La complicidad empresarial en la dictadura
El juicio de los obreros
21.08.2014
La víctimas son obreros navales y ceramistas de zona norte desaparecidos. Los acusados, militares, prefectos y policías bonaerenses. Gerentes y propietarios a un paso del banquillo.
El juicio de los obreros
21.08.2014
La víctimas son obreros navales y ceramistas de zona norte desaparecidos. Los acusados, militares, prefectos y policías bonaerenses. Gerentes y propietarios a un paso del banquillo.
Se lo conoce como “El juicio de los obreros”. Se trata de un nombre particular para un juicio de lesa humanidad. Pero la referencia no debiera sorprender. Hubo muchos trabajadores con una fuerte militancia sindical de base, desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. En el undécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo, la inmensa mayoría de las víctimas son obreros navales y ceramistas de la zona norte del conurbano bonaerense. Las audiencias, que comenzaron el 8 de julio, evidencian el rol que desempeñaron en el secuestro de los trabajadores los empresarios del sector involucrado. “Es un juicio que sirve para corroborar todo lo que fue la complicidad civil con el terrorismo de Estado”, explicó Pablo Llonto, abogado que representa a las víctimas, a Veintitrés. No obstante, por negligencia judicial los únicos imputados del caso son militares, prefectos y policías bonaerenses. Se espera que en un próximo juicio se incluya a los civiles. Las pruebas en su contra abundan.
Las empresas paradigmáticas involucradas en este juicio son los Astilleros Astarsa y Mestrina y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. En estas firmas se produjo la mayor cantidad de secuestros de militantes sindicales. Los trabajadores de cada rubro transitaron un circuito represivo diferente pero la mayoría tuvo un destino final común: Campo de Mayo y la muerte. Por eso la unidad en el tratamiento judicial.
Entre los acusados se encuentran los militares Santiago Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luís Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló; el titular de la Comisaría 1ª de Tigre Juan Demetrio Luna, y los prefectos Carlos Gerardi, Héctor O. Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin, acusados de ser los ejecutores de los delitos. Las víctimas suman tres decenas. La lista de acusados no incluye a los civiles cómplices de los secuestros.
“En el transcurso del juicio declararon testigos como el ceramista José Alonso, quien dijo que la Policía de la Provincia de Buenos Aires había infiltrado las fábricas ceramistas. También declaró un jefe de personal de Lozadur que dijo que el dueño de la firma recibía a los militares, que tenía trato fluido con ellos”, destacó Llonto. En Cattáneo, los secuestros se realizaron adentro de las instalaciones, en pleno horario laboral. “En algunas ocasiones participó personal de seguridad vinculado a la empresa. En otras, directamente la empresa acordó para que el personal de seguridad esté a cargo de grupos de tareas de civil”, añadió el letrado. Y adelantó: “Nosotros vamos a seguir el reclamo en la parte de la instrucción (judicial) para que se investigue y se encuentre a los responsables civiles de estos operativos y secuestros”.
El juicio se dividió en dos tramos. Entre el 8 de julio y el 12 de agosto fue el turno de los obreros navales de los Astilleros Astarsa y Mestrina. Declararon familiares de las víctimas (algunos de ellos fueron secuestrados también y fueron tomados como rehenes), ex trabajadores y hasta el fiscal Francesco Caporale, quien atestiguó por videoconferencia. Caporale protagonizó el juicio que se desarrolló en Italia, cuando en la Argentina regían las leyes de impunidad, por el caso de Martín Mastinú, delegado del Astillero Astarsa, y Mario Marras, obrero de Mestirna, cuñado de Mastinú. Ambos eran oriundos de Italia. Ambos fueron asesinados por la misma dictadura genocida.
“Muchos ex trabajadores cuentan que los iban a buscar con un listado con nombres y en algunos casos tenían una ficha con fotos, similar a la que se les confeccionaba en el sindicato”, explicaron desde la comisión Memoria Verdad y Justicia zona norte. “Muchos de ellos fueron secuestrados en las puertas de los astilleros. Eran cargados en camiones del Ejército”, aseguraron a esta revista.
