EL SINDICALISMO ELIGE EL PEOR TEMA Y EL PEOR MOMENTO PARA ATACAR
Ahora, decime qué se siente
Concluido el campeonato mundial, las centrales sindicales concretarán sus anunciados paros y movilizaciones. La cuestión elegida es el impuesto a los altos ingresos, que sólo pagan el 13 por ciento de los trabajadores. El propósito de desfinanciar los planes sociales en rescate de los más vulnerables es un fracaso político compartido por sindicalistas y Gobierno. En Estados Unidos relajan la política de drogas.
Por Horacio Verbitsky
Se sabía que cuando terminara la fiesta todos los problemas parecerían más graves y urgentes. Pero nadie previó que el cambio de pantalla fuera tan abrupto, apenas horas después de la digna derrota del seleccionado argentino de fútbol ante Alemania (cuando tuvo siete chances de gol: el anulado a Higuaín, los dos mano a mano del mismo jugador con el ropero del arco, que en uno de ellos lo noqueó de un rodillazo; el de la joya Palacio que se la colocó en la mano a Neuer con exquisita precisión y tres de Me-ssi, una ráfaga por izquierda, otra por derecha, ambas apenas desviadas, y el tiro libre a las nubes). Entre los detenidos por los destrozos en torno del Obelisco fueron identificados barrabravas de Independiente y Chacarita, donde reclutan mano de obra entusiasta Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, quienes habían anunciado que al terminar el torneo en Brasil lanzarían un paro general. También hubo barras de Nueva Chicago y Boca, próximos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya policía fue un pasivo espectador de los estragos. Cuando todavía no se disipaban los gases lacrimógenos el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que estas presencias respondieron a una intencionada coordinación previa, cosa que ahora debería probar la justicia.
La cultura del encuentro
Los contactos entre dirigentes de las cinco centrales sindicales comenzaron en Mar del Plata el fin de semana en que se jugaban los octavos de final en Brasil, promovidos por el Episcopado Católico con el pretexto de “la cultura del encuentro”. La primera y hasta ahora única coincidencia fue la oposición a la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas, que será el eje del paro cegetista y de una movilización ceteaísta. La papolatría en boga protege a la entidad clerical de incómodas preguntas: mientras su Observatorio Social falsea las cifras de pobreza, su conducción bendice a quienes procuran privar al Estado de los recursos para mitigarla, mientras su jefe máximo repite como meliflua letanía “hay que cuidar a Cristina”. Las dos CGT principales y la fracción mayoritaria de la CTA son conducidas por sindicatos cuyos afiliados perciben ingresos que superan la media. Los metalúrgicos de Antonio Caló, los mecánicos de Ricardo Pignanelli, los camioneros de Moyano, los petroleros de Guillermo Pereyra o los docentes de Hugo Yasky forman parte del 13 por ciento de los trabajadores alcanzados por el impuesto. Moyano y Barrionuevo no tienen contradicciones: son políticos que quieren acabar con este gobierno. Más compleja es la situación de Caló, Pignanelli y Yasky, quienes apoyan al gobierno y se preocupan por la preservación del empleo, pero deben responder a sus bases, de trabajadores registrados y con buenos ingresos. Sin referencia a este componente de clase, Yasky explicó en conferencia de prensa que con la movilización del 4 de agosto al Congreso reclamarán que se modifiquen las escalas “para que sea un impuesto a los altos ingresos” y que se realice una “amplia reforma del sistema tributario” para que “quienes más tienen más paguen”. Pero en un reportaje concedido a la radio Splendid especificó que sería razonable “elevar el piso a 20.000 pesos”. De accederse a este planteo, en vez del 13 sólo tributaría un 5 o un 7 por ciento de los trabajadores, con lo cual el Estado no podría financiar sus múltiples planes de inversión social, subsidios y transferencia de ingresos a los sectores menos favorecidos ni estaría en condiciones de responder a otro de los pedidos sindicales, como defender el empleo. Según Yasky, “desde el mundo empresario no verían con malos ojos la elevación de los índices de desocupación porque para ellos es la variable que les permite empujar hacia abajo los salarios”. También repudió la extorsión del capitalismo salvaje y exhortó a unirse contra los fondos buitre, como ya había hecho la CGT. Pero la movilización anunciada se producirá en la semana en la que si la Argentina no accede al mandato del juez de Wall Street Tom Griesa, las calificadoras de riesgo dirán que está en default.
