integraron los grupos de tareas de la dictadura, fueron los encargados durante los gobiernos de Menem y De la Rúa de investigar el atentado contra la AMIA. Esos genocidas –que hoy purgan condenas por delitos de Lesa Humanidad– se ocuparon durante casi una década de alejar la investigación de cualquier pista local.
Carapintadas en escena
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por walter goobar
argentina@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por walter goobar
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Blanco blando. En dos décadas no se ha logrado determinar la procedencia del explosivo.
Un experto en explosivos que concurría a la embajada de Irán, una ambulancia trucha que recogió al presunto chofer del coche- bomba, el robo de armas y explosivos de los arsenales del Ejército permanecen impunes.
El lunes 18 de julio, poco antes de que se consumara la masacre en la Amia, cuatro ex carapintadas desayunaban en un bar de Pasteur y Corrientes, a escasas cuadras de la mutual judía. Jorge Orlando Pacífico, un experto en explosivos que 20 años más tarde se convertiría en el primer denunciante del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, ocupaba una de las mesas. Más tarde –con su sonrisa más gélida– explicó a los investigadores del atentado, que estaba en ese bar porque iba a encontrarse con el apoderado nacional del Modin, el partido político fundado por Aldo Rico tras los alzamientos militares que lideró en Semana Santa de 1987 y en Monte Caseros durante el siguiente verano.
Rengo de su pierna derecha, con problemas en sus oídos y la cicatriz de una esquirla en la cabeza a raíz de su paso por la guerra de Malvinas, Pacífico pasó a retiro en 1987, por carapintada. “Estuve en Campo de Mayo, a la derecha de Aldo Rico”, admite aún hoy.
Tal vez la memoria lo traicionó, porque Pacífico nunca declaró que, además de él y del estudiante de Derecho Miguel Angel Calvete –actual secretario general de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Chinos, con un pasado en agrupaciones neonazis–, estaba con ellos en la esquina de Pasteur y Corrientes el ex suboficial carapintada Miguel Aurelio Burgos, quien estacionó allí una camioneta Dahiatsu blanca –al borde de la defunción–, camuflada de ambulancia que llevaba en el techo una baliza azul similar a las que utiliza la policía.
El último integrante del cuarteto sentado a la mesa era Enrique Rodríguez Day, que dijo haber concurrido para comprar un BMW usado que se exhibía por allí.
No hay dudas que Rodríguez Day elaboró su coartada en base a un clasificado de Clarín. Pero su coartada no se sostiene: el aviso que apareció el 18-J tenía un teléfono y una dirección. A quienes llamaron esa mañana se les informó que el auto se había vendido el domingo y nunca fue exhibido cerca de Pasteur y Corrientes sino en un garage de la calle juncal. Las coartadas de Calvete y de Burgos fueron igualmente ridículas, específicamente Calvete dijo que tenía que encontrarse con Pacífico para charlar temas referentes a una asociación civil de ayuda a discapacitados.
Escrutaban la calle con profesionalismo bien disimulado, mientras mataban el tiempo intercambiando intimidades y bromas. Pacífico comprobó la hora en su reloj pulsera y apartó la tasa de café que tenía delante suyo.
Faltaban algo más de 15 minutos para las diez de la mañana y a esa hora mucha gente iba a su trabajo. Mientras el cuarteto carapintada vaciaba sus tazas de café, para mucha gente se escurrían inexorablemente los últimos momentos de vida. Ninguno estaba preparado para morir, pero el coche-bomba ya avanzaba hacia su blanco. Los minutos y los segundos se hicieron eternos, interminables, como ocurre antes de una detonación... Después, todo comenzó a transcurrir en cámara lenta: la bomba detonó a las 9.53.
A pesar de que Pacífico y su grupo habían tomado todos los recaudos para pasar desapercibidos, la filmación de un aficionado que luego emitió Canal 11 capturó la imagen del experto en demoliciones en la escena del crimen.