“Atrás de todo esto hay un hijo de puta, un tal llamado Patti”, recordó Graciela que le dijeron entonces. Aún tiene grabado en la memoria el momento en que ingresó a la comisaría de Garín y vio a ese joven policía, leyendo el diario debajo de un ventanal, riéndose. “Vienen a ver a Mauricio Villalba”, se mofó de ella. El cuerpo de Villalba aparecería tiempo después en el arroyo El Hambriento y Paraná de las Palmas. “Lo habían atado de pies y manos y a las mismas ataduras les habían puesto un tacho de plástico atado para que eso lo hundiera en el agua”, señaló Graciela. Pero la bajada del río les jugó una mala pasada a los asesinos y el cuerpo de Mauricio fue visto por un baqueano. Pero el martirio de Graciela continuó. Le entregaron un cuerpo que no era el de su padre. Lo descubrió después de 35 años, luego de una exhumación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. “Desapareció dos veces. Hasta el día de hoy no lo pudimos encontrar”, indicó. Los casos de los ceramistas comenzaron a tratarse el 12 de agosto. Los dos casos paradigmáticos son los de las fábricas Cerámicas Cattáneo y Porcelanas Lozadur, ubicadas en Villa Adelina. La primera tenía unos 500 trabajadores, la segunda con alrededor de mil.
Entre las víctimas de “La Fama” se encuentran Artemio Rubén Lezcano (sobreviviente, lo secuestran unas horas en agosto de 1977 y lo liberan), Jorge Ozeldín, Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio Romero y Pedro Alberto Ponce. Los último cuatro fueron “chupados” el 27 de octubre siguiente. A Pedro Alberto lo secuestraron por error: lo liberaron un día después de su captura para secuestrar a su hermano José Agustín. Todos fueron secuestrados dentro de la planta fabril, en horario de trabajo.
Una semana después, entre el 2 y el 3 de noviembre, secuestran a 7 trabajadores de Lozadur de sus domicilios con importantes operativos en los barrios. Se trató de las hermanas Dominga Abadía Crespo y Felicidad Abadía Crespo, Pablo Ramón Villanueva, Ismael Notaliberto, Elba María Puente Campo, Sofía Tomasa Cardozo y Francisco Palavecino.
Los secuestros no se produjeron al azar. Al momento de los hechos había conflictos gremiales en ambas fábricas. Los obreros estaban trabajando a reglamento, reclamaban mejores salario y condiciones dignas de trabajo. El comandante de gendarmería Máximo Milarck era el interventor de la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas y también de Porcelanas Lozadur. Murió impune en diciembre de 2012.
Liliana Giovannelli también integra la Comisión Memoria Verdad y Justicia e impulsa la pesquisa. “En los libros de actas del directorio se observa la complicidad de la empresa. Dejaron todo por escrito. Hablan de volver a instaurar la disciplina en la fábrica”, afirmó. Pero cuando esos libros llegaron al juzgado, la causa ya había sido elevada a juicio, “por lo que no se pudo imputar a nadie de la empresa. Habrá que esperar un próximo juicio”, se quejó la compañera del desaparecido Ozeldín. Luis De Robertis, ex jefe de Personal de Cattáneo, falleció en el 2002, por ejemplo.
Una maniobra digna de una novela de ciencia ficción sintetiza el nivel de complicidad de la empresa con los secuestros de los obreros. “El 18 de octubre del ’77, Lozadur cerró la fábrica. Echó a todos los obreros. Luego reincorporó a todos salvo a siete desaparecidos. Consideraron que su ausencia se debió a una falta ordinaria de asistencia. Sabían muy bien que estaban desaparecidos”, relató Liliana. “Tenemos la famosa versión de que existieron reuniones de los gerentes de las fábricas de zona norte con personal de inteligencia, una vez por mes”, agregó.
La anuencia judicial para con los civiles involucrados en crímenes de lesa humanidad es moneda corriente en la mayoría de los tribunales federales. Así lo resaltó Llonto: “Nos está pasando en todos los juzgados. En la mayoría de los juzgados federales nos encontramos con dificultades para que, desde el inicio del caso, se examine la responsabilidad civil. Es evidente una reticencia general del Poder Judicial a avanzar con los dueños del poder económico”.
La lentitud del tercer poder del Estado se reflejó en “el juicio de los obreros”. Como no se logró suplir la vacante de un cuarto juez en el tribunal federal 1 de San Martín (para causas grandes es habitual en los juzgados sumar un magistrado), se debió dejar de lado en este tramo judicial a las víctimas de la automotriz Ford y a los metalúrgicos. “El tribunal decidió, en lugar de seguir esperando al cuarto juez (el Consejo de la Magistratura es el encargado de suplir las vacantes), iniciar este juicio y hacerlo más corto”, explicó el abogado querellante que representa a las víctimas. Se estima que el juicio culmine en octubre.
