Por delitos de lesa humanidad, exfuncionarios de la justicia federal van a juicio oral
22/08/2014
Se trata del exjuez federal Luis Angel Córdoba y el exfiscal federal de Resistencia, Roberto Mazzoni, ambos imputados por supuesta complicidad con los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar en el Chaco. También será juzgado el exjefe de Guardia de la U7, Pablo César Casco.
El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, dictó el auto de elevación a juicio oral y público contra el exmagistrado federal Luis Angel Córdoba, el exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni, ambos de Resistencia, acusados por distintos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Además, también se juzgará al exjefe de Guardia de la Unidad Penal 7, Pablo César Casco.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el juez Skidelsky firmó la resolución el pasado 13 de agosto y actualmente se está notificando sobre la misma a las partes y al Tribunal Oral Federal de Resistencia que deberá fijar la fecha en que se sentará en el banquillo a quiénes conformaron la pata judicial que garantizó la impunidad a los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar.
Vale recordar que las querellas particulares del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y de Familiares de las Víctimas del Terrorismo de Estado, representadas por el abogado Mario Bosch, habían solicitado la elevación a juicio oral en el mes de octubre de 2013. En tanto, el Ministerio Público Fiscal, a través de los doctores Patricio Sabadini (fiscal federal), Carlos Amad (fiscal federal subrogante) y Diego Vigay (Fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos), hicieron lo propio en febrero pasado, en la reanudación de la actividad judicial.
Los delitos imputados
Córdoba será juzgado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad”; “incumplimiento de la obligación de promover la represión y encubrimiento”, en nueve hechos en cada caso, concursados realmente entre sí. Por su parte, Mazzoni fue procesado por las mismas imputaciones, en cinco hechos en cada caso, concursados en forma real entre sí.
Córdoba fue quien, como magistrado, aceptó la versión “oficial” según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuáles había detenidos a su disposición, habían muerto en un “enfrentamiento” cuando intentaron escapar de un celular que los “trasladaba” a la cárcel de Formosa. El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, que murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlo. Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Además, la elevación a juicio también alcanza al expenitenciario federal Pablo César Casco como integrante de la asociación ilícita, y por el delito de tormentos agravados contra Hugo Alberto Dediu y Carlos Raúl Aranda. Dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron torturas sin límite, Casco comandaba la “Guardia dura o la Guardia de Casco”.
El próximo debate oral por crímenes de lesa humanidad en la provincia discurrirá sobre el supuesto accionar criminal de estos magistrados judiciales que se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de integrantes de los grupos de tareas, a través del rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas en ocasión de recibir indagatoria a los encausados por Ley 20.840 y en su actuación ante allanamientos ilegales. De este modo, vulneraron con su accionar activo y omisivo una relación de fomento o de protección de los bienes jurídicos de las víctimas como la integridad física y la libertad.
Así, a la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la “represión de la subversión” se agregó la falta de respuesta por parte de quiénes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia del Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que solo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias.
En ese sentido, las víctimas de los apremios ilegales frente al Terrorismo de Estado no contaban con otro mecanismo para recurrir en busca de una protección frente a esos delitos, dado que era evidente la pertenencia a dicha organización de quiénes debían ser garantes de su integridad: los magistrados de la Justicia Federal del Chaco.
"Zona liberada"
En el pedido de elevación a juicio realizado en febrero de este año, los fiscales federales de Resistencia describieron: “el método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada ‘lucha antisubversiva', era ‘no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una ‘zona liberada' jurisdiccional".
En otro de los fragmentos de su escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal consignaron que "la tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que campearon en los años del proceso militar. La sistemática denegatoria a los recursos de "habeas corpus" interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos, no admiten ningún tipo de justificación ética moral o jurídica, en una república que desde sus albores ha bregado por la igualdad, la libertad y la justicia".
Fuente:ChacoDiaPorDia
Delitos de lesa humanidad: elevan a juicio la causa Mazzoni, Córdoba y Casco
El juez federal en primera instancia, Carlos Skidelsky, firmó esta semana la elevación a juicio de la causa por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos durante la década del 70 por los exmagistrados federales Roberto Mazzoni y Luis Ángel Córdoba.