El carapintada aparecía en tres tomas de video entre quienes socorrían a las víctimas y pretendió que él había sido un socorrista espontáneo. “Fui a ofrecerme para rescatar a las víctimas que se encontraban entre los escombros”, aseguró. Sin embargo, en los videos de aquellas primeras labores de rescate no aparece ayudando a los heridos sino conversando con un policía, sobre una montaña de escombros, y mirando los daños, se diría que evaluándolos.
La obra de demolición había sido técnicamente perfecta.
La carga de amonal se había calculado y direccionado al milímetro: no se había derrochado ni un gramo de explosivo, pero tampoco se había usado un gramo de menos, cosa de la que nunca pudieron jactarse los iraníes ni los artilleros de Hezbollah en su largo historial de atentados. Por cierto, ni uno ni otro repitieron más tarde, en otras partes del mundo, atentados con la misma precisión, lo que demuestra que aquí usaron mano de obra local, altamente calificada.
Desde el punto de vista de la seguridad, el edificio de siete pisos de la AMIA era “un blanco blando”, lo que había permitido el uso de amonal, en lugar de trotyl, empleado contra la Embajada de Israel.
Los pilotos suicidas son indispensables para atacar los denominados “blancos duros”, como cuarteles o convoyes militares donde se espera una reacción defensiva instantánea. No era el caso de la AMIA.
Además, el Nitrato de Amonio (NH4NO) era barato, costaba un peso el kilo y como se empleaba en fábricas de fertilizantes, de plásticos, de insecticidas, plantas químicas, droguerías, era de venta libre, lo que lo hacía difícil de rastrear.
A un terrorista del Medio Oriente no le hubiera preocupado matar a los policías que estaban de custodia, pero esto no pasó ni en la AMIA ni en la Embajada de Israel. Entre los miembros de fuerzas de seguridad que operan en el bajo mundo está permitido todo menos la muerte de un colega. Por eso, los autores del atentado se cuidaron de que no hubiera víctimas policiales. De esta manera, se garantizaban el encubrimiento de forma casi automática, por reflejo.
La falsa ambulancia conducida por uno de los contertulios de Pacífico, el también carapintada Miguel Aurelio Burgos, luciendo una pechera de paramédico, fue la primera en llegar al lugar del atentado.
En las imágenes en poder del juzgado puede verse cómo es cargado en la camioneta blanca un hombre que viste vaqueros y zapatos con suela tipo tractor. No hay camilla y el hombre es depositado sobre una alfombra de goma. Tiene la pernera derecha ensangrentada casi por completo, como si estuviera herido cerca de la ingle, en la arteria femoral. Ese herido podría ser el conductor del vehículo que alcanzó a huir después de poner en marcha el mecanismo de detonación.
En la caja del vehículo, con el herido, está un hombre de no más de treinta años, moreno, de rostro con
rasgos afilados. Tiene puestos guantes de látex como un cirujano, lleva vaqueros y sobre su ropa oscura parece haberse colocado apresuradamente un chaleco blanco con una cruz roja. Reclama a los gritos “una tijera, un cuchillo”, algo para cortar el pantalón del herido, según prescriben los manuales de primeros auxilios del Ejército. La cámara enfoca a otro hombre que está sobre la calzada de espaldas y saca del bolsillo trasero derecho de su vaquero un cortaplumas rojo, tipo suizo, y se lo da.
El chofer, Miguel Aurelio Burgos, le dijo al juez que la camioneta (que se había utilizado en las campañas electorales del Modin) se usaba para el transporte de minusválidos y que tan pronto como explotó la bomba acudió con ella a socorrer a las víctimas y llevarlas al Clínicas. ¿A quiénes habían transportado? A dos mujeres, a un niño y a un hombre gravemente herido en una pierna, dijo Burgos.
–¿Quién era ese herido grave que perdió un zapato y su DNI en la camioneta camuflada de ambulancia?