Este encuentro de quienes integraron la llamada “pata civil” de la dictadura es la contracara del festejado encuentro de Estela con su nieto y nos llama a estar atentos frente a estos fantasmas del pasado. Como dijo alguna vez Susana Giménez, los dinosaurios están vivos y en ocasiones como estas nos muestran lo peligroso que es para la sociedad bajar la guardia pensando que ya estamos a salvo de estos personajes.
“Nuestra organización pretende que haya una amnistía”, aseguró en el encuentro Alberto Solanet. No es casual, estamos obligados a pensar que no puede ser casual, que estos dinosaurios se animen a reunirse y decir estas cosas en la Argentina en momentos en que se desarrolla una campaña electoral anticipada y el próximo año pueda dejar el gobierno una administración que hizo de la defensa de los derechos humanos y de la justicia con memoria unas de sus principales banderas. Quizás esperan que algunos de los candidatos opositores se sumen a esta propuesta de amnistía y olvido de los delitos de lesa humanidad. Hay que reconocer que ningún referente importante de la oposición ha propuesto terminar con los juicios a los represores o abandonar la búsqueda de los cientos de nietos apropiados que aún quedan sin conocer su verdadera identidad. Pero sería bueno que repudiaran encuentros como estos y las cosas que allí se dicen.
Es cierto que, a más de tres décadas de la recuperación de la democracia, no hay posibilidades de un golpe militar ni se ve a civiles golpeando la puerta de los cuarteles buscando un militar “salvador”, pero algunos intentan en la región suplantar esos viejos métodos por los llamados “golpes blandos”.
Por eso hay que estar atentos con los dinosaurios que aún están con vida en nuestro país y la región. El encuentro de los defensores de represores de esta semana en Buenos Aires debe servir para mantenerse alerta.
Las empresas paradigmáticas involucradas en este juicio son los Astilleros Astarsa y Mestrina y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. En estas firmas se produjo la mayor cantidad de secuestros de militantes sindicales. Los trabajadores de cada rubro transitaron un circuito represivo diferente pero la mayoría tuvo un destino final común: Campo de Mayo y la muerte. Por eso la unidad en el tratamiento judicial.
Entre los acusados se encuentran los militares Santiago Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luís Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló; el titular de la Comisaría 1ª de Tigre Juan Demetrio Luna, y los prefectos Carlos Gerardi, Héctor O. Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin, acusados de ser los ejecutores de los delitos. Las víctimas suman tres decenas. La lista de acusados no incluye a los civiles cómplices de los secuestros.
“En el transcurso del juicio declararon testigos como el ceramista José Alonso, quien dijo que la Policía de la Provincia de Buenos Aires había infiltrado las fábricas ceramistas. También declaró un jefe de personal de Lozadur que dijo que el dueño de la firma recibía a los militares, que tenía trato fluido con ellos”, destacó Llonto. En Cattáneo, los secuestros se realizaron adentro de las instalaciones, en pleno horario laboral. “En algunas ocasiones participó personal de seguridad vinculado a la empresa. En otras, directamente la empresa acordó para que el personal de seguridad esté a cargo de grupos de tareas de civil”, añadió el letrado. Y adelantó: “Nosotros vamos a seguir el reclamo en la parte de la instrucción (judicial) para que se investigue y se encuentre a los responsables civiles de estos operativos y secuestros”.
El juicio se dividió en dos tramos. Entre el 8 de julio y el 12 de agosto fue el turno de los obreros navales de los Astilleros Astarsa y Mestrina. Declararon familiares de las víctimas (algunos de ellos fueron secuestrados también y fueron tomados como rehenes), ex trabajadores y hasta el fiscal Francesco Caporale, quien atestiguó por videoconferencia. Caporale protagonizó el juicio que se desarrolló en Italia, cuando en la Argentina regían las leyes de impunidad, por el caso de Martín Mastinú, delegado del Astillero Astarsa, y Mario Marras, obrero de Mestirna, cuñado de Mastinú. Ambos eran oriundos de Italia. Ambos fueron asesinados por la misma dictadura genocida.