Un fracaso político
En las posiciones de Barrionuevo y Micheli, líderes de las fracciones menores de la CGT y la CTA, predominan el sesgo ideológico y el acomodo a lo que decidan las centrales más importantes para disimular su menudencia. Que éste sea el mínimo común denominador alcanzado por las cinco centrales tiene implicancias distintas en cada caso. Para las más grandes, ratifica que su representación se concentra en la denominada aristocracia obrera, es decir los trabajadores mejor pagos, con indiferencia por el tercio de la mano de obra que subsiste en condiciones de precariedad. Debido al incremento de los precios, la pobreza y la indigencia han crecido entre esos trabajadores, problema que las centrales sindicales a veces mencionan en sus comunicados pero minimizan en los hechos. Se podrá discutir en términos teóricos si lo que está ocurriendo es una desaceleración del crecimiento o el comienzo de una recesión, pero si a esto se suman la inflación y los diez meses seguidos de retroceso interanual de la industria, se comprende la delicadeza del cuadro. Hasta ahora no ha dado lugar a despidos en serie ni suspensiones sin goce de sueldo, y a impedirlo se dedican los esfuerzos oficiales, para los que son imprescindibles los recursos que las centrales sindicales intentan restarle. El gobierno también alega con buena lógica que a medida que vayan percibiéndose los aumentos pactados en paritarias el salario recuperará parte de las posiciones perdidas en el verano. También confía en el efecto reactivador de las inversiones que financiará China y en la contundencia del swap de divisas entre los respectivos bancos centrales que limitará la capacidad especulativa para propiciar una nueva corrida cambiaria. Al anotarse ahora a la zaga de Moyano y Barrionuevo, lo que queda de la CTA no mejorará la coherencia entre sus definiciones políticas y su práctica gremial, pero tal vez abra espacio para el crecimiento de un sindicalismo de base en el que abreva la izquierda con flamante representación legislativa. Si frente a las medidas de lucha que ese nuevo sindicalismo, integrado en buena medida por jóvenes que consiguieron sus empleos con la recuperación de la última década, los grandes sindicatos optan por un maccartismo retro modelo 1974, como el que exhibió Pignanelli al objetar la presencia de diputados y militantes por los derechos humanos en las actividades por la conservación de puestos de trabajo, y si el Secretario Berni borra con el codo las normas que Néstor Kirchner estableció hace diez años, por las cuales la policía no puede portar armas de fuego en el control de manifestaciones políticas y sociales ni dispersar una multitud disparando balas de goma, será más difícil explicar por qué el kirchnerismo no debería tomar en cuenta a Sergio Massa ni a Daniel Scioli entre las opciones para 2015. Este es un fracaso compartido entre el gobierno y las fuerzas sindicales que lo apoyan.
Cuestión de escalas
Luego de muchos años de explicar que el impuesto a los ingresos de la cuarta categoría era una pieza fundamental de su política redistributiva, Cristina cedió en 2013 a las presiones del mismo frente que vuelve a articularse ahora y firmó los aumentos del mínimo no imponible, que quedó en 15.000 pesos brutos o 12.450 netos, uno de los valores más elevados de la posconvertibilidad. Según los cálculos del Centro de Investigación y Formación Cifra, que coordina Eduardo Basualdo y que depende de la CTA, con aquella decisión el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin hijos medido en términos reales en pesos de 2013, arribó a su nivel más alto desde la crisis de la convertibilidad mientras el del trabajador casado con dos hijos superó el valor promedio del período 2001-2006 y fue muy cercano a los del trienio 2009-2011. Estas actualizaciones hicieron que el número de trabajadores alcanzados descendiera de 2,4 millones en 2012 a menos de un millón en 2013 o, dicho en porcentajes, del 13,2 al 5,3 por ciento del total de los trabajadores, o del 26,5 al 10,5 por ciento de los trabajadores registrados, con la consiguiente resignación de ingresos para el fisco. A quienes le preguntaron a qué se debía tal cambio, la presidente les respondió con un argumento de política coyuntural: de no hacerlo, le atribuirían a su obstinación un mal resultado en los comicios de octubre de ese año. Esa concesión se demostró tan gravosa en términos económicos como por la confusión que produce en los lineamientos interpretativos de su proyecto político y ni siquiera impidió que en algunas provincias, como Buenos Aires, los candidatos del Frente para la Victoria perdieran terreno ante retadores audaces a la hora de prometer el cielo y las estrellas.
La devaluación de comienzos de año y la consiguiente aceleración de los precios internos erosiona el mínimo no imponible. Si se proyecta una inflación anual del 35 por ciento para 2014, el mínimo no imponible descendería alrededor del 26 por ciento y en valores constantes de 2013 caería de 12.450 a 9.222 pesos.