Burgos relató con frases cortas y tensas que más tarde, cuando fueron al hospital para darle el DNI y el zapato al herido, no lo encontraron y que los dejaron en la guardia. ¿Qué nombre figuraba en el DNI? Burgos meneó la cabeza y como si se tratara de un acertijo dijo que no lo recordaba.
Además de integrar parte de la retaguardia médica para evacuar a eventuales heridos del comando ejecutor, la camioneta camuflada de ambulancia cumplió otra función previa al atentado: desde la esquina de Pasteur y Corrientes donde estuvo estacionada, bloqueó durante unos preciosos minutos el tránsito sobre la calle Pasteur para permitir el paso del coche-bomba. De allí, el misterioso silencio previo a la explosión que describen de forma casi unánime testigos y sobrevivientes.
Después del 18-J, la “ambulancia” del Modin fue abandonada en la calle Warnes, el lugar más apto para que fuera rápidamente desguazada por los desarmaderos de la zona.
Ocho días antes de estar parado sobre un montículo de escombros de la AMIA, el experto en explosivos Jorge Pacífico visitó la embajada de Irán. Al menos, eso relató ante el juzgado de Juan José Galeano el chofer de Pacífico, Marcelo Cañete. El conductor declaró que junto a su empleador asistió a por lo menos dos recepciones en la Embajada de Irán en la Avenida Figueroa Alcorta, los días 2 y 10 de junio de 1994, en las que el Agregado Cultural, Mohsen Rabbani, oficiaba de anfitrión.
En su declaración del 15 de diciembre de 1995, Marcelo Cañete describe un homicidio en relación con un vuelto de ochenta mil dólares de los quinientos mil, que debía entregar un emisario iraní a dos semanas de ocurrida la voladura de la Amia. Pacífico le había explicado que esa suma correspondía al pago de los explosivos.
Sin alterar la inflexión de su voz, Cañete declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la causa, que el asesinato se consumó en el automóvil que él conducía y con el muerto sin nombre a bordo se trasladaron a Campo de Mayo, donde Pacífico se identificó con documentación que le concedía acceso a la unidad militar.
Ya había suficientes cadáveres en Campo de Mayo, mucho antes de que Pacífico añadiera su emisario iraní a la lista, pero cuando la Justicia allanó la guarnición en busca del cadáver, no lo encontró. Cañete afirma que por el atentado se pagaron cinco millones de dólares.
Otro testigo, de identidad reservada, que estuvo en el Modin, afirmó que, cuando el diputado Emilio Morello iba a la embajada, “se producían movimientos de dinero”.
Dentro del Modin existían cuadros políticos que tenían como función generar vínculos con embajadas afines a los ideales de la causa carapintada. Tal es el caso de Sergio Nantillo, un ex colaborador de los servicios de inteligencia que descubrió su vocación de buchón aportando profusa data a la SIDE sobre sus ex compañeros de ruta en la militancia en Alerta Nacional, para finalmente enrolarse en el Modin.
A los 4 días del atentado, el viernes 22, la SIDE ordena la intervención del teléfono de Nantillo, un nazi confeso que junto a Emilio Morello y a Alejandro Speroni eran los encargados de manejar las relaciones con la Embajada de Irán.
Alejandro Speroni cuenta que acompañó a Nantillo a una de esas reuniones y lo que escuchó lo asustó tanto, según su propio relato, que decidió no concurrir más a esos encuentros.
Si la SIDE no sospechaba de Nantillo como partícipe en el atentado, no había ningún indicio que lo ligara a la escena del crimen, ¿por qué se decide la prematura intervención de su teléfono tan solo cuatro días después del atentado?
Tanto en la SIDE como en el entorno carapintada sospechaban que si había alguien que podía delatarlos era Sergio Nantillo.
No hay dudas que la escucha a Nantillo no se ordenó para investigar sino para controlar, como una póliza de seguro.