“Muchos ex trabajadores cuentan que los iban a buscar con un listado con nombres y en algunos casos tenían una ficha con fotos, similar a la que se les confeccionaba en el sindicato”, explicaron desde la comisión Memoria Verdad y Justicia zona norte. “Muchos de ellos fueron secuestrados en las puertas de los astilleros. Eran cargados en camiones del Ejército”, aseguraron a esta revista.
Graciela Villalba es la hija de Mauricio Villalba, secuestrado el 25 de mayo de 1976 a las 2.30 de la madrugada en su propia casa. “Esa fecha caen nueve obreros navales de Astarsa”, contó a esta revista. El circuito por las catacumbas del terror fue similar en todos estos casos: “Todos pasaron por la Comisaría 1ª de Tigre, por eso se juzga al comisario Luna”, especificó Graciela, que integra la comisión Memoria, Verdad y Justicia.
“Atrás de todo esto hay un hijo de puta, un tal llamado Patti”, recordó Graciela que le dijeron entonces. Aún tiene grabado en la memoria el momento en que ingresó a la comisaría de Garín y vio a ese joven policía, leyendo el diario debajo de un ventanal, riéndose. “Vienen a ver a Mauricio Villalba”, se mofó de ella. El cuerpo de Villalba aparecería tiempo después en el arroyo El Hambriento y Paraná de las Palmas. “Lo habían atado de pies y manos y a las mismas ataduras les habían puesto un tacho de plástico atado para que eso lo hundiera en el agua”, señaló Graciela. Pero la bajada del río les jugó una mala pasada a los asesinos y el cuerpo de Mauricio fue visto por un baqueano. Pero el martirio de Graciela continuó. Le entregaron un cuerpo que no era el de su padre. Lo descubrió después de 35 años, luego de una exhumación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. “Desapareció dos veces. Hasta el día de hoy no lo pudimos encontrar”, indicó. Los casos de los ceramistas comenzaron a tratarse el 12 de agosto. Los dos casos paradigmáticos son los de las fábricas Cerámicas Cattáneo y Porcelanas Lozadur, ubicadas en Villa Adelina. La primera tenía unos 500 trabajadores, la segunda con alrededor de mil.
Entre las víctimas de “La Fama” se encuentran Artemio Rubén Lezcano (sobreviviente, lo secuestran unas horas en agosto de 1977 y lo liberan), Jorge Ozeldín, Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio Romero y Pedro Alberto Ponce. Los último cuatro fueron “chupados” el 27 de octubre siguiente. A Pedro Alberto lo secuestraron por error: lo liberaron un día después de su captura para secuestrar a su hermano José Agustín. Todos fueron secuestrados dentro de la planta fabril, en horario de trabajo.
Una semana después, entre el 2 y el 3 de noviembre, secuestran a 7 trabajadores de Lozadur de sus domicilios con importantes operativos en los barrios. Se trató de las hermanas Dominga Abadía Crespo y Felicidad Abadía Crespo, Pablo Ramón Villanueva, Ismael Notaliberto, Elba María Puente Campo, Sofía Tomasa Cardozo y Francisco Palavecino.
Los secuestros no se produjeron al azar. Al momento de los hechos había conflictos gremiales en ambas fábricas. Los obreros estaban trabajando a reglamento, reclamaban mejores salario y condiciones dignas de trabajo. El comandante de gendarmería Máximo Milarck era el interventor de la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas y también de Porcelanas Lozadur. Murió impune en diciembre de 2012.
Liliana Giovannelli también integra la Comisión Memoria Verdad y Justicia e impulsa la pesquisa. “En los libros de actas del directorio se observa la complicidad de la empresa. Dejaron todo por escrito. Hablan de volver a instaurar la disciplina en la fábrica”, afirmó. Pero cuando esos libros llegaron al juzgado, la causa ya había sido elevada a juicio, “por lo que no se pudo imputar a nadie de la empresa. Habrá que esperar un próximo juicio”, se quejó la compañera del desaparecido Ozeldín. Luis De Robertis, ex jefe de Personal de Cattáneo, falleció en el 2002, por ejemplo.
Una maniobra digna de una novela de ciencia ficción sintetiza el nivel de complicidad de la empresa con los secuestros de los obreros. “El 18 de octubre del ’77, Lozadur cerró la fábrica. Echó a todos los obreros. Luego reincorporó a todos salvo a siete desaparecidos. Consideraron que su ausencia se debió a una falta ordinaria de asistencia. Sabían muy bien que estaban desaparecidos”, relató Liliana. “Tenemos la famosa versión de que existieron reuniones de los gerentes de las fábricas de zona norte con personal de inteligencia, una vez por mes”, agregó.