Lo que la presidente transmite ahora es que no volverá a desfinanciar el presupuesto para satisfacer a una elite indiferente a las necesidades del conjunto de la propia clase. Resta por verse con qué otras medidas apaciguará el jefe de gabinete Jorge Capitanich a Caló en la audiencia prevista para mañana.
En el contexto inflacionario y de aumentos del salario nominal, con las actuales escalas congeladas los trabajadores deben aportar una parte proporcional cada vez mayor de su sueldo. Esto es más grave en los tramos inferiores. Con alícuotas que van del 9 al 19 por ciento un trabajador que recibe un aumento de 769 pesos mensuales pasa a tributar en la escala siguiente. En los tramos superiores, el cambio de categoría se dispara con un aumento de 2.308 pesos mensuales. Una mayor progresividad del sistema podría obtenerse modificando las escalas y alícuotas, como propone la CTA, mediante la incorporación de alícuotas de 3 y 6 por ciento para los trabajadores de los niveles inferiores e incrementando hasta el 42 por ciento las alícuotas para los más altos. Esto permitiría expandir la base imponible, incluyendo también actividades hoy exentas, sin afectar tanto a los trabajadores de ingresos medios.
Cristina ha dejado trascender que no tocará el mínimo no imponible pero sí está dispuesta a actualizar las escalas, que están congeladas desde 2001, de modo de tornar más progresivo el tributo. Esto significa que aun si se incrementa la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto, los estratos más bajos cederían una parte menor de su ingreso. Los estudios para esta modificación están hechos, pero falta la decisión política de ponerla en práctica y cuándo.
So gehen die Gauchos
Por Horacio Verbitsky
Martín Demichelis, quien jugó en el Bayern Munich, puso las cosas en su lugar. Los cantos y bailes con los que varios jugadores del seleccionado alemán celebraron su victoria frente a la Puerta de Brandemburgo son los usuales entre los equipos de la Fußball-Bundesliga y no tienen connotaciones ofensivas hacia los rivales. Mucho menos, cualquier significado racista. Con su historia tremenda a cuestas, Alemania realizó un trabajo de reflexión autocrítica a fondo, del que mucho aprendió la Argentina a partir de su propia tragedia. Son en ese sentido sociedades emparentadas. Con un jugador negro, de doble nacionalidad germano-ghanesa como Jerome Boateng; dos nacidos en Polonia, como Miroslav Klose y Lukas Podolski; un hijo de albanés de la zona musulmana como Shkodran Mustafi; un hijo de padre tunecino como Sami Khedira y un hijo de turcos como Mesut Özil, el equipo alemán no puede ser sospechado de exclusivismo o segregación. Berlín es la segunda ciudad del mundo en la absorción de inmigrantes, sólo precedida por Nueva York, y la energía de su diversidad se siente en las calles de la capital, pese a los esporádicos actos de vandalismo contra alguna minoría. Mucho más fuertes son la discriminación y el odio racial en Italia, en Francia, en algunas de las ex democracias populares del este europeo o, para no ir más lejos, en Buenos Aires, donde a menudo los árbitros deben detener los partidos por los cantos ofensivos hacia judíos, bolivianos o paraguayos. Caminar erguido o encorvado sólo depende del resultado del partido y no es de buen perdedor dar por esa inocente broma más de lo que vale.
Por Horacio Verbitsky
Sarah Palin y Elisa Carrió reclamaron el juicio político de Barack Obama y de CFK, gestos dramáticos que reducen la política a una sucesión de golpes de efecto. Ambas ex reinas de belleza fueron candidatas de sus respectivos partidos, Palin a vicepresidente por el Partido Republicano, Carrió a presidente por una coalición que se autodenomina de centroizquierda. La ex gobernadora de Alaska, quien fue vencida en las elecciones de 2008 cuando secundó al candidato republicano John McCain, entiende que Obama incurrió en mal desempeño y cometió delitos en una serie de decisiones políticas para las cuales omitió notificar al Congreso o solicitar su acuerdo. La denuncia penal de la chaqueña aporteñada y la solicitud de juicio político a quien la batió en las dos últimas elecciones presidenciales son por no haber actualizado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, en abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. Los efectos de los respectivos planteos fueron distintos. Los candidatos del Partido Republicano, cuya meta es alcanzar el control del Senado en las elecciones del 4 de noviembre, han disentido con Palin o se han abstenido de opinar: por un lado, temen alinearse a la base conservadora que detesta a Obama: por otro saben que si siguen a Palin los demócratas tratarán de convertir la elección en un plebiscito contra la influencia del extremista Tea Party y los hermanos Koch. Los compañeros de Carrió en el Frente Amplio UNEN guardaron respetuoso silencio. Antes del juicio político a la presidente prefieren reclamar la destitución del vice, Amado Boudou, aunque esto los aparte de las discusiones sobre asuntos políticos y económicos de fondo y los su-bordine a la agenda mediática, una trampa que ya los condujo a la catástrofe electoral de 2011 y de la que no parecen encontrar el camino de salida. Tal vez por eso Scioli y Randazzo lucían tan confiados durante la comida que CFK ofreció a Xi Jinping.