En algo coinciden Nantillo y Speroni y es que los dos están convencidos de que Morello, por lo menos, en un oportunidad cobró 500.000 dólares de la embajada de Irán en Buenos Aires y quien se los entregó en mano fue el agregado cultural, Mohsen Rabbani.
Rabbani no era lo que en la jerga y en los manuales de Hezbollah se denomina un agente operativo, sino más bien lo que esos manuales califican de organizador que supo tejer una red de contactos con ex militares y policías capaces de ejecutar la misión.
A fines de 1993, cuando retornó de la reunión de Meshad donde supuestamente se decide el ataque, Rabbani abrió una cuenta en el Deusche Bank y la cerró dos meses después del atentado. En un período muy corto pasaron por esa cuenta 150 mil dólares, que es una cifra mayor que la de todas las cuentas de la Embajada de Irán. Los días previos al atentado, el 4 y el 11 de julio, se retiraron 90 mil dólares en efectivo.
Más aún, el gobierno de Carlos Menem y la SIDE de Anzorreguy dejaron que Rabbani permaneciera en el país hasta que su presencia se tornó demasiado comprometedora para todos los que intervinieron en la fallida operación controlada. Luego lo dejaron salir y, más tarde, le permitieron volver en secreto por 48 horas para retirar sus pertenencias, cuando el gobierno –vía cancillería–, decía que tenía la entrada prohibida al país, cuando en realidad tendría que haber tenido la salida prohibida. Sólo pidieron su captura después de que estuvo instalado en una cómoda residencia en la ciudad de Quom.
Además de golpistas y asesinos, traficantes de armas robadas, los carapintadas se mostraron como verdaderos artistas del doble juego: eran psicópatas fantasiosos capaces de vender a su madre y creerse más buenos que Jesucristo y seguramente tenían mejor protección: Pacífico fue uno de los once carapintadas juzgados en una causa conexa denominada “Armias”, en la que siendo sospechosos del atentado vendían explosivos y arsenales del Ejército a piratas del asfalto y asaltantes de blindados, pero todos fueron absueltos de una manera vergonzosa.
“Yo lo viví como un tablero de ajedrez de la política interna e internacional”
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por Testimonio de Cristina Kirchner
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Y en el último discurso de apertura del 132º período de sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta brindó un testimonio inequívoco para entender la anatomía de una investigación fallida:
“Ante la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados, la Cámara de Diputados primero, en el año 1995, decide hacer una Comisión de Seguimiento de ambos atentados; luego se une la Cámara de Senadores y se forma la famosa Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, de la que fui parte desde que empezó hasta que terminó. Estaba integrada por muchos miembros, todos los presidentes de bloques, mucha gente. Pero en realidad, de los cinco que siempre íbamos y trabajábamos muy duramente sólo quedamos tres. Estaba su presidente, el gobernador Soria, entonces diputado Soria, fallecido; Melchor Cruchaga, un gran compañero de bancada de la Unión Cívica Radical, gran trabajador; Juan Pablo Cafiero, actual embajador en el Vaticano; Marcelo Stubrin, representante de la oposición en el Afsca, y quien les habla. Yo fui miembro, primero, como senadora y luego como diputada, porque el ex diputado, actual senador, Pichetto, cuando me querían sacar de la Comisión me cedió su lugar, porque para mí era un lugar de mucho compromiso.
”Yo trabajé mucho y trabajamos mucho los cinco, con discusiones, con cosas muy complicadas y con posturas muy duras que yo tuve internamente, que nunca salieron afuera. Nunca especulé, nunca hice declaraciones a la prensa diciendo ‘sé tal cosa’, ‘descubrí tal otra’, porque era una cosa muy grave. Tuve, sí, dictámenes disidentes, sobre todo el último, después de escuchar el testimonio de un miembro del juzgado del doctor Galeano, donde pude armar ese rompecabezas que no se entendía de qué se trataba.