La anuencia judicial para con los civiles involucrados en crímenes de lesa humanidad es moneda corriente en la mayoría de los tribunales federales. Así lo resaltó Llonto: “Nos está pasando en todos los juzgados. En la mayoría de los juzgados federales nos encontramos con dificultades para que, desde el inicio del caso, se examine la responsabilidad civil. Es evidente una reticencia general del Poder Judicial a avanzar con los dueños del poder económico”.
La lentitud del tercer poder del Estado se reflejó en “el juicio de los obreros”. Como no se logró suplir la vacante de un cuarto juez en el tribunal federal 1 de San Martín (para causas grandes es habitual en los juzgados sumar un magistrado), se debió dejar de lado en este tramo judicial a las víctimas de la automotriz Ford y a los metalúrgicos. “El tribunal decidió, en lugar de seguir esperando al cuarto juez (el Consejo de la Magistratura es el encargado de suplir las vacantes), iniciar este juicio y hacerlo más corto”, explicó el abogado querellante que representa a las víctimas. Se estima que el juicio culmine en octubre.
Cuidado con los dinosaurios
Mientras la mayor parte de la sociedad sigue emocionada por el encuentro de Estela de Carlotto con su nieto Ignacio Guido, en algunos casos se pueden escuchar frases como esta: “Yo no creo que los militares un día hayan decidido robar bebés, es fruto de un relato que hasta el hartazgo se repite en los medios y en los colegios”. Quien lanzó públicamente esta frase fue Alberto Solanet, hermano del secretario de Hacienda de la última dictadura –Manuel Solanet– y presidente de la Asociación de Letrados por la Justicia y la Concordia. Esta última organizó en un hotel porteño un cónclave de representantes de la ultraderecha latinoamericana y de defensores de represores de la región.
Unidos por la consigna de considerar como perseguidos políticos a los responsables de crímenes de lesa humanidad, estos personajes se unieron y disertaron durante dos días para “compartir experiencias”. Entre golpistas venezolanos y bolivianos y paramilitares colombianos, estuvieron presentes los argentinos Vicente Massot –director de La Nueva Provincia y procesado por delitos de lesa humanidad–; la conocida Cecilia Pando, y Alberto Rodríguez Varela, ex defensor del genocida Jorge Rafael Videla y ministro de Justicia durante el terrorismo de Estado.
Este encuentro de quienes integraron la llamada “pata civil” de la dictadura es la contracara del festejado encuentro de Estela con su nieto y nos llama a estar atentos frente a estos fantasmas del pasado. Como dijo alguna vez Susana Giménez, los dinosaurios están vivos y en ocasiones como estas nos muestran lo peligroso que es para la sociedad bajar la guardia pensando que ya estamos a salvo de estos personajes.
“Nuestra organización pretende que haya una amnistía”, aseguró en el encuentro Alberto Solanet. No es casual, estamos obligados a pensar que no puede ser casual, que estos dinosaurios se animen a reunirse y decir estas cosas en la Argentina en momentos en que se desarrolla una campaña electoral anticipada y el próximo año pueda dejar el gobierno una administración que hizo de la defensa de los derechos humanos y de la justicia con memoria unas de sus principales banderas. Quizás esperan que algunos de los candidatos opositores se sumen a esta propuesta de amnistía y olvido de los delitos de lesa humanidad. Hay que reconocer que ningún referente importante de la oposición ha propuesto terminar con los juicios a los represores o abandonar la búsqueda de los cientos de nietos apropiados que aún quedan sin conocer su verdadera identidad. Pero sería bueno que repudiaran encuentros como estos y las cosas que allí se dicen.
Es cierto que, a más de tres décadas de la recuperación de la democracia, no hay posibilidades de un golpe militar ni se ve a civiles golpeando la puerta de los cuarteles buscando un militar “salvador”, pero algunos intentan en la región suplantar esos viejos métodos por los llamados “golpes blandos”.
Por eso hay que estar atentos con los dinosaurios que aún están con vida en nuestro país y la región. El encuentro de los defensores de represores de esta semana en Buenos Aires debe servir para mantenerse alerta.
Fuente:Veintitres
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