En tanto, esta causa también juzga la conducta que tuvo el ex agente penitenciario César Casco, uno de los jefes de turno de la cárcel federal conocida como U7 durante la última dictadura.
A la vez están esperando que en las próximas horas también se eleve a juicio otra instrucción por delitos de lesa humanidad. Se trata de un pedazo de la causa denominada Caballero Residual, que investiga los hechos cometidos por la temida Brigada de Investigaciones.
Fuente:Norte
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el juez Skidelsky firmó la resolución el pasado 13 de agosto y actualmente se está notificando sobre la misma a las partes y al Tribunal Oral Federal de Resistencia que deberá fijar la fecha en que se sentará en el banquillo a quiénes conformaron la pata judicial que garantizó la impunidad a los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar.
Vale recordar que las querellas particulares del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y de Familiares de las Víctimas del Terrorismo de Estado, representadas por el abogado Mario Bosch, habían solicitado la elevación a juicio oral en el mes de octubre de 2013. En tanto, el Ministerio Público Fiscal, a través de los doctores Patricio Sabadini (fiscal federal), Carlos Amad (fiscal federal subrogante) y Diego Vigay (Fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos), hicieron lo propio en febrero pasado, en la reanudación de la actividad judicial.
Los delitos imputados
Córdoba será juzgado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad”; “incumplimiento de la obligación de promover la represión y encubrimiento”, en nueve hechos en cada caso, concursados realmente entre sí. Por su parte, Mazzoni fue procesado por las mismas imputaciones, en cinco hechos en cada caso, concursados en forma real entre sí.
Córdoba fue quien, como magistrado, aceptó la versión “oficial” según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuáles había detenidos a su disposición, habían muerto en un “enfrentamiento” cuando intentaron escapar de un celular que los “trasladaba” a la cárcel de Formosa. El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, que murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlo. Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Además, la elevación a juicio también alcanza al expenitenciario federal Pablo César Casco como integrante de la asociación ilícita, y por el delito de tormentos agravados contra Hugo Alberto Dediu y Carlos Raúl Aranda. Dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron torturas sin límite, Casco comandaba la “Guardia dura o la Guardia de Casco”.
La pata judicial
El próximo debate oral por crímenes de lesa humanidad en la provincia discurrirá sobre el supuesto accionar criminal de estos magistrados judiciales que se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de integrantes de los grupos de tareas, a través del rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas en ocasión de recibir indagatoria a los encausados por Ley 20.840 y en su actuación ante allanamientos ilegales. De este modo, vulneraron con su accionar activo y omisivo una relación de fomento o de protección de los bienes jurídicos de las víctimas como la integridad física y la libertad.
Así, a la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la “represión de la subversión” se agregó la falta de respuesta por parte de quiénes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia del Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que solo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias.
En ese sentido, las víctimas de los apremios ilegales frente al Terrorismo de Estado no contaban con otro mecanismo para recurrir en busca de una protección frente a esos delitos, dado que era evidente la pertenencia a dicha organización de quiénes debían ser garantes de su integridad: los magistrados de la Justicia Federal del Chaco.
"Zona liberada"
En el pedido de elevación a juicio realizado en febrero de este año, los fiscales federales de Resistencia describieron: “el método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada ‘lucha antisubversiva', era ‘no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una ‘zona liberada' jurisdiccional".
En otro de los fragmentos de su escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal consignaron que "la tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que campearon en los años del proceso militar. La sistemática denegatoria a los recursos de "habeas corpus" interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos, no admiten ningún tipo de justificación ética moral o jurídica, en una república que desde sus albores ha bregado por la igualdad, la libertad y la justicia".
Fuente:ChacoDiaPorDia
Delitos de lesa humanidad: elevan a juicio la causa Mazzoni, Córdoba y Casco
A la vez están esperando que en las próximas horas también se eleve a juicio otra instrucción por delitos de lesa humanidad. Se trata de un pedazo de la causa denominada Caballero Residual, que investiga los hechos cometidos por la temida Brigada de Investigaciones.
Fuente:Norte
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