”Tuve un dictamen muy duro donde sostuve que lo importante no era tener un juicio, lo importante era conocer la verdad. Y que yo estaba viendo que lo que se trataba de armar era un juicio, con el cual no se iba a llegar absolutamente a nada, porque se habían violado normas elementales que hacen al debido proceso legal.
”Recuerdo que había testigos encubiertos a los cuales, por ejemplo, las distintas defensas no habían tenido acceso. Yo, que soy abogada, no soy penalista pero me daba cuenta de que en un juicio oral y público no había forma posible de condenar a nadie y que todo eso iba a ser nulificado prácticamente. Y además vi, sinceramente no quiero entrar en detalles, tal vez en las memorias pueda hacerlo, porque no quiero hablar de una cosa tan dolorosa, pero yo lo viví como un tablero de ajedrez. Así lo manifesté cuando me llamó a declarar el TOF, el Tribunal Oral Federal. Lo viví como un tablero de ajedrez de la política interna y de la política internacional.
”Cuando se incluyó a las brigadas, que era la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y vino a declarar el entonces comisario Glossich –que hoy está fallecido también–, cuando apareció ese anónimo involucrando a quien era jefe de la Dirección de Sustracción de Automotores, el comisario Ribelli, realmente uno tuvo la sensación de que se estaban jugando otras cosas, porque involucraba directamente a un sector, a la Policía Bonaerense, por decirlo más claramente, y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obviamente. Fue muy duro, fue muy difícil.”
(...)
“Y luego seguimos tomando declaraciones, pero la verdad es que la causa era cada vez más complicada, y me acuerdo, como si fuera hoy, una reunión que mantuvimos con el doctor Galeano, él sentado ahí, donde íbamos a preguntarle –porque eran ya las partes finales, ya habíamos tomado declaraciones al doctor Lifschitz, que había sido miembro del Juzgado–, y me acuerdo que nos recibió en una sala en Comodoro Py con, no sé, habría 80, 90, 30 o 100 cuerpos del expediente, que yo creo que lo hizo para impresionarnos, como si pudiera impresionarme un montón de papeles. Y cuando comenzamos a preguntarle, fundamentalmente quien les habla –sé que soy un poco dura cuando pregunto, pero bueno, era mi obligación–, llegó un momento en que se interrumpió y se terminó la reunión porque no había respuestas. No había respuestas porque prácticamente se había fabricado una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal. Y eso fue lo que dije, no ahora: lo dije en aquel momento, lo escribí en soledad y lo firmé. Porque, podrá decirse que no están de acuerdo conmigo o que están de acuerdo, pero siempre he tratado de tener consistencia y coherencia en lo que digo.”
(...)
“Pero la verdad que mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad, saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro. Quiero saber quiénes fueron los que encubrieron, quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad.”
Imágenes.
Año 7. Edición número 322. Domingo 20 de Julio. de 2014
Por Miradas al Sur
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Izq. arriba: basta de impunidad. En Plaza de Mayo, Sergio Burstein, de la Asociación 18-J, instó a la Justicia para que investigue y deje de legitimar la impunidad, y sostuvo que “lo único que no van a poder tapar es que el 18/07/94 asesinaron a 85 personas”.
Izq. abajo: El vínculo local. Frente al edificio reconstruido de la AMIA, el vicepresidente de la mutual israelita, Thomas Saieg, denunció que “desde el fallo de la Corte Suprema en el año 2009, que permitió reabrir la conexión local, es poco lo que se ha avanzado. Carlos Telleldín sabe indiscutiblemente mucho. Solicitamos un juicio a la mayor brevedad posible”.
Medio: Separar al fiscal. En Tribunales, la agrupación Memoria Activa pidió la remoción del fiscal que investiga la causa
AMIA, Alberto Nisman, por “desentenderse de la causa del encubrimiento”.
Derecha:Apemia. Desde el Congreso Nacional, la entidad hizo hincapié en la apertura de los archivos en poder del Estado y en la creación de una comisión investigadora independiente del poder político.
Fuente:MiradasalSur
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