Por Horacio Verbitsky
Mientras políticos, religiosos y jueces argentinos compiten por ver quién alarma más a la sociedad y reclama mayores penas para delitos vinculados con el consumo de sustancias estupefacientes de uso prohibido, una comisión revisora de sentencias votó el viernes por unanimidad de sus siete miembros permitir que la mitad de los condenados en cárceles federales de Estados Unidos por delitos de drogas soliciten una reducción de sus penas. Unos 50.000 condenados podrán pedir a los jueces que les apliquen en forma retroactiva las nuevas orientaciones establecidas por la misma comisión para esos casos. Sus integrantes fueron designados por el presidente con acuerdo del Senado. La jueza Patti B. Saris, quien presidió la comisión, dijo que la decisión fue moderada. “Reducirá la población y los costos penitenciarios sin afectar la seguridad pública.”
Al comenzar la tarea de la comisión, el Ministerio de Justicia proponía que sólo 27.000 condenados fueran elegibles para la revisión, dado que muchos fiscales se oponían a cualquier reforma retroactiva, pero más de 60.000 cartas enviadas por ciudadanos, entre ellos docenas de abogados, legisladores, jueces y organizaciones sociales, llevaron a la ampliación del universo comprendido. El Ministro Eric Holder declaró el viernes que estaba en el interés de la justicia la aplicación retroactiva de los cambios a las directivas que deben seguir los jueces en estos casos. La implementación de la reforma insumirá un año, de modo que “los jueces tengan tiempo suficiente para considerar si una persona determinada que cumpla con los requisitos generales merece la reducción de su condena”, dijo. La principal organización defensora de los derechos humanos en Estados Unidos, la American Civil Liberties Union, ACLU, dijo que “mientras continuamos la marcha hacia la equidad en la política judicial fallida y racialmente tendenciosa, no podemos dejar atrás a quienes tuvieron la mala suerte de recibir sus condenas antes de que estas políticas fueran modificadas. La retroactividad de las nuevas orientaciones llevará alivio a miles de personas que están cumpliendo condenas de excesiva dureza”. La revisión, que beneficiará a los condenados por el tráfico de cualquier tipo de drogas siempre que no hayan utilizado medios violentos, irá acompañada por el establecimiento de casas de medio camino del Servicio Penitenciario, para que cada prisionero reciba servicios de transición que mejoren sus posibilidades de un exitoso reingreso a la sociedad.
Por Horacio Verbitsky
En vez de bajar los cuadros de quienes no merecen un homenaje y cuya presencia constituye un mal ejemplo, la Legislatura de Pennsylvania dispuso avergonzar a los réprobos dejando constancia indeleble de sus delitos en la propia galería de honor en la que sus retratos acompañan al de Benjamín Franklin. “No es posible cambiar la historia, te guste o no”, explicó el presidente del cuerpo, el republicano Sam Smith. La idea es dejar los cuadros en el edificio legislativo de Harrisburg, pero incluir en la placa identificatoria todos los datos sobre su inconducta. La inquietud surgió luego de varias condenas a miembros del cuerpo: los demócratas Robert Mellow, Bill DeWeese y Herbert Fineman y el republicano John Perzel. DeWeese y Perzel fueron condenados por el desvío de fondos públicos para sus campañas; Mellow por evasión impositiva y utilizar a quince empleados de su despacho para tareas de campaña, Fineman por obstrucción a la justicia. Para evitar una condena a cinco años de prisión, Mellow admitió haber usado a funcionarios de su equipo de trabajo para realizar tareas políticas y presentar una declaración jurada de impuestos falsa. Su condena fue reducida a 16 meses y perdió sus derechos a elegir y ser elegido y su pensión anual de 139.000 dólares, libre de impuestos. La placa que cuelga bajo su retrato sonriente informa que fue miembro del Senado provincial entre 1971 y 2010, que lo presidió de 1992 a 1994, que en 2010 no se presentó a la reelección y que en 2012 “se declaró culpable de corrupción política y evasión impositiva, y fue condenado a prisión el 30 de noviembre de 2012”. Luce muy bonita.
Fuente:Pagina12
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